CE - 110010315000202304075001SENTENCIA20230914143810

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, a través de apoderada 1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 30 de septiembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 760013333010201500259-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_PODER718JOSEAGUST(.pdf) Nro Actua 2”.

radicación 760013333010201500259-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_PODER718JOSEAGUST(.pdf) Nro Actua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que presentó demanda contra el Distrito de Santiago de Cali , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se declarara la nulidad de los Decretos núms. 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, por medio de los cuales se tomaron medidas para el mejor ordenamiento de tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el año 2015.

4. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali profirió sentencia de primera instancia el 11 de octubre de 2021, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de segunda instancia el 30 de septiembre de 2022 resolviendo lo siguiente:

de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de segunda instancia el 30 de septiembre de 2022 resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO. ADICIONAR la sentencia No. 61 del 11 de octubre de 2021 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, en el sentido de DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada frente a la pretensión de nulidad de los Decretos No. 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y No. 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. CONFIRMASE en lo demás la sentencia recurrida, por las precisas razones expuestas en este proveído.

TERCERO. CONDÉNASE a la parte demandante al pago de las costas de esta instancia, las que deberán ser liquidadas de forma concentrada por el Juzgado que conoció el proceso en primera instancia. FÍJESE como agencias en derecho un salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV) […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró lo siguiente:

“[…] Ahora bien, acorde a lo manifestado al inicio de las consideraciones de la Sala y a efectos de resolver el problema jurídico principal, se tiene que el Consejo de3

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Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

Estado a través de sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 dentro de la

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

Estado a través de sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 dentro de la acción de tutela radicada bajo el No. 11001-03-15-000-2021-04605-00(AC), dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Jeffrey Alfonso Ledesma Bolaños y, como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 11 de diciembr e de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, PROFIERA una nueva decisión en la que tenga en cuenta la sentencia del 13 de noviembre de 2019, mediante la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados”.

En esa oportunidad El Consejo de Estado encontró que, frente a la legalidad de las mencionadas decisiones administrativas, dicha autoridad judicial ya había efectuado un juicio de legalidad en el proceso adelantado bajo el radicado 76001333300820150024001, en el cual, mediante sentencia de segunda instancia del 13 de noviembre de 2019, resolvió textualmente lo siguiente:

“PRIMERO: REVOCAR la Sentencia No. 184 del 18 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los Decretos 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014, por medio del cual se tomaron medidas para el mejor

pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los Decretos 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014, por medio del cual se tomaron medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Cali para el año 2015 y el Decreto No. 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015 que lo modificó, conforme a las razones expuesta a lo largo de la presente providencia (se destaca).

Ahora bien, acorde a lo manifestado al inicio de las consideraciones de la Sala y a efectos de resolver el problema jurídico principal , se tiene que el Consejo de Estado a través de sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 dentro de la acción de tutela radicada bajo el No. 11001 -03-15-000-2021-04605-00(AC), dispuso lo siguiente: “PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Jeffre y Alfonso Ledesma Bolaños y, como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 11 de diciembre de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, PROFIERA una nueva decisión en la que tenga en cuenta la sentencia del 13 de noviembre de 2019, mediante la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados”.

En esa oportunidad El (sic) Consejo de Estado encontró que, frente a la legalidad de las mencionadas decisiones administrativas, dicha autoridad judicial ya había

mediante la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados”.

En esa oportunidad El (sic) Consejo de Estado encontró que, frente a la legalidad de las mencionadas decisiones administrativas, dicha autoridad judicial ya había efectuado un juicio de legalidad en el proceso adelantado bajo el radicado 76001333300820150024001, en el cual, mediante sentencia de segunda instancia del 13 de noviembre de 2019, resolvió textualmente lo siguiente:

“PRIMERO: REVOCAR la Sentencia No. 184 del 18 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los Decretos 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014, por medio del cual se tomaron medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Cali para el año 2015 y el Decreto No. 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015 que lo modificó, conforme a las razones expuesta a lo largo de la presente providencia (se destaca).

Ahora bien, como quiera que la parte actora pretende que se declare la nulidad del Decreto No. 4110.20.0928 de diciembre 31 de 2014, por medio del cual se tomaron medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de

Decreto No. 4110.20.0928 de diciembre 31 de 2014, por medio del cual se tomaron medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali para el año 2015 y del Decreto No. 4110.20.00106 de marzo 13 de 2015 por medio del cual se modificó el primero. Disposiciones que corresponden a los mismos cuya nulidad ya fue decretada por esta Corporació n dentro del proceso identificado con la radicación No. 76001333300820150024001, a través de sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019.

No resulta procedente en esta oportunidad efectuar un nuevo juicio de legalidad respecto de los Decretos 4110.20. 0928 del 21 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, en tanto ya fueron removidos del ordenamiento jurídico por este Tribunal en la sentencia citada. Ello por cuanto la declaratoria de nulidad de los decretos mencionados produjo efecto s de cosa juzgada erga omnes –inciso 1 del artículo 189 del CPACA–, y en tal sentido, solo le corresponde a la Sala efectuar el análisis de procedencia del restablecimiento del derecho solicitado en el sub lite. Quedando así probada oficiosamente la excepción de cosa juzgada.

Despejado lo anterior, y ante la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados, procede la Sala a verificar si hay lugar al restablecimiento del derecho pretendido por la parte demandante.

Como pretensiones económic as se pide el pago de $79.555.000 de pesos por

acusados, procede la Sala a verificar si hay lugar al restablecimiento del derecho pretendido por la parte demandante.

Como pretensiones económic as se pide el pago de $79.555.000 de pesos por concepto de daño material correspondiente a la utilidad anual dejada percibir dado el incremento de los días de restricción para la circulación del vehículo de propiedad del demandante, y el 30% de lo que se r econozca por concepto de honorarios de abogado y $64.435.000, por concepto de daños morales. Pretensión denegada por la juez de primer grado, sin que se insistiera en ella en los reparos a la sentencia.

Al proceso se trae la certificación donde consta que el señor Favio Edgar Gómez Briceño demandante el propietario, de un microbús, marca Chevrolet, de placas VBZ483 el cual se encuentra afiliado a la empresa de transportes La Ermita.

En el contrato de v inculación del vehículo, la cláusula cuarta establece que la empresa de transporte asume como administrador del automotor. En la documentación aportada no se indica la forma y periodicidad del pago por la explotación del vehículo al propietario y en genera l el esquema remuneratorio del contrato.

Tampoco se probó la utilidad pretendida como restablecimiento del derecho pues la parte actora se limitó a razonar sobre la cuantía del perjuicio económico sin aportar ningún elemento no solo para justificarla, sino la existencia misma del perjuicio, con lo cual el daño no está acreditado.

Como se puede observar, las pruebas relacionadas acreditan la titularidad del actor frente al vehículo de placas VBZ-483, así como los contratos de vinculación suscritos

lo cual el daño no está acreditado.

Como se puede observar, las pruebas relacionadas acreditan la titularidad del actor frente al vehículo de placas VBZ-483, así como los contratos de vinculación suscritos con una empresa de transporte, pruebas que resultan ser insuficientes a la hora de5

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Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

acreditar el perjuicio alegado con la expedición de los actos administrativos demandados.

En efecto, del escaso material probatorio reseñado no es posible deducir el perjuicio cuyo resarcimiento se demanda, pues aun cuando la parte demandante calcula unos daños materiales y morales con ocasión de la implementación de la medida de pico y palca, ello no tiene soporte probatorio alguno que permita constatar cuánto dinero dejó de percibir el actor con ocasión de la imposición de la aludida medida.

Además, aun cuando en la demanda se alega que el vehículo de propiedad del demandante al día reportaba la suma de $280.00015, ello no tiene soporte probatorio alguno en el plenario. Y como quiera que no solo la cuantificación del perjuicio, sino del daño mismo no está probado, se denota que la parte actora no cumplió con la carga probatoria de qué trata el artículo 167 del CGP16 para acreditar el daño y que los perjuicios materiales que reclama17 le sean pagados, la pretensión será negada.

En cuanto a los honorarios de abogado no se comprobó pago alguno y según afirma la demanda sin soporte en algún medio de prueba, corresponden al treinta por ciento

los perjuicios materiales que reclama17 le sean pagados, la pretensión será negada.

En cuanto a los honorarios de abogado no se comprobó pago alguno y según afirma la demanda sin soporte en algún medio de prueba, corresponden al treinta por ciento (30%) de los valores logrados en el proceso, de manera que no se trata de un daño emergente sino eventual, un compromiso condicionado al resultado del asunto, por ello también se niega esta pretensión.

Igual suerte corre la reclamación de perjuicios morales. En la medida que el Consejo de Estado, ha reiterado que el perjuicio moral debe probarse, inclusive en los casos en que se aceptara provenga de la pérdida de bienes materiales18:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha llegado hasta aceptar que es procedente la indemnización de toda clase de situaciones que generen perjuicios morales, dentro de los que se incluye la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas que lo permitan establecer. Sobre el particular se ha indicado: “…la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso.”

En ese sentido, estima la Sala que el mencionado perjuicio inmaterial tampoco cuenta con respaldo probatorio, pues la parte actora se limitó a solicitarlo, pero no aportó ningún medio de convicción que permita tenerlo por acreditado, por lo que debe negarse […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

aportó ningún medio de convicción que permita tenerlo por acreditado, por lo que debe negarse […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en cabeza del magistrado FERNANDO

AUGUSTO GARCÍA MUÑÓZ, el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO6

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Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

PROCESO, con ocasión a la sentencia de segunda instancia del 3 0 de septiembre del 2022, notificada por correo electrónico el 19 de octubre del 2022, aclarada mediante auto interlocutorio del 13 de febrero de 2023, notificado por correo electrónico el 17 de febrero de 2023.

SEGUNDO: Se ORDENE proferir una decisión c onforme con los precedentes judiciales y se condene en abstracto para que sea posible adelantar el trámite incidental de liquidación, con la finalidad de hacer efectivo restablecimiento del derecho en razón de la nulidad declarada de los decretos […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del

judicial.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; y iii) vinculó al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, al Municipio de Santiago de Cali (categorizado como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali2), a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a Q.B.E. Seguros S.A., a MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A. y a AXA Seguros Colpatria S.A., en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Municipio de Santiago de Cali (categorizado como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali) , solicitó que se negaran las pretensiones del amparo, toda vez que “[…] la actuación del juez de segunda instancia se encuentra ceñida al principio de legalidad, desvirtuándose así el fundamento principal de la presente acción de tutela, por lo que es evidente señor consejero que no se identifican los presupuestos constitucionales antes decantados para acceder a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales […]”.

2 Ley 1933 de 1 de agosto de 2018, “[...] Por medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali

constitucionales antes decantados para acceder a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales […]”.

2 Ley 1933 de 1 de agosto de 2018, “[...] Por medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. […]”.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

11. MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A., adujo que:

“[…] Como se advirtió al inicio del presente escrito, en el presente caso resulta inaplicable la condena en abstracto prevista en el artículo 193 del CPACA al no haber certeza de la causación de un perjuicio, en la medida que el actor no logró acreditar que dejó de percibir ingresos y utilidades como consecuencia de la medida de restricción vehicular impuesta mediante los actos administrativos demandados.

En primer lugar, es necesario advertir que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derech o, así como en cualquiera que se pretenda la indemnización de perjuicios, es imprescindible la acreditación de un daño, so pena de resultar improcedentes las pretensiones de reparación […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, ninguna de las pruebas documentales relac ionadas en el libelo introductorio estuvo encaminada a acreditar el valor de los ingresos y utilidades recibidas por el vehículo de transporte público y, mucho menos, la afectación moral que hubo por la restricción vehicular impartida mediante los actos ad ministrativos demandados […]”.

introductorio estuvo encaminada a acreditar el valor de los ingresos y utilidades recibidas por el vehículo de transporte público y, mucho menos, la afectación moral que hubo por la restricción vehicular impartida mediante los actos ad ministrativos demandados […]”.

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Q.B.E. Seguros S.A., y AXA Seguros Colpatria S.A., guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Pr ocede, a

destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Pr ocede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii ) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena3, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraPlena3, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

18. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20055, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en prim er lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 5 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 6 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una mane ra de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la S ala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20148, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 8 Ut supra página 6.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04075-00

Actor: Favio Edgar Gómez Briceño

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 9]; por otro, evita q ue la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar

de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su dec isión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no