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Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-0002023-04295-00

Demandante: ALEJANDRO MARIO PALACIO VALENCIA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad en el medio de control de reparación directa. Ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Alejandro Mario Palacio Valencia , contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 10 de agosto de 2023 en la página web de recepción de tutelas de la Rama Judicial , el señor Alejandro Mario Palacio Valencia, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que le sean amparados sus derechos

recepción de tutelas de la Rama Judicial , el señor Alejandro Mario Palacio Valencia, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales «al debido proceso y de acceso a la administración de justicia», al incurrir en «vías de hecho por error judicial».

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del fallo proferido por la autoridad judicial demandada el 26 de abril de 2023, mediante el cual revocó la sentencia del 30 de mayo de 2014, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa Marta, que «declaró administrativamente responsable a la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral por la falla en el servicio que provocó los perjuicios alegados en la demanda en contra del accionante», para en su lugar declarar probada la excepción de caducidad.Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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3. Lo anterior, dentro del proceso de reparación directa, con radicado n.° 4700133-31-002-2013-00558-00, en el que actuaron como demandantes los señores

Alejandro Mario Palacio Valencia, Alexandra Paola Palacio Zawady, Carlos Mario Palacio Zawady, Miládis Mercedes Zawady Barco y Alejandro Manuel Palacio

33-31-002-2013-00558-00, en el que actuaron como demandantes los señores Alejandro Mario Palacio Valencia, Alexandra Paola Palacio Zawady, Carlos Mario Palacio Zawady, Miládis Mercedes Zawady Barco y Alejandro Manuel Palacio Zawady (menor para la época), y como demandados la Nación - Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta.

4. Dicho medio de control se instauró con el propósito de obtener la indemnización de los perjuicios económicos generados con ocasión de la presunta falla en el servicio cometida por la Nación - Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el distrito de Santa Marta , que impidió «al recurrente ocupar su cargo como concejal electo para el periodo 2004 – 2007, que va desde el 1 .º de enero de 2004 hasta su efectivo nombramiento como concejal del distrito de Santa Marta, e l día 2 de febrero de 2006» ; lo cual fue resuelto al interior del medio de control de nulidad electoral, que cursó con radicado n.° 47001 -23-31000-2004-02331-01, que ordenó un nuevo escrutinio.

1.2. Pretensiones

5. Con base en lo anterior, la parte acto ra solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

la nulidad del proceso a partir de la decisión proferida, se retrotraiga la actuación dentro del proceso 47-001-3333-001-201300588-01, y en consecuencia se dicte una decisión de fondo que reemplace la declaratoria de caducidad del medio de control.1

dentro del proceso 47-001-3333-001-201300588-01, y en consecuencia se dicte una decisión de fondo que reemplace la declaratoria de caducidad del medio de control.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

6. Mediante el acta parcial del escrutinio de los votos para Concejo Municipal, formulario E -26, suscrito por los delegados del Consejo Nacional Electoral para el departamento del Magdalena, el 7 de diciembre de 2003 se declaró la elecc ión de los concejales 2 del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para el período 2004 a 2007.

1 Corresponde al texto de la demanda, por lo que puede contener errores. 2 «Héctor Ignacio Rodríguez Aceve , Francisco Paternostro Insignares , Romualdo de Jesús Macías Sobri, Orlando José Cardiles Hernández , Humberto Alfonso Díaz Costa , Silvia Leopoldina Palacio de Méndez, Carlos Urbano Díazgranados Lac , Otálvaro R. Buelvas Alvarado , Iván Darío SaraviaDemandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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7. El señor Alejandro Palacio Valencia y otros aspirantes al concejo iniciaron el

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7. El señor Alejandro Palacio Valencia y otros aspirantes al concejo iniciaron el proceso de nulidad electoral, con radicado n.° 47001-23-31-000-2004-02331-00, el cual fue resuelto en primera instancia, mediante sentencia del 11 de enero de 2005, por el Tribunal del Magdalena, en la que, entre otras órdenes, se declaró la nulidad del acto administrativo del 7 de diciembre de 2003, por medio del cual se elegía el Concejo Distrital de Santa Marta para el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007 y ordenó la práctica de un nuevo escrutinio.

8. Dicha decisión fue apelada por las partes intervinientes, y resuelta en segunda instancia el 17 de noviembre de 2005 3 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual resolvió confirmar parcialmente la parte resolutiva , en los

siguientes términos:

1° Confírmase parcialmente el numeral 1° de la parte resolutiva de la sentenci a proferida el 11 de enero de 2005 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, esto es, en cuanto declaró la nulidad del acto que declaró la elección de los concejales del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para el período 2004 a 200 7. Igualmente, el numeral 2°, únicamente en su encabezado, en cuanto ordenó la práctica de un nuevo escrutinio.

9. Dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del ad quem, se realizó la

Igualmente, el numeral 2°, únicamente en su encabezado, en cuanto ordenó la práctica de un nuevo escrutinio.

9. Dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del ad quem, se realizó la práctica de los nuevos escrutinios y con la expedición de la credencial el 2 de febrero de 2006, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, se declaró al señor Alejandro Mario Palacio Valencia concejal por la circunscripción electoral del distrito de Santa Marta, para el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007.

10. El accionante4 interpuso medio de control de reparación directa el 24 de enero 2008, contra la Nación - Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y el distrito de Santa Marta, con radicado n.° 470 01-33-33-002-201300588-01, con el objeto de que se «declarara a dichas entidades administrativas y patrimonialmente responsables por impedir que el señor Alejandro Palacio Valencia como concejal de Santa Marta, elegido para el periodo 2004 -2007 ejerciera su periodo constitucional de 4 años, a partir del momento en que la jurisdicción administrativa declaró su elección; y que como consecuencia de la anterior

Caballero, Luis Miguel Gómez Cotes , Marta Josefina Abello Silva , Jorge Rafael Linero Santodomingo , Rafael Em ilio Noya García , Alberto Javier Cotes Mora , Issa Eljadue Gutiérrez , Adolfo Mario Gómez Ceballos, Juan Carlos Palacio Salas , Jorge Isaac Noguera Bolaño , y Edgar Santos Romero ». (Sentencia de segunda instancia del 17 de noviembre de 2005, del Consejo de Est ado, Sección Quinta).

Ceballos, Juan Carlos Palacio Salas , Jorge Isaac Noguera Bolaño , y Edgar Santos Romero ». (Sentencia de segunda instancia del 17 de noviembre de 2005, del Consejo de Est ado, Sección Quinta). 3 Notificada por edicto el 28 de noviembre de 2005 y ejecutoriada el 5 de diciembre del mismo año. 4 Junto con Alexandra Paola Palacio Zawady, Carlos Mario Palacio Zawady, Miládis Mercedes Zawady Barco y Alejandro Manuel Palacio Zawady (menor para la época).Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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4 declaración, se condenara a las entidades en mención a pagar a los actores los perjuicios materiales y morales derivados de los hechos anteriores», pues solo pudo ocupar el cargo a partir del 2 de febrero de 2006.

11. Mediante sentencia proferida el 30 de mayo de 2014, por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa M arta, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y se declaró administrativamente responsable5 a la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral por la falla en el servicio que provocó los perjuicios alegados en la demanda en contra del accionante.

12. Lo anterior con fundamento en la sentencia del 17 de noviembre de 2005, de

Nacional Electoral por la falla en el servicio que provocó los perjuicios alegados en la demanda en contra del accionante.

12. Lo anterior con fundamento en la sentencia del 17 de noviembre de 2005, de la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró nula la elección inicial de los concejales del distrito de Santa Marta, al encontrar incong ruencias, tachaduras, enmendaduras y falsedades entre los formularios diligenciados por los jurados de votación y la Comisión Escrutadora Distrital, formularios que motivaron a la declaratoria de elección inicial, que estaba viciada de nulidad por la causa l establecida en el numeral 2 .° del artículo 223 del C.C.A., impidiendo que los candidatos que de verdad debían posesionarse ocuparan su cargo, situación que no tenían porqué soportar.

13. Dicha decisión fue apelada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y parcialmente por la parte demandante porque no se reconocieron los perjuicios morales a su núcleo familiar.

14. En sentencia de segunda instancia del 26 de abril de 2023 , el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la sentencia proferida en prime ra instancia, y declaró probada la excepción de caducidad de la acción, con base en que el término de caducidad se debe contabilizar a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de la elección del Concejo Distrital de Santa Marta es decir, el 5 de diciembre de 2005.

5 «Condenó a las entidades demandadas a pagar solidariamente por concepto de perjuicios morales el

diciembre de 2005.

5 «Condenó a las entidades demandadas a pagar solidariamente por concepto de perjuicios morales el valor de cuarenta (40) salarios mínimos, mensuales, legales, vigentes a favor del señor Alejandro Palacio Valencia y por perjuicios materiales lo siguiente: Por concepto de daño emergente la suma de veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuarto pesos $ 27'441.454.00. y por concepto de lucro cesante consolidado la suma de cincuenta y cinco millone s trescientos dieciséis mil trescientos cuarenta y dos pesos con diecisiete centavos $55'316.342.17. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda.»Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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5 1.4. Fundamentos de la vulneración

15. El señor Alejandro Mario Palacio Valencia c onsideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , al incurrir en «vías de hecho por error judicial», con la declaración de caducidad para la presentación del medio de control de reparación directa , en la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena , en consideración a que el conteo del término de caducidad lo hizo en un momen to anterior al que se configura la situación jurídica consolidada, lo que le impidió a las partes conocer una decisión de fondo.

Administrativo del Magdalena , en consideración a que el conteo del término de caducidad lo hizo en un momen to anterior al que se configura la situación jurídica consolidada, lo que le impidió a las partes conocer una decisión de fondo.

16. Indicó que, el momento a partir del cual se debe iniciar a contar el término de la caducidad de la acción no es la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que declaró nulo el acto de elección inicial que nombró al Concejo distrital de Santa Marta para el periodo 2004 - 2007 y, en consecuencia, ordenó realizar nuevos escrutinios , sino, el momento posterior a la realización de los nuevos escrutinios, con la expedición de las credenciales a los concejales que debieron quedar electos inicialmente.

17. Consideró que, lo que le otorgó el derecho al accionante fue la declaratoria de su elección mediante la expedición de la credenc ial, hecho que ocurrió el 2 de febrero de 2006 , después de realizado el escrutinio ordenado en la sentencia de segunda instancia proferida dentro del medio de control de nulidad electoral por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 17 de noviembre de 20 05, notificada por edicto el 28 de noviembre de 2005 y ejecutoriada el 5 de diciembre del 2005 , y no dicha sentencia.

18. Agregó que, en este sentido, la demanda de reparación directa fue presentada oportunamente el 24 de enero de 2008 , cuando aún no se cumpl ía el término de caducidad, por lo tanto, no era procedente que se declarara por parte del ad quem.

19. Destacó que se presentó un error de i nterpretación del precedente, con

caducidad, por lo tanto, no era procedente que se declarara por parte del ad quem.

19. Destacó que se presentó un error de i nterpretación del precedente, con respecto a partir de qué momento se deb ía iniciar a contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa, para lo cual cit ó apartes de las sentencias proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 29 de noviembre de 2018, expediente 47.308 6, y por la Corte Constitucional, T-667 de 20157.

6 «(...) al tratarse de casos relacionados con lesiones personales cuya existencia sólo se conoce d e forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, se hace necesario reiterar la jurisprudencia mayoritaria de esta Sala que indica que, según cada caso, será el juez quien defina si contabiliza la caducidad desd e el momento de la ocurrencia del daño o desde cuando el interesado tuvo conocimiento del mismo, es decir, que impone unas consideraciones especiales que deberán ser tenidas en cuenta por el instructor del caso. "Lo anterior, por cuanto elDemandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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20. Lo anterior, teniendo en cuenta el efecto jurídico que produce la sentencia electoral, que con la declaratoria de nulidad del acto de elección del Concejo Distrital

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20. Lo anterior, teniendo en cuenta el efecto jurídico que produce la sentencia electoral, que con la declaratoria de nulidad del acto de elección del Concejo Distrital de Santa Marta, se retrotrajeron las cosas a su estado anterior, es decir, al momento en que todos los candidatos se encontraban en igualdad de condiciones, con la incertidumbre de si con el resultado de las votaciones que iban a obtener y confirmarse con el escrutinio, lograban obtener la curul en el concejo, lo que se constituía una mera expectativa.

21. Indicó que el hecho de que la demanda de nulidad electoral hubiera resultado favorable para quienes la interpusieron, no indica que haya constituido un derecho adquirido para los demandantes, pues en la sentencia mediante la cual se declara la nulidad del acto de elección en mención, no se orden ó que se nombr aran a los que posteriormente fueron elegidos creando situaciones definitivas, sino que , por el contrario, ordenó la práctica de unos nuevos escrutinios.

22. Manifestó que no es cierto que se pueda colegir que, a partir de una situación jurídica no consolidada, como lo es la mera expectativa constituida con la nulidad del acto electoral declarada por la Sección Quinta d el Consejo de Estado, se pueda afirmar que se tenía la certeza del daño y que es a partir de ese momento que se debe iniciar la contabilización del término de caducidad. La certeza de la ocurrencia del daño se da con la expedición de la credencial que declara la elección de concejal del señor Alejandro Palacio, pues ésta crea u na situación jurídica consolidada en un derecho adquirido, del que a partir de su expedición, es posible concluir que tenía

del daño se da con la expedición de la credencial que declara la elección de concejal del señor Alejandro Palacio, pues ésta crea u na situación jurídica consolidada en un derecho adquirido, del que a partir de su expedición, es posible concluir que tenía derecho a ser electo desde el 1.° de enero de 2004, antes no.

