CE - 110010315000202304182001SENTENCIA20230905092639

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: LUIS GILBERTO MARTÍNEZ MURILLO

Demandado: TRIBUNAL ADM INISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que se pretende usar la tutela como instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Gilberto Martínez Murillo contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 8 de agosto de 2023 1, el señor Luis Gilberto Martínez Murillo , por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a l debido proce so, de acceso a la

apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a l debido proce so, de acceso a la administración de justicia, a la vida en condiciones dignas, a la reparación integral y a la igualdad, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de febrero de 2023, que revocó el fallo del 1 3 de septiembre de 2022, emitido por el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá, y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda. Formuló las siguientes pretensiones:

1 Se advierte que, el 22 de agosto de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Primera: Amparar los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, protección especial, vida en condiciones dignas, reparación integral, igualdad, respeto al precedente y demás vulnerados a LUIS GILBERTO MARTINEZ MURILLO, por acciones u omisiones del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D, al momento de proferir la sentencia de 2ª Instancia el 09 de febrero de 2023 dentro del expediente con el radicado No. 11001334205620210003501, mediante la cual revocó el fallo del Juzgado

SUBSECCIÓN D, al momento de proferir la sentencia de 2ª Instancia el 09 de febrero de 2023 dentro del expediente con el radicado No. 11001334205620210003501, mediante la cual revocó el fallo del Juzgado Cincuenta y Seis (56) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C del 13 de septiembre de 2022, dentro de la acción de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el citado ciudadano.

Segunda: Dejar sin efectos el fallo segundo grado proferido por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D, de 2ª Instancia del 09 de febrero de 2023 proferido dentro del expediente con el radicado No. 11001334205620210003501, y, en su lugar ordenarle que procedan a emitir una nueva sentencia.

Tercera: Que se ordene a favor de LUIS GILBERTO MARTINEZ MURIL LO, se tenga en cuenta el precedente jurisprudencial que trata del contrato realidad, la favorabilidad en la interpretación de la relación laboral, la posición dominante Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., la realidad sobre la forma, el trato digno.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor Luis Gilberto Martínez Murillo prestó sus servicios como odontólogo en el Hospital Vista Hermosa desde el 14 de marzo de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2016, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios . Por considerar que en su ejecución se encubrió una relación laboral , el señor

Hospital Vista Hermosa desde el 14 de marzo de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2016, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios . Por considerar que en su ejecución se encubrió una relación laboral , el señor Martínez Murillo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la que en primera instancia fue conocida por el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá, el que, en sentencia del 13 de septiembre de 2022, accedió a las pretensiones por encontrar demostrados los tres elementos exigidos para el efecto (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación).

La decisión fue apelada por la Subred I ntegrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (antes Hospital Vista Hermosa) y del recurso conoció la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en sentencia del 9 de febrero de 2023, revocó el fallo de primera instancia y , en su lugar, negó las pretensiones, por considerar que la parte actora no cumplió con la carga de demostrar que cumplió sus labores bajo completa subordinació n.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.3. Argumentos de la tutela

Afirmó que la acción incoada cumple con los requisitos generales exigidos para la procedencia contra providencia judicial, especialmente sobre la relevancia constitucional expresó que se debate la transgresión a derechos funda mentales, con ocasión a la inadecuada apreciación de las pruebas y a la ausencia de

procedencia contra providencia judicial, especialmente sobre la relevancia constitucional expresó que se debate la transgresión a derechos funda mentales, con ocasión a la inadecuada apreciación de las pruebas y a la ausencia de valoración de algunos medios probatorios que eran relevantes para decidir el asunto.

Considera que la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes defectos específicos:

Defecto Fáctico. Señaló que la autoridad judicial demandada omitió valorar los medios de prueba que dan cuenta de la actividad subordinada del contratista, por ejemplo, afirmó que el accionante realizaba actividades similares a las establecidas e n los demás contratos de prestación de servicios prestados con la Subred, cuando lo cierto es que al expediente no se allegaron otros contratos con los que se pudiera hacer tal comparación.

Asimismo, el Tribunal tuvo por cierta la manifestación de la decl arante Ruth Marina Olivio Valdelamar, en relación con que la Subred impartía órdenes e instrucciones de trabajo, pero señaló que ello , por sí solo , no daba lugar a la declaratoria de existencia de la relación laboral, porque no se conocía si las ordenes in cumbían solo al demandante o a todos los trabajadores, tampoco cuándo o cada cuánto se impartían, desconociendo que el contratista recibió órdenes y directrices para la ejecución de sus labores, tal y como se desprende del testimonio en cita y del propio interrogatorio de parte.

De otr o lado, en la providencia censurada se indicó que no se probó que el accionante tuviera como obligación asistir a las reuniones, ni tampoco quién las presidía, ni cuál era la temática a discutir, y por ello se mermó valor pro batorio a

accionante tuviera como obligación asistir a las reuniones, ni tampoco quién las presidía, ni cuál era la temática a discutir, y por ello se mermó valor pro batorio a las declaraciones escuchadas, sin embargo, en criterio de la parte actora , lo argumentado por el Tribunal no niega la existencia de órdenes y directrices que se impartían al actor, de donde se deriva la subordinación en el desarrollo de las labores.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

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Destacó la existencia de varios medios de prueba como el certificado de cumplimiento de contrato, el informe de actividades, los correos de citación a reunión de odontólogos y los higienistas del Cami Vistahermosa, que muestran la obligación que tenía el demandante de asistir a las capacitaciones y reuniones programadas por la entidad y, por tanto, desvirtúan la independencia predicada por la autoridad judicial accionada.

Del mismo modo, adujo que el Tribunal erró cuando afirmó que no se aportaron pruebas adicionales que respalden las declaraciones del accionante respecto del cumplimiento de horarios y turnos, habida consideración a que se escuchó el testimonio de Ruth Marina Olivio Valdelamar que coincidió en dichas apreciaciones y, por ende, se les debió dar crédito, aunque en el plenario no obren documentos que avalen tal situación.

En la misma línea, destacó que la autoridad accionada se equivocó cuando señaló que en el proceso no se demostró que las actividades desarrolladas por el actor

documentos que avalen tal situación.

En la misma línea, destacó que la autoridad accionada se equivocó cuando señaló que en el proceso no se demostró que las actividades desarrolladas por el actor fueran cumplidas por personal de planta, toda vez que del testimonio de la señora Olivio Valderrama se colige sin duda que el señor Alex Merchán estaba adscrito a la planta de personal de la entidad y fungía como ontólogo facilitador y odontólogo general de planta, y con ello , se acredita que el accionante ejecutaba sus labores como personal de planta pero no recibía un trato igual.

Aunado a la declaración de la testigo, se encuentra el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Hospital Vista Her mosa I Nivel E.S.E., que da cuenta de la existencia del cargo de odontólogo, código 214, grado 25 , en la entidad prestadora de servicios de salud ; y permite, además, la comparación de las labores contratadas con las asignadas a dicho empleo, para concluir su similitud.

Sumado a lo anterior, se encuentra la justificación del contrato, en la que se expresa con claridad que se hace necesaria la contratación del accionante porque no se cuenta con personal de planta suficiente para el desarrollo de la actividad .

Afirmó que la autoridad judicial encartada tampoco tuvo en cuenta que al señor Martínez Murillo se le designó como facilitador de un grupo de trabajo, y por ello, fungía como intermediario entre la dirección del hospital y el grupo, sino que también est aba obligado a contribuir con el cumplimiento de las metasRadicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección D

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

institucionales, que eran evaluadas con posterioridad, de todo lo cual, da cuenta el correo de 9 de julio de 2021 allegado al expediente.

Desconocimiento del precedente jurisprudencial . Consideró que se desconocieron las directrices impartidas por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021, 2013-01143 de 2021 del 9 de septiembre de 2021, porque no se tuvo en cuenta que el accionante prestó sus servicios a la entidad por más de diez años, desarrollando actividades propias del cargo de odontólogo, es decir, que su labor no fue temporal, sino que se prolongó en el tiempo y tuvo continuidad.

Agregó que el Tribunal omitió que la jurisprudencia «ha considerado, como indicios d e la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan: i) El lugar de trabajo; ii) El horario de labores; iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, v) Que las actividades o tar eas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral», indicios que se presentan en el caso bajo estudio y por ende, se hace evidente la existencia de la relación laboral entre las partes.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 4 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Subsección D de la

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 4 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Subsección D de la Sección Segund a del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte demandada, y, como tercera con interés, a la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (antes Hospital Vista Hermosa E.S.E.) , toda vez que la entidad que representa intervino c omo demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 -33-42-056202100035-01. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La magistrada ponente de la providencia cen surada intervino oportunamente para solicitar que se niegue el amparo solicitado, en razón a que no se vulneró derecho fundamental alguno , pues del análisis de los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación incoado por la Subred Integrada de Servicio s de Salud Sur E.S.E., se determinó que era ajustado a derecho revocar la decisión del a quoRadicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto no se demostró que la labor desempeñada por el contratista lo fue bajo subordinación.

Señaló que en la providencia objeto de reproche se expusieron con suficiencia los

que accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto no se demostró que la labor desempeñada por el contratista lo fue bajo subordinación.

Señaló que en la providencia objeto de reproche se expusieron con suficiencia los argumentos que condujeron a la Sala a la decisión, habida consideración de que en el proceso no se acreditaron los elementos de la relación laboral, a saber, la existencia de la prestación pers onal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.

Insistió en que en el caso de autos no se observa la configuración de alguno de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contr a providencia judicial y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia .

2.2. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. manifestó que la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera inst ancia, y que en este caso es claro que la autoridad judicial encartada no quebrantó derecho fundamental alguno y tuvo en cuenta la totalidad del material probatorio obrante en el expediente.

Adujo que el escrito de tutela no cumple con el requisito de rel evancia constitucional, como quiera que el Tribunal accionado de manera acuciosa relacionó la totalidad del material probatorio allegado y la verdadera discrepancia de la parte actora reside en su valoración, aspecto en el cual no puede inmiscuirse el juez de tutela, porque reabriría el debate que se surtió en sede ordinaria. Además, el accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia del

inmiscuirse el juez de tutela, porque reabriría el debate que se surtió en sede ordinaria. Además, el accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional incoado.

2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de relevancia con stitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos endilgados y, por ende, vulner ó los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 2, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentale s para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, t oda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento de l requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)

2 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como

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una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostien e que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

De entrada, la Sala considera que la presente tutela deviene improcedente porque se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario. Concretamente, la parte actora co nsidera que, en su caso particular, la sentencia del 9 de febrero de 2023 , dictada por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en defecto fáctico porque omitió valorar los medios de prueba que dan cuenta de la actividad subordinada del contratista.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada mermó valor a la declaración de la señora Ruth Marina Olivio Valdelamar , quien, en su sentir, dio cuenta de las

omitió valorar los medios de prueba que dan cuenta de la actividad subordinada del contratista.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada mermó valor a la declaración de la señora Ruth Marina Olivio Valdelamar , quien, en su sentir, dio cuenta de las órdenes e instrucciones de trabajo que la Subred contr atante impartía al señor Martínez Murillo, así como de la obligatoriedad de asistir a reuniones y capacitaciones programadas por la entidad, y del sometimiento a una jornada laboral estricta.

Para la Sala , de la simple comparación entre las razones esgrim idas en la demanda ordinaria y los fundamentos aludidos en la solicitud de amparo, se evidencia que los argumentos que sustentan el defecto fáctico fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido en el proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho, y sobre el cual se pronunci ó el fallador de segunda instancia , ahora accionado, de forma razonable y haciendo un análisis extenso, que de ninguna manera se encuentra caprichoso sino más bien racional

3 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

y suficiente, diferente es que e l actor no se encuentre de acuerdo con la valoración probatoria realizada por el ad quem.

En efecto, frente al requisito de subordinación, indispensable para declarar

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

y suficiente, diferente es que e l actor no se encuentre de acuerdo con la valoración probatoria realizada por el ad quem.

En efecto, frente al requisito de subordinación, indispensable para declarar probada la existencia de una relación laboral subyacente o encubierta tras los contratos de prestación de servicios, en la sentencia censurada se indicó:

Ahora bien, para determinar la configuración o no el elemento de la subordinación, de los contratos de prestación de servicios se advierte que, el accionante, fue vinculado para “prestar se rvicios profesionales y de apoyo a la gestión como ODONTÓLOGO dentro de diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E., de acuerdo a las necesidades de la instrucción”.

De conformidad con el contrato No.005200 -2016 se demuestra, que la parte actora realizaba actividades, similares a las establecidas en los demás contratos de prestación de servicios suscritos con la Sud Red Integrada de Servicios de Salud E.S.E., a saber: (…)

Es decir que de la lectura del objeto c ontractual y del listado de actividades, no se puede asegurar que, para el desarrollo de los mismos, se necesitara del acatamiento de órdenes instrucciones por parte de un superior.

Obsérvese que el Tribunal , luego de analizar las labores contratadas , concluyó que de ellas no se derivaba necesariamente el elemento de la subordinación, toda vez para el desarrollo de las actividades indicadas en los contratos no se requería seguir órdenes o instrucciones por parte de un superior.

El accionante centra su ale gación en el segundo párrafo transcrito, en el que se

vez para el desarrollo de las actividades indicadas en los contratos no se requería seguir órdenes o instrucciones por parte de un superior.

El accionante centra su ale gación en el segundo párrafo transcrito, en el que se indica «que la parte actora realizaba actividades, similares a las establecidas en los demás contratos de prestación de servicios », porque, en su sentir, esa comparación debía hacerse con las funciones asignadas al personal de planta, sin embargo, independientemente de esa afirmación, para la Sala es claro que la autoridad judicial accionada revisó el objeto y las obligaciones contractuales y , a su juicio, no encontró que para su cumplimiento el señor Ma rtínez Murillo tuviera que estar subordinado.

Siguiendo con lo que señala la providencia, se lee:

En ese mismo orden de ideas, de las pruebas obrantes en el plenario, no resultan suficientes a la hora de demostrar el vínculo laboral, por las siguientes razones:Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La prueba testimonial no dio la suficiente certeza de la configuración del elemento de subordinación habida cuenta que, pese a las afirmaciones de la declarante acerca de la obligación de cumplir un turno -jornada laboral, no se aportó otro medio de convicción que permita, demostrar el cumplimiento de un horario específico, como tampoco la exigencia del mismo.

Tampoco es claro para la Sala que tipo de órdenes o instrucciones se

no se aportó otro medio de convicción que permita, demostrar el cumplimiento de un horario específico, como tampoco la exigencia del mismo.

Tampoco es claro para la Sala que tipo de órdenes o instrucciones se impartieron al demandante, pues, no se describen las circunstancias de modo, tiempo o cantidad de trabajo que debía realizar el señor Luis Gilberto Martínez Murillo, durante la ejecución de los contratos; lo cual deslumbra que el demandante, contaba con total independencia o autonomía en el desarrollo de las labores.

Si bien la testigo Ruth Marina Olivio Valdelamar, manifestó que cuando se realizaban reuniones con todo el equipo de trabajo, se recibían “órdenes” y que la retroalimentación e instrucciones eran para todo el equipo de trabajo, para la Sala, ello por sí mismo, n o da lugar a que se declare la existencia del contrato laboral, máxime cuando, en ningún momento hace referencia a que las órdenes se le hubieran impartido única y exclusivamente al demandante o de forma específica, ni cuándo o cada cuanto se realizaban estas reuniones.

Tampoco existe prueba de que era obligatorio asistir a dichas reuniones, ni quien las presidía, ni cuál era la temática a discutir, ni tampoco quienes eran las coordinadoras que supuestamente les daban órdenes.

En este punto, es de señalar que la mera manifestación de “…que cumplía un horario de trabajo que era señalado por la demandada” en manera alguna, constituye prueba suficiente para la formación del convencimiento sobre la verificación de la exigida subordinación, en tanto que, no existe el caudal probatorio que respalde la afirmación de la testigo, así lo señaló el Consejo de Estado: (…)

alguna, constituye prueba suficiente para la formación del convencimiento sobre la verificación de la exigida subordinación, en tanto que, no existe el caudal probatorio que respalde la afirmación de la testigo, así lo señaló el Consejo de Estado: (…)

Cabe destacar, que le resulta imposible a la Sala, confrontar la versión rendida por la testigo con otras pruebas documentales que permitan acreditar, que el demandante ejecutó su labor bajo la permanente y continúa subordinación por parte del Hospital.

Advierte la Sala que, contrario a lo manifestado por el libelista, el Tribunal accionado sí valoró el caudal probatorio en su extensión, muestra de ello es la relación que se efectúa en el acápite de la sentencia «3.1. Documentos Aportados», no obstante, no encontró en la documental el respaldo a las afirmaciones de la testigo, en lo que tiene que ver con el cumplimiento del horario, toda vez que, como el mismo actor lo reconoce en el escrito de tutela, al plenario no se aportaron planillas de turnos ni otros documentos que dieran cuenta de e se hecho.

Tampoco halló sustento al dicho de la deponente, según el cual era una obligación del contratista acu dir a las reuniones programadas por la institución de salud, en las que recibía presuntas órdenes; por el contrario, precisó que no existía prueba que indicara tal imposición de asistencia y fue enfático al señalarRadicación: 11001-03-15-000-2023-04182-00

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que la declaración se quedaba corta , al i gual que los demás medios de prueba valorados, para determinar quién presidía dichos encuentros, cuál era la temática que se discutía y quién impartía las instrucciones que supuestamente tenía que seguir.

Para el juzgador de segunda instancia , «la mera ma nifestación de “…que [el contratista] cumplía un horario de trabajo que era señalado por la demandada (…)” en manera alguna, constituye prueba suficiente para la formación del convencimiento sobre la verificación de la exigida subordinación », afirmación qu e no puede ser rebatida por el juez de tutela sin desconocer la autonomía e independencia del juez natural.

Recuérdese que en la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial prima la autonomía e independencia del juez de la causa , que es el llamado a determinar la utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de criterios objetivos y razo