CE - 110010315000202304351011SENTENCIA20231130192911

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04351-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE

ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 20 de septiembre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo de la referencia.

1 En adelante la Sección Segunda.2

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y al principio de favorabilidad en materia laboral, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2 al haber proferido la providencia de 18 de abril de 2023 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 686793333003-2017-00019-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que mediante Resolución núm. 635 de 15 de julio de 2014 , fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales de la Planta Global de la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa – Santander por el término de 6 meses.

2 En adelante el Tribunal3

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

Refirió que mediante acto administrativo de 15 de julio de 2016 se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad, el cual, a su juicio, no se encontraba debidamente motivado.

Adujo que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio

dio por terminado su nombramiento en provisionalidad, el cual, a su juicio, no se encontraba debidamente motivado.

Adujo que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Barbosa y la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa, con el fin de que fuera reintegrada al cargo, proceso al cual le fue asignado el número único de radicación 2017-00019-00.

Manifestó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil 3 que, en sentencia de 26 de abril de 2019, denegó las pretensiones, al estimar que el acto administrativo acusado estuvo debidamente motivado.

Relató que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia de 18 de mayo de 2023, confirmó lo resuelto por el a quo, en la medida en que el nombramiento en provisionalidad estaba supeditado a la duración del cargo, por lo que la administración

3 En adelante el Juzgado.4

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estaba facultada para dar por terminada la relación laboral a l vencimiento del plazo pactado.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, en el presente asunto la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer que de conformidad con los artículos 125 de la Carta Política y 41 de la Ley

A juicio de la actora, en el presente asunto la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer que de conformidad con los artículos 125 de la Carta Política y 41 de la Ley 909 de 20044, el retiro del servicio de los empleados que ocupan en provisionalidad cargos de carrera debe estar motivado.

Aseguró que , en ese mismo sentido, también se desconoció el precedente jurisprudencial establecido tanto por la Corte Constitucional5 como por el Consejo de Estado 6, que ha dispuesto que dicha motivación debe estar fundamentada en hechos probables y en argumentos constitucionales admisibles.

4 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 5 Sentencia T-405 de 2016. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” , C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 22 de abril de 2021, identificada con el número único de radicación 110010315000-2021-00109-01.5

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En esa medida, resaltó que el acto administrativo enjuiciado está viciado de nulidad por falsa motivación.

I.3.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] Primero: Se me protejan mis derechos fundamentales, solicitando dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia,

I.3.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] Primero: Se me protejan mis derechos fundamentales, solicitando dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia, por vulneración a principios de rango constitucional, providencia de fecha 18/05/2023.

Segundo: Se ordene que con estricta sujeción al debido proceso y al derecho al acceso a la administración de justicia se resuelva el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 26/04/2019

[…]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El TRIBUNAL sostuvo que al decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de primera instancia, encontró a través de los medios probatorios allegados que el acto administrativo acusado no incurrió en falta de motivación, toda vez que estuvo sustentado en el vencimiento del término de duración del nombramiento, acorde con lo señalado en la sentencia de unificación SU-917 de 2010 y la sentencia T-147 de 2014, razón suficiente que6

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llevó a confirmar la decisión del a quo.

Señaló que se cumplió a cabalidad con las etapas propias del proceso, adaptándose al criterio que se consideró ajustado a la legalidad, en virtud de la autonomía interpretativa y de una rigurosa interpretación de las normas y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

En esa medida, manifestó que los argumentos expuestos por la

virtud de la autonomía interpretativa y de una rigurosa interpretación de las normas y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

En esa medida, manifestó que los argumentos expuestos por la actora indican que lo pretendido es buscar un cambio en la forma en la que se resolvió el asunto para que sea favorable a sus intereses, como si se tratara de una instancia adicional lo que contraría los principios de autonomía judicial y juez natural.

Por lo anterior, resaltó que no puede aducirse violación alguna de los derechos fundamentales invocados , por lo que solicitó declarar improcedente el amparo solicitado.

I.4.2.- El Juzgado, el Municipio de Barbosa y la Dirección de Tránsito y Transporte de Bar bosa, pese a ser notificados en debida forma del presente trámite constitucional, guardaron silencio.7

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Segunda mediante sentencia de 20 de septiembre de 2023, denegó el amparo deprecado al estimar que no se configuraron los yerros endilgados por la actora.

Para el efecto, sostuvo que después de realizar un a lectura de la providencia acusada era posible observar que las consideraciones expuestas por el TRIBUNAL fueron acordes a la normativa, a la jurisprudencia aplicable y a la interpretación efectuada al respecto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Afirmó que a través de la sentencia T -407 de 2016 la Corte Constitucional estudió dos casos similares al presente, frente a lo

por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Afirmó que a través de la sentencia T -407 de 2016 la Corte Constitucional estudió dos casos similares al presente, frente a lo cual concluyó que la terminación del plazo de nombramiento era una motivación válida para dar por terminada la vinculación en provisionalidad, por lo que resultaba ser una razón suficiente para determinar que no se configuró una falta o falsa motivación del acto.

Así las cosas, destacó que lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es8

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enjuiciable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial accionada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, de tal forma que este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque y, en su lugar, se atienda a la sana lógica, evitando la vulneración de sus derechos fundamentales invocados, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Afirmó que la sentencia de primera instancia desconoció que los motivos de la terminación de l vinculo laboral solo obedecieron a la fecha de terminación del nombramiento, tan es así que continuó vinculada en el cargo hasta la notificación del acto acusado , sin contemplar razones diferentes como la provisión definitiva del

motivos de la terminación de l vinculo laboral solo obedecieron a la fecha de terminación del nombramiento, tan es así que continuó vinculada en el cargo hasta la notificación del acto acusado , sin contemplar razones diferentes como la provisión definitiva del empleo, por concurso de méritos, la calificación insatisfactoria o cualquier otra circunstancia, tornándose el cargo de carrera en uno de período o de libre nombramiento y remoción.9

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Aseguró que no se aplicó el principio de favorabilidad , toda vez que se acogió el criterio mas desfavorable al t rabajador y se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU-917 de 2010.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 8 0 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,10

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en pre sencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:11

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades

derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.12

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derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.12

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.13

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efectos la sentencia de 18 de mayo de 2023 , proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la decisión del JUZGADO de denegar las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 686793333003-201700019-01, promovido contra el Municipio de Barbosa y la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de14

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justicia y al principio de favorabilidad en materia laboral , habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad judicial accionada

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justicia y al principio de favorabilidad en materia laboral , habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y en desconocimiento del precedente al no tener en cuenta que el acto administrativo que la retiró del servicio está viciado de nulidad por falsa motivación.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que denegó el amparo solicitado, toda vez que las consideraciones expuestas por el TRIBUNAL fueron acordes a la normativa, a la jurisprudencia aplicable y a la interpretación efectuada al respecto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, por lo que no se incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente endilgados.

La impugnación de la parte actora está estructurada sobre una reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica inicial, conforme a la cual la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, toda vez que se debió declarar la nulidad del acto administrativo acusado por falsa y falta de motivación, dado que la terminación del vínculo laboral solo obedeció a la fecha de terminación del nombramiento, sin contemplar razones15

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diferentes como la provisión definitiva del empleo por concurso de méritos, la calificación insatisfactoria o cualquier otra circunstancia, tornándose el cargo de carrera en uno de período o de libre nombramiento y remoción.

diferentes como la provisión definitiva del empleo por concurso de méritos, la calificación insatisfactoria o cualquier otra circunstancia, tornándose el cargo de carrera en uno de período o de libre nombramiento y remoción.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucion al, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías16

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esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para

7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”17

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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que

amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de

[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”18

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Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”18

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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela con