CE - 110010315000202304194001SENTENCIA20230927193256

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04194-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: EMILIO RAMÍREZ CUERVO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL D E LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA

DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN

RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO DISCIPLINARIO.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL2.

1 En adelante la COMISIÓN SECCIONAL. 2 En adelante la COMISIÓN NACIONAL.2

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Actor: EMILIO RAMÍREZ CUERVO

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor EMILIO RAMÍREZ CUERVO , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su derecho fundamental al debido proceso y al principio de congruencia, los cuales , a su juicio, le fue ron vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL al haber proferido las sentencias de 18 de diciembre de 2020 3 y 12 de abril de 2023, respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000-2015-04389-02.

I.2.- Hechos

Manifestó que el señor CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas4 y la señora SANDRA PATRICIA FELICIANO PARRA formularon queja disciplinaria en su contra.

3 Providencia dictada en su momento por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. 4 En adelante la Universidad.3

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Adujo que, como sustento de la queja, la Universidad aseveró que este, en calidad de apod erado de la señora AURA ALICIA PARRA RODRÍGUEZ (q.e.p.d.), presentó solicitud de reconocimiento y pago de la sustitución pensional como cónyuge sobreviviente del señor GERMÁN ESPITIA ALBA (q.e.p.d.), a pesar de que la misma había fallecido el 19 de octubre de 2010, circunstancia que omitió en la petición.

Destacó que la Universidad mediante Resolución núm. 717 de 27 de abril de 2015, reconoció el 100% de la mesada pensional en favor de la señora AURA ALICIA PARRA RODRÍGUEZ (q.e.p.d.), lo cual le fue notificado sin que pusiera en conocimiento del fallecimien to de aquella.

Refirió que, por su parte, la señora FELICIANO PARRA reprochó que el litigante le embargó la casa de su progenitora, la señora AURA ALICIA PARRA RODRÍGUEZ (q.e.p.d.), como una medida para que firmara algunos documentos; además, que le afirmó que lo reconocido por la Universidad serían diecisiete millones de pesos ($17.000.000.oo), monto del cual debía pagarle el 40%, pese a que lo realmente reconocido fueron ciento setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil quinientos veintidós pesos4

($17.000.000.oo), monto del cual debía pagarle el 40%, pese a que lo realmente reconocido fueron ciento setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil quinientos veintidós pesos4

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($178.750.522.oo).

Indicó que el proceso disciplinario correspondió a la COMISIÓN SECCIONAL que, bajó el número único de radicación 2015 -0438900 y luego de llevarse a cabo todas las etapas procesales, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2020 , lo declaró responsable y le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio profesional por el término de cuatro (4) meses, al hallarlo responsable de incurrir en falta a la honr adez establecida en el artículo 35 , numeral 4º, de la Ley 1123 de 2007, agravada por la utilización en provecho propio, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4º del literal c ), del artículo 45 ejusdem.

Relató que inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por la COMISIÓN NACIONAL que, en providencia de 12 de abril de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor , la COMISIÓN NACIONAL no valoró que la prescripción para el presente asunto, debía analizarse de forma

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor , la COMISIÓN NACIONAL no valoró que la prescripción para el presente asunto, debía analizarse de forma particular, comoquiera que la presunta retención de dineros no se dio5

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sobre valores que le correspondían a la quejosa, pues esta era consciente que debía pagar el valor de lo s honorarios, así como el valor de la obligación natural heredada por su progenitora, con los dineros resultantes de las gestiones, a quien se le depositó el valor restante y que le correspondía luego de las deducciones permitidas en virtud del acuerdo de pago.

Afirmó que tanto la primera como la segunda instancia lo que reprochan es que no haya existido una supuesta liquidación del crédito dentro del proceso y por tanto aducen que la conducta es permanente, porque no ha procedido a reintegrar supuestamente el valor del dinero deducido por concepto de la obligación civil reconocida, lo cual resulta contrario a la realidad, por lo que la conducta debió considerarse de carácter instantáneo.

Así las cosas, destacó que la acción disciplinaria se encontraba prescrita para el momento que se dictó sentencia de segunda instancia, de tal forma que las autoridades judiciales accionada s incurrieron en violación directa de la Constitución al omitir analizar tal aspecto.

Comentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un6

instancia, de tal forma que las autoridades judiciales accionada s incurrieron en violación directa de la Constitución al omitir analizar tal aspecto.

Comentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un6

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defecto orgánico, toda vez que entraron a valorar deducciones que se hicieron en el marco de los acuerdos de pago celebrados en calidad de persona natural y no de abogado, pasando por alto que la acción disciplinaria se dirige únicamente cont ra los profesionales del derecho, por lo que no les era dable inferir sobre conductas derivadas del acuerdo civil.

De otra parte, aseguró que también se incurrió en un defecto fáctico, en la medida en que basaron su decisión en una prueba imposible e inexistente, pues el proceso ejecutivo singular finalizó por auto de 30 de julio de 2015 y la deducción, conforme los acuerdos de pago, fue realizada el 15 de octubre de esa anualidad; además, que la apertura de la investigación se dio por unos hechos diferent es a la conducta imputada.

Advirtió que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto material o sustantivo al realizar una valoración errada de los hechos y el material probatorio obrante en el expediente, pues la acusación de la quejos a no resulta contundente con el material probatorio obrante en el expediente, por lo que sus afirmaciones son

defecto material o sustantivo al realizar una valoración errada de los hechos y el material probatorio obrante en el expediente, pues la acusación de la quejos a no resulta contundente con el material probatorio obrante en el expediente, por lo que sus afirmaciones son temerarias y faltas de verdad.7

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Adujo que está demostrado en el expediente que, con ocasión al cumplimiento de los acuerdos de pago celebrados entre las partes, procedió a deducir de manera automática los dineros que por derecho propio y fruto de su trabajo le correspondían, lo que sumab an un total de setenta y dos millones quinientos doscientos ocho pesos ($72.500.208), equivalente al 40% de lo pactado en el contrato de prestación de servicios, por lo que el análisis hecho por las accionadas resultó errado.

De otra parte, afirmó que se desconoció el precedente judicial dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2001, en cuanto al carácter de la prohibición de imprescriptibilidad en el marco de las sanciones en materia disciplinaria, por lo que la COMISIÓN NACIONAL debió declarar el fenómeno prescriptivo alegado.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, Dejar sin valor y efecto la providencia de fecha 18 de diciembre del año

alegado.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, Dejar sin valor y efecto la providencia de fecha 18 de diciembre del año 2020, adoptada por entonces CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DE BOGOTÁ — SALA JURISDICCIONAL8

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DISCIPLINARI, así como la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL de fecha 12 de abril del año 2023, para que en el término que estime la Sala en su decisión, y proceda a realizar la adecuada y cuidadosa valoración del material probatorio, tomando en consideración los requisitos sustanciales, procesales y probatorios adecuados para el desarrollo de la apelación, reconociendo el exime nte de responsabilidad y la prescripción de la conducta […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL señaló que los acuerdos de pago celebrados con la quejosa, como heredera del pasivo que dejó la causante y que dieron por terminado el proceso ejecutivo, los suscribió el actor como persona natural, empero ello no quiere decir que el juez disciplinario haya excedido su competencia al valorarlos y hacerlos parte fundante de la decisión adoptada.

causante y que dieron por terminado el proceso ejecutivo, los suscribió el actor como persona natural, empero ello no quiere decir que el juez disciplinario haya excedido su competencia al valorarlos y hacerlos parte fundante de la decisión adoptada.

Lo anterior, comoquiera que dichos acuerdos constituyeron un componente lógico de conexión que permitió establecer, en primera medida, la autorización con la que contaba el abogado para descontar el dinero recibido por cuenta del reconocimiento pensional, sus honorarios y el monto de la deuda heredada por la quejosa y, en segundo lugar, dejó ver que el abogado excusándose en esa autorización, no solo tomó el dinero para cobrar se sus honorarios y cubrir el monto de lo adeudado a la progenitora, sino que excedió sin9

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justificación tales montos.

Así las cosas, refirió que no era de tal acierto que haya actuado sin competencia ni que se hubiese incurrido en un defecto orgánico, pues no actuó al margen de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007.

Puso de presente que tampoco se incurrió en el defecto fáctico alegado, comoquiera que la liquidación echada de menos fue mencionada con el acuerdo que él suscribió con la quej osa, lo que hace razonable la conclusión del juez colegiado de instancia, sobre

alegado, comoquiera que la liquidación echada de menos fue mencionada con el acuerdo que él suscribió con la quej osa, lo que hace razonable la conclusión del juez colegiado de instancia, sobre que el abogado no se ciñó a dicho acuerdo y que se apresuró a disponer de dineros que, en últimas, le pertenecían a la quejosa, ya que al no contar con la liquidación, lo esperado es que hiciera saldada su cuenta, sumado a ello, el mismo admitió no haber hecho cuentas con su clienta, por lo que no era verídico el vacío probatorio alegado.

Ahora, en cuanto al alegado defecto sustantivo o material, relató que el actor le dio una connotación distinta a la interpretación que en su momento tuvo la Sala, tan es así que lo alegado no fue el sustento de la decisión; además, resaltó que los hechos que generaron el inicio de la investigación fueron precisamente los que generaron la sanción10

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impuesta, por lo que frente a tal inconformidad tampoco existía vocación de prosperidad.

Por lo anterior, solicitó que se deniegue el amparo solicitado, toda vez que no está probado ninguno de los yerros atribuidos por el actor a la decisión cuestionada.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL sostuvo que la acción de tutela de la referencia es improcedente, dado que lo único que pretende el

vez que no está probado ninguno de los yerros atribuidos por el actor a la decisión cuestionada.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL sostuvo que la acción de tutela de la referencia es improcedente, dado que lo único que pretende el actor es insistir en los mismos argumentos que adujo en el proceso disciplinario, como si este mecanismo fuera una tercera instancia.

Precisó que no se cumple con el presupuesto general de la relevancia constitucional, pues la inconformidad del actor recae en una interpretación alterna que este pretende que se le de al asunto, el cual se ciñó a las garantías de los derechos fundamentales, de tal forma que lo que se evidencia es el desacuerdo con la decisión proferida.

En cuanto a la aludida prescripción de la acción disciplinaria, aseveró que, conforme con la jurisprudencia pacífica dispuesta para el asunto, la falta por la que fue sancionado el actor, esto es, la no11

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entrega a la brevedad posible de dineros obtenidos producto de la gestión profesional a quien corresponda, es considerada una falta permanente, por lo que, solo si se entregan los dineros, se empieza a contar el término de prescripción, situación que no acaeció en el asunto.

En lo que refiere al defecto orgánico, advirtió que dicha afirmación carece de sustento, pues el acuerdo de pago fue allegado justamente

a contar el término de prescripción, situación que no acaeció en el asunto.

En lo que refiere al defecto orgánico, advirtió que dicha afirmación carece de sustento, pues el acuerdo de pago fue allegado justamente por el profesional investigado con el fin de que se evaluara como prueba incontrovertible de que las obligaciones dinerarias estaban zanjadas, por lo que su cliente debía honrar el acuerdo y pagarle.

Sumado a ello, destacó que la investigación se efectuó para establecer si el abogado en el ejercicio de su profesión, mediante la representación de la quejosa infringió normas del Estatuto Disciplinario del Abogado, particularmente la relativa a la no entrega de dineros a quien correspondía, por lo que no se evaluó la validez del acuerdo frente a unas prestaciones dinerarias que fue suscrito por el profesional y tampoco si este fue suscrito en ejercicio de su profesión o no, pues lo que fue objeto de investigación es si el abogado contravino sus deberes profesionales e incurrió en la falta disciplinaria.12

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Frente al defecto fáctico, manifestó que la interpretación efectuada tanto en primera como en segunda instancia es que el abogado cobró el dinero reconocido a su cliente lo que consideró equivalente a los intereses corrientes y moratorios generados por la deuda referida en un monto que, inclusive, superó los valores que calculó por tales

tanto en primera como en segunda instancia es que el abogado cobró el dinero reconocido a su cliente lo que consideró equivalente a los intereses corrientes y moratorios generados por la deuda referida en un monto que, inclusive, superó los valores que calculó por tales conceptos en su demanda y se reprochó que el disciplinado no s e haya ceñido al acuerdo realizado con la quejosa, se apresuró a descontar del dinero que le pertenecía a esta, por lo que dispuso de un dinero sin determinar con exactitud las deducciones que podía hacer y lo que le correspondía realmente.

Aseguró que, contrario a lo advertido por el actor, no se incurrió en un desconocimiento del precedente, pues la falta endilgada no podía tenerse como instantánea sino permanente, hasta tanto se demostrara la entrega del dinero, momento desde el cual empezaría a contar el término de prescripción.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia13

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) la solicitud de reforma del escrito de tutela y ii) la solicitud de medida cautelar presentada por el actor.

1. De la solicitud de reforma del escrito de tutela

Mediante memorial de 16 de agosto de 2023, el apoderado del actor presentó reforma de la acción de tutela de la referencia, con el fin de adicionar algunos hechos al escrito primigenio , así como también nuevas inconformidades.14

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Frente al particular, la Sala advierte que no accederá a la solicitud de reforma del escrito de tutela, en la medida en que ello se presentó por fuera de la oportunidad legal para el efecto, además, el Decreto 2591 de 1991 no contempla la posibilidad de adicionar o reformar la solicitud de tutela, pues de admitirse, se desconocería el derecho de

por fuera de la oportunidad legal para el efecto, además, el Decreto 2591 de 1991 no contempla la posibilidad de adicionar o reformar la solicitud de tutela, pues de admitirse, se desconocería el derecho de contradicción y defensa que le asiste a la parte accionada, quien no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto.

En efecto, el accionante tuvo hasta antes de notificarse del auto admisorio de la acción de tutela de la referencia a las partes, lo cual tuvo lugar el 10 de agosto de la presente anualidad, mientras que la solicitud de reforma de la demanda fue presentada el 16 siguiente, esto es, incluso , después de que la COMISIÓN NACIONAL rindió contestación, razón por la cual la Sala no tendrá en cuenta los nuevos argumentos planteados, pues de lo contrario se vulneraría el derecho de defensa a las accionadas.

1. De la solicitud de medida cautelar presentada por el actor.

Mediante memorial de 16 de agosto de 2023, el apoderado de la parte actora presentó solicitud de medida cautelar dentro de la acción de tutela de la referencia, tendiente a que se ordenara la suspensión15

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de los efectos de la sentencia de segunda instancia de 12 de abril de 2023, proferida por la COMISIÓN NACIONAL, cuestionada en el presente trámite constitucional, por considerar tal decisión vulneradora de los derechos fundamentales invocados.

de los efectos de la sentencia de segunda instancia de 12 de abril de 2023, proferida por la COMISIÓN NACIONAL, cuestionada en el presente trámite constitucional, por considerar tal decisión vulneradora de los derechos fundamentales invocados.

Frente a este punto, se advierte que comoquiera que en este momento procesal se profiere el fallo que resuelve la solicitud de amparo de la referencia, la Sala se relevará de hacer más análisis al respecto.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.16

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona17

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona17

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la de fensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitu cional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razona ble y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las des dibujaría

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las des dibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derec hos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, s i la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tu tela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de18

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de18

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derechos que imputa a la decisión judicial, que la hay a planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un ri guroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos19

Número único de radicación: 110010315000-2023-04194-00

Actor: EMILIO RAMÍREZ CUERVO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

fundamentales.

g.