CE - 110010315000202304385001SENTENCIA20230928153443

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda Demandados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 2 de febrero de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

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Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

de 29 de julio de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013335017202000199-01: vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 5603 del 09 de octubre de 2019, por medio de la cual fue retirado del servicio; y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro a un cargo de igual o superior

09 de octubre de 2019, por medio de la cual fue retirado del servicio; y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro a un cargo de igual o superior categoría y grado ; junto con el reconocimiento y pago de salarios y prestacione s sociales dejados de devengar por el término que estuvo retirado hasta su efectivo reintegro y ascenso.

4. El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia el 2 9 de julio de 202 2, negando las preten siones de la demanda.

5. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 2 de febrero de 202 3,

resolviendo lo siguiente:

“[…] 1.- CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), que negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por YESID FERNANDO PABÓN RUEDA contra la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2.- SIN CONDENA en costas en esta instancia […]”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

6. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca consideró que:

“[…] En cuanto al primer cuestionamiento del actor relacionado con la Directiva

6. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca consideró que:

“[…] En cuanto al primer cuestionamiento del actor relacionado con la Directiva Permanente N°022 del 29 de julio de 2019 proferida por el Ministerio de Defensa por medio de la cual se unificaron los criterios en la elaboración y trámite de los actos administrativos, entre ellos, para el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, la cual a su juicio debió ser tenida en cuenta al momento de emitirse el acto administrativo que retiro del servicio al actor, pues contemplaba los requisitos y el procedimiento para que el Ministro de Defensa expidiera y firmara el acto de retiro.

Para la Sala no son de recibo los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante, pues al analizar la Directiva Permanente N°022 de 2019, la misma se trata de un documento que imparte instrucciones al interior de la entidad a fin de optimizar los trámites administrativos que debe adelantar la administración, tal como lo señala la misma al indicar que “[…] Con la expedición de esta Directiva se pretende optim izar la revisión jurídica y trámite de los actos administrativos y demás actos de la administración que son de competencia del Presidente de la República y del Ministro de Defensa Nacional, con el propósito de unificar criterios en la elaboración y trámite de los diferentes proyectos, y así reducir el número de devoluciones por la inobservancia del procedimiento establecido, errores formales y falta de documentación soporte […]”, es decir, que por si sola no tiene la capacidad de modificar los requisitos legales que deben ser tenidos en cuenta al momento de

devoluciones por la inobservancia del procedimiento establecido, errores formales y falta de documentación soporte […]”, es decir, que por si sola no tiene la capacidad de modificar los requisitos legales que deben ser tenidos en cuenta al momento de expedir el acto administrativo de retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, pues estos, están contemplados en la Ley y estudiados por la Corte Constitucional.

2.1. Ahora en cuanto al pro ceso de ascenso que aduce el actor se encontraba en curso lo que impedía su retiro del servicio, la Sala debe mencionar que en los artículos 515 y 536 del Decreto 1790 de 2000, se establece las condiciones y los requisitos para ascender al grado inmediatamente superior, entre los cuales, se halla el haber adelantado y aprobado los cursos de ascensos reglamentarios, es decir, que no basta con que este realizado el curso de Estado Mayor para ascenso, sino que el mismo debe ser aprobado, situación que no ocurrió en el presente caso, pues si bien el señor PABÓN RUEDA se encontraba realizado el curso de ascenso este no fue aprobado, lo que implica que no se hallaba en proceso de ascenso.

Es preciso mencionar que la norma trae consagrada la facultad discrecional, concretada en la escogencia que hace el Ejército Nacional de acuerdo con las necesidades del servicio, ejercicio que puede realizar libremente, de conformidad con la potestad otorg ada por la ley, que para no ser constitutiva de arbitrariedad debe ejercerse razonablemente en cada caso, haciendo un estudio cuidadoso de las condiciones profesionales, morales e intelectuales del candidato.

Ahora bien, aunque de la descripción del proc eso de selección, calificación y clasificación de los aspirantes al ascenso prima facie dan a entender que servidores

las condiciones profesionales, morales e intelectuales del candidato.

Ahora bien, aunque de la descripción del proc eso de selección, calificación y clasificación de los aspirantes al ascenso prima facie dan a entender que servidores superen todas las etapas están jurídicamente calificados para recibir ascensos, se debe tener claro que no todos ellos podrán recibir ese reconocimiento.

Aunado a lo anterior, el estar cursando el curso de Estado Mayor no hace merecedor a un Oficial de un derecho de ascenso automático en el Ejército Nacional, en este4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

sentido, la designación de los ascensos, tal como lo ha señalado el Conse jo de Estado,7 es fruto del ejercicio de dicha facultad y debe hacerse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo condiciones de mérito de los aspirantes, tales como aptitud hacia el servicio, calidades personales y profesionales para el desempeño del grado.

Precisado lo anterior, cabe advertir que según Acta No. 10 del 3 de septiembre de 20198 , se reunió en sesión ordinaria la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, presidida por el Ministro de la Defensa Nacional y con la asistencia de cuarenta y siete (47) Generales y Oficiales de insignia, encabezados por el Comandante General de las Fuerzas Militares, a fin de recomendar, por unanimidad, el retiro del servicio activo de unos Oficiales, entre ellos el demandante, por llamamiento a calificar servicios, de conformidad con lo

encabezados por el Comandante General de las Fuerzas Militares, a fin de recomendar, por unanimidad, el retiro del servicio activo de unos Oficiales, entre ellos el demandante, por llamamiento a calificar servicios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 99, 100 literal a) numeral 3º y 103 del Decreto 1790 de 2000, citados en precedencia.

Y según el extracto de la Hoja de vida9 , el actor contaba con 21 años, 05 meses y 15 días de servicios en las Fuerzas Militares, cumpliendo con los requisitos para acceder a la asignación de retiro, conforme a los dispuesto en el Decreto No. 4433 de 2004.

De tal forma, conforme a lo establecido por la norma, para tomar la decisión de retiro del servicio activo de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía debe contarse con previa emisión del concepto del Comité Evaluador. Y al encontrarse plenamente probado en este caso que, antes de la decisión de retirar del servicio al actor, se recomendó la misma determinación por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, se tiene que se cumplió con el procedimiento dispuesto para el efecto, es decir, que el Ministro de Defensa Nacional tuvo en cuenta el acta de dicha Junta Asesora, para expedir la Resolución No. 5603 del 9 de octubre de 2019, que retiró al demandante por llamamiento a calificar servicios, quien cumplía con los requisitos para acceder a la asignación de retiro.

Sumado, debe advertirse que un buen desempeño en sus funciones, la buena hoja de vida y no contar con faltas disciplinarias no impiden el retiro del servicio, ya que

retiro.

Sumado, debe advertirse que un buen desempeño en sus funciones, la buena hoja de vida y no contar con faltas disciplinarias no impiden el retiro del servicio, ya que es obligación de todo uniformado acreditar excelentes calidades y condiciones para la eficiente prestación del servicio y que ello no otorga per se inamovilidad en el cargo público, tal como lo ha establecido el H. Consejo de Estado10 así: “[…] Esta jurisdicción ha reiterado que el buen desempeño de un empleado es una obligación legal y const itucional, las felicitaciones, la buena conducta y la ausencia de sanciones disciplinarias no atan per se a la administración y no generan un factor de inamovilidad o garantía de estabilidad ya que pueden existir razones del servicio que aconsejen la remoc ión del servidor si la institución ha perdido la confianza en su desempeño policial. […]”.

Asimismo, la institución tiene la facultad discrecional de ascender a unos miembros y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia. Ello debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de ser ascendidos, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos. Así, dada la estructura piramidal de las fuerzas militares no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor militar o represente una persecución en contra del personal no escogido, como lo ha determinado el Consejo de Estado […]”.5

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Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

Consejo de Estado […]”.5

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Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

[…]

“[…] En virtud de lo anterior, la Sala insiste, que el hecho de que un uniformado posea una excelente hoja de vida no lo afora de ninguna manera para que pueda ser exonerado o limitar la facultad discrecional que le asiste a la entidad demandada para retirarlo del servicio, pues tal como lo señala el Consejo de Estado, lo normal es el cumplimiento cabal del deber por parte del funcionario.

La Sala reitera que los actos expedidos en ejercicio de la facultad discrecional están amparados por la pres unción de legalidad y de haber sido proferidos en aras del buen servicio. En consecuencia, se tiene que la entidad demandada cumplió con el procedimiento y requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia para el retiro del servicio del demandante, po r lo tanto, en el presente caso el acto acusado fue expedido con fundamento en la normatividad aplicable y mediante el procedimiento legal previsto para tal fin.

3.- De otro lado, en cuanto al cargo de violación por infracción a norma superior alegada por el demandante, en relación a que no se le respetaron las garantías constitucionales para culminar el curso de ascenso que por méritos había ganado, existiendo una actuación desleal, caprichosa y arbitraria por parte de la entidad defraudando la constituc ión y el principio de legalidad, entendido como el sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho, la Sala debe advertir que revisado el acto administrativo que dispuso el

defraudando la constituc ión y el principio de legalidad, entendido como el sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho, la Sala debe advertir que revisado el acto administrativo que dispuso el retiro del servicio por llamamiento a calificar del demandante, se tiene que el mismo cumplió con todos los requisitos legales para su expedición y que el hecho de que el señor PABÓN RUEDA estuviera en el curso de Estado Mayor para ascender al grado de Teniente Coronel, ello no le daba autom áticamente el derecho de ser ascendido al grado siguiente, pues para eso era necesario agotar cada una de las etapas y procedimientos establecidos, tal como se indicó en precedencia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se tutelen, se garanticen, se protejan y se respeten los derechos fundamentales del Actor como mecanismo excepcional:

• El derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia causado por un defecto fáctico en su dimensión negativa en la sentencia de Segunda instancia, pues el Ad Quem omitió de manera grave e injustificada valorar en conjunto las pruebas documentales, pues en razón al mérito de un proceso de selección fui escogido para realizar el curso de ascenso al grado de teniente coronel entre 343 oficiales, desconociendo las pruebas de admisión para el CM2019, por lo cual fui enviado en co misión de estudios mediante resolución del CGFM a un instituto de educación superior (ESDEGUE) y en razón al mérito tenía el derecho de iniciar y terminar mi curso de ascenso y no como lo argumenta la sentencia.6

cual fui enviado en co misión de estudios mediante resolución del CGFM a un instituto de educación superior (ESDEGUE) y en razón al mérito tenía el derecho de iniciar y terminar mi curso de ascenso y no como lo argumenta la sentencia.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

• El derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia causado por un defecto fáctico en la sentencia de Segunda instancia, pues el Ad Quem valoro incorrectamente la directiva No 022 de 2019 que establece el procedimiento adm inistrativo, requisitos, certificaciones y demás documentos requeridos al interior del Ministerio de Defensa para la expedición y firma de la resolución de retiro por llamamiento a calificar servicios por el Ministro de la Defensa.

Procedimiento que efecti vamente fue elaborado bajo las directrices del acto administrativo Directiva Permanente No 022 de 2019 como lo certifico el Ejército Nacional mediante oficio respuesta Radicado No 2020305001805441 de fecha 13 de octubre de 2020.

• El derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia causado por un defecto fáctico en su dimensión negativa en la sentencia de Segunda Instancia, pues la autoridad judicial accionada omitió de manera grave e injustificada valorar y pronunciarse sobre la certificación fraudulenta 1 firmada por el Teniente Coronel CARLOS FERNANDO RUIZ VARGAS dentro del procedimiento administrativo de retiro del demandante establecido de la Directiva No 22/2019. la

injustificada valorar y pronunciarse sobre la certificación fraudulenta 1 firmada por el Teniente Coronel CARLOS FERNANDO RUIZ VARGAS dentro del procedimiento administrativo de retiro del demandante establecido de la Directiva No 22/2019. la cual fue aportada con el oficio respuesta Radicado No 2020305001805441 de fecha 13 de octubre de 2020, en la cual se certificó de forma FALSA que el suscrito YECID FERNANDO PABON RUEDA NO me encontraba en proceso de ascenso y que NO me encontraba en comisión de estudios, para retirarme del servicio activo de forma arbitraria, cuando en realidad SI me encontraba en proceso de ascenso puesto que me encontraba desarrollando el curso de ascenso al grado de Teniente Coronel (CEM2019) y me encontraba en Comisión de Estudios en la Escuela Superior de Guerra (instituto de educación superior mediante resolución No 008 de 2019), POR LO CUAL LA RESOLUCIÓN DE RETIRO NACIÓ DE UNA CERTIFICACIÓN FRAUDULENTA Y ALEJADA DE LA REALIDAD JURÍDICA QUE ME ENCONTRABA. Para retirarme de forma arbitraria del servicio activo BAJO INFORMACION MENTIROSA, observando actos que trasgreden el código penal por una presunta falsedad ideológica en documento público, fraude procesal en el procedimiento administrativo de retiro que acreditaba el abuso del poder para acabar con mi carrera militar. DE LOS CUALES NO SE PRONUNCIARON EL JUEZ A QUO

Y AD QUEM.

• Los demás derechos fundamentales conculcados que llegasen a ser advertidos por el despacho en sede de tutela.

2. Por lo tanto, solicito respetuosamente se ordene a la autoridad judicial accionada

Y AD QUEM.

• Los demás derechos fundamentales conculcados que llegasen a ser advertidos por el despacho en sede de tutela.

2. Por lo tanto, solicito respetuosamente se ordene a la autoridad judicial accionada a revocar el resuelve de la sentencia 2020 -199-01 y en su lugar, en un lapso de tiempo razonable se sirvan emitir un nuevo fallo teniendo en cuenta las pruebas que no fueron correctamente analizadas y su incidencia en la decisión, a pesar de haberlas insistido a lo largo del proceso […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de agosto de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección D de la7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá ; y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en calidad de tercero con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá allegó el expediente

particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá allegó el expediente de Nulidad y Restablecimiento del Derecho núm. 11001333501720200019900.

11. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrati vo de Cundinamarca y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia , procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena2, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia

Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena2, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los qu e en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó3 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20054, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”5 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una mane ra de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 4 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la S ala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20147, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20147, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 8]; por otro, evita q ue la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[9].

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 7 Ut supra página 6. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04385-00

Actor: Yesid Fernando Pabón Rueda

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamental