CE - 110010315000202304215001SENTENCIADECLARAIM20230907160947

Demandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04215-00

Demandante: CARLOS ALONSO BENAVIDES GAMBOA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presenta da por la parte demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 3 de agosto de 2023 1, el señor Carlos Alonso Benavides Gamboa presentó acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con la finalidad de que se protejan sus der echos fundamentales a la dignidad humana

3 de agosto de 2023 1, el señor Carlos Alonso Benavides Gamboa presentó acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con la finalidad de que se protejan sus der echos fundamentales a la dignidad humana y a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso, en consonancia con el principio de legalidad.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con la decisión del 10 de mayo de 2023, a través de la cual se confirmó la sentencia del 16 de junio de 2021, dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, dentro del proceso disciplinario que se adelantó en su contra, el cual se identificó con el radicado 76001-11-02-000-2017-02575-01.

1 Mediante auto del 4 de agosto de 2023 , el magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia dispuso la remisión del expediente al Consejo de Estado. Radicación 11001-02-30-000-2023-00864-00.Demandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó lo siguiente:

…tutelar mis derechos fundamentales a la Dignidad Humana, , Mínimo Vital, Seguridad Social, Debido Proceso en consonancia con el principio de

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó lo siguiente:

…tutelar mis derechos fundamentales a la Dignidad Humana, , Mínimo Vital, Seguridad Social, Debido Proceso en consonancia con el principio de legalidad y, consagrados en los artículos 1, 29, 53, 48 y 229 Constitucionales, desarrollados por los artículos 06 y 08 de la Ley 906 de 2004, los cuales han sido vulnerados en decisión del 10 de mayo de 2023 por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, al dejar en firme la decisión de primera instancia del 16 de junio de 2021, emitida por el a quo o sea COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA. Una vez declarada la protección tutelar de los derechos fundamentales, sírvase ordenar lo siguiente: Como consecuencia de la vía de hecho evidenciada en la decisión adoptada por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, sírvase revocar la sentencia del 10 de mayo de 2023, mediante la cual se confirmó la sanción a mi impuesta consistente en suspensión por seis (6) meses en el ejercicio del cargo de juez 15 penal municipal de Cali Valle del Cauca, emitida en primera instancia por COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, con violación a garantías fundamentales, arriba enunciadas y que serán desarrolladas a continuación y con la consecuente restitución de mis emolumentos dejados de percibir desde que empezó a ejecutarse la sanción, o sea el primero de julio de 2023.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

emolumentos dejados de percibir desde que empezó a ejecutarse la sanción, o sea el primero de julio de 2023.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

La parte actora sostuvo que se desempeña como juez Quince Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, y que recibió por reparto del 17 de julio de 2017 la solicitud de libertad por vencimiento de términos invocada a nombre propio por el imputado Davinson Muñoz Par eja, dentro del juicio asignado al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, dentro del caso radicado con la partida 76001 6000 193 2012 11905.

Informó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca le inició una inve stigación disciplinaria con ocasión de la presunta mora en la gestión de dicho proceso penal, particularmente por la novedad de sus vacaciones y por los aplazamientos de las audiencias para resolver lo relativo a la libertad del señor Muñoz Pareja y el res pectivo hábeas corpus ; en la que mediante providencia del 16 de junio de 2021 fue sancionado por dicha comisión por la presunta mora en la gestión de dicho proceso penal.

2 Transcripción del original con posibles errores.Demandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que recurrió la anterior decisión y que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 10 de mayo de 2023, decidió confirmar la y no revocar la sanción impuesta en primera instancia. Esto, por transgredir el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, ante el desconocimiento e inobservancia a lo precept uado en el artículo 48 de la Ley 1142 de 2007, en lo que era de su resorte como administrador de justicia y los numerales 1°, 2° y 5° del artículo 138 y numeral 1° del artículo 139 de la Ley 906 de 2004, falta calificada como grave e imputada a título de dolo.

1.4. Sustento de la vulneración

Sostuvo que fue sancionado con seis meses de suspensión en el cargo, solo atendiendo al resultado, que fue la privación efectiva de la libertad de señor Davinson Muñoz Pareja, cuando se demostró que como funcionario j udicial no se le podía atribuir arbitrariamente todo el tiempo de privación efectiva de la libertad de aquel, pues en parte de ese tiempo fue reemplazado debido a que se le concedieron sus vacaciones como juez Quince Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.

Indicó que la comisión demandada incurrió en una “incongruencia” entre la alegada falta y la sanción, lo cual fue determinante en la decisión final, pues fue notorio el exceso de rigor formal en la determinación de la pena, ya que, sin

Indicó que la comisión demandada incurrió en una “incongruencia” entre la alegada falta y la sanción, lo cual fue determinante en la decisión final, pues fue notorio el exceso de rigor formal en la determinación de la pena, ya que, sin buscar adentrarse en la autonomía judicial, está por encima de la vigencia de sus derechos fundamentales.

Adujo que, como lo demostró en el proceso, se aplazó en tres oportunidades la audiencia penal, pero la primera no asistió nadie, por lo que era imposibl e su realización; además de que, frente a las dos siguientes, él estaba en sus vacaciones judiciales y se aplazaron por inasistencia del imputado y luego porque el defensor pidió aplazamiento; y la última audiencia, lo fue por solicitud de la fiscalía.

Mencionó que, en suma, se endilga la mora general desde la primera audiencia, sin asistentes y las dos siguientes que las aplazó la funcionaria que lo reemplazó en vacaciones.

Hizo referencia a las generalidades del defecto sustantivo, para destacar el proceder irregular con la sentencia del 10 de mayo de 2023, al no advertir que debía dársele preponderancia a los preceptos constitucionales y adoptar una decisión que no vulnere sus derechos pues se trató de una suspensión desproporcionada y no acorde a los supuestos fácticos que la motivaron.

Agregó que la comisión demandada también incurrió en una violación directa de la Constitución pues vulneró su derecho al debido proceso, ya que actuó con desconocimiento de los hechos demostrados en el proceso discipli nario, puestoDemandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

la Constitución pues vulneró su derecho al debido proceso, ya que actuó con desconocimiento de los hechos demostrados en el proceso discipli nario, puestoDemandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que para la estructuración de la conducta existió una diferencia entre el criterio interpretativo y la valoración probatoria, por lo que, tampoco se demostró la ausencia del vínculo entre los hechos y la decisión adoptada . En relación con este defecto, la parte actora sostuvo:

“Aquí se demuestra que la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, con la decisión del 10 de mayo de 2023, de confirmar el fallo de primera instancia, bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la actuación.

Este defecto, tiene naturaleza cualificada, puesto que para su estructuración es patente la diferencia de criterio interpretativo respecto a la valoración probatoria que lleva a cabo el funcionario y la sanción que adoptó la COMISIÓN DE D ISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, en el fallo de primera instancia del 16 de junio de 2021, sino que debe demostrarse la ausencia de vínculo entre los hechos probados y la decisión adoptada.” (subrayado fuera del texto original)

Manifestó que tambié n se vulneró su mínimo vital en tanto lleva vinculado a la Rama Judicial por 26 años y que cumple sus 60 años en esta anualidad, lo cual

decisión adoptada.” (subrayado fuera del texto original)

Manifestó que tambié n se vulneró su mínimo vital en tanto lleva vinculado a la Rama Judicial por 26 años y que cumple sus 60 años en esta anualidad, lo cual considera una “...tardía edad para buscar otra actividad económica, durante estos seis meses, sin percibir asignación m ensual”, ello sin perjuicio de su manutención y la de su núcleo familiar, pues con la sanción disciplinaria quedó sin su fuente de ingreso, ni para cubrir sus mínimas necesidades y obligaciones crediticias, las cuales enlistó.

Adujo que sus derechos a la dignidad humana y al acceso a la seguridad social también fueron transgredidos con la decisión que confirmó su sanción disciplinaria, toda vez que, es un evento que ataca su salud física y psíquica, su calidad de vida porque se le priva de sus medios de su bsistencia y menoscaba su capacidad económica, más aún cuando se “deja de cotizar por parte de la administración judicial los aportes por salud y pensión”, y con ello se “sustrae de ser atendido por el sistema de salud” y ello atenta contra su integridad.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto de l 10 de agosto de 2023 se admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, se dispuso la notificación de los miembros que integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se vinculó como tercero s a los magistrados que integran la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y se requirió el expediente disciplinario.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes intervenciones:Demandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa

del Cauca y se requirió el expediente disciplinario.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes intervenciones:Demandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Esta autoridad se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, pues consideró que resulta improcedente el amparo constitucional y por lo mismo la concesión de lo pretendido, por lo que solicitó desestimar la acc ión de tutela por la falta de relevancia constitucional, así como por resultar improcedente la intromisión en asuntos propios de la autonomía judicial de la jurisdicción funcional disciplinaria y por lo mismo, negar las solicitudes elevadas por el accionante.

