CE - 110010315000202304099011SENTENCIACONFIRMA20231019152520

Demandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04099-01

Demandantes: CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. Y OTRO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN TERCERA ,

SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugna ción instaurada por la parte demandante, contra la sentencia del 4 de septiembre de 2023, a través de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 27 de julio de 2023, las sociedades Consultoría Colombiana S.A. y WSP Colombia S.A.S. presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado ,

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 27 de julio de 2023, las sociedades Consultoría Colombiana S.A. y WSP Colombia S.A.S. presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión de la sentencia de 19 de septiembre de 2022, proferida por dicha autoridad en el proceso de controversias contr actuales que promovieron en contra del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, la Electrificadora del Huila y la Central Hidroeléctrica de Betania S.A., expediente que se identificó con el radicado 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206).Demandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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1.2. Pretensión

En consecuencia, la parte actora pretende:

5.2 Que se disponga dejar sin efectos la sentencia de 19 de septiembre de 2022, notificada el 28 de abril de 2023 y ejecutoriada el 4 de mayo de 2023, proferida por el H. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecci ón

2022, notificada el 28 de abril de 2023 y ejecutoriada el 4 de mayo de 2023, proferida por el H. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecci ón C, C.P. Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, dentro del expediente Rad. No. 41001233100019950838501 (38206).

5.3 Que se ordene a la Sección Tercera del H. Consejo de Estado designar una Subsección integrada por Consejeros distintos de quienes componen la Subsección C, para que emita la nueva sentencia que desate la segunda instancia del proceso Rad. No. 41001233100019950838501 (38206).

5.4 En subsidio de todas o cualquiera de las peticiones anteriores, que se adopten las decisiones que el juez de tutela estime procedentes para la efectiva protección de los derechos fundamentales de mis mandantes.

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que promovió un proceso de controversias contractuales que presentada en contra del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel), la Electrificadora del Huila y la Central Hidroeléctrica de Betania S.A., el cual se identificó con el radicado 41001 -23-31-000-1995-08385-01 (38206).

Informó que dicha causa fue iniciada con el propósito de que se declarara que las demandadas incumplieron la obligación de celebrar con las demandantes el contrato para la realización de los estudios de factibilidad técnica del proyecto El Quimbo y, como consecuencia de ello, se ordenara la respectiva indemnización de perjuicios.

Precisó que en el proceso en mención se demostró lo siguiente:

contrato para la realización de los estudios de factibilidad técnica del proyecto El Quimbo y, como consecuencia de ello, se ordenara la respectiva indemnización de perjuicios.

Precisó que en el proceso en mención se demostró lo siguiente:

a) La subgerencia técnica y la división de centrales del Icel (Instituto Colombiano de Energía Eléctrica) trasladaron a su director los acuerdos económicos logrados con el consorcio,

b) el director del Icel manifestó su conformidad al Gobernador del Huila, informándole del resultado de la propuesta económica acordada con el consultor,

c) la junta directiva de dicho instituto autorizó a su director contratar con el consorcio conforme con la propuesta acordada y,Demandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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d) el referido instituto de energía y Electrohuila celebraron el convenio 181 de 21 de diciembre de 1992 en el que acordaron que la electrificadora procedería a contratar la ejecución de la factibilidad técnica de El Quimbo, sujetándose a “ … los trámites adelantados por el Icel con dicho fin”.

Indicó que, el Tribunal Administrativo del Huila mediante del fallo de 10 de noviembre de 2009 declaró probada la excepción de caducidad de la acción de

los trámites adelantados por el Icel con dicho fin”.

Indicó que, el Tribunal Administrativo del Huila mediante del fallo de 10 de noviembre de 2009 declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa. Consideró que el concurso privado de méritos adelantado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica no concluyó, pues faltó su adjudicación al proponente que ocupó el primer lugar, por ende, la responsabilidad que los actores le pretenden imputar a los entes demandados no era de naturaleza contractual sino extracontractual.

Mencionó que , en la precitada providencia, se consideró que la omisión reprochada se produjo el 30 de noviembre de 1988, fecha en la que se remitió al gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica los acue rdos económicos sin que este hubiere tomado la decisión de adjudicar el contrato. Concluyó que operó la caducidad porque la demanda se presentó hasta el 26 de octubre de 1995.

Refirió que en contra de la decisión anterior se presentó un recurso de apelación, el cual se resolvió e n sentencia de 19 de septiembre de 20 22 por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C que la revocó para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. S eñaló que, el medio adecuado para debatir las pretensiones era el de reparación directa.

Expuso que en dicha sentencia se indicó que no había operado la caducidad porque las sociedades demandantes tuvieron certeza que el concurso en el que habían sido seleccionados no iba a continuar el 30 de marzo de 1995, cuando

Expuso que en dicha sentencia se indicó que no había operado la caducidad porque las sociedades demandantes tuvieron certeza que el concurso en el que habían sido seleccionados no iba a continuar el 30 de marzo de 1995, cuando el Ministerio de Minas y Energía les respondió un oficio en ese sentido. Y que la demanda se presentó ese mismo año.

Agregó que, también se señaló que la clasificación de la propuesta técnica en el primer orden de elegibilidad no genera automáticamente el d erecho a la suscripción del contrato proyectado, pues esta condición queda supeditada a que la proponente y el jefe de la entidad convocante alcancen un acuerdo económico.

Afirmó que en el mencionado fallo se concluyó que, ante la falta de aprobación del acuerdo económico por el jefe de la entidad, la etapa de negociación del concurso privado de méritos no culminó en debida forma y, consecuencialmente, nunca existió para la entidad convocante la obligación de suscribir el contrato.Demandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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Precisó que, la anterio r providencia se notificó por edicto electrónico del 28 de abril al 4 de mayo de 2023 , en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

1.4. Sustento de la petición

abril al 4 de mayo de 2023 , en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en lo siguiente.

1.4.1. Defecto fáctico:

Sostuvo que, la autoridad judicial demandada reconoció que es cierto que el comité de licitaciones del ICEL y los accionantes llegaron a un acuerdo económico, pero, pasó a agregar que “no obra en el plenario el act a de la negociación de la propuesta económica debidamente firmada por el jefe de la entidad convocante ni prueba alguna de aprobación de dicha negociación”.

Mencionó que tal afirmación no se ajusta a la verdad, ya que, la propia sentencia reseña que el d irector del ICEL informó al gobernador del Huila el resultado de la propuesta económica acordada. Consi deró que la exigencia de este documento es un formalismo no previsto ni en la ley ni en los términos de referencia, y configura la imposición de una tarifa legal probatoria.

Agregó que, no se tuvo en cuenta el hecho probado relativo a la “obligación de celebrar el contrato objeto de concurso privado de méritos”. In dicó que la accionada expuso en su fallo que “nunca existió para la entidad convocante la obligación de suscribir el contrato de consultoría”, a pesar que dentro del plenario se probó que cumplieron los presupuestos necesarios, para su adjudicación.

Adujo que, tampoco se tuvo en cuenta el hecho consistente en el

obligación de suscribir el contrato de consultoría”, a pesar que dentro del plenario se probó que cumplieron los presupuestos necesarios, para su adjudicación.

Adujo que, tampoco se tuvo en cuenta el hecho consistente en el “reconocimiento del ICEL de la ob ligación de celebrar el contrato objeto del concurso de méritos”.

Refirió que, la demandada aplicó un régimen jurídico distinto al que corresponde, pues los conceptos de interés negativo y las disposiciones del Código de Comercio no aplican en procesos d e selección de entidades estatales sino en los contratos de derecho privado, aunado a que la sentencia que se citó hace referencia a la contratación por parte de una empresa que escapa el ámbito de aplicación de la Ley 80 de 1993 (empresa de servicios públicos domiciliarios) que, por lo mismo, no admitía analogía con el caso.

1.4.2. Defecto material o sustantivo:

Indicó que, en el fallo cuestionado se aplicó el régimen jurídico “excediendo el margen de interpretación razonable y el marco de la juridicida d y de laDemandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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hermenéutica aceptable”. Esto, por cuanto la autoridad demandada dejó claro que entiende el proceso de selección de un contratista como “un procedimiento

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hermenéutica aceptable”. Esto, por cuanto la autoridad demandada dejó claro que entiende el proceso de selección de un contratista como “un procedimiento medio reglado”, en el que hasta cierto momento hay la obligación de atender las disposiciones legales y el pliego de condiciones, pero a partir de un punto determinado, cabe la discrecionalidad del jefe de la entidad contratante.

Mencionó que el derecho a la celebración del contrato no se desprende de la adjudicación, como concluyó la accionada, pues de conformidad con las normas del Decreto 222 de 1983 y el Decreto 1522 de 1983, el primero en el orden de elegibilidad tenía derecho a negociar el precio y, en caso de acuerdo económico, a ser reconocido como adjudicatario y celebrar el contrato.

Adujo que, el concurso de méritos es un procedimiento reglado en el que la administración no puede conducirse según su discrecionalidad , sino según el reglamento legal.

1.4.3. Desconocimiento del precedente

Sostuvo que, d e las otras muchas providencias d el Consejo de Estado sobre esta materia, en las que se ha aplicado un criterio uniforme y distinto al considerado por la Subsección C demandada, citó las siguientes, cuyos apartes aparecen reseñados en la publicación “ANTOLOGÍA. Jurisprudencias y Conceptos. Consejo de Estado. 1817 – 2017. Sección Tercera - Tomo III A”, editada a propósito del bicentenario de dicha corporación:

i) CE -SEC3–EXP1992–02–27–N4108, i i) 23001 –23–31–000–1995–07068–

editada a propósito del bicentenario de dicha corporación:

1. CE -SEC3–EXP1992–02–27–N4108, i i) 23001 –23–31–000–1995–07068– 01(13405), iii) CE –SEC3–EXP1999–N11344, iv) 66001 –23–31–000–1992– 01919–01 (14576), v) CE –SEC3–EXP1997–N10038, vi) 25000 –23–26–000– 1998–01181–01 (22827) y, vii) R.I. 10.963.

Concluyó que la autoridad judicial demandada sin justificación valedera resolvió la segunda instancia de tal litigio, con criterios opuestos a los que, de modo general y uniforme ha venido aplicando para resolver casos similares, fallo al que llegó esa corporación tras incurrir en manifiesto error en el juicio valorativo de la prueba con incidencia directa en la decisión y por haberse separado de los hechos que la propia providencia recoge como probados.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto de 1. ° de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se dispuso notificar a la Subsección C de la Secció n Tercera del Consejo de Estad o. Entre otros asuntos, se vinculó como terceros al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, a la Electrificadora del Huila S.A. y a la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. y se requirió al Tribunal Administrativo del Huila el expediente objeto de demanda.Demandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Central Hidroeléctrica de Betania S.A. y se requirió al Tribunal Administrativo del Huila el expediente objeto de demanda.Demandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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1.6. Contestaciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar que lo manifestado por la parte actora es un simple desacuerdo de los actores con la valoración probatoria contenida en el fallo de segunda instancia.

Consideró que se pretende que el juez de tutela se convierta en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria en la sentencia acusada, situación ajena a los propósitos del amparo constitucional.

Refirió que la decisión censurada se fundamentó en las normas vigentes aplicables al caso concreto, y la interpretación de las mismas no fue irrazonable, desproporcionada ni contravino postulados de estirpe constitucional.

Adujo que, el estudio de la normativa le permitió a la subsección cuestionada establecer que el oferente calificado en el primer lugar del orden de elegibilidad no tenía un derecho automático a la celebración del contrato, sino que le permitía acceder a una etapa de negociación que podía concluir de manera infructuosa o favorable mediante un acuerdo económico que debía ser suscrito

no tenía un derecho automático a la celebración del contrato, sino que le permitía acceder a una etapa de negociación que podía concluir de manera infructuosa o favorable mediante un acuerdo económico que debía ser suscrito con el jefe de la entidad, único competente para comprometer el patrimonio de la misma.

Agregó que del conjunto de sentencias que la parte accionante cita no se deriva un precedente judicial sólido, ni coincidente fáctica y jurídicamente con el caso.

Recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por las altas cortes requiere de una argumentación rigur osa y cualificada, que no se evidencia en la solicitud de las demandantes.

1.6.2. Electrificadora del Huila

Esta entidad solicitó ser desvinculada ante la falta de legitimación en la causa por pasiva , pues las pretensiones van dirigidas contra la autorid ad judicial demandada.

Refirió que, de acuerdo con el escrito de la acción de tutela, se evidenciaba que la inconformidad del accionante radica en la decisión proferida por el Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia, considerando que con esta se le vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, y acceso a la administración de justicia.

Consideró que, en nada tiene que ver dicha sociedad con la presuntaDemandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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vulneración de los derechos fundamentales alegados, teniendo en cuenta que, tales decisiones son de competencia exclusiva de la autoridad judicial.

1.6.3. Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas

Señaló que la subsección demandada no incurrió en defecto sustantivo, n i impuso una tarifa legal probatoria, pues hizo referencia expresa al artículo 36 del Decreto 1522 de 1983, según el cual “La adjudicación del contrato de consultoría o de obras se hará mediante providencia motivada del jefe de la entidad contratante”.

Mencionó que, si bien estaba probado que el comité de licitaciones del ICEL y los accionantes lograron un acuerdo económico, en el proceso no existe prueba de la aprobación de ese acuerdo por el jefe de la entidad ni la providencia de adjudicación.

1.6.4. Enel de Colombia

Esta entidad se opuso a que a través de la tutela se invalide la sentencia de segunda instancia, pues independientemente de que se compartan o no las conclusiones, la misma no es una providencia de la que se pueda colegir una “vía de hecho” como lo pretende la parte accionante.

Indicó que pronunciarse acerca de los argumentos por los cuales la accionante desestima la sentencia sería reavivar un debate, que ya está cerrado y que, de manera incorrecta las sociedades accionantes pretenden rea brir con esta acción.

1.6.5. Tribunal Administrativo del Huila

desestima la sentencia sería reavivar un debate, que ya está cerrado y que, de manera incorrecta las sociedades accionantes pretenden rea brir con esta acción.

1.6.5. Tribunal Administrativo del Huila

Mediante oficio 1992 del 8 de agosto de 2023, el secretario general de dicha corporación allegó “copia física… de algunas piezas procesales”, porque son “bastante grandes y no se cuenta con l os medios tecnológicos para su digitalización.” (índice 18 aplicativo Samai).

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de septiembre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional.

Indicó que, el asunto carece de relevancia constitucional, pues se advierte que la parte actora pretende convertir el amparo constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario, por no estar de acuerdo con el resultado del mismo.Demandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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Hizo referencia al contenido de la sentencia demandada para destacar que que la providencia objetada estudió todo el material probatorio arrimado al plenario, incluidos los documentos que la parte actora considera que prueban que entre ella y el ICEL ex istió una negociación económica, es decir, la comunicación de

la providencia objetada estudió todo el material probatorio arrimado al plenario, incluidos los documentos que la parte actora considera que prueban que entre ella y el ICEL ex istió una negociación económica, es decir, la comunicación de 30 de marzo de 1989, el convenio 181 de 21 de diciembre de 1992 y todos lo que obran a folios 180 a 181 y 192 a 198 del cuaderno 1 del expediente.

Consideró que, n o obstante, en ejercicio de s u autonomía judicial y aplicando criterios de libre apreciación probatoria y sana crítica, que con las mismas no se logró probar que el ICEL y el consorcio hubieran llegado a un acuerdo económico, pues no se allegó el acta de dicha negociación firmada por el jefe de la entidad convocante, quien era el funcionario competente para conducir el proceso negocial, llegar a un acuerdo y posteriormente adjudicar el contrato.

Destacó que, los cargos en los que se sustentó el defecto fáctico, responden en realidad a una discrepancia valorativa que evidencia la inconformidad de los accionantes con las conclusiones a las que arribó la autoridad accionada, que a pesar de encontrar acreditado que las demandantes obtuvieron el primer lugar en el concurso de méritos, estim ó que ello no les otorgaba el derecho a suscribir el contrato pues debía concretarse un acuerdo económico y, esa situación no se acreditó porque en el expediente no reposa prueba documental que permita concluir que el jefe de la entidad aprobó la negociación.

Precisó que, esa exigencia probatoria que reprocha la parte accionante, no se percibe como arbitraria o desproporcionada, pues en su ejercicio valorativo es

que permita concluir que el jefe de la entidad aprobó la negociación.

Precisó que, esa exigencia probatoria que reprocha la parte accionante, no se percibe como arbitraria o desproporcionada, pues en su ejercicio valorativo es apenas entendible que el juez encontrara necesario contar con una prueba documental en la que estuviera consignada la voluntad inequívoca de la administración de acceder al acuerdo económico propuesto.

Mencionó que, más aún, si se tiene en cuenta que se pretendía comprometer el erario y asumir las obligaciones propias de un contrato estatal. Recordó que las discrepancias valorativas no se traducen en una causal de procedibilidad especial de la acción de tutela contra providencia judicial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.

Indicó que en relación con el reproche referido a la aplicación de los Decretos 222 y 1522 de 1983, no est aba llamado a prosperar, pues está ligado al alegado defecto fáctico que estudi ó, toda vez que el argumento central de las accionantes se orienta a sostener que en virtud de esa normativa y de la concreción del acuerdo económico les asistía el derecho a suscribir el contrato.

Señaló que, si la autoridad accionada consideró que no estaba acreditado el referido acuerdo, esto es, el presupuesto exigido por la norma, es apena lógicoDemandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

referido acuerdo, esto es, el presupuesto exigido por la norma, es apena lógicoDemandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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que no se concluyera que no existía un derecho a la suscripción del contrato. En razón a ello, es claro que no existió ninguna utilización irrazonable o contraevidente de las normas, sino que, la autoridad judicial accionada dio aplicación a las mismas de forma coherente, adecuada y conforme a derecho, al punto de encontrar que, ante la falta de la prueba del acuerdo económico, no era posible considerar que el consorcio actor era el adjudicatario del contrato.

Agregó que, por otra parte, en lo que se refiera al cargo relativo a la aplicación del concepto de “interés negativo”, el Código de Co mercio y una sentencia relacionada con una empresa de servicios públicos domiciliarios; se debe aclarar que la lectura armónica del fallo cuestionado, permite advertir que esas referencias no fueron utilizad as para solucionar el caso, pues la ratio decidendi parte de la aplicación de los Decretos 222 y 1522 de 1983.

Consideró que, a quella mención fue tangencial y se hizo únicamente para referirse a la responsabilidad precontractual, dentro de la cual las pretensiones de las partes no encuadraban, por lo que la autoridad accionada se abstuvo de analizar si en efecto la administración, en cabeza de las demandadas, omitió

referirse a la responsabilidad precontractual, dentro de la cual las pretensiones de las partes no encuadraban, por lo que la autoridad accionada se abstuvo de analizar si en efecto la administración, en cabeza de las demandadas, omitió cumplir con los deberes genéricos que se derivan de la buena fe en la fase preliminar de la formación del contrato.

Sostuvo que, en relación con las sentencias citadas por la parte actora, de las cuales se puede considerar que hace alusión a un presunto desconocimiento del precedente judicial, se advierte que carece de carga argumentativa, pues la parte actora omitió precisar la razón por la cual las sentencias aludidas resultaban ser precedente judicial a su caso, si los hechos, fundamentos de derecho, problemas jurídicos a resolver y ratio decidendi eran similares y, por ende, aplicables a su asunto.

Advirtió que, no basta con que el accio nante enuncie los derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, a su sentir, incurrió la autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia l as razones y motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derec ho y, se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.

Recordó que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que cuando la providencia cuestionada fue proferida por una alta corte, el examen de procedencia que debe adelantar el juez de tutela debe ser más estricto.

presunta vulneración.

Recordó que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que cuando la providencia cuestionada fue proferida por una alta corte, el examen de procedencia que debe adelantar el juez de tutela debe ser más estricto.

1.8. Impugnación

Mediante escrito remitido electrónicamente el 12 de septiembre de 2023, laDemandantes: Consultoría Colombiana S.A. y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04099-01

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parte actora impugnó la sentencia de primera instancia , notificada el 7 del mismo mes y año , a las “22:07” horas . En auto del 20 de septiembre de la misma anualidad se concedió el recurso en mención.

Sostuvo que en modo alguno pretende que el juez constitucional actúe como juez de instancia, ni que reviva el debate que fue materia del proceso contractual. Lo anterior, por cuanto:

(a) No es admisible que el máximo órgano de lo contencioso administrativo establezca en uno de sus fallos requisitos extralegales o exija documentos con fórmulas sacramentales, con el propósito de negar valor y fuerza probatoria a documentos válidamente all egados al proceso judicial, que dan cuenta del hecho materia de prueba, como es el caso de la aprobación por parte del Director del ICEL de la negociación alcanzada entre la subgerencia técnica y la división de centrales del ICEL y el consorcio

dan cuenta del hecho materia de prueba, como es el caso de la aprobación por parte del Director del ICEL de la negociación alcanzada entre la subgerencia técnica y la división de centrales del ICEL y el consorcio Consultoría Colombiana SA y Consultores Regionales Asociados Ltda., aprobación que se infiere de modo indubitable de los documentos que obran a folios 180 a 181 y 192 a 198 del cuaderno 1 del expediente, que la Subsección C, Sección Tercera, del H. Consejo de Estado no toma en consideración por carecer del rótulo o título que el juzgador exige sin soporte legal.

Con esa exigencia de una tarifa legal probatoria no establecida en las normas positivas, la Subsección C, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administra tivo, del Consejo de Estado violó los derechos fundamentales de mis mandantes, dando cabida a la acción de tutela contra la providencia proferida.

(b) La obligación del ICEL de celebrar el contrato objeto del concurso privado de méritos DECP-002-84 surgió del hecho probado consistente en que el consorcio Consultoría Colombiana SA y Consultores Regionales Asociados Ltda. presentó la oferta que obtuvo el primer lugar en el orden de elegibilidad y del hecho también probado consistente en que, entre dicho proponente y la entidad contratante, se celebró acuerdo en relación con los términos económicos del contrato; lo que fundament ó que la obligación de celebrar el contrato quedara expresamente reconocida y plasmada por los representantes legales del ICEL y ELECTROHUILA en el convenio 181 del 21 de diciembre de 1992, folios 180 a 181y 192 a 198 del cuaderno 1 del expediente.

plasmada por los representantes legales del ICEL y ELECTROHUILA en el convenio 181 del 21 de diciembre de 1992, folios 180 a 181y 192 a 198 del cuaderno 1 del expediente.

(c) Esa prueba incontrovertible de la existencia del derecho del Consorcio

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