CE - 110010315000202304187001SENTENCIA20230914105032

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario que se siguió al accionante por la vulneración de lo dispuesto en los artículos 28, numeral 8; 33, numeral 9; 34, literal c; 35, numeral 3 y 37, numeral 1, de la Ley 1123 de

2007.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Francisco González Castillo promueve acción de tutela contra la providencia del 22 de febrero de 2023, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , que modificó el fallo del 1.º de junio de 2022 dictado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

PRIMERO: Que se tutele el derecho al [debido proceso] del accionante, y como consecuencia se advierta a los jueces colegiados cuestionados que al no observarse la división de roles en el proceso disciplinario se generó una nulidad constitucional del debido proceso y como consecuencia de ello se rehaga el proceso con las garantías establecidas en la Constitución y la ley.

SEGUNDO: Que como consecuencia se revoquen las sentencias cuestionadas.

TERCERO: Que en fallo de tutela amparen los derechos de [debido proceso, derecho al trabajo ] y a la seguridad jurídica del accionante dentro del proceso disciplinario.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:

1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar adelantó en su contra una investigación bajo el radicado 13001 11 02 000 2018 00336 00, en la que fungieron como quejosos los señores Ezequiel Sevilla Monterrosa y Ana Amelia Segura.

1. El 1.º de junio de 2022, se profirió sentencia en la que fue declarado disciplinariamente responsable y sanci onado con exclusión en el ejercicio de la profesión por incumplimiento del deber impuesto en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en las faltas previstas en los artículos 33, numeral 9 ; 34,

profesión por incumplimiento del deber impuesto en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en las faltas previstas en los artículos 33, numeral 9 ; 34, literal c y 35, numeral 3, ibidem, la última a título de culpa.

1. Surtida la alzada la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en providencia del 22 de febrero de 2023, modificó la sentencia de primera instancia y le impuso sanción de suspensión de tres años en el ejercicio de la profesión y negó la nulidad propuesta.

1. Las autoridades demandadas al dictar esas decisiones violaron sus derechos al debido proceso, al trabajo y le causaron un perjuicio irremediable, pues no respetaron el principio constitucional según el cual el magistrado instructor del proceso disciplinario no puede ser el mismo juzgador; es decir, no hubo división de roles, toda vez que el funcionario que formuló pliego de cargos emitió el fallo objeto de reproche.

Lo anterior contraría lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 20943

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

de 2021, artículo 12.

1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar dentro del proceso 13001 11 02 000 2016 00423 01 impuso sanción al abogado Bladimir Alviz Vélez de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis meses y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió la apelación confirmando esa decisión; sin embargo, dos magistrados salvaron voto para manifestar que las facultades

suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis meses y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió la apelación confirmando esa decisión; sin embargo, dos magistrados salvaron voto para manifestar que las facultades investigativas y sancionatorias deben recaer en personas diferentes para evitar la concentración de esas facul tades en un solo funcionario y, con ello, garantizar los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la garantía del juez imparcial, consideraciones que deben tenerse en cuenta para resolver su caso.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega q ue con l as providencias objeto de censura se vulner aron sus derechos al trabajo, a la defensa y a l debido proceso , porque no observó los precedentes y derroteros jurisprudenciales en cuanto a la división de roles de instructor y juzgador. Al efecto, aduce lo siguiente:

1. Por disposición constitucional los falladores naturales en los juicios disciplinarios para los abogados son la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial, así se estableció en la Ley 1123 de 2007 . El procedimiento para estos asuntos y conforme con la exig encia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está previsto en el Código Disciplinario Único, Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

1. Con el propósito de dar cumplimiento a la exigencia de división de roles, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA22-11941 del 28 de marzo de 2022 cre ó distritos disciplinarios transitorios para garantizar la separación de las

1. Con el propósito de dar cumplimiento a la exigencia de división de roles, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA22-11941 del 28 de marzo de 2022 cre ó distritos disciplinarios transitorios para garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento. En el artículo 1.º establece la organización de los distritos judiciales que integran el territorio nacional y en el artículo 2.º dispone la forma en que se adelantaran los procesos disciplinarios, en las comisiones seccionales4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

de Disciplina Judicial que solo tengan dos despachos de magistrado.

1. La garantía de división de roles debe aplicarse en los procesos disciplinarios regidos por la Ley 1123 de 2007 cuando la sentencia sancionatoria sea posterior a la entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019, siempre que el magistrado instructor que participó en la formulación de cargos suscriba también el fallo, como sucede en el presente asunto.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 14 de agosto de 2023, que se ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar , como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a los señores Ezequiel Sevilla Monterrosa y Ana Amelia Segura y a todas las personas que intervinieron dentro de la investigación disciplinaria con radicación 13001 11 02 000 2018 00336 00 [01], como terceros interesados en las

Segura y a todas las personas que intervinieron dentro de la investigación disciplinaria con radicación 13001 11 02 000 2018 00336 00 [01], como terceros interesados en las resultas de est e proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar. El magistrado Orlando Díaz Atehortúa solicita se nieguen las pretensiones, por las siguientes razones:

1. La primera solicitud que formula el accionante referente a que se decrete la nulidad del proceso disciplinario para garantizar el debido proceso y el derecho al trabajo no tiene vocación de prosperidad, por cuanto en el asunto se dio aplicación a lo normado en la Ley 1123 de 2007, que en los artículos 104, 105 y 106 establecen el procedimiento para adelantar las investigaciones en contra de los abogados.

1. Comoquiera que la nulidad es una solución extrema y sus causales son taxativas,5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

su decreto debe estar orientado por principios que se dirigen a q ue se aplique como última ratio; por consiguiente, no es posible acceder a las planteadas por el accionante, ya que en las actuaciones surtidas en el desarrollo de la averiguación disciplinaria se dio aplicación a lo previsto en el Código Disciplinario del Abogado.

1. Por ende, no se vulneró el debido proceso , pues ello requiere de una actuación con desconocimiento a las garantías que origine la violación de derechos sustanciales

dio aplicación a lo previsto en el Código Disciplinario del Abogado.

1. Por ende, no se vulneró el debido proceso , pues ello requiere de una actuación con desconocimiento a las garantías que origine la violación de derechos sustanciales de una de las partes del asunto, situación que en el expediente no se vislumbra.

1. Respecto al derecho al trabajo no se le puede endilgar violación alguna, debido a que si bien la profesión de abogado es libre e independiente como en todas las labores, existen deberes y derechos a cumplir, y en caso de quebrantamiento de una obligación es procedente una sanción como ocurre con la parte actora.

1.6.2. De la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El magistrado Juan Carlos Granados Becerra pide se de niegue el amparo deprecado y rinde informe en los siguientes términos:

1. Se echa de menos la argumentación que permita considerar que se configuran, tanto los requisitos generales como uno de procedibilidad, de tal manera, que no es posible concebir en el asunto sub lite que el mecanismo de tutela es procedente.

1. Así mismo, no se advierte que el accionante haya cumplido con la carga procesal de explicar cu áles de l as causales específicas se cumplen. Lo anterior, teniendo en cuenta que ello le correspon de al demandante, de tal manera que el juez de tutela pueda realizar el análisis de procedibilidad correspondiente.

1. No obstante lo anterior, se puede constatar que la providencia del 22 de febrero de 2023 contra la que se interpuso la solicitud de amparo no vulneró ningún derecho fundamental del accionante, pues el órgano competente para desatar las quejas disciplinarias presentadas contra los abogados es la Comisión Nacional de Disciplina

2023 contra la que se interpuso la solicitud de amparo no vulneró ningún derecho fundamental del accionante, pues el órgano competente para desatar las quejas disciplinarias presentadas contra los abogados es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Además, se tuvieron como base los preceptos existentes y procedentes para6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

el caso particular y se sig uieron las normas procedimentales esta tuidas para los procesos disciplinarios surtidos contra los profesionales del derecho, esto es, la Ley 1123 de 2007.

