CE - 110010315000202304071001SENTENCIA20230922114141

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

Demandante: Tilcia Mariela Granados Cañón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

Demandante: TILCIA MARIELA GRANADOS CAÑÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas:

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora Tilcia Mariela Granados Cañón contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones La señora Tilcia Mariela Granados Cañón interpuso acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones La señora Tilcia Mariela Granados Cañón interpuso acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/ 10/2023, en el expediente rad. No. 15001333300 720220001701, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del (la) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante juris prudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte

DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…).»Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

Demandante: Tilcia Mariela Granados Cañón

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2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

La señora Tilcia Granados C añón labora con la entidad territorial certificada en Educación del departamento de Boyacá desde 1990.

La demandante afirmó que el Ministerio de Educación Nacional no consignó en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (en adelante FOMAG) las cesantías del año 2020 en la fecha prevista legalmente, es decir, a más tardar el 15 de febrero del año 2021.

Que, el 2 de agosto de 2021, le solicitó al Ministerio de Educación el pago de las

del año 2020 en la fecha prevista legalmente, es decir, a más tardar el 15 de febrero del año 2021.

Que, el 2 de agosto de 2021, le solicitó al Ministerio de Educación el pago de las cesantías del año 2020 y el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía en el FOMAG con fundamento en el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que fue resuelta de manera negativa, mediante acto administrativo núm. BOY2021EE028267 de 28 de agosto de 2021.

Por lo anterior, la demandante presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Ed ucación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el departamento de Boyacá – Secretaría de Educación de Boyacá, con la finalidad de que se declarara la nulidad del mencionado acto administrativo y en su lugar se ordenará el reconocimiento y pago de la de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en sentencia del 7 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que, en materia de cesantías e intereses a las cesantías docentes, el sistema jurídico consagró un régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989 y que, por tanto, resulta incompatible aplicar las normas dispuestas en la Ley 50 de 1990 y Ley 52 de 1975, pues estas están previstas para particulares y otros servidores públicos, distintos al personal docente.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 10 de mayo del 2023, confirmó

previstas para particulares y otros servidores públicos, distintos al personal docente.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 10 de mayo del 2023, confirmó la decisión del juzgado, al considerar que los docentes son afiliados forzosos al FOMAG y su régimen de cesantías está determinado por la Ley 91 de 1989, sin que ninguna disposición normativa establezca expresa o tácitamente que se les deba hacer extensivo lo regulado por la Ley 50 de 1990. Afirmó que no hay lugar a ordenar el reconocimiento de la indemnización consagrada en la ley 52 de 1975, toda vez que dicha norma es aplicable para trabajadores particulares y los docentes oficiales se regulan según el Acuerdo 039 de 1998.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la parte actora, el tribunal demandado con la decisión de segunda instancia, vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

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3 Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad

de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

3 Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 1 extendió el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial que daron cobijados por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo estipulado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias de la Sección

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación del 6 de agosto de 2020 2, 24 de enero de 2019 3, 29 de julio de 20194, 2 de diciembre de 20195, 10 de junio de 20206, 22 de octubre de 20207, 12 de noviembre de 2020 8, 17 de junio de 2021 9, 4 de noviembre de 2021 10, 25 de noviembre de 202111, 11 de noviembre de 2021 12, 20 de enero de 2022 13, 3 de marzo

1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud del Decreto 1252 d e 2000. 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia d el 29 de julio de 2019, Exp. 11001 -0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales.

C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia d el 29 de julio de 2019, Exp. 11001 -0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31000-201400254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001 -23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 20 21, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (10022021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-2340000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (23872020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena HernándezRadicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

Demandante: Tilcia Mariela Granados Cañón

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Demandante: Tilcia Mariela Granados Cañón

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

4 de 202214, 28 de abril de 202215, 9 de mayo de 202216, 19 de mayo de 202217, 1 de julio de 202218, 22 de agosto de 202219 y 22 de septiembre de 202220.

Agregó que, el Consejo de Estado, en un reciente pronunciamiento del 23 de marzo de 2023 analiz ó un caso con una idéntica naturaleza, en el que dio por superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, de manera específica, consider ó que el juzgador de segunda instancia incurri ó en desconocimiento del precedente, con fundamento en lo cual, solicitó se profiera sentencia de tutela en igual sentido dentro del presente asunto.

Adujo que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia objeto de tutela, ni sobre ellas hubo algún tipo de pronunciamiento al interior del proceso ordinario.

Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

4. Trámite previo

por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

4. Trámite previo Mediante auto del 31 de julio de 2023, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las partes, al Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento de Boyacá y a la Fiduprevisora, como terceros interesados en el resultado del proceso a quienes se les remitió copia del proceso. Asimismo, ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Boyacá por intermedio del ponente de la decisión objeto de reproche, solicitó que niegue el amparo, en ausencia de la vulneración alegada, dado que conforme a lo señalado en el escrito inicial se evidencia que lo pretendido por la demandante es convertir la solicitud de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario.

Explicó que no se configuró el defecto sustantivo, puesto que no se desconoció el precedente judicial dictado por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional al señalar

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-201500075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-201500075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (23942020), C.P. César Palomino Cortés.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

Demandante: Tilcia Mariela Granados Cañón

2020), C.P. César Palomino Cortés.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

Demandante: Tilcia Mariela Granados Cañón

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5 que los docentes vinculados al FOMAG son beneficiarios de normas especiales y, por lo tanto, no es posible aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990.

Adicionalmente, aclaró que no se desconoció el precedente judicial en razón que la Sala estableció que la SU-098 no es un precedente para estudiar el caso de la consignación de cesantías de los docentes vinculados al FOMAG.

Señaló que no se vulneró en ningún momento el derecho a la seguridad social del accionante, dado que la pret ensión del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho se sintetiza en el pago de una sanción, más no por falta de la consignación de las cesantías, de modo que la demandante contó con valor correspondiente al referido derecho.

Respecto del derecho a la igualdad, sostuvo que la actora no probó que otro docente que estuviera en sus mismas condiciones jurídicas se le recon ociera el derecho a la aplicación de la ley 50 de 1990 en su integridad. Además, afirmó que tampoco se vulneró el debido proceso pues to que, tanto en primera, como en segunda instancia, se

que estuviera en sus mismas condiciones jurídicas se le recon ociera el derecho a la aplicación de la ley 50 de 1990 en su integridad. Además, afirmó que tampoco se vulneró el debido proceso pues to que, tanto en primera, como en segunda instancia, se siguieron las etapas consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para emitir las respectivas sentencias.

6. Intervenciones El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja consideró que no existe vulneración de los derechos fundamentales alegados, toda vez que la decisión de negar las pretensiones de la demanda se basó en las normas y jurisprudencia aplicables al control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo objeto sea el reconocimiento y pago de sanción e indemnización previstas en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 y el artículo 1 de la ley 52 de 1975. Señaló que, dichas normas no resultan compatibles con el régimen especial de cesantías de los docentes, puesto que aplican para los trabajadores del sector privado aunado a que la incorporación que se realiza del régimen de cesantías anualizado para los servidores públicos con la ley 334 de 1996, expresamente excluye el régimen especial de los docentes de la ley 91 de 1989.

Por su parte la sociedad Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que no se argumentó a decuadamente la configuración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, por lo que la intención de la tutela es invalidar actuaciones procesales realizadas con

manifestó que no se argumentó a decuadamente la configuración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, por lo que la intención de la tutela es invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad. Además, el precedente SU-098 de 2018 no es aplicable al caso porque en él se resuelven situaciones fácticas diferentes. En consecuencia, la tutela es improcedente porque los jueces que conocieron del proceso actuaron conforme a su deber constitucional y legal sin desconocer los p recedentes relacionados con el tema objeto de la demanda. Adujo que la administración de los recursos para el pago de cesantías en cuentas individuales corresponde exclusivamente a las entidades administradoras creadas por la Ley 50 de 1990, y no para el FOMAG que fue creado por la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. Por lo anterior, en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y las cesantías se presupuestan desde el primer mes de cada vigencia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

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6 La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá manifestó que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, ni precedente

6 La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá manifestó que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, ni precedente unificado aplicable al caso sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni sobre la indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías de la Ley 52 de 1975. Aclaró que el Departamento de Boyacá adelantó todas las acciones pertinentes para que se realizara el oportuno pago. Adujo que las pretensiones de la tutela no deben prosperar porque la sanción moratoria no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, pues tienen un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción. Y, no es posible aplicar la sentencia SU -098 de 2018 porque en ella se estudiaron supuestos fácticos diferentes a los aquí alegados por la demandante. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó declar ar improcedente la acción de tutela formulada, por considerar que no se evidencia violación alguna a los derechos del accionante. Manifestó que, en el caso en concreto hay ausencia de relevancia constitucional y no se cumplen con la totalidad de los requis itos de procedibilidad de la acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 2009 -01328-01, a ceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 21, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 del

21 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen han dado paso a la acción de tutela contra providencia judicial, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

Demandante: Tilcia Mariela Granados Cañón

derechos constitucionales fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

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7 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales22 y específicas23.

Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos , le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. De encontrarse acreditada esta condición y las demás señaladas para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Sala pasará a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados por la demandante.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evi tar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 24 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independ encia de los jueces de

corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 24 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independ encia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constit ucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con aquellos expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 25, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos26:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de esta acción constitucional. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que no basta con aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra

22 Los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y

22 Los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal esta debe tener un efecto determinante en la sente ncia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración haya sido alegada en el proc eso judicial siempre que fuere posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 23 La configuración de alguna causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno(s) de los siguientes defectos: (i) orgá nico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 24 Corte Constitucional, Sentencia SU 128 del 2021. 25 Consejo de Estado, Sala Plena, s entencia del 5 de agosto de 2014, Exp. 11001 -03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

25 Consejo de Estado, Sala Plena, s entencia del 5 de agosto de 2014, Exp. 11001 -03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 26 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sent encia del 25 de mayo del 2022, Exp. 11001 -03-15-000-2023-00705-01, C.P. Milton Chaves García.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04071-00

Demandante: Tilcia Mariela Granados Cañón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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