CE - 110010315000202304096001SENTENCIA20230922154048

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

Actora: Olga Lucía Naranjo Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04096-00

Demandante: OLGA LUCÍA NARANJO BONILLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para ob tener la reliquidación de la pensión d e jubilación con i nclusión de la prima de riesgo . Defecto sustantivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Olga Lucía Naranjo Bonilla, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Admi nistrativo de Nariño, en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales a la vida digna, debido proceso, igualdad y seguridad social , así como el principio de legalidad, supuestamente vulnerados con la sentencia de 3 de marzo de 2023, mediante la

amparo constitucional de su s derechos fundamentales a la vida digna, debido proceso, igualdad y seguridad social , así como el principio de legalidad, supuestamente vulnerados con la sentencia de 3 de marzo de 2023, mediante la cual revocó el fallo favorable de primera instancia y , en su lugar, negó la s pretensiones del medio de con trol de nulidad y restablecimiento del derecho tendientes a obtener la reliquidación pensional (rad. No. 86001-33-31-001-201900286-01).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que mediante Resolución No. GNR 214656 de 19 de julio de 2016, Colpensiones le reconoció la pensión de jub ilación con sustento en el régimen especial del artícul o 96 de la Ley 32 de 19 86, aplicable al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria, Inpec, y como IBL se incluyó el previsto en la Ley 100 de 1993, es decir , el promedio de los salarios sobre lo cotizado en los 10 años anterior es al reconocimiento d e la prestación económica.

Afirmó que solicitó a Colpensiones que se reliquidara la pensión de jubilación, con la inclusión de todos los factores dev engados en el último año de servicio , lo cual fue resuelto por medio de la Resolución No. DIR1902 de 18 de f ebrero de 2019, en la que se revocó la Resolución No. SUB -322794 de 12 de diciembre de 2018 que había negado la solicitud de reliquidación pensional presentada y se accedió

en la que se revocó la Resolución No. SUB -322794 de 12 de diciembre de 2018 que había negado la solicitud de reliquidación pensional presentada y se accedió a lo pedido, pero no en los términos propuestos por la actora.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

Actora: Olga Lucía Naranjo Bonilla

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Sostuvo que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Colpensiones en la que pidió que se declarara la nulidad parcial de la Resolución No. DIR1902 de 18 de febrero de 201 9 y q ue se ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación con el 75% del promedio de la asignación básica y todo lo devengado en el último año de servicio , pues “la última parte del parágrafo 5 transitorio del acto legislativo 01 del año 2005, remite a que se aplique el RÉGIMEN ANTERIOR al decreto 2090 de 2003 y señala expresamente a la Ley 32 de 1986”.

Indicó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa en fallo de 14 de marzo de 2022, declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado, y a t ítulo de restabl ecimiento del derecho condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión de jubilación de la demandante sobre el 75% del promedio de los factores

a t ítulo de restabl ecimiento del derecho condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión de jubilación de la demandante sobre el 75% del promedio de los factores salariales acredit ados y respecto de los cuales h ubiera realizado aportes a pensión en el último año de servicio.

Finalmente, manifestó que la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. El Tribu nal Administrativo de Nariño en sentencia de 3 de febrero de 2023, revocó la determinación del a quo y negó las pretensiones de la demanda, con sustento en que la accionante no acreditó los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de una pens ión calculada en un 75% de la base de liquidación, es decir , de lo que devengó durante los últimos diez años de acuerdo con el inciso 3 º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales fundamentales a la vida digna, debido proceso, igualdad y seguridad social, así como el principio de legalidad , supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño con la sentencia de 3 de febrero de 2023 que revocó la decisión favorable de primera instancia para, en su lu gar, negar las pretensiones tendientes a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores sa lariales devengados durante el último año de servicio.

Afirmó que la a utoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que “el único Régimen de Transición aplicabl e a las Pensiones del Personal

servicio.

Afirmó que la a utoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que “el único Régimen de Transición aplicabl e a las Pensiones del Personal del CCVPCN es el que consagra el Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución Política de Colombia, que separa los dos (2) regímenes, el Especial - del General en virtud de la vigencia del Dto. 2090/03 y protege los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los funcionarios respecto al derecho a pensionarse con las reglas o normas anteriores a la entra da en vigencia de la Ley 100/93. Lo cual desconoció el fallo del tribunal y las resoluciones de COLPENSIONES”.

Sostuvo q ue la autoridad judicial accionada ap licó el Decreto 2090 de 20 03, cuando esta norma “es un punto de referencia que debe t omarse por la vigencia expresa de la misma Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución”, esto es, para quienes ingresaron antes de la vigencia serán régimen especial y los que ingresaron con posterioridad a la misma les aplica el régimen general. No obstante, quienes a la vigencia de esta norma tiva hayan tenido 500 s emanas son beneficiarios del régimen anterior, por consiguiente , tendrán der echo a que una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 20 03 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

Actora: Olga Lucía Naranjo Bonilla

normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

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Señaló que “el ingreso al Instituto INPEC, fue antes de la entrada en vigencia del Dto. 2090/03 (más exactamente el 4/01/1995) por ende, cor responde la Pensión de Régimen Especial para todos los e fectos, porque así lo precisa el Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución Política de Colombia que es Norma Superior respecto de cualquier otra (A rt. 4 ib ídem); por tanto, la re liquidación qu e correspo nde en Derecho es de Régimen Especial de la Ley 33/85 con todos los f actores salariales que trata el Art. 45 del D ecreto 1 045/78 inclusive; no el de la Ley General de Pensiones o Ley 100/93, pues esta la excluye la propia Constitución para los regímenes especiales”.

Manifestó que el Decreto 1158 de 1994 es pos terior a la L ey 100 de 1993 y a la Ley 32 de 1986, en consecuencia, en su caso particular los factores sa lariales a tener en cuenta en la reliquidación de la pensión son los co nsagrados en e l artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 por mandato constitucional, pues la pens ión es de régimen especial y no general.

Resaltó que las Resoluci ones Nos. SUB 293505 de 20 de diciembre de 2017 y

artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 por mandato constitucional, pues la pens ión es de régimen especial y no general.

Resaltó que las Resoluci ones Nos. SUB 293505 de 20 de diciembre de 2017 y DIR 1902 de 18 de febrero de 2019, se sustentaron en las sentencias C-258 de 2013 y SU - 230 de 20 15, lo que desconoció el parágrafo 5 del artículo 48 y el artículo 4 de la Constitución Política, este último en el que claramente se estipula que en el evento de haber contradicción entre la norma constitucional y cualquier otra norma jurídica prevalecerá aquella.

Indicó que “un Concepto o una Ci rcular de COLPENSIONE S, una Ley, una Sentencia de las Altas Cortes o un Tratado de Derecho Internacional; en el Ordenamiento Jurídico, no está por encima de la propia Constitución Política de Colombia, ello en virtud del Art 4 de la Carta Magn a; por ende, prima el Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución Políti ca de Colombia sobre todas estas form as de normatividad y por eso debe liquidarse la Pensión con Leyes de Régimen Especial, pues así se liquida ban estas pensiones ante s de la entrada en vigencia del Dto. 2090/03, pero sobre todo porque así lo ordena la Norma Constitucional en el Parág. 5 del Art. 48, al precisar que el régimen es el dispuesto para el efecto de la Ley 32/86 y estas pensiones de la Ley 32 se liquidaban con leyes especiales, en este caso, con la Ley 33/85 anterior Ley 4/64 y con todos los fact ores salariales

la Ley 32/86 y estas pensiones de la Ley 32 se liquidaban con leyes especiales, en este caso, con la Ley 33/85 anterior Ley 4/64 y con todos los fact ores salariales que trata el Art. 5 d el Dto. 1045/78 , entre otros factores y porque prevalece el principio de favorabilida d e in dubio por op erario entre otros principios como lo precisó la nueva sentencia T-012/22 de la Corte Constitucional”.

Afirmó qu e la jurisprudencia de las altas cortes son criterios auxiliares de la actividad judicial en virtud del artículo 230 de la Constitución Política, que no están por encima de la Carta.

Sostuvo que al liqu idar su pensión de jubilación con una norma de régimen general -Ley 100 de 1993-, es contrar io al ordenamiento jurídico y a lo ordenado en el parágrafo 5 del artículo 48 de la Constitución Política.

Mencionó que los actos administrativos y el fallo del Tr ibunal Administrativo de Nariño están viciados de nuli dad por adolecer de legalidad, al no tener una base jurídica que los sustente y por violación directa a la Constitución, “constituyéndose un FALS O POSITIVO JUDIC IAL ADMINISTRATIVO por las ví as de hecho del Estado, por la violación sistemática y generalizada de los Derechos Fundamentales”.

Finalmente, expresó que el salario devengado en el último año de servicio fue de $4.109.773,00, que actualmente tiene una p ensión de $2.270.424 menos $227.100 deducido por salud, por lo que tiene d erecho a percibir una pensión deRadicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

$4.109.773,00, que actualmente tiene una p ensión de $2.270.424 menos $227.100 deducido por salud, por lo que tiene d erecho a percibir una pensión deRadicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

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$4.749.296,00, teniendo en cuenta los incrementos . De allí que, a su j uicio, el monto actualmente percibido no co rresponde al 75% del IBL , lo cual e s un detrimento al patrimonio y f inanzas pers onales que afecta su calidad de vida y dignidad humana y la de sus hijos por quienes , afirma, debe responder y c ubrir todas sus necesidades.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Tutelar los Derechos Fundamentales a la i) Calidad de vida y Dignidad Humana, a la ii) Igualdad, al iii) Debido Proceso y a la iv) Seguridad Social, en consecuencia,

2. Ordenar la rev ocatoria del fallo del Tribunal Contencio so Administrativo de Nariño de fecha 03/02/2023, por defecto sustantivo o material , al ser ilegal, p or no tener un sustento jurídico en el que se funde su decisión, por desconocer las leyes espe ciales, por desconocer la norma constitucional, la supremacía de la Constitución Política de Colombia, el ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales, los Principios Generales del Derecho

desconocer la norma constitucional, la supremacía de la Constitución Política de Colombia, el ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales, los Principios Generales del Derecho y los Derechos humanos de los diferentes Tratados de Derecho Int ernacional en Materia Laboral adoptados por el gobierno colombiano y el ordenamiento jurídico.

3. Ordenar la declaratoria de Nulidad por defe cto sustantivo o m aterial de los Actos Administrativos GNR 214656 del 19 JUL 2016 (concede Pensión), GNR 293505 del 20 DIC 2017 (De Inclusión en Nómina de Pensionados), SUB 322794 del 12 DIC 2018 (Que niega la reliquidación) y DIR 1902 del 18 F EB 2019 (De Reliquidación) todas de COLPENSIONES, en lo que tiene que ver especialmente en la forma de la liquidación de la Pensión, al ser falsa motivación, al ser contrarias a Derecho, por desconocer los Principios Generales del Derecho, los Derechos Fundamentales y los Derechos Huma nos de los diferentes Tratados de Derecho Internacional en Materia Laboral adoptados por el Go bierno Colombiano, pero en especial por la inobservancia del Orden Jurídico y del Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución Política d e Colombia, la cual es Norma de Normas y prevalece sobre cualquier norma o tipo de norma jurídica en virtud del Art. 4 ibídem, en consecuencia,

4. Ordenar al Tribunal Contencioso Admini strativo de Nari ño y/o a Colpensiones la Materialización del Derecho, pues éstos ( los derechos) no s on de papel, que se resp ete la Constitución y el Ordenamiento Jurídico, que se cumpla la ley ( pues es para todos), que se

Materialización del Derecho, pues éstos ( los derechos) no s on de papel, que se resp ete la Constitución y el Ordenamiento Jurídico, que se cumpla la ley ( pues es para todos), que se respeten los Principios Generales del Derecho, los Derechos fundamentales y los Derechos Humanos, que se dé cumplimento a lo ordenado en la Constitución en el Parág 5 del Art 48, la cual prima sobre cualquier otra norma jurídica, tratado, concepto, opinión, fuente formal de derecho o sente ncias de los magistrados o altas cortes, jueces y magistrados, en virtud del Art. 4 ibídem, en consecuencia,

5. Ordenar a C OLPENSIONES reliquidar la Pensión, con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio y con todos los factore s salariales del Art. 45 del Dto. 1045/78, entre otros factores devengados en la ú ltima vigencia fiscal de 2017 incluida la liquidación final de prestaciones sociales, haya o no haya cotizado el INPEC a los mismos, pues esta responsabilidad de era de la fu ncionaria, por l o cual no tiene por qué afectarse la reliquidación de la pensión.

6. Ordenar a COLP ENSIONES reliquidar la p ensión tal y como lo orden ó el Juzgado Primero (1) Administrativo del Circuito de Mocoa en fallo de fecha 14 de marzo de 2022

Radicado 86 001 33 31 001 2019 – 00286 00, con la inclusión de todos los fac tores salariales, en observancia a los Principios de Favorabilidad e in dubio pro operario de la reciente Sentencia T -012/2022 de la Corte Consti tucional, con observancia del

salariales, en observancia a los Principios de Favorabilidad e in dubio pro operario de la reciente Sentencia T -012/2022 de la Corte Consti tucional, con observancia del Ordenamiento Jurídico y la Prevalencia de la Ley especial sobre la general.

7. Ordenar a COL PENSIONES cancelar el correspondiente retr oactivo, con ocasión a la nueva reliquidación de la pensión, por el tiempo de causación de la misma.

8. Ordenar la compulsa de copias a la procuraduría y fiscalía general de la nación, para que se inve stigue disciplinaria y penalmente a los funcionarios responsables de emitir actos administrativos, circulares y conceptos, contrarios a los princ ipios generales del derecho a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de los diferentes tratados de derecho internacional adoptados por el gobierno colombiano y en especial por la inobservancia de la Constitución Política de Colombia y el ordenamiento jurídico”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

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4. Pruebas relevantes

En correo electrónic o de 9 de agosto de 2023, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa remitió el link del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Olga Luc ía Naranjo Bonilla contra Colpensiones (radicado No. 86001-33-33-001-2019-00286-01).

5. Trámite procesal

derecho que promovió la señora Olga Luc ía Naranjo Bonilla contra Colpensiones (radicado No. 86001-33-33-001-2019-00286-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 1 de agosto de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial dema ndada, al Juzgado Primero Administrativo del Ci rcuito de Mocoa, a Colpensiones y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 79622 a 79626 de 8 de agosto de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Nariño

En correo electrónico de 10 de agosto de 2023, la magi strada ponente de la decisión objetada pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, en razón a qu e no se vulneraron los derechos fundamentales a legados por la parte actora.

Afirmó que para liquidar la pensión de la demandante, la entidad accionada aplicó el régimen que correspondía en cuanto a la edad, tiempo de servicios y la tasa de reemplazo, y calculó el ingreso base de liquidación (IBL) de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin avizorars e causal de nulidad alguna.

Indicó que no e s posible establecer un supuesto desconocimiento del orden jurídico por parte del tribunal accionado, lo cual no ha tenido ocurrencia, tal como puede constatarse de la lectura de la providencia que se e mitió en s egunda

Indicó que no e s posible establecer un supuesto desconocimiento del orden jurídico por parte del tribunal accionado, lo cual no ha tenido ocurrencia, tal como puede constatarse de la lectura de la providencia que se e mitió en s egunda instancia y del expediente que se ha ordenado allegar en formato digital, porque la decisión se adoptó de conformidad con los pr ecedentes judiciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Sostuvo que el acceso a la administración de jus ticia no implica una declaración positiva a las pretensiones de los actores, en detrimento del ordenamiento jurídico, además que no se pueden trasladar las falencias de las demandas y de las pruebas, a quienes deciden los procesos.

Finalmente, manifestó que no es posible que aho ra, en ejercicio de la acción de tutela, la parte demandante pretenda deducir consecuencias favorables invocando un supuesto desconocimiento d el orden jurídico por parte de la autoridad judicial accionada, lo cual tal como puede con statarse de la lectura de los diferentes documentos y de las providencias que hacen parte del expediente no ocurrió.

1 La parte accionante, la autoridad judicial deman dada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: olgalucia74@gmail.com; eg29@hotmail.com, sgtadminnrn@notificacionesrj.gov.co, contacto@colpensiones.gov.co; notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co y tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

Actora: Olga Lucía Naranjo Bonilla

tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

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6.2. Respuesta de Colpensiones

En escrito de 10 de agosto de 2023, la directora de acciones constitucionales pidió que se decl arara la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que no se configuró la vulneración de derechos fundamentales alegada por la demandant e, ni algún defecto en la providencia objetada

Afirmó que la autoridad judicial accionada actuó conforme a la ley y a la Constitución Política, toda vez que aplicó (i) las normas relativas a la materia, (ii) los preceptos constituciona les sobre el particular y (iii) la jur isprudencia existente, a lo que agregó que las actuaciones de la autoridad judicial accionada no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales de la accionante.

Sostuvo que “el trámite alegado en la presente tutela, ya había s ido objeto de estudio por otro Juez el cual no acc edió a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que la pre sente acción de tutela debe ser declara improcedente ante la existencia de la cosa juzgada”.

Para terminar, manifestó que decidir de fondo las pretensiones de la accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodo minio, pero

ante la existencia de la cosa juzgada”.

Para terminar, manifestó que decidir de fondo las pretensiones de la accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodo minio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó la vulneración a derechos fundamentales, ni la e xistencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno.

6.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa guardó silencio, aun cuando se le notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Polí tica, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para d ecidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño con la sentencia de 3 de febrero de 2022, que revocó la decisión favorable de primera instancia y negó la s pretensiones de la demanda tendientes a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación del actor con el 75% de l o devengado en el último año de servicio , vulner a los derechos fundamentales a la vida digna, debido proceso, igualdad y seguridad social, así como el principio de legalidad , y si incurrió en un defecto sustantivo, p orque no se aplicó lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 48 de la Constitución Política y los factores salariales

debido proceso, igualdad y seguridad social, así como el principio de legalidad , y si incurrió en un defecto sustantivo, p orque no se aplicó lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 48 de la Constitución Política y los factores salariales consagrados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y la decisión se sustentó en jurisprudencia de la Cor te Constitucional y el Consejo de Estado, pasando por alto que es un criterio auxiliar.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus d erechosRadicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

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constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Conven ción Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir

del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más a delante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutel a contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir qu e su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar l os derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregu laridad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante e n la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora iden tifique

trate de una irregu laridad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante e n la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora iden tifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubi ere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requ isitos específicos de pro cedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo 10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la

2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 3 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9

7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9 Que surge cuando el juez carece del apoyo pr obatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 12 Que imp lica el incumplimiento de los servidores judiciales de da r cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04096-00

Actora: Olga Lucía Naranjo Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Constitución 14 .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de proce dencia, de tal modo que u na vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de lo s defectos arriba mencionados, siempre y cu ando, en principio, hayan sido a legados por el interesado. Estos presupuestos h an sido acogidos en reiterada jurisprudencia del

examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de lo s defectos arriba mencionados, siempre y cu ando, en principio, hayan sido a legados por el interesado. Estos presupuestos h an sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter p revalente que se de be dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atribut os qu