CE - 110010315000202304224011SENTENCIA20231215132222

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04224-01

Accionantes: José Geovanny Lasso Celis y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-04224-01

Accionantes: José Geovanny Lasso Celis y otros

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección

Tercera-Subsección C Referencia: Acción de tutela

Tema. Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1. Requisitos de procedibilidad. Subtema 2. Defectos fáctico y sustantivo. Subtema 3. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de tutela

José Geovanny Lasso Celis, quien actúa en nombre propio y en representación del menor Kevin Santiago Lasso González; María Belén González Ruiz; Juan David Lasso Barrios; Fabián Andrés González Ruiz; Carlos Heriberto Tafur Celis; Jesús

José Geovanny Lasso Celis, quien actúa en nombre propio y en representación del menor Kevin Santiago Lasso González; María Belén González Ruiz; Juan David Lasso Barrios; Fabián Andrés González Ruiz; Carlos Heriberto Tafur Celis; Jesús Mauricio Tafur Celis; Camilo Lasso González; Jenifer Cecilia Lasso Celis; Ginet Lasso González; Angélica María Lasso Celis; Emili Lasso González y Ángel Andrés Lasso Celis solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la repar ación y al debido proceso 1, que consideraron vulnerados por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al emitir la sentencia del 11 de mayo de 2022, cómo juez de segunda instancia, dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 11001-33-37-040-201700202-00/01.

1.2. Hechos

1.2.1. José Geovanny Lasso Celis y otros miembros de su grupo familiar , en ejercicio del medio de control de reparación directa, radicaron demanda en contra de la Nación – Rama Judicial , Policía Nacional, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitaron que se las declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados como consecuencia del daño antijurídico provocado con ocasión de la privación de la libertad que afectó a José Geovanny Lasso Celis dentro de un proceso penal que terminó con sentencia absolutoria.

1.2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta Administrativo del

provocado con ocasión de la privación de la libertad que afectó a José Geovanny Lasso Celis dentro de un proceso penal que terminó con sentencia absolutoria.

1.2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda, respecto de la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación y declaró prósperas las excepciones invocadas por la Policía y el Ejército Nacional.

1 Archivo electrónico identificado con certificado 90682756D467FCDB 384116FDA9AE8FF1 094E9394CFE17EDE EA22C714DA728215, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04224-01

Accionantes: José Geovanny Lasso Celis y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2.3. Inconforme con la anterior decisión, ambos extremos procesales interpusieron recursos de apelación. La alzada fue resuelta por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 11 de mayo de 2022, que revocó lo resuelto por el a quo y en su lugar negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial consideró que “la solicitud de la medida de aseguramiento de detención preventiva se formuló por el correspondiente Agente de la Fiscalía General de la Nación y el Juez de Control de

negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial consideró que “la solicitud de la medida de aseguramiento de detención preventiva se formuló por el correspondiente Agente de la Fiscalía General de la Nación y el Juez de Control de Garantías, valoró en marco del artículo 308 Ibidem, los elementos materiales con fundamento en las cuales se dedujo razonablemente que el sindicado JOSÉ GEOVANNY L ASSO CELIS, aquí demandante, en condición de víctima directa, podía ser presunto coautor de los tipos penales, y respecto de los cuales, la defensa técnica, en curso de la etapa preliminar y del juicio oral, no demostró lo contrario, y destaca que, en juicio sobre la necesidad de la medida, en marco de los supuestos previstos en la precitada norma, se tuvo como fundamento la calidad de empleado público de la Registraduría Municipal que fungía el señor LASSO CELIS, y que asumía como indicio de oportunidad, para realización de las conductas imputadas, y conveniencia del decreto de la cautelar, debido a que representaba un peligro para la sociedad y la seguridad del Estado”.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la reparación y al debido proceso y, como consecuencia, que: i) se declare sin efectos la sentencia del 11 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso radicado 11001-33-37-040-2017-00202-00/01 y ii) se ordene al tribunal accionado emitir una nueva sentencia que “se ajuste al verdadero amparo y garantía constitucional de

11001-33-37-040-2017-00202-00/01 y ii) se ordene al tribunal accionado emitir una nueva sentencia que “se ajuste al verdadero amparo y garantía constitucional de los derechos de los accionantes, analizando en debida forma las pruebas aportadas al proceso que dan cuenta de la existencia de un daño antijurídico causado como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad de forma arbitraria, irracional, desproporcionada e ilegal”.