23. Señaló que no es posible hablar de derecho a obtener la credencial, cuando en ese momento no se tenía la certeza de los resultados de los escrutinios, en ese sentido todos los candidatos tenían derecho entonces a impetrar acción de reparación directa, lo que es un absurdo porque faltaría el elemento del daño al no tener certeza de si se iba adquirir el derecho que sólo otorga la credencial, además,

juez puede encon trarse con diversos escenarios, a saber: "i) Ocurrido el hecho dañoso, inmediatamente se conoce del daño, esto porque es evidente es decir, el hecho y el conocimiento del daño son concomitantes, y desde allí se debe contar el término de caducidad; "i) Cuan do se causa el daño, pero no se tiene conocimiento sobre ello, en este caso el término se cuenta desde que se conoce el daño». 7 «En primer lugar, y en aplicación de la regla general, cuando el hecho, omisión u operación son instantáneos, la caducidad ope ra desde el día siguiente en que se concreta el generador del daño, “esto es la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo". En segundo lugar, cuando el hecho generador del daño se prolongue en el tiempo, en cuyo caso la caducidad se contabiliza a partir del

confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo". En segundo lugar, cuando el hecho generador del daño se prolongue en el tiempo, en cuyo caso la caducidad se contabiliza a partir del último suceso dañino. Y, en tercer lugar, cuando el hecho generador del daño es oculto, la caducidad se cuenta a partir del día siguiente al que la persona tuvo conocimiento del daño, pues lógicamente el tiempo transcurrido es bastante posterior a la ocurrencia del hecho.»Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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7 cómo iban a tasar esos daños si tampoco había certeza de que habían quedado electos y no pudieron percibir los salarios, emolumentos, comisiones por sesión y demás emolumentos propios del cargo.

24. Agregó que la sentencia que declaró la nulidad de la elección de los concejales del distrito de Santa Marta , puso fin a una situación jurídica que le otorgaba unos derechos a los concejales elegidos inicialmente, pero como se desvirtuó la presunción de legalidad de dicho acto, lo que hizo fue retrotraer las cosas a su estado anterior, sin generar una situación particular al tutelante, cosa que sí sucede cuando en cumplimiento a lo ordenado por la sentencia se vuelven a practicar los es crutinios y del resultado de la práctica de es tos es que se expide la

cosas a su estado anterior, sin generar una situación particular al tutelante, cosa que sí sucede cuando en cumplimiento a lo ordenado por la sentencia se vuelven a practicar los es crutinios y del resultado de la práctica de es tos es que se expide la credencial que le otorgó el derecho al accionante, lo que ocurre el 2 de febrero de 2006, acto que generó una situación jurídica consolidada y de carácter particular, a partir de la cual se puede afirmar que se tenía certeza de que existió el daño porque no había podido ocupar su cargo como concejal electo del distrito de Santa Marta.

25. En memorial del 14 de septiembre de 2023 , adujo que se vulnera el artículo 139 del Código de Procedimi ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA), referente a la nulidad electoral.

1.5. Trámite de la acción de tutela

26. Mediante auto del 31 de agosto de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma actuación ordenó:

1. notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena, como autoridad judicial accionada;

1. vincular en calidad de terceros con interés, al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa Marta, quie n profirió la sentencia de primera instancia; a los señores Alexandra Paola Palacio Zawady, Carlos Mario Palacio Zawady, Miládis Mercedes Zawady Barco y Alejandro Manuel Palacio Zawady (menor para la época), quienes actuaron en calidad de demandantes y a l a Nación - Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el distrito de Santa Marta, en calidad de demandados, dentro del medio de control de reparación

actuaron en calidad de demandantes y a l a Nación - Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el distrito de Santa Marta, en calidad de demandados, dentro del medio de control de reparación directa, con radicado n.° 47001-33-33-002-2013-00588-01;

1. requerir al Trib unal Administrativo del Magdalena y al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Santa Marta, para que alleguen copia digital íntegra del expediente del medio de control de reparación directa n.°

47001-33-33-002-2013-00588-01;Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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8 iv) requerir al Tribu nal Administrativo del Magdalena, para que allegue copia digital integra del expediente del medio de control de nulidad electoral con radicado n.° 47001-23-31-000-2004-02331-01;

1. requerir a la Secretaría General de esta Corporación y del Tribunal Administrativo del Magdalena, para que publiquen en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca los referidos documentos y pue da intervenir en el trámite constitucional de la referencia;

1. vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca los referidos documentos y pue da intervenir en el trámite constitucional de la referencia;

1. vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

27. Luego de surtido el debate en torno al proyecto de sentencia en la Sala de Decisión realizada el 5 de octubre de 2023, no se logró obtener el quórum reglamentario para ser aprobada tal decisión, razón por la cual, mediante auto de la misma fecha se solicitó a la Secretaría General de esta Corporación el sorteo de conjueces.

28. Sin embargo, con la posesión del nuevo magistrado8 la composición de la Sala cambió, por lo tanto, no se hacen necesarios dichos nombramientos.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente, se presentaron las siguientes respuestas:

1.6.1. Consejo Nacional Electoral

29. La profesional universitaria de la oficina de asesoría jurídica y defensa judicial del Consejo Nacional Electoral señaló que en el presente caso hay una falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de esa corporación, por cuanto el accionante está atacando un fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena y porque el Consejo Nacional Electoral no ejerce control jurisdiccional al ser una entidad meramente administrativa incapaz de emitir sentencias.

8 El doctor Omar Joaquín Barreto Suárez, tomó posesión del cargo el 18 de octubre de 2023.Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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9 1.6.2. Tribunal Administrativo del Magdalena

30. La magistrada ponente de la decisión del 26 de abri l de 2023 , pidió que se niegue la solicitud de amparo, en consideración a que está dirigida a revivir los términos ya precluidos, y a desconocer la decisión pr oferida por el juez natural del proceso. Agregó que no se advierte que se hayan desconocido los derechos fundamentales del accionante y que se actuó con apego a las normas procedimentales aplicables al caso concreto.

31. Indicó que el término para la pres entación oportuna de la demanda inició a partir del día siguiente a aquel en el que quedó ejecutoriada la sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral, es decir, el 6 de diciembre de 2005; culminando dicho lapso el 6 de diciembre de 2007.

32. Destacó que el medio de control de reparación directa fue presentado el 24 de enero de 2008, esto es, un mes y 18 días después de haber fenecido el plazo para interponer en tiempo la correspondiente demanda. Agregó que,

no era posible acudir a la figura de daño continuado o de tracto sucesivo como lo

enero de 2008, esto es, un mes y 18 días después de haber fenecido el plazo para interponer en tiempo la correspondiente demanda. Agregó que,

no era posible acudir a la figura de daño continuado o de tracto sucesivo como lo aplicó el a quo en la sentencia recurrida, pues el daño antijurídico en este caso se concretó con la sentencia del 17 de noviembre de 2005, proferid a por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual el máximo Tribunal decidió confirmar parcialmente la parte resolutiva de la sentencia de 11 de enero de 2005 de esta Corporación, en cuanto declaró la nulidad del acto que declaró la elección de los Concejales del Distrito de Santa Marta, para el periodo 2004 a 2007; y fue a partir de la notificación de esta providencia cuando la parte actora conoció de la existencia de su derecho a obtener su credencial de Concejal del Distrito de Santa Marta y no a partir de la declaratoria de elección como concejal que concedieron los magistrados de este Colegiado.

33. Manifestó que con fundamento en lo anterior se revocó sentencia de primera instancia, y en su lugar, se declaró probada la excepción de caducidad.

1.6.3. Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta (permanente)

34. El secretario del Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta indicó que el radicado 2013 -00588, corresponde a un proceso ejecutivo , y que el Juzgado Primero Administrativo de De scongestión desapareció hace varios años , el cual cuando estuvo funcionando recibía procesos de varios Juzgados Administrativos de

el radicado 2013 -00588, corresponde a un proceso ejecutivo , y que el Juzgado Primero Administrativo de De scongestión desapareció hace varios años , el cual cuando estuvo funcionando recibía procesos de varios Juzgados Administrativos de Santa Marta, incluido el Juzgado Primero Administrativo (permanente).Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2023-04295-00

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10 1.6.4. Registraduría Nacional del Estado Civil

35. El jefe de la oficina jurídica indicó que la presente demanda constitucional no cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, para lo cual citó apartes de las sentencias T-215 de 2013 , C-590 de 2005 y T-016 de 2019.

36. Al respecto señaló que la parte actora se limit ó a controvertir la caducidad decretada por el Tribunal Administrativo del Magdalena argumentando una supuesta «presentación en tiempo y dentro del término» de la acción de reparación directa, sin un soporte legal o jurisprudencial que respalde su postura, pasando por alto que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, y que la solicitud de amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajena a estas características.

37. Agregó que