CE - 110010315000202304337001SENTENCIA20230922114016

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

Demandante: Amparo Ospina Carvajal

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

Demandante: AMPARO OSPINA CARVAJAL

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra fallo disciplinario .

Falta de cumplimiento de requisitos generales

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Amparo Ospina Carvajal contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca -hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca -, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Valle del Cauca -, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Amparo Ospina Carvajal interpuso acción de tutela contra las citadas autoridades disciplinarias, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«(…)

SEGUNDA. - Consecuencialmente, ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que dentro del término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profiera nueva providencia absolviendo a la suscrita en la mentada causa disciplinaria».

Como medida provisional solicitó:

«Con mi acostumbrado respeto, encarezco se estudie la viabilidad de decretar en modo positivo, medida provisional en mi favor, consistente en ordenar la suspensión de la sanción impuesta mientras se resuelve de fondo en la presente acción.

Por cuanto la decisión sancionatoria consistente en remoción de mi cargo de Juez de Paz de la Comuna 5 de Cali concurre la convalidación de un perjuicio irremediable por las entidades accionadas. (…)».Radicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

Demandante: Amparo Ospina Carvajal

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2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Amparo Ospina Carvajal, Juez de Paz de la Comuna 5 de Cali , profirió los fallos JPC5-019-14 del 14 de febrero del año 2014 y de reconsideración JPRC5006-14 del 29 de abril del 2014, en los que le ordenó a los señores Víctor Hugo Jauregui y María del Pilar Plaza Velásquez desocupar y entregar real y materialmente un inmueble al señor Pedro Rojas Moreno y declaró terminada la relación contractual derivaba del contrato de arrendamiento.

La Secretaría de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios de la Alcaldía de Santiago de Cali presentó queja disciplinaria contra la señora Amparo Ospina Carvajal, al considerar que se extralimitó en sus funciones al proferir los citados fallos sin tener competencia.

La entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca , en providencia del 8 de febrero del 2019, formul ó cargos1 y en sentencia del 11 de diciembre de 2020, encontró responsable disciplinariamente a la señora Amparo Ospina Carvajal. En consecuencia, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, impuso sanción de remoción de cargo.

Al efecto, la Sala precisó que no existió razón para declarar ni la prescripción ni la

Ospina Carvajal. En consecuencia, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, impuso sanción de remoción de cargo.

Al efecto, la Sala precisó que no existió razón para declarar ni la prescripción ni la caducidad de la acción disciplinaria y, al continuar con el análisis de la responsabilidad, determinó que se incurrió en f alta que calificó como dolosa, porque, en calidad de Juez de Paz de la Comuna 5 de Cali, desconoció los artículos 5, 8, 9, 23, 29 y 32 de la Ley 497 de 1999, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, al tramita r y falla r un conflicto para el cual carecía de competencia, además de rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Víctor Hugo Martínez Jauregui por extemporáneo, sin que existi era constancia alguna de la notificación de la sentencia, ni de la fecha de recibido del recurso2.

La señora Ospina Carvajal interpuso recurso de apelación en el que adujo que no fue notificada en debida forma del proceso, por lo que no tuvo conocimiento de este, al punto que se le asignó defensor de oficio y sostuvo que solo recibió notificación electrónica para alegar de conclusión. Como fundamento del recurso, indicó que a los Jueces de Paz se les asignó la competencia para decidir sobre los asuntos que los particulares pongan a su consideración, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 497 de 19993, con fundamento en lo cual afirmó que , en el asunto que tramitó, se

los particulares pongan a su consideración, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 497 de 19993, con fundamento en lo cual afirmó que , en el asunto que tramitó, se

1 Se le formuló cargo único, en los siguientes términos: “Derivado de asumir el conocimiento de la solicitud No. 0316-13, y haber tramitado el conflicto hasta su culminación a pesar de no tener competencia para ello, por ser propio de la jurisdicción civil, incurriendo en el desconocimiento de los artículos 5, 8, 9, 23, 29 y 32 de la Ley 497 de 1999, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, al haber declarado el recurso de reconsideración por extemporáneo, sin que figurara constancia de notificación al señor Víctor Hugo Martínez, afectando aparentemente el debido proceso que le asistía; actuaciones con las cuales puede est ar incursa en falta disciplinaria”. 2 Lo anterior, en la medida en que, se atribuyó competencia en el trámite de restitución de un inmueble arrendando, que era de competencia de la jurisdicción civil, que requería de solemnidades estipuladas por la ley, a pesar de su condición de Juez de Paz y de tener el título de abogada, pese a ello, profirió un fallo en equidad y resolvió un recurso de reconsideración sin tener competencia para ello. 3 “Artículo 9. Competencia. Los jueces de paz conocer án de los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de com ún acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacci ón, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuant ía no superior a los cien

voluntaria y de com ún acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacci ón, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuant ía no superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

Demandante: Amparo Ospina Carvajal

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observó el procedimiento previsto , con respeto del derecho al debido proceso de las partes y de los terceros, y agregó que el parágrafo del artículo 29 de la Ley 497 de 1999, establece que el acta de la audiencia de conciliación en la que conste el acuerdo a que hubieran llegado las partes y la sentencia, tendrán los mismos efectos que las sentencias proferidas por los jueces ordinarios.

