CE - 110010315000202304350001SENTENCIA20230928152205

Demandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04350-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04350-00

Demandante: ERIKA JOHANA CAMPO CHASOY Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –– falla en el servicio médico – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por la señora Erika Johana Campo Chasoy y otros contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

I.ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito interpuesto el 15 de agosto de 2023, los señores Erika Johana Campo Chasoy, Luz Mariela Chasoy Piamba, Sandra Yulieth Campo Chasoy, James Andrés

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito interpuesto el 15 de agosto de 2023, los señores Erika Johana Campo Chasoy, Luz Mariela Chasoy Piamba, Sandra Yulieth Campo Chasoy, James Andrés Campo Chasoy, Luz Marina Campo Campo, Santiago Campo Campo y Amparo Campo Campo, mediante apoderado judicial, instauraron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales «a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral».

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del fallo proferido por la autoridad judicial demandada el 8 de febrero de 2023, mediante el cual se revocó la sentencia dictada por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa, con radicado 11001-33-36-0372017-00203-01, promovida por la parte actora contra el Instituto Nacional Penitenciario

y Carcelario, INPEC.

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de su s derechos fundamentales y como consecuencia pidió:Demandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

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(…) Que se deje sin efectos la sentencia proferida el día 8 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C.

Y en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Tercera Subsección C, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, dicte nueva providencia y proceda a confirmar la proferida por el Juzgado 37 Administrativo Oral Del Circ uito Judicial de Bogotá de fecha tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 11 de agosto de 2017, la parte actora instauró el medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por los perjuicios sufridos con ocasión del deceso del señor Robert James Campo Campo, el día 27 de septiembre de 2015 mientras se encontraba privado de su libertad . Lo anterior , al considerar que se presentó una falla en la prestación del servicio médico puesto que, si bien el recluso tuvo en accidente, no se obró de manera rápida, diligente e inmediata, esto es con la mayor pericia y el mínimo cuidado necesario, situación que le hizo perder el chance u oportunidad de recuperarse.

5. El 3 de marzo de 2021 el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito

esto es con la mayor pericia y el mínimo cuidado necesario, situación que le hizo perder el chance u oportunidad de recuperarse.

5. El 3 de marzo de 2021 el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que se demostró la falla en el servicio en la atención médica dado que una vez el interno Campo Campo tuvo el accidente, no se realizó una observación durante las 6 u 8 horas siguientes al trauma, tal como lo establecen las guías médicas, lo que impidió detectar que la salud del interno se estaba deteriorando y se había formado el hematoma.

Precisó que la responsabilidad era atribuible al INPEC, pues a pesar de no prestar el servicio de salud directamente, esta situación no exime de las responsabilidades legales como custodio y garante de los derechos de los internos.

6. Inconforme con la decisión, la parte demandada apeló el fallo, recurso que fue desatado el 8 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, sentencia mediante la cual revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

7. Como fundamento de su decisión explicó que, conforme a la normatividad vigente para la fecha de los hechos (Ley 1709 de 2014, Ley 1122 de 2007 y Decreto 2496 de 2012), y siguiendo el precedente de dicha sala, quien debía responder por las fallas relacionadas con la prestación del servicio médico de salud era la EPS encargada de prestar el servicio de salud al recluso , «no siendo procedente la imputación al INPEC,

2012), y siguiendo el precedente de dicha sala, quien debía responder por las fallas relacionadas con la prestación del servicio médico de salud era la EPS encargada de prestar el servicio de salud al recluso , «no siendo procedente la imputación al INPEC, máxime cuando el mismo actuó de forma diligente frente al traslado del recluso al área de sanidad a cargo de CAPRECOM.»Demandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

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1.3. Fundamentos de la vulneración

8. La parte actora, de manera preliminar, expuso que la solicitud de amparo cumpl ía los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, la demandante alegó que la sentencia acusada

incurrió en los siguientes vicios de fondo:

9. Defecto fáctico: La parte actora manifestó que el tribunal i) valoró pruebas que no fueron aportadas dentro de los términos establecidos por el legislador, en lo que tiene que ver con los contratos aportados en el recurso de apelación, y ii) dio por acreditada la falta de legitimación del Inpec sin estar probada la existencia de un negocio jurídico entre el INPEC y Caprecom en virtud del cual, esa EPS era la responsable de prestar los servicios médico -asistenciales a la población reclusa, debiendo de con star esta

la falta de legitimación del Inpec sin estar probada la existencia de un negocio jurídico entre el INPEC y Caprecom en virtud del cual, esa EPS era la responsable de prestar los servicios médico -asistenciales a la población reclusa, debiendo de con star esta solemnidad por escrito, y que si bien, obra contrato de aseguramiento 1172 de 22 de julio de 2009 celebrado entre el INPEC y Caprecom, el mismo no estaba vigente para el momento de los hechos.

10. Defecto sustantivo: Manifestó que existió un vicio relacionado con la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, puesto que i) se desconoció el hecho de que el INPEC incumplió con sus obligaciones relacionadas con proporcionar un médico para la atención de un recluso y no una enfermera auxiliar, omitiendo aplicar la resoluciones 663 de 1957 y 2076 de 1997; ii) no se aplicó ni interpretó debidamente la norma Ley 65 de 1993 y la Ley 1709 de 2014, cuando se señala que “el INPEC debe garantizar la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicas, y garantizar la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria ” y; iii) no se aplicó lo dispuesto en los numerales 10 del artículo 18, 5 y 7 del artículo 19 del Decreto 4151 de 2011 que establece que son funciones del INPEC: «supervisar la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad”, “programar y ejecutar acciones de auditar a las instituciones prestadoras de servicios de salud que hacen parte de la red de prestadores de

establece que son funciones del INPEC: «supervisar la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad”, “programar y ejecutar acciones de auditar a las instituciones prestadoras de servicios de salud que hacen parte de la red de prestadores de salud del régimen subsidiado del orden nacional, que prestan sus servicios a la población privada de la libertad».

11. Desconocimiento del precedente: Los tutelantes adujeron que se desconocieron precedentes del Consejo de Estado relacionados con el tema objeto de debate, en el cual, si se condenó al Inpec por la falla en servicio, a saber: i) sentencia del 8 de junio de 2022, radicado : 68001-2331-000-2011-00845-01; ii) la sentencia del 9 de julio de 2014, radicado 36554; ii) la sentencia con radicado 50348 del 5 de octubre de 2020: iii) la sentencia del 3 de abril de 2020 con radicado 45949; iv) la sentencia del 15 de julio de 2022 radicado 36.554.

12. Señaló que en dichas sentencias se estableció que la relación de sujeción del Estado, INPEC con las personas privadas de la libertad y en tal sentido , el deber de garantizarle entre otros el derecho a la salud. Igualmente, que es una obligaciónDemandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

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4 constitucional y legalmente establecida a cargo del INPEC la prestación del servicio de salud y que no se exime de responsabilidad por la suscripción de un contrato de aseguramiento con Caprecom.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

13. Mediante auto del 31 de agosto de 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, como autoridad judicial demandada.

14. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a al Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá ( a quo ordinario) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC (parte demandada).

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C

15. El ponente de la decisión cuestionada hizo un recuento d e las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso y solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, o en su lugar negar las pretensiones de amparo, como quiera que no se satisfacían los requisitos generales y específicos de procedencia de la

procesales surtidas al interior del proceso y solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, o en su lugar negar las pretensiones de amparo, como quiera que no se satisfacían los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción y tampoco se vulneraron los derechos fundamentales de los tutelantes, en tanto, la providencia de segunda instancia se profirió en debida forma, atendiendo al precedente jurisprudencial aplicable a la materia, las pruebas se analizaron bajo las reglas de la experiencia y la sana critica, de manera integral y se desataron en debida forma los problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación.

16. Concluyó que la negativa se basó en el análisis de las normas de lo cual se desprendió que no correspondía al INPEC para el momento de los hechos , proporcionar un médico para la atención del recluso, ya que esta era una función a cargo de la EPS (art. 6 Decreto 2496 de 2012). Además, adujo que se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 65 de 1993 fue modificado por el artículo 65 de Ley 1709 de 2014, que establece que el INPEC no proporciona el servicio de salud, como se hacía antes.

17. Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe de fondo del asunto.Demandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

18. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por los señores Erika Johana Campo Chasoy y otros de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021, e l artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, también modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 12 de marzo de 2019. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021, por ser esta Corporación el superior funcional de aquel.

2.2. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

20. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

20. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C vulneró los derechos fundamentales «a la igualdad, al debido proceso, ¿de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral»? Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 8 de febrero de 2023, mediante el cual se revocó la sentencia por el a quo, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó la falla en el servicio respecto del INPEC.

21. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 1 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

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6 contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema2 y declaró su procedencia.3

23. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

24. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

25. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como

razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

25. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

26. Cabe destacar que la Corte Constitucional 4 desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 4 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 4 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02 .20, Rad. 11001 -03-15-000-201905291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

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27. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

28. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

29. Así, respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones anteriormente anotadas.

30. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

31. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, en la que se indicó que para

las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

31. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, en la que se indicó que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se debían analizar dichos requisitos.

32. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

33. En la sentencia SU-215 de 20226, el alto tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial

tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.Demandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

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33. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 7 modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

34. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en

concreto se refieren a:

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

35. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste de relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y (iii)

relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha incurrido en uno de los defectos.

36. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada de aquella8.

37. A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el peticionario

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 8 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.Demandante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04350-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Rad: 11001-03-15-000-2023-04350-00

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9 está obligado a exponer de manera detallada las razones que sustentan su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la configuración de una causal especifica de procedencia.

2.5. Caso concreto

38. En el caso objeto de estudio, los argumentos esgrimidos por los accionantes no satisfacen el requisito de relevancia constitucional frente a los cargos de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, pues estos se sustentan los yerros parten de su inconformidad con la valoración probatoria y normativa que efectuó la autoridad judicial accionada respecto de la presunta falla en la prestación del servicio médico, puesto que a su juicio si el INPEC hubiese obrado de manera rápida, diligente e inmediata, esto es con la mayor pericia y el mínimo cuidado necesario, no se le habría hecho perder el chance u oportunidad de recuperarse el occiso.

39. Lo anterior porque a su juicio, dichos elementos de prueba no fueron analizados conforme a las reglas de la sana crítica, situación que conllevó a que no se encontrara demostrada la falla en el servicio en la atención médica prestada por el INPEC, dado que una vez ocurrido el accidente no se realizó una observación durante las 6 u 8 horas siguientes al trauma tal como lo establecen las gu