CE - 110010315000202304219001SENTENCIA20230922154316

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

Demandante: GERMÁN RENGIFO OSORIO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

Demandante: GERMÁN RENGIFO OSORIO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAM ARCA, SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa

por demora en el nombramiento en propiedad en un cargo de carrera administrativa en la Fiscalía General de la Nación. Requisito general de inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado proced e a decidir la acción de tutela promovida por el señor Germán Rengifo Osorio , quien actúa por cond ucto de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de seguridad jurídica y buena fe , vulnerados ,

Tercera, Subsección “C”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de seguridad jurídica y buena fe , vulnerados , supuestamente, con la sentencia de 20 de abril de 202 2, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fa llo de primera insta ncia que negó las pretensiones en el marco del medio de control de reparación directa que adelantó contra la Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que se inscribió y participó en el concurso abierto de méritos del área ad ministrativa -convocatorias Nos. 002 y 004 de 2008 -, realizado por la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, en el que obtuvo el puesto 250 de la lista de el egibles, de 21 plazas ofert adas para el cargo de profesional universitario II, y 174 de 161 cargos ofertados de profesional universitario II, hoy profesional de gestión II, respectivamente, según el Acuerdo No. 0029 de 13 de julio de 2015.

Sostuvo que fue nombrado en el cargo de profesional univer sitario II de la convocatoria No. 004 de 2008, a través de la Resolución No. 0-0868 de 10 de marzo del 2017, en la Dirección de Control Disciplinario de Bogotá, del que tomó posesión el 3 de abril de 2017.

Afirmó que, dado lo anterior, en ejercicio del medio de control de reparación directa , presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación en la que solicitó el pago

el 3 de abril de 2017.

Afirmó que, dado lo anterior, en ejercicio del medio de control de reparación directa , presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación en la que solicitó el pago de los perjuicios materiales y económicos causados por la demora en realizar su nombramiento en periodo de prueba y , posteriormente, en propieda d, por cuanto,Radicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

Demandante: GERMÁN RENGIFO OSORIO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 indicó, “la Fiscalía General de la Nación no entregó los 161 cargos convocados en la Convocatoria No. 004 Grupo 3 ” aun cuando, en su criterio, “una vez vencido el término que tenían los primeros 161 elegibles para aceptar o dec linar el nombramiento, el cual se cumplió ha biendo tomado posesión solo 122 de ellos, debió proce derse en forma inmediata al nombramiento de los siguientes 39 elegibles, mismo que debió ser conjunto y no escalonado o individual como lo pretendió explicar la entidad accionada”.

Señaló que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que en fallo de 5 de febrero de 2020 negó las pretensiones de la demanda , luego de considerar que, en tanto el demandante no se encontraba en situación de elegibilidad, su derecho a ser nombrado solo nació cuando fueron revocados por la entidad el número de designaciones suficientes para

las pretensiones de la demanda , luego de considerar que, en tanto el demandante no se encontraba en situación de elegibilidad, su derecho a ser nombrado solo nació cuando fueron revocados por la entidad el número de designaciones suficientes para que este adquiera el derecho a ser nombrado , lo que no esta ba suficientemente esclarecido en el caso , “pues los únicos e lementos de juicio sobre este hecho, lo aportan las decisiones de tutela en las que se anotó que de acuerdo a una certificación emitida por la entidad de 27 de febrero de 2017 se habían revocado 16 nombramientos”.

Manifestó que el juez de primera instancia concluyó que si se tomara esa fecha como el momento en que surgió el derecho a ser nombrado ante la ausencia de otros elementos de juicio, “no se podría considerar que se vulner ó el t érmino razonable que tenía la entidad para realizar el nombramiento, pues lo cierto es que a partir de ese hito no pasaron más de 20 días hasta cuando el Señor Rengifo Osorio fue nombrado, aunque ello haya sido en cumplimiento de una decisión de tutela”.

Por último, sostuvo que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, mediante sentencia de 20 de abril de 2022, notificada el 22 de junio de 2022, en la que confirmó el fallo apelado en su integridad.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la administración de justi cia, así como los principios seguridad jurídica y buena fe ,

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la administración de justi cia, así como los principios seguridad jurídica y buena fe , vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 20 de abril de 2022, mediante la cual el tribunal accionado confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones, en el marco del medio d e control de repa ración directa que adelantó contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonial mente responsable por los perjuicios materiales y económicos causados a raíz de la demora en efectua r su nombramiento y posesión en el cargo para el cual concursó.

Aseveró que en el caso sí se demostró la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de l a Nación , pues conforme con las normas aplicables a la convocatoria esta contaba con 20 dí as hábiles desde la public ación del registro de elegibles -el día 13 de julio de 2015 -, para efectuar en tiempo la designación, es decir, hasta el 12 de agosto de 2015, aun atendiendo a que ocupó el puesto 174 de 161 vacantes para el cargo de Profesional Gestión II, grupo 3.

Sobre el particular, expresó que la Sección Primera del Consejo de Estado ha reconocido en sede de tutela que el proceso de nombramiento en las c onvocatorias públicas del año 2008 a cargo de la Fiscalía General de la Nación, ha sido negligente e ineficaz “y en virtud de ello ha orden ado el nombramiento de las personas que se encuentren en el registro de elegibles, aún en una posición superior

públicas del año 2008 a cargo de la Fiscalía General de la Nación, ha sido negligente e ineficaz “y en virtud de ello ha orden ado el nombramiento de las personas que se encuentren en el registro de elegibles, aún en una posición superior a la del número de cargos ofertados, en estricto orden descendente, y teniendo enRadicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

Demandante: GERMÁN RENGIFO OSORIO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 cuenta que si alguno de los parti cipantes de la convocatoria n o acepta el nombramiento o no toma posesión del cargo, se deberá continuar con el nombramiento de quienes se encuentren en la lista de elegibilidad según el orden de mérito, hasta proveer en forma satisfactoria la totalidad de empleos ofertados”.

Refirió que la Fiscalía General de la Nación reconoció que en la Convocatoria No. 004 grupo 3 de 2008, para proveer el cargo de Profesional Gestión II, de los 161 cargos ofertados solamente tomaron posesión 122 p ersonas, es decir, el nombramiento de 39 personas qu e ocuparon los primeros escaños en la lista de elegibles se tornó en ineficaz, bien porque no se hubiera aceptado o los designados no hubieran concurrido a la posesión , por lo que , adujo, lo procedente er a que en estricto orden de el egibilidad o mérito el órgano nominador continuara con el nombramiento de las demás participantes que había clasificado hasta la totalidad de

no hubieran concurrido a la posesión , por lo que , adujo, lo procedente er a que en estricto orden de el egibilidad o mérito el órgano nominador continuara con el nombramiento de las demás participantes que había clasificado hasta la totalidad de ocupación de plazas ofertadas, dentro de los que él se encontraba.

Mencionó que para el caso particular, ten iendo en cuenta que la entida d accionada no acreditó ningún evento excepcional que hubiere impedido su nombramiento inmediato en el cargo para el cual concursó, “una vez se acreditó que solo 122 de las primeras 161 personas concurrie ron a tomar posesión, el nom bramiento del accionante no debió superar los 26 días a que se hizo referencia, contados a partir del momento en que se cumplieron los primeros 20 días que tenía la entidad, con posterioridad a la publicación de la lis ta de eleg ibles, para la asignaci ón de los cargos”.

Por último, adujo que en procesos similares de reparación directa esa Subsección ha accedido a las pretensiones de la demanda y relacionó los fallos de (i) 11 de febrero de 2021, rad. No. 2017-00343-01 y (ii) 15 de julio de 2021, rad. 2018-00281-01.

3. Pretensiones

El accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: Ho norables Magistrados, les solicito amparar el derecho fundamental de igualdad del Señor GERM ÁN RENGIFO OSORIO, teniendo en cuenta que existen fallos con igual objeto de la litis y fallaron a favor de lo s demandantes y al Señor GERM ÁN RENGIFO OSORIO le desc onocieron el derecho de igualdad frente a los fallos en

con igual objeto de la litis y fallaron a favor de lo s demandantes y al Señor GERM ÁN RENGIFO OSORIO le desc onocieron el derecho de igualdad frente a los fallos en segunda instancia.

SEGUNDO: REVOCAR el primer numeral, de la sentencia providencia proferida el día veinte (20 ) de abril de 2022, y notificada po r correo electrónico el día veintidós (22) de junio de 2022 a través del cual dispuso: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (05) de febrero de dos mil veinte (2020), por el juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá conforme lo expuesto en la providencia de conformidad con las consideraciones expuestas, emitida por el TRIB UNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINARMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION C

Magistrada Ponente MARIA CRISTINA QUIN TERO FACUND O Magistrado FERNANDO

IREGUI CAMELO Magistrado JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA”.

4. Pruebas relevantes

Al expediente se allegó copia digital del expediente que contiene las actuaciones del medio de control de reparación directa con radicado No. 2017-00299-01, demandante: Germán Rengifo Osorio.

5. Trámite procesal

Por auto de 1 0 de a gosto de 202 3, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada y al demandante , De igual forma , a la Fiscalía General de la Nación , al Juzgado C incuenta y Ocho Administ rativo delRadicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

Demandante: GERMÁN RENGIFO OSORIO

Fiscalía General de la Nación , al Juzgado C incuenta y Ocho Administ rativo delRadicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Circuito de Bogotá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta corporación libro los oficios 84809 a 84813 de 15 de agosto de 2023, con el fin de notificar a las partes.1

6. Oposición

6.1 Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicit ó que se declarara la improcedenc ia de la acción constitu cional, por cuanto, declaró, la solicitud incumple el requisito general de inmediatez, necesario para su estudio de fondo.

Sobre el particular, r efirió que la afectación de los derechos fundamentales que alega el aquí tutelante, se refuta derivada de la p rovidencia d e segunda instancia adiada 20 de abril de 2022 y notificada el 22 de junio de 2022 , y la pretensión de amparo tutelar se promovió hasta el 8 de agosto de 2023, esto es, con más de un año de posterioridad.

Manifestó que , adicionalmente, el demandante no cu mplió con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que , manifestó “ no se trata de un conflicto que

año de posterioridad.

Manifestó que , adicionalmente, el demandante no cu mplió con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que , manifestó “ no se trata de un conflicto que trascienda las discusiones legales y no asume la indicada categorización por el hecho que se aduzca la trasgre sión de derechos fundame ntales, sino que es necesario estructurar en contraste con la prov idencia judicial contra la que se pretende amparo tutelar, una fundamentación clara y suficiente para la intervención del juez constitucional”.

Agregó que el accion ante no indicó los defec tos en los q ue considera incurrió la sentencia del 20 de abril de 2022, que hagan procedente la acción de tutela contra providencia judicial y solamente enunció como vulnerados sus derechos de igualdad ante la ley y de acceso a la a dministración de justici a, así como los p rincipios de seguridad jurídica y buena fe , teniendo en cuenta que no se accedió a las pretensiones de la demanda.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se dec larara improcedente la acción de tutela promovida por la accionante, por cuanto, sostuvo, (i) la solicitud no cumple con el requisito de inmediatez, (ii) el apoderado de los accionantes no da cuenta de por qué a pesar de existir otr o mecanismo judicial idóneo para ven tilar la controversia objeto de esta acción, no h izo uso de este, (iii) no sustentó las causales específ icas de proced encia para que la acción de tutela sea procedente y (iv) pretende retrotraer actuaciones procesales.

idóneo para ven tilar la controversia objeto de esta acción, no h izo uso de este, (iii) no sustentó las causales específ icas de proced encia para que la acción de tutela sea procedente y (iv) pretende retrotraer actuaciones procesales.

Afirmó que la providencia objetada del proceso de reparación directa con radicado No. 2017-00299-00 fue proferida el 20 de abril de 2022 y notificada electrónicamente el 22 de junio de 2022, “superando los (6) meses que por regla general se consideran opor tunos para interponer la acción de t utela contra providencias judiciales”.

1 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co jadmin60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co mariaisaducuara@hotmail.comRadicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Sostuvo que, a juicio de esa entidad, la parte actora no logra id entificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida razón por la cual, el juez constitucional no puede entrar a es tudiar la totalidad de las mismas para identificar dichos defectos.

error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida razón por la cual, el juez constitucional no puede entrar a es tudiar la totalidad de las mismas para identificar dichos defectos.

Finalmente, expresó que a través de la solicitud de amparo el actor p retende retrotraer etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para es tablecer confusión y pro yectar que se transgreden derechos fundamentales, “lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículo s 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta de l Consejo de Estado es c ompetente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Previo al estudio de fo ndo de la controversia planteada, en tanto su incumplimiento fue alegado en los informes rendidos en este trámite co nstitucional, la Sala de be establecer si la solicitud cumple con el requisito general de proced encia que debe observar cont ra providencias judiciales, consistente en la inmediatez en su presentación.

En caso de que la respuesta a este interr ogante sea af irmativa y se verifique el cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedencia, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de la sentencia de 20 de abril de 2022, mediante la

En caso de que la respuesta a este interr ogante sea af irmativa y se verifique el cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedencia, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de la sentencia de 20 de abril de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinama rca, Sección Terc era, Subsección “C”, confirmó el fallo que negó las pretensiones, en el marco del medio de control de reparación directa que adelantó contra la Fiscalía General de la Nación , vulnera los derechos fundamentales del actor, en tanto en el caso sí se demostró la responsabilidad extracontract ual pues “ conforme con las normas aplicables a la convocatoria esta contaba con 20 días h ábiles desde la pub licación del registro de elegibles, el día 13 de julio de 2015, para efectuar en tiempo la designación, es decir, hasta el 12 de agosto de 2015, aun atendiendo a que ocupó el puesto 174 de 161 vacantes para el cargo de Profesional Gestión II, grupo 3”.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constit ución Política establece que “ toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en tod o momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “ en todo momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único

aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “ en todo momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

Demandante: GERMÁN RENGIFO OSORIO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Sin embargo, la Corte Constitucional 2 ha señalado que si bien no es posible establecer un t érmino de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, ésta no puede presentarse en cualquier tie mpo y por lo tanto debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, e n la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tien e que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seg uridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien u na condición que busca que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la prote cción pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en

tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la prote cción pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3

La jurisprudencia constitu cional ha identificado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU -391 de 20165, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los dere chos fundamentales. En estos casos, para analiza r la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se p rolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tu tela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez d ebe analizar si la

un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tu tela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez d ebe analizar si la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela con tra providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”6

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que se analiza está dirigida contra u na pr ovidencia judicial, la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20 147 estableció, como regla gener al, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la not ificación de la sentencia o

2 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 3 Ibídem. 4 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia

2 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 3 Ibídem. 4 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sente ncia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T -1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 5 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo. 6 Ibídem. 7 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)Radicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

Demandante: GERMÁN RENGIFO OSORIO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Germán Rengifo Osorio presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios seguridad jurídica y buena fe , vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 20 de abril de 2022, mediante la cual el tribunal accionado confirmó el fallo de primera instancia que negó

y de acceso a la administración de justicia, así como los principios seguridad jurídica y buena fe , vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 20 de abril de 2022, mediante la cual el tribunal accionado confirmó el fallo de primera instancia que negó las prete nsiones, en el marco del medio d e control de reparación directa que adelantó contra la Fiscalía General de la Nac ión con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonial mente responsable por los perjuicios materiales y económicos causados a raíz de la demora en efectuar su nombramiento y posesión en el cargo para el cual concursó.

En la contestaci ón, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” y la Fiscal ía General de la Naci ón solicitaron que se declare la improcedencia de la acción, en tanto, señalaron, la solicitud incumple con el requisito de inmedi atez, porque en el caso se ha superado el plazo establecido jurisprudencialmente para la presentaci ón de la acci ón de tutela contra una providencia judicial.

Conforme da cuenta el aplicativo de l Sistem a para la Gestión Judicial SAMAI 9, la sentencia de 20 de abril de 202 2, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” confirmó el fallo que negó las pretensiones, en el m arco de l medio de control de reparación directa que el actor promovió contra la Fiscalía General de la Nación , se notificó a las partes10 mediante correo e lectrónico enviado el 22 de junio de 202 2, fecha a partir de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez.

promovió contra la Fiscalía General de la Nación , se notificó a las partes10 mediante correo e lectrónico enviado el 22 de junio de 202 2, fecha a partir de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez.

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten v ulnerados o amenazados por la acción u om isión de una autoridad pública. S i bien , la misma dis posición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en todo momento, ello no implica q ue no se deba interponer dentro de un plazo razonable, pues ello e stá en con sonancia con lo s principios de seguridad jurídica y cosa juzgadas, los cuales, prima facie, se deben resguardar.

Como la solicitud de amparo fue promovida el 8 de agosto de 202311, transcurrieron un (1) año, un (1) mes y trece (13) días entre el momento de la notificación y el de la interposición de la acción constitucional12, término que excede el límite establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte Constitucional.

8 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 9 https://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013343058201700299012500023 10 La notificación se efectu ó a los siguientes correos “Jhon Carlos Garcia Perea

9 https://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013343058201700299012500023 10 La notificación se efectu ó a los siguientes correos “Jhon Carlos Garcia Perea <jcgarcia@procuraduria.gov.co>;procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>;ANDRES MAURICIO CARO BELLO <jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>; mariaisaducuara@hotmail.com <mariaisaducuara@hotmail.com>;Olga Lucia Ruiz Mora olga.ruizm@fiscalia.gov.co” 11 Acta individual de reparto. 12 Conforme con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, “2. La no tificación de la providencia se entenderá realizada una vez trans curridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezará n a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04219-00

Demandante: GERMÁN RENGIFO OSORIO

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