Dijo que, como juez de paz, ante el conflicto puesto a consideración, procedió a valorar las pruebas, que la decisión la tomó basada en su sentido común y no en condición de abogada, que con las pruebas aportadas se p odía verificar que los señores Víctor Hugo Jauregui y María del Pilar Plaza Velásquez suscribieron el acta de “aceptación” de la Jurisdicción de paz, con la invitación que se les hizo, lo que,

señores Víctor Hugo Jauregui y María del Pilar Plaza Velásquez suscribieron el acta de “aceptación” de la Jurisdicción de paz, con la invitación que se les hizo, lo que, afirmó, demuestra que estos aceptaron voluntariamente someter el conflicto que tenían con el señor Pedro Rojas Moreno a la justicia de paz, evento que activ ó la competencia de esa jurisdicción y desplazó la que en principio podría corresponder al juez ordinario. Alegó indebida valoración probatoria, por considerar que no se analizó en su integridad y en forma armónica las pruebas allegadas al proceso, especialmente el fallo en equidad y reconsideración y seguidamente relacionó la pruebas que consideró desconocidas.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial , en sentencia del 15 de marzo de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual, previamente, descartó el alegato de la indebida notificación y vinculación al proceso disciplinario, negó la solicitud incorporar las copias de la actuación 0316-13 en el trámite de la segunda instancia, en el entendido de que desde la fase de indagación preliminar se había incorporado ese expediente al proceso, que sirvió, incluso, de sustento probatorio del pliego de cargos.

En relación con el argumento consistente en que existió acuerdo entre las partes para someter a la jurisdicción de paz el conflicto, la Sala concluyó que, de las copias del procedimiento, se evidenció que el asunto se promovió unilateralmente por el señor Pedro Rojas Moreno, lo cual fue admitido en el fallo en equidad del 14 de febrero de 2014, en el Oficio 1JPC5-039-13 del 27 de enero de 2014, en el que se

señor Pedro Rojas Moreno, lo cual fue admitido en el fallo en equidad del 14 de febrero de 2014, en el Oficio 1JPC5-039-13 del 27 de enero de 2014, en el que se informó a los señores Víctor Hugo Martínez Jáuregui y María d el Pilar Plaza que fueron vinculados al trámite, y en el escrito del 15 de marzo de 2016, en el que se dejó constancia que se requirió a estas personas y se les hizo firmar acta de sometimiento voluntario a la justicia de paz, lo cual riñe con el artículo 9 de la Ley 497 de 1999.

Igualmente, d estacó que la juez de paz resolvió en fallo de equidad hacer prevalecer la cesión de derechos realizada por el señor Pedro Rojas Moreno por encima de otros negocios jurídicos y ordenó oficiar a la Secretaría de Vivienda Social del municipio de Santiago de Cali para que adoptara decisiones administrativas en cumplimiento de su orden, es decir, reconocer como cesionario al señor Rojas Moreno, lo que escapaba de la órbita de su competencia porque el traspaso de bienes inmuebles es un asunto de carácter solemne, no desconocido por la investigada, quien es profesional del derecho. Adicionalmente, señaló que si no tenía competencia sobre la titularidad del predio, mucho menos para dar trámite al recurso de reconsideración, como lo hizo en la decisión JPRC5-006-14 del 29 de abril de 2014, en el que nombró a otr os jueces de paz para que resolviera n el recurso de reconsideración, conformó un cuerpo colegiado, esto es, la juez de pazRadicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

abril de 2014, en el que nombró a otr os jueces de paz para que resolviera n el recurso de reconsideración, conformó un cuerpo colegiado, esto es, la juez de pazRadicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

Demandante: Amparo Ospina Carvajal

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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de conocimiento y dos de reconsideración y apoyó la decisión unánime de rechazar por extemporáneo el recurso.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , las autoridades demandadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso.

Se limitó a decir que las autoridades disciplinarias i ncurrieron en los defectos procedimental absoluto, fáctico “por indebida valoración probatoria de los medios que acreditan el omitido juicio de tipicidad”, sustantivo, “por interpretación de la Ley 497 de 1999, la cual catalogó como contraria a la Constitución y al bloque de constitucionalidad ”, por desconocimiento del precedente judicia l de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente, del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la sentencia C -111 de 2019 de la Corte Constitucional , sin embargo, no explicó las razones de su dicho.

Humanos, concretamente, del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la sentencia C -111 de 2019 de la Corte Constitucional , sin embargo, no explicó las razones de su dicho.