Resaltó que tuvo bajo su resorte determinar si en efecto la decisión sancionatoria en sede de tipicidad, antijuridicidad (para el caso de funcionarios, ilicitud sustancial) y culpabilidad, así como la dosimetría de la sanción, fue desarrollada con el respeto del debido proceso, por lo que darle curso a una nueva revisión de la referida actuación es solo reabrir un debate que ya se encuentra agotado y en el que el sancionado tuvo oportunidad de expresar sus reparos, los que en todo caso fueron desarroll ados integralmente en la decisión de segunda instancia y por lo mismo cualquier argumento novísimo resulta

encuentra agotado y en el que el sancionado tuvo oportunidad de expresar sus reparos, los que en todo caso fueron desarroll ados integralmente en la decisión de segunda instancia y por lo mismo cualquier argumento novísimo resulta trasgresor de la preclusividad de las etapas procesales y de la seguridad jurídica que devienen de la cosa juzgada.

Aclaró que, en el proceso discip linario no se cuestionó mora judicial sino la decisión de no realizar la audiencia que había sido convocada para el 18 de septiembre de 2018, con lo que cierto es que el supuesto fáctico por el que se le sancionó solo se enrutó en verificar las razones del por qué el juez accionante pese a contar con la presencia del abogado del procesado Davinson Muñoz Pareja en la señalada calenda, optó por aplazar la diligencia a sabiendas que se debía resolver sobre una solitud de libertad por vencimiento de términos del ciudadano que la peticionó.

Precisó que, lo que acá con tanto ahínco se reclama, fue precisamente lo que se cuestionó al sancionado, dado que afectó los derechos fundamentales del señor Muñoz Pareja, por incumplir su deber funcional de administrar justi cia y agotar la audiencia que el privado de la libertad reclamó a efectos de que se le concediera esta por vencimiento de términos.

Manifestó que el disciplinado con su actuar sí afectó derechos constitucionales contra uno de los bienes jurídicos de mayor relevancia, cual es la libertad de un ser humano, por lo que esta acción constitucional debe ser una oportunidad para ponerle de presente a los jueces de la República con funciones de control

contra uno de los bienes jurídicos de mayor relevancia, cual es la libertad de un ser humano, por lo que esta acción constitucional debe ser una oportunidad para ponerle de presente a los jueces de la República con funciones de control de garantía que las solicitud de libertad por vencimiento de té rminos es uno de los actos jurisdiccionales de mayor primacía y debe tener prioridad en las agendas de los operadores judiciales.

Recordó que la noble tarea de dispensar justicia, en efecto tiene cargas valorativas como las que él depreca en su favor, es decir que el rigor procesalDemandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no puede pasar por encima de los derechos sustanciales y si el ente fiscal no podía concurrir ello de manera alguna podía ser la justificación para que no acometiera en resolver la solicitud tantas veces citada. Añadió lo siguiente:

“Lo anterior porque fue precisamente esa actitud de privilegiar la solitud de aplazamiento que elevó el Fiscal de la causa por encima del estudio de la procedencia de la libertad, lo que le cuestionó el Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali cuando en conocimiento de una acción constitucional de Habeas Corpus advirtió que el señor Davinson Muñoz Pareja, quien se encontraba privado de la libertad, tenía razón en reclamar la recuperación de su derecho fundamental y que el Juez CA RLOS ALONSO BENAVIDES GAMBOA, titular del Juzgado Quince Penal

Pareja, quien se encontraba privado de la libertad, tenía razón en reclamar la recuperación de su derecho fundamental y que el Juez CA RLOS ALONSO BENAVIDES GAMBOA, titular del Juzgado Quince Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías de Cali, había hecho nugatorio el derecho de acceso a la administración de justicia so pretexto de no contar con la presencia del ente acusador, pese a que se sabe que la concurrencia del aquél sujeto procesal no devienen en obligatoria cuando de resolver estos asuntos se trata, no solo por lógica y prevalencia del derecho sustancial, sino por aplicación de la jurisprudencia que tiene decantado que la incomparecencia del ente fiscal a las audiencias de solitud de libertad por vencimiento de términos no es óbice para no acometer en el trámite del asunto.”

1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca

Esta autoridad también se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo y solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional incoada en contra de esa corporación por el actor, en su calidad de juez Quince Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías d e Cali, por no cumplir con los requisitos generales y específicos de procedibilidad como la subsidiariedad al tratarse de hechos que fueron decididos y debatidos al interior de la investigación disciplinaria, siendo improcedente que la acción constituciona l funja como una tercera instancia en la que se revise si fueron acertados o no los juicios de valoración probatorios que se realizaron en su oportunidad.

