CE - 110010315000202304389011SENTENCIA20231123155357

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04389-01

Actor: Adriano José Hernández Correa

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 18 de septiembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04389-01

Actor: Adriano José Hernández Correa

I.ANTECEDENTES

La solicitud

en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04389-01

Actor: Adriano José Hernández Correa

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 16 marzo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 1100133-35-028-2022-00019-01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 02090 de 6 de agosto de 2021, por medio del cual se ordenó su retiro del servició de la Policía Nacional, por voluntad de la Dirección General de es a institución. Precisó que, a título de restablecimi ento del derecho, solicitó su reintegro al servicio activo en su cargo manteniendo las mismas condiciones al momento de su retiro, como también, el pago de salarios, prestaciones sociales, entre otros, dejados de percibir; asimismo, solicitó el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de perjuicios morales.

momento de su retiro, como también, el pago de salarios, prestaciones sociales, entre otros, dejados de percibir; asimismo, solicitó el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de perjuicios morales.

4. Advirtió que, el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 21 de octubre de 2022, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5. Indicó que, l a Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, resolvió:3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04389-01

Actor: Adriano José Hernández Correa

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2022 proferida por el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de Bogotá D.C., que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Ahora bien, para resolver las censuras expuestas por el apoderado de la parte demandante en el escrito del recurso de apelación, se hace necesario, remitirnos al antecedente administrativo que dio origen a la resolución demandada, esto es, el Acta No. 0697 /GUTAH-SUBCO -2.25 del 4 de agosto de 2021, por medio de la cual, la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, recomendó el retiro del patrullero Adriano José Hernández

la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, recomendó el retiro del patrullero Adriano José Hernández Correa, por la causal denominada “Voluntad de la Dir ección General de la Policía Nacional” […]”.

[…]

“[…] De lo anterior se desprende que, para la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, la razone (sic) por la cual, recomienda e l retiro del servicio activo del demandante, es la pérdida de confianza depositada en el uniformado y la afectación ostensible al servicio, toda vez que, el patrullero presuntamente cometió conductas tipificadas por la ley como delito y no aportó a la operatividad de la institución […]”.

[…]

“[…] En ese entendido, la Sala considera que el retiro del demandante obedeció a hechos ciertos, consistente en la captura por la supuesta comisión de un delito y aspectos negativos del desempeño profesional; por lo t anto, se cumple el requisito de objetividad fijado por la jurisprudencia, sin que la misma sea arbitraria o desproporcional, de ahí que, la falsa motivación no se configure en el sub examine. […]”.

[…]

“[…] Por lo visto en las pruebas obrantes en el proceso, la Subsección concluye que la Policía Nacional, se encontraba facultada para desvincular del servicio al patrullero Adriano José Hernández Correa, sin que previamente se hubiere decretado su suspensión en el cargo, o declarado su responsabilidad p enal, comoquiera que, el ejercicio de la facultad discrecional, implica tomar decisiones en aras del

Adriano José Hernández Correa, sin que previamente se hubiere decretado su suspensión en el cargo, o declarado su responsabilidad p enal, comoquiera que, el ejercicio de la facultad discrecional, implica tomar decisiones en aras del mejoramiento del servicio público sin estas condiciones previas. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:4

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Actor: Adriano José Hernández Correa

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y debido proceso al señor Adriano José Hernández Correa Identificado cedula de ciudadanía […].

2. Revocar la sentencia de segunda instancia de fecha 24 (sic) de marzo del 2023 proferida por el tribunal administrativo de Cundinamarca y en su lugar no confirmar la sentencia de primera instancia del juzgado 28 administrativo de Bogotá, reintegrando al servicio al señor Patrullero Adriano José Hernández Correa de Cedula […], y como quiera que se encuentra con situación jurídica de detención domiciliaria reconózcasele el 50 % del salario básico mensual junto con las prestaciones laborales para que se le garantice lo mínimo vital.

3. Las demás que considere el despacho pertinente, conducente y útil. […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, porque, a su juicio, el estar vinculado e investigado en un proceso penal por la ejecución de presuntas conductas tipificadas como delitos , sin que exista sentencia condenatoria en su

accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, porque, a su juicio, el estar vinculado e investigado en un proceso penal por la ejecución de presuntas conductas tipificadas como delitos , sin que exista sentencia condenatoria en su contra, no es motivo suficiente para ser retirado de la Policía Nacional.

8. Igualmente, manifestó que la autoridad judicial accionada está dando por cierto que él es culpable penalment e, razón por la cual se le debe permitir continuar ejerciendo sus funciones hasta que se demuestre su culpabilidad.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 22 de agosto de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó, en calidad de tercero s con interés legítimo, al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá y al Director General de la Policía Nacional, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:5

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Actor: Adriano José Hernández Correa

“[…] Esta Corporación, en la sentencia de segunda instancia de dieciséis (16) de

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Actor: Adriano José Hernández Correa

“[…] Esta Corporación, en la sentencia de segunda instancia de dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023), al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, consideró, que las razones expuestas en el recurso de alzada no estaban llamadas a prosperar, en la medida que, al abordar el estudio del caso concreto, se evidenció que el demandante fue retir ado por la causal denominada voluntad de la Dirección General de esa Institución, la cual, se caracteriza por ser un retiro absoluto facultad que se puede ejercer por el Gobierno Nacional o el Director General de la Policía Nacional, sin que sea relevante que el integrante tenga un tiempo de servicios necesario y, requiere recomendación previa de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional cuando se trate de oficiales o de la Junta de Evaluación y Clasificación para los suboficiales, requisitos que se evidenciaron en el caso sub examine. […]”.

[…]

“[…] De otra parte, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en la sentencia C590 de 2005, revisado el escrito de tutela, se encuentra, que no sería oportuno ordenar el ampa ro solicitado, pues si bien es cierto, la acción de tutela procede contra decisiones judiciales, en los casos que la Corte Constitucional ha establecido, también lo es, que, conforme a los parámetros señalados en la referida sentencia, en este caso, no se reúnen las exigencias especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, […]”.

[…]

también lo es, que, conforme a los parámetros señalados en la referida sentencia, en este caso, no se reúnen las exigencias especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, […]”.

[…]

“[…] Por último, considero que la acción de tutela es improcedente, teniendo en cuenta el carácter residual de la misma, que no puede utiliz arse como una tercera instancia, como lo pretende en verdad el accionante. […]”.

11. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá rindió informe en

los siguientes términos:

“[…] Conforme a lo ilustrado, este Despacho no ha desconocido derecho fundamental alguno, pues revisadas las actuaciones surtidas sobre el particular se advierte que se ha dado un trámite célere al proceso y se han atendido los escritos de las partes de ma nera oportuna, garantizando el principio de publicidad de las decisiones y el derecho de contradicción, tanto así que la sentencia de primera instancia fue apelada y el expediente remitido al Superior para que pudiera definir la instancia.

Por lo tanto, con el debido respeto consideró que no es procedente la presente acción de tutela, por cuanto ya se agotó el trámite judicial respectivo y no se ha desconocido derecho fundamental alguno del accionante. […]”.

12. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones del actor al considerar que no vulneró sus derechos fundamentales, en los siguientes términos:

“[…] Conforme a la exposición de motivos contenida en el acta y en la resolución de retiro, se puede concluir indi scutiblemente que el retiro del accionante señor Patrullero Adriano José Hernández Correa, se basó en EL MEJORAMIENTO DEL

retiro, se puede concluir indi scutiblemente que el retiro del accionante señor Patrullero Adriano José Hernández Correa, se basó en EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO, en donde es deber de un integrante policial un comportamiento6

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Actor: Adriano José Hernández Correa

decoroso, transparente y adecuando para el desarrollo de la función policial, es decir, con su actuar generó una afectación a la imagen que la Institución Policial que debe profesar ante la sociedad, máxime cuando los servidores públicos integrantes de la misma tienen como objetivo principal garantizar la seguridad d e los ciudadanos de la República de Colombia. […]”.

[…]

“[…] Finalmente, esta Secretaría se permite solicitar que se rechace las peticiones esgrimidas por el actor por medio de la acción de tutela, pues pretende realizar un debate jurídico que desconoce sus requisitos de celeridad y eficacia, además debe recordarse que la decisión del señor Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá tiene como fin “EL MEJORARAMIENTO (sic) DEL SERVICIO” ante el latente incumplimiento del mandato constitucional y legal por parte del actor a sus deberes policiales; en consecuencia se debe declarar la improcedencia de los planteamientos esbozados por el tutelante en el medio constitucional. […]”.

La sentencia impugnada

13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 18 de septiembre de 2023, por medio de la cual

resolvió lo siguiente:

La sentencia impugnada

13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 18 de septiembre de 2023, por medio de la cual

resolvió lo siguiente:

“[…] 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Adriano José Hernández Correa por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.

13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos planteados tanto en el recurso de apelación como en el escrito de tutela se dirigen a lo mismo, esto es, que se reconozca que por la simple investigación penal no se le puede retirar del servicio como patrullero con la finalidad de ser reintegrado a su anterior cargo.

1. Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados y discutidos en el proceso ordinario.

1. En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste de relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia. […]”.7

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Actor: Adriano José Hernández Correa

La impugnación

competencia. […]”.7

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Actor: Adriano José Hernández Correa

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones:

“[…] Sin embargo, quiero mencionar a la sala plena del Honorable Consejo de Estado. Que Si Colombia es un estado social de derecho mediante el cual a (sic) firmado el pacto de San José de Costa Rica, la declaración de los Derechos Humanos, entre otros tratados que se debe garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, mi caso cobra relevancia Constitucional debido a que se me retira discrecionalmente por la Policía Nacional porque fui vinculado a un proceso penal, en el cual a la fecha no se ha fallado ni en primera ni en segunda instancia y tampoco en casación para determinar que soy culpable. […]”.

[…]

“[…] Por ello es de relevancia constituci onal mi caso, por cuanto el Estado Colombiano no puede aplicar presunción de inocencia para unos y para otros no. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna

Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los p articulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

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Actor: Adriano José Hernández Correa

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,

17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii ) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

determine la ley y la propia doctrina judicial.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.9

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Actor: Adriano José Hernández Correa

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

20. Esta Sección adoptó 6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 7, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04389-01

Actor: Adriano José Hernández Correa

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04389-01

Actor: Adriano José Hernández Correa

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

26. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014 10, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia

constitucional, consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa

providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 11]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 10 Ut supra página 6. [11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”11

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Actor: Adriano José Hernández Correa

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos

elementos necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciació n judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera inst ancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunt o de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debi do proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [16].

[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará

[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1