Agregó que las autoridades demandadas omitieron efectuar un “juicio de tipicidad a las luces de lo establecido en el artículo 34 de al ley 497 de 1999, cuestión que condujo a la errada transgresión de los artículos 5, 8, 9, 23, 29 y 32 de dicha ley, y artículo 29 constitucional, respectivamente, conforme al pliego de cargos formulado y fallo de primera instancia en atención al principio de congruencia en materia disciplinaria”.

Catalogó las decisiones cuestionadas como violatorias del derecho al debido proceso, porque , “los jueces de paz y de reconsideración, por ser funcionarios de elección popular, al establecerse la terminación de la relación del servidor público por remoción del cargo, vulnera el artículo 93 de la Constitución, en la medida en que, en virtud del artículo 23 de la CADH, la limitación de derechos políticos solo se puede hacer «por juez competente, en proceso penal»”.

Finalmente, dijo que “no efectuaron el control oficioso de convencionalidad, así como tampoco realizaron análisis alguno de las pruebas obrantes dentro del expediente frente a la aplicación de la tipicidad y gradualidad de la sanción de remoción que se me impuso”.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador, en auto del 15 de agosto de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, a los Magistrados que conforman la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina

El despacho sustanciador, en auto del 15 de agosto de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, a los Magistrados que conforman la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle del Cauca . Asimismo, publicar en la página web del C onsejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle del Cauca hizo relación de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario, con las respectivas constancias de notificación y allegó el expediente digital. Solicitó negar la acción de tutela.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial allegó informe en el que indicó que, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 14 de la Ley 497 de 1999 y jurisprudencia deRadicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

Demandante: Amparo Ospina Carvajal

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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la Corte Constitucional, los jueces de paz y los jueces de reconsideración son particulares que administran justicia y son elegidos popularmente, sin embargo, el hecho de que sean elegidos por voto popular no otorga la calidad de funcionarios,

la Corte Constitucional, los jueces de paz y los jueces de reconsideración son particulares que administran justicia y son elegidos popularmente, sin embargo, el hecho de que sean elegidos por voto popular no otorga la calidad de funcionarios, dado que los mismos no poseen una vinculación legal y reglamentaria con el Estado.

Indicó que de ninguna forma la Comisión Nacional de Disciplina Judicial trasgredió el debido proceso con la imposición de la sanción de remoción del cargo, en su calidad de Juez de Paz de la Comuna 5 de Cali, entre los años 2012 a 2017.

Dijo que, aunque la parte actora alega un “defecto fáctico por indebida valoración probatoria de los medios que acreditan el omitido juicio de tipicidad”, a folios 11 a 14 visibles de la decisión se evidencia que el cuerpo colegiado realiz ó un análisis serio y detallado del material probatorio que obro en el expediente, por supuesto, circunscrito al principio de limitación que caracteriza la resolución del recurso de apelación y destacó que, la tutelante no logr ó siquiera precisar cuál medio de prueba fue omitido o analizado de forma errónea.

Explicó que en el escrito de apelación que correspondió resolver a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la juez de paz no edificó algún reparo sobre el juicio de adecuación típica y ahora en la acción de tutela busca debatirlo. En todo caso, precisó que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca -en la actualidad Comisión Seccionalcalificó en debida forma el comportamiento de la disciplinada, como se refleja en la providencia adoptada el 11 de diciembre de 2020, pues, de

Comisión Seccionalcalificó en debida forma el comportamiento de la disciplinada, como se refleja en la providencia adoptada el 11 de diciembre de 2020, pues, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 497 de 1999 , el disciplinado debe ser removido del cargo “cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales”, con acierto formuló cargos y luego sancionó a la señora Amparo Ospina Carvajal.

Finalmente, sostuvo que este instrumento constitucional no fue instituido como tercera instancia o herramienta para modificar decisiones proferidas en desarrollo de procesos jurisdiccionales disciplinarios agotados en su totalidad, dentro de los cuales se establecieron los mecanismos para que los intervinientes pudieran controvertir las diferentes actuaciones y proteger sus derechos, ni mucho menos como un medio para revivir términos o discutir nuevamente asuntos probatorios.

Solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar u n perjuicio irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

Demandante: Amparo Ospina Carvajal

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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la af ectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 4 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 5 y específicas 6 de

sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 5 y específicas 6 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Amparo Ospina Carvajal pretende que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial proferir nueva decisión en el marco del proceso disciplinario con radicado número 7600111020150206101 y, en su lugar, se profiera nueva decisión en la que se absuelva de responsabilidad disciplinaria.

En el escrito de tutela la parte actora relacionó como configurados los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, a pesar de que no desarrolló los argumentos en que sustentaba su dicho, de lo expuesto es posible advertir que sustenta su inconformidad, de manera general, en la presunta omisión en efectuar un juicio de tipicidad y gradualidad de la sanción, como en el desconocimiento de que fue elegida por elección popular.

Al respe cto, la Sala advierte necesario determinar si la acción de tutela de la referencia cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

4 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después de l pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 d e julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 5 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 6 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno

de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda

razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda deRadicado: 11001-03-15-000-2023-04337-00

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derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir

demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces