CE - 110010315000202304148001SENTENCIA20230914150656

Demandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04148-00

Demandante: OLGA PATRICIA NAVARRO CABAL como agente oficiosa de

LUIS FELIPE NAVARRO CABAL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tema: Tutela de fondo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Olga Lucía Navarro Cabal , actuando en nombre propio y como agente oficioso del señor Luis Felipe Navarro Cabal, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2. Con la solicitud de amparo pretende la protección de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la vida y

agente oficioso del señor Luis Felipe Navarro Cabal, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2. Con la solicitud de amparo pretende la protección de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la vida y a la salud de su hermano.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se la s adjudicó a la falta de respuesta a la solicitud de prelación del fallo elevada el 30 de mayo de 2023 y dirigida a la autoridad accionada, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP (en adelante

UGPP)3.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales referidos

en los siguientes términos:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021. 2 La demanda fue radicada por la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 1° de agosto de 2023. 3 Proceso identificado con el radicado 76001-33-33-016-2019-00224-00/01.Demandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

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Solicito encarecidamente que se tomen las medidas necesarias para agilizar el proceso y dar respuesta pronta y justa a la solicitud de prelación presentada. Así mismo, pido

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Solicito encarecidamente que se tomen las medidas necesarias para agilizar el proceso y dar respuesta pronta y justa a la solicitud de prelación presentada. Así mismo, pido que se garantice el acceso oportuno a la atención médica y medicamentos esenciales que requiere mi hermano en virtud de su discapacidad y condición de salud. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

4. Los señores Olga Patricia Navarro Cabal y Luis Felipe Navarro Cabal son hijos del señor Julio Manuel Navarro Palau. Este último falleció el 4 de junio de 2015.

5. En virtud de lo anterior, el señor Luis Felipe Navarro Cabal solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a su favor, con fundamento en que dependía económicamente de su difunto padre al padecer una enfermedad que le generó una pérdida de capacidad laboral en un 53.15%.

6. Mediante Resolución 017776 del 3 de mayo de 2016, la UGPP negó el reconocimiento. Esta decisión fue confirmada mediante las Resoluciones 023625 del 24 de junio de 2016 y 025522 del 11 de julio de 2016.

7. Por lo anterior, e l señor Luis Felipe Navarro Cabal ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP. Esto, con el fin que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, se concediera la misma.

de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP. Esto, con el fin que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, se concediera la misma.

8. El 18 de agosto de 2020, el Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito de Cali dictó sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda .

Sostuvo el a quo que si bien se tiene certeza de la condición de invalidez del señor Luis Felipe Navarro Cabal y que al momento del fallecimiento de su padre dependía económicamente de este, al verificar el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1996, se advirtió que el afiliado no cotizó al sistema, dentro de los tres años inmediatamente anteriores, las 50 semanas exigidas por la norma, toda vez que la última cotización realizada al sistema de pensión fue en el 2005.

9. Inconforme con lo anterior , el demandante interpuso recurso de apelación, el cual correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

10. El 30 de mayo de 2023, la señora Olga Patricia Navarro Cabal solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la prelación del fallo de segunda instancia del proceso relacionado anteriormente. Sostuvo que su hermano se encontraba en una situación extrema de vulnerabilidad por la demora en el pronunciamiento, pues la pensión de sobreviviente representaría su fuente vital de sustento. Hasta la fecha de presentación de la tutela, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no había

una situación extrema de vulnerabilidad por la demora en el pronunciamiento, pues la pensión de sobreviviente representaría su fuente vital de sustento. Hasta la fecha de presentación de la tutela, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no había efectuado pronunciamiento alguno.Demandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

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1.4. Sustento de la vulneración

11. Afirmó que el 30 de mayo de 2023 radicó ante el tribunal accionando una solicitud de prelación en el proceso de pensión por sobrevivencia de su difunto padre, la cual fue remitida con el propósito de obtener una pronta resolución en el proceso.

12. Sostuvo que la demora en atender su solicitud de prelación ha generado una dilación injustificada en el proceso, que está afectando gravemente los derechos fundamentales de su hermano.

13. Señaló que su hermano, el señor Luis Felipe Navarro Cabal, padece una discapacidad del 53.15% dictaminada por la Junta Regional de Calificación de

Invalidez del Valle del Cauca.

14. Así mismo resaltó que su hermano sufría de esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, lo que requería de una atención medica constante y medi camentos esenciales para mantener su vida y bienestar . Sin embargo, desde la fecha en que

14. Así mismo resaltó que su hermano sufría de esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, lo que requería de una atención medica constante y medi camentos esenciales para mantener su vida y bienestar . Sin embargo, desde la fecha en que murió su padre, esto es el 2015, se encontraba desafiliado de la EPS.

1.5. Trámite de la acción

15. Por auto de 4 de agosto de 2023, se inadmitió la acción constitucional de la referencia, ya que el escrito de tutela no era claro al especificar la representación de los derechos invocados en nombre del señor Julio Felipe Navarro Cabal, toda vez que, la señora Olga Patricia Navarro Cabal acudió sin proporcionar en que calidad y sin explicar las razones por las que su hermano no podía personalmente reclamar la protección de sus derechos fundamentales.

16. Adicionalmente, el mencionado escrito, tampoco contenía la declaración bajo la gravedad del juramento en la que manifestara que no había interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos.

17. Por lo anterior se concedió el término de tres días para que, so pena de

rechazo:

1. Indique, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos y derechos. ii. Asimismo, deberá manifestar de manera clara y precisa si esta actuando en calidad de agente oficioso de su hermano Luis Felipe Navarra Cabal. De confirmar esta hipótesis, deberá explicar los motivos que impiden que el agenciado ejerza o promueva directamente esta acción. (Subrayas y negritas del texto original)

de agente oficioso de su hermano Luis Felipe Navarra Cabal. De confirmar esta hipótesis, deberá explicar los motivos que impiden que el agenciado ejerza o promueva directamente esta acción. (Subrayas y negritas del texto original)

18. El 11 de agosto de 2023, la señora Olga Patricia Navarro Cabal remitió escrito en el que manifestó bajo la gravedad del juramento que no había presentado ninguna otra tutela por los mismos hechos y derechos . Además, declaró que actuaba en calidad de agente oficiosa de su hermano, quien no puede ejercer o promoverDemandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

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directamente esta acción en virtud de su deteriorado estado de salud.

19. El 23 de agosto de 2023, el despacho sustanciador admitió el presente mecanismo constitucional. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, se dis puso vincu lar como terceros con interés al Juzgado 16 Oral Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

20. De otro lado, se le ordenó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado 16 Oral Administrativo del Circuito Judicial de Cali que allegaran copia integra

la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

20. De otro lado, se le ordenó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado 16 Oral Administrativo del Circuito Judicial de Cali que allegaran copia integra digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001 -33-33-016-201900224-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

21. La magistrada conductora del proceso manifestó que el recurso interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 16 Oral Administrativo del Circuito Judicial de Cali se repartió al despacho el 31 de mayo de 2022, fue admitido el 18 de octubre de ese mismo año y pasó para fallo el 30 de enero de 2023.

22. Así mismo informó que el fallo se encontraba en el turno 93, el cual se va actualizando trimestralmente con la meta de producción y las salidas efectivas hasta que llegue al turno 1.

23. Señaló que lastimosamente no se trataba del único usuario del despacho en situación de vulnerabilidad, por ello se trataba de equilibrar el listado de turnos para fallo con casos que también tiene n prelación por ser reconocimientos pensionales, personas en situación de desplazamiento, personas en reclusión, reiteración de línea y el turno normal, los cuales se van impulsando con diligencia de acuerdo a la capacidad del Despacho en atención al derecho fundamental a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

24. Adicionalmente puso de presente que prima la sustanciación de las acciones de tutela, populares, cumplimiento, repetición y procesos tributarios por orden constitucional y legal.

acceso a la administración de justicia.

24. Adicionalmente puso de presente que prima la sustanciación de las acciones de tutela, populares, cumplimiento, repetición y procesos tributarios por orden constitucional y legal.

25. Sostuvo que no existía mora injustificada y que , además, la parte accionada podía acceder al servicio de sa lud a través del régimen subsidiado . Por tanto, no se vulneraban los derechos del señor Navarro Cabal con la espera de que proceso llegara a turno correspondiente para proferir sentencia.

26. Finalmente manifestó que se comprometía a incluir en la planeación la proyección de este asunto en la medida que la congestión judicial, la capacidad humana y el reparto de acciones constitucionales lo permitan. Así mismo, remitió constancia de envío del informe suministrado en esta instancia a la parte peticionaria.Demandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

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1.6.2. UGPP

27. Manifestó que no había vulneración de los derechos fundamentales y , por ende, solicitaba su desvinculación del presente mecanismo constitucional.

28. Alegó que no es la entidad competente para la prestación, reactivación o afiliación de servicios de salud, así como tampoco para resolver asuntos de mora judicial. 1.6.3. El Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali manifestó que el

afiliación de servicios de salud, así como tampoco para resolver asuntos de mora judicial. 1.6.3. El Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali manifestó que el proceso 76001 -33-33-016-2019-00224-00/01 se encontraba actualmente en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca surtiendo el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca .

Lo anterior, de conformidad con l o establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

30. La UGPP solicitó que se le desvinculara del trámite tutelar, dado que carece de legitimación en la causa por pasiva. La sala negará tal petición, comoquiera que su vinculación fue en calidad de tercero con interés y no como accionado.

2.3. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

32. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que de conformidad con el

pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

32. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que de conformidad con el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 «se puede agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa». En razón a ello, la Corte Constitucional ha precisado que los requisitos para que se avale

esta figura en acciones de tutela son:

1. La manifestación de estar actuando en tal calidad. ii. La imposibilidad del agenciados de defender directamente susDemandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

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derechos4.

33. Ahora bien, la señora Olga Lucía Navarro Cabal actúa como agente oficioso de su hermano, el señor Luis Felipe Navarro Cabal, quien fungió como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-016-2019-00224-00/01.

34. Respecto a lo anterior se resalta que la situación de imposibilidad del señor Luis Felipe Navarro Cabal, se encuentra identificada y acreditada, toda vez que, según el expediente, se trata de una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica que le

34. Respecto a lo anterior se resalta que la situación de imposibilidad del señor Luis Felipe Navarro Cabal, se encuentra identificada y acreditada, toda vez que, según el expediente, se trata de una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica que le impide acudir por sus propios medios y de manera autónoma a esta instancia constitucional, debido a su deterioro físico, emocional y psicológico . P or tanto, su hermana, se encuentra legitimada para actuar en su nombre y perseguir la protección de sus derechos.

35. Dicho lo anterior, se concluye que los accionantes son titulares de los derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la vida y a la salud que reclaman.

36. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca está legitimado en la causa por pasiva, al ser la autoridad respecto de la cual se predica la presunta mora judicial.

2.4. Problema jurídico

37. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a resolver en el

caso concreto es el siguiente:

● ¿El Tribunal de Valle del Cauca vulneró los derechos de petición, al debido proceso, a la vida y a la salud del señor Luis Felipe Navarro Cabal por incurrir en la presunta mora judicial injustificada al no brindar una respuesta a la solicitud de prelación de fallo elevada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-016-2019-00224-00/01?

38. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

derecho identificado con el radicado 76001-33-33-016-2019-00224-00/01?

38. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) generalidades de la acción de tutela, (ii) mora judicial, y (iii) el caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

39. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

4 Corte Constitucional, Sentencias T-382 de 2021 y T-072 de 2019.Demandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

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40. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesi ón del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. La mora judicial como causal de acción de tutela

41. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una interpretación

un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. La mora judicial como causal de acción de tutela

41. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución 5, del derecho fundamental al debido proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia7.

42. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:

(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, s erán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión8.

43. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protecc ión de sus derechos y garantías»9, y de otro lado, «la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean n ecesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo»10.

garantías»9, y de otro lado, «la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean n ecesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo»10.

44. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996Estatuaria de la Administración de Justicia -11 y con sustento en los principios de

5 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.” 6 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, au n cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado esc ogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 7 Sentencia T-006 de 1992. 8 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. 9 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 7 Sentencia T-006 de 1992. 8 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. 9 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006. 10 Ibídem. 11 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con e l fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.Demandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

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celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

45. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado Social de Derecho, en el que « ha dejado de ser el frio funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendasque se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad

que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendasque se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servido r vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material»12.

46. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilac ión en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos13.

47. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»14.

48. De conformidad con la sentencia SU -453 de 2020 de la Corte Constitucional , se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e

en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

49. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene que:

… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T -803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. 13 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. 14 Corte Constitucional. T-230 de 2013.Demandante: Olga Patricia Navarro Cabal como agente oficiosa de Luis Felipe Navarro Cabal Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04148-00

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estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras ci rcunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funci onario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones15.

50. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez 16. En este evento, debe acreditarse que la conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la administra ción de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.7. La posible configuración de la mora judicial en el caso concreto

51. Como se expuso en el acápite de antecedentes, a juicio de la parte actora la vulneración de los derechos sobre los que depreca la protección proviene de la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de prelación del fallo de segunda instancia, elevado en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanta su hermano contra la UGPP.

de pronunciamiento sobre la solicitud de prelación del fallo de segunda instancia, elevado en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanta su hermano contra la UGPP.

52. Al respecto es preciso indicar que los jueces al momento de proferir sentencia, deben hacerlo en el orden en que ingresa el proceso al despacho, sin embargo, en materia contenciosa administrativa, se p ude otorgar un trámite preferencial a ciertos casos siempre que concurran unos parámetros especiales establecidas en la ley.

53. Al respecto el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 establece lo siguiente:

DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. Cuando existan