Adujo que el accionante tuvo la oportunidad que ello fuese abordado o conocido

funja como una tercera instancia en la que se revise si fueron acertados o no los juicios de valoración probatorios que se realizaron en su oportunidad.

Adujo que el accionante tuvo la oportunidad que ello fuese abordado o conocido por el superior funci onal, quien confirmó la decisión de esta instancia judicial, además de no concretar qué parte de las actuaciones y/o pronunciamientos, configuraron un error sustancial por defecto sustantivo, lo que permite que permanezca incólume la presunción de legalida d que revisten las decisiones judiciales, más las de esta corporación que actuó como juez natural del accionante, conforme las competencias constitucional y legalmente conferidas a dicha comisión.

Destacó que resulta improcedente para volver sobre valoraciones que ya obran en el plexo disciplinario, por no ser est e el escenario procedente para ello, pues sería reabrirle al demandante una puerta debidamente culminada, pretendiendo que sea su apreciación la que se imponga, pues debe apegarse a lasDemandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conclusiones que se plasmaron en la decisión del 16 de junio de 2021, confirmada por nuestro superior funcional el 10 de mayo de 2023, las cuales se considera que se deben mantener.

Recordó que la sanción se encuentra debidamente justificada, al punto de que al con denado Davinson Muñoz Pareja le tocó acudir en acción de hábeas

considera que se deben mantener.

Recordó que la sanción se encuentra debidamente justificada, al punto de que al con denado Davinson Muñoz Pareja le tocó acudir en acción de hábeas corpus para procurar la salvaguarda de su derecho fundamental a la libertad y el restablecimiento de esta, razón por la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali ordenó el envío d e copias para evaluar la actuación del ahora accionante, por lo que no tiene ningún asidero jurídico el pretender reabrir el debate a través de una acción constitucional, alegando la afectación a derechos fundamentales, cuando ello es una consecuencia lógi ca de la responsabilidad que se dedujo en contra del funcionario judicial y que le corresponde asumir.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado e n los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, si con la decisión demandada se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, al sancionarlo disciplinariamente en el proceso que se adelantó en su contra, que se identificó con el radicado 76001-1102-000-2017-02575-01.

parte actora, al sancionarlo disciplinariamente en el proceso que se adelantó en su contra, que se identificó con el radicado 76001-1102-000-2017-02575-01.

Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos : i ) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3, mediante el cual

3 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.Demandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4, conforme al cual:

De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de

de la acción de tutela contra providencias judiciales4, conforme al cual:

De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providen cias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.5.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las accion es de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra

jurisprudencialmente…”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amp lia6 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y

4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Ibidem. 6 Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la

Corte Constitucional.Demandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuesto s, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de t al entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Examen de requisitos generales

2.4.1. Relevancia constitucional

En consonancia con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto y se estableció que los que debe reunir una solicitud de

En consonancia con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto y se estableció que los que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, son los siguientes:

1. Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

1. No involucrar un debate eminentemente legal,

1. No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,

1. Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Para la Sala el asunto no reviste de relevancia constitucional, puesto que el demandante pretende cuestionar la aludida decisión a partir de la presunta configuración de un defecto por l a violación directa de la constitución , para presentar su informidad con el análisis probatorio y las motivaciones en ellaDemandante: Carlos Alonso Benavides Gamboa Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-04215-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expuestas; esto, con la finalidad de que se deje sin efectos la suspensión en el ejercicio de la profesión como juez de la República , pues no se encuentra de acuerdo con la “…diferencia de criterio interpretativo respecto a la valoración probatoria que lleva a cabo el funcionario y la sanción” que se adoptó en el

ejercicio de la profesión como juez de la República , pues no se encuentra de acuerdo con la “…diferencia de criterio interpretativo respecto a la valoración probatoria que lleva a cabo el funcionario y la sanción” que se adoptó en el proceso disciplinario.

A su vez, se observa que, si bien el actor hizo mención a una presunta “incongruencia”, esta guarda relación con la inconformidad anterior, puesto que, radica en la falta y en el exceso rigor en la determinación de la pena. De igual manera, ocurre con el defecto sustantivo que alegó pues, a su juicio, se trató de una suspensión desproporcionada y no acorde a los supuestos fácticos que la motivaron. Ambos vicios, se relacionan intrínsecamente con el primero en mención, e