1. Así mismo, del acervo recaudado al interior del plenario se logró demostrar la responsabilidad disciplinaria del abogado Francisco González Castillo en las faltas previstas en los artículos 37 numeral 1, a título de culpa; artículo 33 numeral 9, artículo 34, literal c) y artículo 35 , numeral 3 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, lo que llevó a modificar la sanción de exclusión, para imponer tres años de suspensión en el ejercicio de la profesión, sin que se hallara prueba alguna que permitiera tomar una decisión diferente ; por el contrario, se llegó al grado de certeza requerido por el legislador, específicamente, en el artículo 97 ejusdem.

1. Resulta de alta importancia recordar que la preceptiva aplicable en el caso de abogados corresponde a la Ley 1123 de 2007, en la cual se instituye de forma precisa el procedimiento que se debe seguir, siendo claro que solamente es posible realizar una integración normativa, remitiéndose a la Ley 1952 de 2019, respecto de ciertos aspectos no regulados.

el procedimiento que se debe seguir, siendo claro que solamente es posible realizar una integración normativa, remitiéndose a la Ley 1952 de 2019, respecto de ciertos aspectos no regulados.

1. Quiere decir lo precedente, que en el sub lite no resulta procedente utilizar el procedimiento contemplado en la Ley 1952 de 2019, pues el Estatuto Deontológico del Abogado tiene el régimen a aplicar, al cual debe ceñirse la autoridad judicial.

1. Los jueces deben someterse al imperio de la ley, por tanto, no puede pretender el accionante el desconocimiento de lo preceptuado en las normas, mucho menos para apartarse de lo reglado en la Ley 1123 de 2007, por lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ni siquiera en obedecimiento de los parámetros de integración normativa, pues, como ya se explicó, el precitado principio, solo es aplicable ante la existencia de vacíos jurídicos.

1. En relación con el precedente judicial, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-440 de 2022, dejó claro que en el procedimiento establecido en la Ley 1123 de 2007,7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

se halla garantizada la separación de roles ; por ello, la declaró exequible . En ese sentido, se debe tener en cuenta que el argumento planteado por el accionante ya fue decantado por esa corporación, por lo que no es procedente inaplicar la correspondiente normativa.

1. Ahora, el salvamento de voto no es un criterio vinculante, por ende, es importante

decantado por esa corporación, por lo que no es procedente inaplicar la correspondiente normativa.

1. Ahora, el salvamento de voto no es un criterio vinculante, por ende, es importante referenciar que, si bien es cierto el accionante expone que en la providencia objeto de la presente acción de tutela, un magistrado procedió a salvar su voto, lo cierto es que la Sala mayoritaria aprobó la decisión que quedó debidamente ejecutoriada.

1. La Corte Constitucional en Sentencia SU-215 de 2022 indicó que «[e]l salvamento de voto permite a los disidentes [de lo resuelto] explicar las razones por las cuales estuvieron en desacuerdo […], según hubiere quedado planteado a partir de su voto negativo», sin que ello signifique que la providencia se encuentre invalidada o viciada de un error que amerite su revocación por medio del mecanismo de tutela.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, 1 según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto », la Sala es competente para conocer del presente asunto.

Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto », la Sala es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

1 Fue modificado mediante el numeral 8 del artículo 1.o del Decreto 1983 de 2017.8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor Francisco González Castillo contra la providencia de l 22 de febrero de 202 3, que profirió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso disciplinario con radicación 13001 11 02 000 2018 00336 01.

2.3. De la pro cedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión

las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tie ne en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

2 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los

ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 24 de mayo de 2018, los señores Ezequiel Sevilla Monterrosa y Ana Amelia Segura Pérez interpusieron queja disciplinaria contra el abogado Francisco González Castillo para que fuera investigado por la presunta comisión de las faltas disciplinarias contempladas en los artículos 34, 35 y 37 de la Ley 1123 de 2007.6

2.4.2. El 28 de mayo de 2018, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dictó auto de apertura del proceso disciplinario en contra del accionante bajo la radicación 13001 11 02 000 2018 00336 00.7

2.4.3. El 1.º de junio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar profirió sentencia de primera instancia, en la que dispuso lo siguiente:8

PRIMERO: DECLARAR responsable disciplinariamente al doctor FRANCISCO GONZÁLEZ CASTILLO […] por la comisión de las faltas disciplinarias prevista (sic) en el artículo 35, numeral 3º, artículo 34 literal C, artículo 33, numeral 9 y en el artículo 37, numeral 1 de la Ley 1[1]23 de 2007, esta última a título de culpa y el resto en

el artículo 35, numeral 3º, artículo 34 literal C, artículo 33, numeral 9 y en el artículo 37, numeral 1 de la Ley 1[1]23 de 2007, esta última a título de culpa y el resto en

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 6 Índice 13, del expediente electrónico. 7 Índice 13, del expediente electrónico. 8 Índice 13, del expediente electrónico.11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

la modalidad dolosa, de conformidad con las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: IMPONER [s]anción de EXCLUSIÓN de la profesión al doctor FRANCISCO GONZÁLEZ CASTILLO […] por lo motivado con antelación.

[…]

CUARTO: Contra esta providencia procede el recurso de alzada, por la parte sancionada y por el Ministerio Público, en caso de que no se interponga, se consultará la providencia por el [s]uperior, en lo relacionado con la sanción.

[…]

2.4.4. El 22 de febrero de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al decidir el recurso de apelación, resolvió lo siguiente:

PRIMERO[:] NEGAR LA NULIDAD instaurada por el defensor de oficio del disciplinable, por las razones expuestas en la providencia.

el recurso de apelación, resolvió lo siguiente:

PRIMERO[:] NEGAR LA NULIDAD instaurada por el defensor de oficio del disciplinable, por las razones expuestas en la providencia.

SEGUNDO[:] MODIFICAR la sentencia proferida el 1 de junio de 2022 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, la cual quedará así:

• ORDENAR la terminación de la actuación disciplinaria respecto de las faltas contenidas en los artículos 33 numeral 9 y 35 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007, conforme lo expuesto en precedencia.

• CONFIRMAR la responsabilidad disciplinaria del abogado FRANCISCO GONZÁLEZ CASTILLO , por quebrantar los deberes descritos en el artículo 28 numerales 8 y 10 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en las faltas consagradas en el literal c) del artículo 34 de la [L]ey 1123 de 2007, en modalidad dolosa, y numeral 1 del artículo 37 ibidem, en modalidad culposa, conforme a las consideraciones expresadas en el cuerpo de esta providencia.

• REDUCIR la sanción de EXCLUSIÓN impuesta a TRES (3) AÑOS DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, conforme se expuso con antelación.

TERCERO: Efectuar las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando para el efecto los correos electrónicos que obran en el expediente, incluyendo en el acto de notificación copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recepcione acuse de recibo, luego de lo cual se dejará constancia de

de notificación copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recepcione acuse de recibo, luego de lo cual se dejará constancia de ello en el expediente, adjuntando la impresión del mensaje de datos y del respectivo acu se de recibo, debidamente certificados por el servidor de la Secretaría Judicial.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

ejecutoria.

[…]

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate plantea do por el accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al trabajo.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión que se planteó dentro del proceso disciplin ario con radicación 13001 11 02 000 2018 00336 01.

se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión que se planteó dentro del proceso disciplin ario con radicación 13001 11 02 000 2018 00336 01.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la decisión objeto de reproche constitucional data del 22 de febrero de 2023, quedó ejecutoriada en la fecha de su suscripción de conformidad con los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002 y 16 de la Ley 1123 de 2007, 9 y la presente acción de tutela se radicó en la Secretaría General de esta corporación el 3 de agosto de 2023,10 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración», ya que de la situación fáctica y de los fundamentos jurídicos se infiere que la parte actora plantea la presunta

9 Índice 13, del expediente electrónico. 10 Índice 1, del expediente electrónico.13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04187 00

Demandante: Francisco González Castillo

configuración de un defecto sustantivo por la inaplicación de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019.

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión

configuración de un defecto sustantivo por la inaplicación de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019.

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso disciplinario.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la providencia del 22 de febrero de 2023, que emitió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las razones prev istas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar del