CE - 110010315000202304083011SENTENCIA20231030092245
Detalles
- Título
- CE - 110010315000202304083011SENTENCIA20231030092245
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-04083-01
Accionante: Eyder Daryk Cuellar Zamudio
Accionados: Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
Tema: Acción de tutela contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en la que se revocó la providencia de primera instancia que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda relativas al reconocimiento de una relación laboral encubierta.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 18 de septiembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
ANTECEDENTES
El señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio promovió acción de tutela para que se
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
ANTECEDENTES
El señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, los cuales consider ó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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HECHOS
Afirmó que laboró para el Hospital Santa Clara, ahora Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E ., desde el 1.° de agosto de 2015 hasta el 15 de diciembre de 2017 en el cargo de auxiliar de enfermería , mediante contratos de prestación de servicios , cumpliendo funciones propias de empleado públic o de planta denominado auxiliar área salud, código 412, grado 17, de manera subordinada, esto es, cumpliendo órdenes en cuánto al modo, tiempo y lugar.
Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , la que , correspondió al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá , con radicado 11001-33-35-024-2020-00026-00. Q ue aportó como pruebas documentales los cuadros de turno que debía cumplir, el manual de funciones del cargo de planta homologable al que ejerció, los contratos de prestación de servicios, entre otros, y solicitó los testimonios de personas que trabajaron con él en su mismo
documentales los cuadros de turno que debía cumplir, el manual de funciones del cargo de planta homologable al que ejerció, los contratos de prestación de servicios, entre otros, y solicitó los testimonios de personas que trabajaron con él en su mismo espacio y horario.
Que el 22 de julio de 2022 se dictó sentencia, en la que accedió a las pretensiones de la demanda, razón por la cual la entidad demandada interpuso recurso de apelación.
Que el 15 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , al no encontrar demostrado el elemento de la subordinación propia de una relación laboral.
Considera q ue se incurrió en desconocimiento del precedente judicial de las subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado relativo a la ausencia de una tarifa legal para probar una relación laboral , debido a que exigió un documento expedido por la entidad que diera cuenta de aquella, lo cual resulta irrazonable; para el efecto, citó las sentencias del 16 de febrero de 2017, radicado 15001-23-33-000-2013-00781-01 (3311-14); y del 16 de marzo de 2023, radicado 25000-23-42-000-2014-02022-01 (2522-2022).
Que también se desatendió el precedente en torno a la presunción de subordinación
del cargo de auxiliar de enfermería , la cual conlleva la inversión de la carga de laRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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prueba, en el sentido de que es el demandado el obligad o a desvirtuar la subordinación y citó las sentencias del 3 de junio de 2010, radicado 2384 -07; y del 21 de abril de 2016, radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-14).
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, incurrió en defe cto fáctico porque no valoró, en conjunto con los testimonios y la declaración de parte, la certificación de obligaciones, en la que consta la imposición de un horario ; la entrega de herramientas ; las órdenes que seguía y la existencia del cargo que desempeñaba dentro de aquellos de planta, con lo que se acreditó la subordinación, lo cual, además, podía corroborarse con el formato de cuadro de turnos y el Manual Específico de Funciones de la entidad.
Concluyó que, si se hubiese realizado debidamente la valoración probatoria, su decisión habría sido la de encontrar acreditada la existencia de la relación laboral objeto de reclamo.
PRETENSIONES
Solicitó que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 15 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
objeto de reclamo.
PRETENSIONES
Solicitó que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 15 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , en su lugar, se dictar una nueva sentencia en la que declare la existencia de una relación laboral y se acceda al restablecimiento.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 1.° de agosto de 2023, y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , como accionado; y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., como tercera con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por conducto del magistrado Israel Soler Pedroza, solicitó negar el amparo constitucional porque consideró que en la providencia cuestionada sí se analizó si la vinculación del demandante con la Subred Integrada de Servicios de Salud CentroRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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Oriente E.S.E. tenía los elementos de una relación laboral y se concluyó que se demostró que el actor prest ó sus servicios para la citada Subred entre el 1.° de agosto de 2005 y el 15 de diciembre de 2017, con interrupciones, cuyo objeto
demostró que el actor prest ó sus servicios para la citada Subred entre el 1.° de agosto de 2005 y el 15 de diciembre de 2017, con interrupciones, cuyo objeto contractual fue inicialmente como camillero y luego como auxiliar de enferme ría, y que recibía una retribución por sus servicios.
En cuanto a la subordinación, se precisó que para el período comprendido entre el 1.° de agosto de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, se aportó una certificación expedida por la entidad demandada, en la que se indicó que el señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio prestó sus servicios, pero sin señalar cuá l era el objeto de los contratos, y sin que existieran otros elementos de juicio que llevaran a colegir que aquel debía acatar órdenes o instrucciones de un superior, o que le impusieran el cumplimiento de un horario, por lo que no podía reconocerse la relación laboral por dicho período.
Que en relación con el lapso comprendido entre el 24 de febrero de 2010 y el 27 de octubre de 2013, en el que el actor prestó sus servicios como camillero, se evidenció que solo aportó copia de los contratos de prestación de servicios, de los pagos de aportes para salud y pensión y del cronograma de turnos únicamente de octubre de 2013, y los testigos no hicieron referencia a esos contratos.
Que el demandante no cumplió con la carga legal de demostrar los supuestos fácticos alegados, en especial aquellos relativos a las relaciones laborales subordinadas, en tanto las únicas pruebas allegadas fueron los contratos de prestación de servicios, las planillas del pago a la seguridad social, el cronograma
fácticos alegados, en especial aquellos relativos a las relaciones laborales subordinadas, en tanto las únicas pruebas allegadas fueron los contratos de prestación de servicios, las planillas del pago a la seguridad social, el cronograma de turnos de un mes, la petición con la que se reclamó la existencia de la relación laboral y el acto administrativo acusado.
Que respecto a la labor como auxiliar de enfermería realizada entre el 2 0 de noviembre de 2013 y el 5 de diciembre de 2017, en atención a la posición reciente jurisprudencial del Consejo de Estado, según la cual el reconocimiento del derecho depende exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante , se examinaron las pruebas allegadas y se concluyó que no era claro quién impartía órdenes al actor ni en qué consistían y, además, que no era obligatorio asistir a capacitaciones y tampoco se demostraron llamados de atención, concesión de permisos u observancia de reglamentos.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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Que, si bien las labores desarrolladas hacían parte de l giro misional de la demandada para el cargo desempeñado, lo cierto es que esa circunstancia, junto con las demás pruebas del proceso, no acreditaron la subordinación.
Que la posición adoptada se ajustó a la sentencia del 16 de febrero de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictada en el proceso
con las demás pruebas del proceso, no acreditaron la subordinación.
Que la posición adoptada se ajustó a la sentencia del 16 de febrero de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictada en el proceso con radicado 23001-23-33-000-2015-00168-01, según la cual la simple declaración de testigos no es s uficiente para determinar la configuración de una relación subordinada.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. guardó silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 18 de septiembre de 2023 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, p or considerar que no cumple el requisito de relevancia constitucional , pues, según expresó, los argumentos esgrimidos no conllevan la transgresión de derechos fundamentales, sino que lo pretendido por el accionante es convertir este mecanismo en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo para reabrir un debate con el único propósito de que se declare la existencia de la relación laboral , al no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el juez natural de la causa.
Consideró que se valoró en debida forma el acervo probatorio obrante en el expediente, dentro d el cual se encontraban las certificaciones y el Manual de Funciones referidos en el escrito de tutela, los cuales fueron apreciados en conjunto con los testimonios y la declaración de parte , pero estos no otorgaron la suficiente certeza al juzgador para demostrar el vínculo reclamado.
Expresó que en el Consejo de Estado no existe un criterio unificado sobre la
con los testimonios y la declaración de parte , pero estos no otorgaron la suficiente certeza al juzgador para demostrar el vínculo reclamado.
Expresó que en el Consejo de Estado no existe un criterio unificado sobre la presunción de subordinación y la carga de la prueba en los casos en que se buscaRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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demostrar la existencia de una relación laboral de un enfermero vinculado mediante contratos de prestación de servicios y, en todo caso, que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se pronunció respecto a las providencias señaladas como desconocidas en cuanto a la presunción mencionada, expuso las razones por las que no acogería la postura allí adoptada e hizo referencia a decisiones del Consejo de Estado posteriores en las que se asumió una posición distinta.
Consideró, que la autoridad accionada no se basó en una tarifa legal ni exigió una prueba específica, sino que echó de menos algún otro elemento probatorio de tipo documental que permitiera reforzar los testimonios.
IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia , para lo cual afirmó que en el asunto sí existió una transgresión de derechos fundamentales, especialmente por la valoración de la prueba . Que se presentaron elementos probatorios suficientes para acreditar la subordinación , los que debían ser analizados de forma conjunta por el juez.
especialmente por la valoración de la prueba . Que se presentaron elementos probatorios suficientes para acreditar la subordinación , los que debían ser analizados de forma conjunta por el juez.
Que no ha atacado la forma de estudiar las pruebas, sino el hecho de que omitió valorarlas sin justificar la razón para ello , a pesar de que su examen , junto con las demás, indiscutiblemente cambiaría la decisión adoptada . Que los contratos de prestación de servicios aportados son claros en señalar que debía acatar las órdenes que impartiera el supervisor del contrato, quien debía hacerlo por escrito, y que debía cumplir con el turno que le fuera asignado por la entidad de manera unilateral y con las funciones asignadas por el supervisor , lo que , analizado junto con las declaraciones de los testigos y de parte, la existencia del cargo en la planta y la permanencia de este y los demás elementos probatorios , demostraba la subordinación.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial invocado, insistió en que la presunción sobre la subordinación de los enfermeros y auxiliares de enfermería persiste, lo único que el Consejo de Estado explicó, en posteriores precedentes, fue que, a pesar de la presunción, la parte actora tenía el deber de probar.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia de tutela impugnada y acceder al amparo constitucional deprecado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia de tutela impugnada y acceder al amparo constitucional deprecado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034 /18, estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía e l solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que habilite el amparo constitucional.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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II. Caso concreto
En el recurso de impugnación el señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio manifestó su discrepancia con la decisión adoptada en primera instancia, pues, a su juicio, en la
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II. Caso concreto
En el recurso de impugnación el señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio manifestó su discrepancia con la decisión adoptada en primera instancia, pues, a su juicio, en la sentencia proferida el 15 de junio de 2023 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, vulneró sus derechos fundamentales reclamados en protección, pues incurrió en los defectos fáctico, por omisión en la valoración probatoria , concretamente por no analizar la certificación de obligaciones, en conjunto con los testimonios, la declaración de parte, el formato de cuadro de turnos y el manual específico de funciones ; y desconocimiento del precedente judicial, debido a que desatendió lo definido en las sentencias del 16 de febrero de 2017, radicado 15001 -23-33-000-2013-00781-01 (3311-14); del 16 de marzo de 2023, radicado 25000 -23-42-000-2014-02022-01 (2522-2022); del 3 de junio de 2010, radicado 2384-07; y del 21 de abril de 2016, radicado 13001 -23-31000-2012-00233-01 (2820-14), las dos primera relativas a la ausencia de una tarifa legal para probar una relación laboral y las dos últimas atinentes a la existencia de presunción de subordinación del cargo de auxiliar de enfermería.
En esa medida, a esta Subsección le corresponde, en primer lugar, determinar si se cumple la exigencia general de procedibilidad de la acción de tutela que dio lugar a la improcedencia en primera instancia , para, en caso de encontrar superado dicho
En esa medida, a esta Subsección le corresponde, en primer lugar, determinar si se cumple la exigencia general de procedibilidad de la acción de tutela que dio lugar a la improcedencia en primera instancia , para, en caso de encontrar superado dicho requisito, analizar si se estructuraron los defectos previamente mencionados.
Así las cosas, debe precisarse que, en criterio de esta Sala, el caso reviste una marcada relevancia constitucional, en tanto a través de esta acción de tutela se persigue la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad , con ocasión de una presunta estructuración de algunas causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Lo anterior permite evidenciar que no se trata de un asunto de mera legalidad y el propósito de la parte accionante no es crear una instancia adicional al proceso ordinario, sino demostrar los defectos en que, en su criterio, incurrió la autoridad judicial accionada.
Dilucidado lo anterior , y al avizorarse el cumplimiento de las demás exigencias generales de procedibilidad , debe verificarse si se configuran los defectosRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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enunciados en la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
Para ese efecto, es necesario resaltar que, en la sentencia discutida en esta sede constitucional, la autoridad judicial analizó si se reunían los elementos de una
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
Para ese efecto, es necesario resaltar que, en la sentencia discutida en esta sede constitucional, la autoridad judicial analizó si se reunían los elementos de una relación laboral, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación; sin embargo, encontró que este último no se cumplió . Para llegar a la anterior conclusión, en primer lugar, examinó la certificación expedida por la entidad accionada en la que consta que el señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio prestó sus servicios del 1.° de ago sto de 2005 al 31 de diciembre de 2006, pero evidenció que en ella no se consignó el objeto de los contratos y no existían otros elementos probatorios que dieran cuenta de ello.
En segundo lugar , examinó, las actividades que desarrolló el demandante como camillero, los contratos de prestación de servicios celebrados entre el 2010 y el 2013, el registro de aportes efectuado al Sistema Integral de Seguridad Social y la copia de la planilla de turnos de los camilleros de octubre de 2013, pero no encontró acreditada la subordinación con base en esas pruebas; sobre el particular, además, estimó que los testimonios no se refirieron a esos contratos, sino a los relacionados con el desarrollo de las funciones como auxiliar de enfermería.
En tercer y último lugar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, revisó los elementos de la relación laboral del actor con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. cuando s e desempeñó como auxiliar de enfermería, y aclaró que, si bien la jurisprudencia del
Segunda, Subsección D, revisó los elementos de la relación laboral del actor con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. cuando s e desempeñó como auxiliar de enfermería, y aclaró que, si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado ha bía sido diáfana al indicar que las labores efectuadas en el área de la salud son propias de la esencia del servicio de los hospitales, por lo que, por regla general, no es posible ejecutarlas de forma autónoma , como se sostuvo en la sentencia del 21 de abril de 2016, radicado 13001 -23-31-000-2012-00233-01 (2820-14), también lo es que posteriormente esta corporación indicó que la viabilidad de las pretensiones depende exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante, para lo cual hizo referencia, entre otras, a la sentencia del 21 de noviembre de 2019, radicado 2019-03872-01.
Estudió los contratos de prestación de servicios, las certificaciones expedidas por la subgerente corporativa y la directora de contratación de la Subred Integrada deRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el interrogatorio de parte y los testimonios de Martha Deysy Abril Peña y Ángela Patricia Malagón Zambrano , los cuales le permitieron concluir que las labores que desarrollaba el señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio eran de auxiliar de enfermería, cumplía un horario y ejercía distinta s
permitieron concluir que las labores que desarrollaba el señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio eran de auxiliar de enfermería, cumplía un horario y ejercía distinta s actividades, como «recibo y entrega de turnos; hacer notas de enfermería; toma de signos vitales; toma de muestras de sangre; administración de medicamentos; baño de pacientes; organización de pacientes; y que recibía órdenes o instrucciones de sus superiores».
A pesar de lo anterior, determinó que no era claro quién impartía las órdenes al demandante, si se le impuso el obedecimiento de reglamentos , si se presentaron llamados de atención , concesión o negación de permisos o se otorgaron días de descanso. Así mismo, consideró que no existían pruebas documentales que permitieran reforzar lo expuesto por los testigos, pese a que estos últimos no eran suficientes para concluir la configuración de la subordinación.
Sumado a lo expuesto, conforme al Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleados de la Planta Global de Personal del Hospital Santa Clara E.S.E., definió que las labores que desempeñaba el señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio hacían parte del giro misional de la entida d demandada; no obstante, estimó que esa situación no demostraba el elemento de subordinación de una relación laboral encubierta.
Aclarados los razonamientos realizados en la sentencia que se discute en esta sede, esta Subsección observa que en relación con los períodos correspondientes del 1.° de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2006 y del 24 de febrero de 2010 y el 17 de octubre de 2013, este último como camillero, el Tribunal Administrativo de
del 1.° de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2006 y del 24 de febrero de 2010 y el 17 de octubre de 2013, este último como camillero, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, valoró las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Lo anterior si se tiene en cuenta que las señoras Martha Deysy Abril Peña y Ángela Patricia Malagón Zambrano no se refirieron al primer lapso res eñado, sino a los períodos del 2008 al 2017 y del 2011 al 2017 e hicieron alusión solamente a las funciones de auxiliar de enfermería, Adicionalmente, frente a ese tiempo no existían pruebas que permitieran determinar cuál era el objeto del contrato celebrado ni si recibía órdenes o instrucciones de un superior.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04083 -01
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En igual sentido, se evidencia que respecto a la época en que el señor Eyder Daryk Cuellar Zamudio desarrolló las funciones como camillero , esto es, entre el 24 de febrero de 2010 y el 27 de octubre de 2013, únicamente se aportaron los contratos de prestación de servicios, el registro de aportes a la Seguridad Social exclusivamente para octubre de 2013 y el cronograma de igual mes , los cuales, a juicio del Tribunal Admi
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