Como fundamento de su petición de amparo constitucional, la parte actora expuso que la corporación judicial demandada incurrió en defecto fáctico, toda vez que “no efectuó una valoración razonable de las pruebas que sustentaban la solicitud y decreto de la medida de aseguramien to (…) la Fiscalía realizó una investigación deficiente que llevo a solicitar una medida de aseguramiento desproporcionada e irrazonable en contra del señor José Geovanny Lasso Celis, ya que, en materia probatoria, el “informe ejecutivo de la Policía Nacional” tiene el mismo valor que un informe de inteligencia, pues constituye una prueba extraprocesal que no ha sido sometida a contradicción (…) La Fiscalía se sustentó en indicios no razonables, como fueron las declaraciones juramentadas de los desmovilizados Ricardo Rojas Rodríguez, José Jair Serafino Guaca y John Alexander Perea Barreto, que no presentan concordancia, ni credibilidad por ser contradictorios entre sí”

Adicionalmente, indicó que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, dado que resolvió revocar el fallo de primera instancia bajo el argumento de que se cumplían todos los requisitos legales establecidos para el decreto de la medida de

Adicionalmente, indicó que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, dado que resolvió revocar el fallo de primera instancia bajo el argumento de que se cumplían todos los requisitos legales establecidos para el decreto de la medida de aseguramiento, a pesar de no ser cierto. Por lo tanto, desconoció y dejó de aplicar lo indicado en el parágrafo 1 del art. 308 del C.P.P., “en el sentido de que para que se acrediten los supuestos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del mencionado artículo, no se podía tomar en cuenta la condición de servidor público – calificación jurídica utilizada-, para justificar la configuración de un peligro para la sociedad o la víctima, o que por esta condición fuera a interferir u obstruir la justicia”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04224-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. Trámite de en primera instancia e intervenciones

1.4.1. El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con auto del 10 de agosto de 20232, admitió la acción de tutela, vinculó como terceros con interés a la Nación -Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación y ordenó notificar a las partes, para que, si lo consideraban pertinente, intervinieran en el trámite constitucional.

1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Juzgado Cuarenta

Nación y ordenó notificar a las partes, para que, si lo consideraban pertinente, intervinieran en el trámite constitucional.

1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá3, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación remitió el soporte de envío de la contestación sin anexos5.

1.4.2.1. El Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se opuso a la s pretensiones de la solicitud de amparo . Consideró que los fallos dictados en sede ordinaria se fundamentaron en una interpretación razonable autorizada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional cuando se trata de privación injusta de la libertad, pues la absolución se dio como consecuencia de la aplicación del principio de in dubio pro reo. En el mismo sentido , indicó que la decisión de segunda instancia, a pesar de revocar la de primera instancia, se ajustó a una valoración probatoria completa, es así como las valoraciones ya fueron realizadas con el debido soporte normativo y probatorio.

1.4.2.2. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contestó la demanda y afirmó que el asunto bajo estudio no satisface el requisito de relevancia constitucional . Por consiguiente, solicitó que se declare improcedente la acción o que en su defecto se nieguen las pretensiones, por cuanto no se trata de un conflicto que trascienda las discusi ones legales, pues la providencia cuestionada contiene los fundamentos legales y la valoración probatoria requerida.

declare improcedente la acción o que en su defecto se nieguen las pretensiones, por cuanto no se trata de un conflicto que trascienda las discusi ones legales, pues la providencia cuestionada contiene los fundamentos legales y la valoración probatoria requerida.

1.4.2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó su respectivo informe y solicitó que se declare probada su excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, así́ como también se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo, en tanto no fue la entidad que profirió la sentencia cuestionada y, en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales invocados. Adicionalmente, indicó que la decisión objeto de la presente acción, no fue arbitraria y se profirió en forma razonada en ejercicio de la autonomía judicial. Por otra parte, deprecó la improcedencia de la acción por inexistencia y/o ausencia de las causales de procedencia contra la providencia judicial y por no existir perjuicio irremediable.

1.4.2.4. La Fiscalía General de la Nación , allegó solamente el soporte del envío de la contestación, sin embargo, no aportó los anexos.

2 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado : 8B714E5CBF5C4773 A7BF4A64C407975B 4EF8DCEDFCC45A47 A3A7A9F96C127732. 3 Archivo electrónico ubicado en el índice 11 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI , identificado con certificado : DDC0C0CA5D78912C B7C5F06E6357C138

3 Archivo electrónico ubicado en el índice 11 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI , identificado con certificado : DDC0C0CA5D78912C B7C5F06E6357C138 D86C10EAA77B1681 84FD8A840E39A2DE. 4 Archivo electrónico ubicado en el índice 14 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 16B60DDFD50492EA 4E7EECB859E45678 B002940E3260EE21 967FE57818C9F1AF. 5 Archivo electrónico ubicado en el índice 13 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 5F7D4DF39AB3A35F 4F3F9665A753700F 3D57E0EE22BCBC18 315E94E8985ABA85.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04224-01

Accionantes: José Geovanny Lasso Celis y otros

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de septiembre de 2023 6, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes.

El juez constitucional de primera instancia transcribió apartes de la decisión cuestionada, en los que se realiza el estudio del material probatorio que sustentó el decreto e imposición de la medida de aseguramiento, de conformidad con lo establecido en el artículo de la Ley 906 de 2004.

cuestionada, en los que se realiza el estudio del material probatorio que sustentó el decreto e imposición de la medida de aseguramiento, de conformidad con lo establecido en el artículo de la Ley 906 de 2004.

Luego de realizar el análisis de los argumentos expuestos por el juez ordinario, concluyó que no existía asidero jurídico en lo solicitado por el actor, pues la expresión “la calificación jurídica provisional” no hace ref erencia a la condición de servidor público, como mal lo entiende el demandante, sino al título de imputación y/o grado de participación en el ilícito; por lo cual, para el tribunal demandado resultó razonable la imposición de la medida de aseguramiento a J osé Geovanny Lasso Celis, “quien para el momento de los hechos investigados era empleado de la Registraduría, de cara a la naturaleza de los delitos imputados, esto es, rebelión con circunstancias de agravación, cohecho y falsedad en documento público, por la supuesta expedición de c édulas de ciudadanía falsas en favor de “guerrilleros del frente 62 YARI””.

Por lo tanto, consideró que la autoridad judicial demandada realizó una valoración probatoria acorde a la evidencia con la que contaba y a las circunstancias que rodearon la privación de la libertad, lo que permitió concluir que en el asunto el daño no se tornaba antijurídico.

En consecuencia, denotó que la decisión acusada no incurrió en los defectos fáctico ni sustantivo endilgados, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia y se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario, el cual no permitió concluir que la medida de aseguramiento impuesta a

ni sustantivo endilgados, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia y se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario, el cual no permitió concluir que la medida de aseguramiento impuesta a José Lasso Celis fuera injusta.

1.6. Impugnación

La parte accionante presentó escrito de impugnación 7 en el que manifestó su inconformidad con la decisión del 7 de septiembre de 2023 de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, así:

Indicó que, discrepa de los argumentos esbozados por el juez de tutela de primera instancia al avalar la postura del tribunal accionado , en el sentido de que la sentencia contiene una debida valoración probatoria, ya que la interpretación y razonabilidad dada a las pruebas que sustentaron la solicitud y decreto de la medida privativa de la libertad, fue a todas luces violatoria de los derechos fundamentales, y abiertamente contraria a derecho.

Afirmó que los testimonios en que se basó la Fiscalía para inferir la participación razonable en el punible investigado, de José Geovanny, nunca fueron escuchados previamente, ni controvertidos, ni refutados, ni contrastados con otros medios de prueba para la solicitud de imposición de medida de aseguramiento.

Adujo que, c on el estudio de dactiloscopia, no se podía inferir si quiera de forma razonable que el señor Lasso Celis hubiera sido el autor de la conducta imputada

6 Archivo electrónico ubicado en el índice 18 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAM AI, identificado con certificado DAA50DA4A7ADDCED 1F94C9A10DD343DE

6 Archivo electrónico ubicado en el índice 18 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAM AI, identificado con certificado DAA50DA4A7ADDCED 1F94C9A10DD343DE A9A5732C64653AB3 B372E02BD4B5A6B7. 7 Archivo electrónico ubicado en el índice 22 del aplicativo SAMAI en el expediente digital de tutela de primera instancia, identificado con certificado: D331781DA16D25B4 589E07659057C316

63E1EE85C45AFC5E ABC627A6F512DCD9.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04224-01

Accionantes: José Geovanny Lasso Celis y otros

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y las declaraciones de los desmovilizados tampoco son concordantes con lo manifestado por la persona que lo señaló en el reconocimiento fotográfico, ya que esta indicó que lo había visto en la vereda El Limonar, no en la vereda El Recreo como se sostuvo.

En suma, los solicitantes de amparo reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de auto del 12 de octubre de 202 38, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de

interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque los accionantes son los titulares de los derechos que afirmaron fueron vulnerados, en su condición de demandantes dentro del proceso ordinario objeto de estudio.

El accionado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera , Subsección C, está legitimado en la causa por pasiva dado que, como juez del medio de control de reparación directa, profirió la providencia que hoy se revisa.

2.3. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

8 Archivo electrónico identificado con certificado 2EE6F4C5E8411D09 D039AEE0A171D5AF 4A84397F570EA93E 1621F5EBD1F6A9BB ubicado en el índice 18 del expediente digital de primera instancia.

4A84397F570EA93E 1621F5EBD1F6A9BB ubicado en el índice 18 del expediente digital de primera instancia. 9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inex istentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los

Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04224-01

Accionantes: José Geovanny Lasso Celis y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.1. Relevancia constitucional.

En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria 11, a una cuestión con relevancia cons titucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto12.

La relevancia constitucional, establecida como requisito de la tutela, por reiterados fallos de la Corte Const itucional, como de esta Corporación, tiene por finalidades:

concreto12.

La relevancia constitucional, establecida como requisito de la tutela, por reiterados fallos de la Corte Const itucional, como de esta Corporación, tiene por finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

En el caso concreto bajo estudio, Jos é Geovanny Lasso Celis, junto con sus familiares, presentaron acción de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 11 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, neg ó las pretensiones indemnizatorias propuestas en el medio de control de reparación directa que impetraron con ocasión a la privación injusta de la libertad de Lasso Celis (ocurrida entre el 26 de julio de 2013 y el 9 de septiembre de 2014).

Los accionantes, en su escrito de tutela, indicaron que la auto ridad judicial demandada incurrió en defectos fáctico y sustantivo. El primero por indebida valoración de las pruebas que sustentaron la solicitud y decreto de la medida de

Los accionantes, en su escrito de tutela, indicaron que la auto ridad judicial demandada incurrió en defectos fáctico y sustantivo. El primero por indebida valoración de las pruebas que sustentaron la solicitud y decreto de la medida de aseguramiento, puesto que, «en materia probatoria, el “informe ejecutivo de la Policía Nacional” tiene el mismo valor que un informe de inteligencia, pues constituye una prueba extraprocesal que no ha sido sometida a contradicción[, y la] Fiscalía se sustentó en indicios no razonables, como fueron las declaraciones juramentadas de los de smovilizados Ricardo Rojas Rodríguez, José Jair Serafino Guaca y John Alexander Perea Barreto, que no presentan concordancia, ni credibilidad por ser contradictorios entre sí ”. El segundo defecto, en tanto, de manera errada, se dio por probado el cumplimiento de los requisitos previstos para el decreto de la medida de aseguramiento y se dejó de aplicar lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 308 de C.P.P., en el sentido de que para la acreditación de los supuestos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo referenciado, no se podía tomar en cuenta la condición de servidor público.

10 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 11 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019.

para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019. Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional in mediata. Corte Constitucional. Sentencia T -1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015. 12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04224-01

Accionantes: José Geovanny Lasso Celis y otros

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este punto, se pone de presente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto a la procedencia, legalidad y necesidad de la medida de aseguramiento, sostuvo que:

“Por demás en el caso concre to, para la referida Audiencia de Legalización de Captura del señor JOSÉ GEOVANNY LASSO CELIS y decreto de la medida de detención preventiva, el JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contaban para edificar el indicio a que refier e el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, con el referido Informe de Policía Judicial, y además, con un reconocimiento fotográfico con asistencia del Ministerio Público que en conjunto configuraban indicio en contra de aquel, y un documento de identificació n falso, y si

308 de la Ley 906 de 2004, con el referido Informe de Policía Judicial, y además, con un reconocimiento fotográfico con asistencia del Ministerio Público que en conjunto configuraban indicio en contra de aquel, y un documento de identificació n falso, y si bien, el Informe de Policía Judicial, contenía reseña sobre las declaraciones juramentadas de tres desmovilizados, es igualmente cierto, que la consideración del a quo, respecto a su idoneidad probatoria condicionada a su recaudo y contradicción con las formalidades del testimonio, solo procedía en la etapa del juicio oral.

6.5.2.1.3 En este orden y conforme acredita la realidad procesal, la detención preventiva impuesta el 27 de julio de 2013, el señor JOSÉ GEOVANNY LASSO CELIS, que finiqui tó con vencimiento de términos y posterior sentencia absolutorio por aplicación del principio in dubio pro reo, dentro del proceso radicado 187536000556201200187, satisfizo los requisitos normativos establecidos para su decreto, contrastado que, la solicit ud de la medida de aseguramiento de detención preventiva se formuló por el correspondiente Agente de la Fiscalía General de la Nación y el Juez de Control de Garantías, valoró en marco del artículo 308 Ibidem, los elementos materiales con fundamento en las cuales se dedujo razonablemente que el sindicado JOSÉ GEOVANNY LASSO CELIS, aquí demandante, en condición de víctima directa, podía ser presunto coautor de los tipos penales, y respecto de los cuales, la defensa técnica, en curso de la etapa preliminar y del juicio oral, no demostró lo contrario, y destaca que, en juicio sobre la necesidad de la medida, en

cuales, la defensa técnica, en curso de la etapa preliminar y del juicio oral, no demostró lo contrario, y destaca que, en juicio sobre la necesidad de la medida, en marco de los supuestos previstos en la precitada norma, se tuvo como fundamento la calidad de empleado público de la Registraduría Municipal que fungía el señor LASSO CELIS, y que asumía como indicio de oportunidad, para realización de las conductas imputadas, y conveniencia del decreto de la cautelar, debido a que representaba un peligro para la sociedad y la seguridad del Estado”.

Aunado a lo anterior, el fallo cuestionado indicó que la Fiscalía expuso las declaraciones juradas del señor José Jair Sefarino Guaca y Jhon Alexander Perea Barreto, relatos en los que se narraba como el señ