CE - 110010315000202304400011SENTENCIA20231211150146

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04400-01

Demandante: Yiderman Plazas Castro y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04400-01

Demandante: YIDERMAN PLAZAS CASTRO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CÁQUETA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 28 de septiembre de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:

«Primero: Declarar improcedente la presente acción de tutela, en relación con los defectos fáctico en su dimensión negativa y decisión sin motivación, y negar el amparo solicitado por

Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:

«Primero: Declarar improcedente la presente acción de tutela, en relación con los defectos fáctico en su dimensión negativa y decisión sin motivación, y negar el amparo solicitado por los señores Yiderman Plazas Castro, Lizeth Katherine Plazas Castro, Katty Yeraldine Plazas Castro y Karen Stefany Plazas Castro en cuanto a los demás reparos planteados, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Yiderman Plazas Castro, Lizeth Katherine Plazas Castro, Katty Yeraldine Plazas Castro y Karen Stefany Plazas Castro interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad . En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«(…)

1. Sean tutelados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia, que fueran vulnerados producto de la sentencia segunda instancia, dentro medio de control de Reparación Directa que se surtió en contra de LA NACI ÓNMINISTERIO DE MINAS Y ENERG ÍA – ELECTRIFICADORA DEL

CAQUETÁ S.A E.S.P.

2. Se deje sin efectos la Sentencia de primera y de Segunda instancia del Juzgado segundo Administrativo de Florencia y del Tribunal Administrativo del Caquetá- Sala Tercera de Decisión respectivamente.

CAQUETÁ S.A E.S.P.

2. Se deje sin efectos la Sentencia de primera y de Segunda instancia del Juzgado segundo Administrativo de Florencia y del Tribunal Administrativo del Caquetá- Sala Tercera de Decisión respectivamente.

3. Que en su lugar se ordene al Tribuna l Administrativo del Caquetá, proferir sentencia de fondo, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso, derecho a la igualdad, seguridad jurídica y con ello el derecho de acceso a la administración de justicia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04400-01

Demandante: Yiderman Plazas Castro y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales, imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice los derechos vulnerados de las víctimas».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Gerardo Plazas se desempeñaba como electricista por más de 20 años e ingresó a trabajar con la empresa JR Intelco Ltda., que, a su vez, era subcontratista de Conelectricas Ltda. Durante aproximadamente tres años desarrolló labores sobre líneas muertas, hizo mantenimientos a las redes eléctricas del área rural de

ingresó a trabajar con la empresa JR Intelco Ltda., que, a su vez, era subcontratista de Conelectricas Ltda. Durante aproximadamente tres años desarrolló labores sobre líneas muertas, hizo mantenimientos a las redes eléctricas del área rural de la zona sur entre los municipios de Valparaíso y Solita, Caquetá.

Que, Conelectricas Ltda., sostenía un contrato de interventoría de la construcción y mantenimiento de las líneas eléctricas de esta zona con la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. El gerente de la compañía era el señor Roberto Suárez.

El 18 de agosto de 2010, el señor Gerardo Plazas realizaba la instalación de la línea en la zona rural de Playa Rica de Valparaíso, Caquetá, e indicaron que el señor Juan Carlos Cruz llamó a la Subestación de Solita, Caquetá, a preguntar si el servicio de energía estaba suspendido, en donde contestaron de forma afirmativa, por lo cual , el señor Gerardo Plazas inició la labor encargada, sin embargo, al tomar una de las cuerdas de energía sufrió una descarga eléctrica y falleció.

El señor Yiderman Plazas, junto con el núcleo familiar, ejercieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía, la Electrificadora del Caquetá S.A ESP y Conelectrica Ltda., con el fin de que se declararan patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la muerte del señor Gerardo Plazas, por la falla del servicio en la adopción de todas las medidas necesarias para evitar el accidente, consistentes en la suspensión del

declararan patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la muerte del señor Gerardo Plazas, por la falla del servicio en la adopción de todas las medidas necesarias para evitar el accidente, consistentes en la suspensión del servicio de energía.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia , el 31 de octubre de 2019, negó las pretensiones de la demanda por encontrar configurada la excepción de culpa exclusiva de la víctima debido a que el señor Plazas subió a una estructura sin atender las previsiones que deb ía tomar todo trabajador antes de realizar reparaciones eléctricas.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con fundamento en que , a pesar de que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que la conducción de energía eléctrica es una actividad peligrosa, la empresa de energía Electrocaqueta informó la suspensión del servicio para permitir el mantenimiento de redes, lo que implicaba que la zona donde ocurrió el accidente no iba a estar energizada y esto no ocurrió, con lo que se acreditó que el señor Gerardo Plazas perdió la vida por una falla en el servicio . Asimismo, considera que se omitió el testimonio de Juan Carlos Cruz, por su parentesco “con uno de los demandados” y adujo que, aun si se hubiese cumplido por el señor Plazas con todas las medidas de seguridad, no se habría impedido su muerte. Agregó que, para que la causa extraña pueda inhibir la imputación del daño, es indispensable

con todas las medidas de seguridad, no se habría impedido su muerte. Agregó que, para que la causa extraña pueda inhibir la imputación del daño, es indispensable que se trate de un hecho irresistible e imprevisible.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04400-01

Demandante: Yiderman Plazas Castro y otros

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El Tribunal Administrativo de Caquet á, en sentencia del 9 de febrero de 2023, confirmó la sentencia recurrida, porque se configuró una causa extraña que impidió la atribución jurídica del daño a los demandados, debido a que, aun en el evento en que Gerardo Plazas actuara bajo el convencimiento de que las redes se encontraban sin energía, debió proced er como lo indica la norma para el caso de labores sobre líneas muertas, la primera de las cuales es la verificación de ausencia de tensión en la red, para cuya revisión contaba con el material idóneo, tal como lo aceptó la parte demandante, omisión inexcusable para quien tenía una experiencia específica de más de tres años, precisamente, con la empresa para la cual prestaba el servicio al momento de su muerte, que había cursado más de 100 horas de capacitación en instalaciones eléctricas con el SENA y que tenía matricula

experiencia específica de más de tres años, precisamente, con la empresa para la cual prestaba el servicio al momento de su muerte, que había cursado más de 100 horas de capacitación en instalaciones eléctricas con el SENA y que tenía matricula profesional de técnico electricista expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE, es decir, se trataba de un operador con pleno conocimiento sobre las medidas que debían implementarse antes de iniciar labores sobre redes eléctricas.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos fáctico, por violación directa de la Constitución y sustantivo, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

Para sustentar el defecto fáctico , señaló que las autoridades judiciales demandadas omitieron valorar, los siguientes medios de prueba.

(i) el Comunicado GD-025 del 2010, suscrito por el ingeniero Carlos Eduardo Zabaleta Paz, en el que constaba que para el 17 y 18 de agosto de 2010, se suspendería el servicio de energía eléctrica en la vereda de Playa Rica del municipio de Valparaíso, donde ocurrieron los hechos, que, en cambio, se limitaron a señalar que el hecho de que las redes eléctricas se mantuvieran energizadas, a pesar de que se hubiera informado al público que no lo estarían, no implicaba la responsabilidad de las demandadas, por no haberse demostrado que esa irregularidad fuera la causa del deceso.

(ii) el Oficio 024 del 18 de agosto de 2010, suscrito por la firma “James E. Urrego Carvajal”,

estarían, no implicaba la responsabilidad de las demandadas, por no haberse demostrado que esa irregularidad fuera la causa del deceso.

(ii) el Oficio 024 del 18 de agosto de 2010, suscrito por la firma “James E. Urrego Carvajal”, en el que se ratificó que estaba programada la suspensión de energía en los sectores que son alimentados por la línea 34,5KV entre los municipios de Morelia, Valparaíso y Solita y que, por orden expresa de Electrocaquetá S.A. E.S.P., se desenergizaron los sectores urbanos de Valparaíso y Solita;

(iii) el Oficio G.G. 2016 , suscrito por el suplente del gerente general Electrocaquetá S.A. E.S.P., en el que se consignó que se realizó la suspensión de energía para el 18 de agosto de 2010 en la línea 34.5 KV MoreliaValparaísoSolita.

(iv) indicó que no se hizo mención de cada uno de los testimonios rendidos dentro de las diligencias efectuadas por el despacho, a pesar de que fueron relacionados en el recurso de apelación, concretamente, lo declarado por los señores Luis Sogamoso Torres, Prospero Sánchez Portela, Roberto Suárez Ramírez, Juan Carlos Cruz Macias, Alexander Gutiérrez Quintero y Hernán Trujillo Guzmán.

(iv) Por último, alegó la valoración de manera irracional y arbitraria el informe del accidente de trabajo del 7 de octubre de 2010 , realizado por el señor Roberto Suárez Ramírez, gerente de Conelectricas Ltda., en calidad de administrador del Contrato número CON-0962 EC, en el que únicamente se tuvo en cuenta lo referido por una de las entidades

gerente de Conelectricas Ltda., en calidad de administrador del Contrato número CON-0962 EC, en el que únicamente se tuvo en cuenta lo referido por una de las entidades demandadas, por lo que, era necesario analizarlo en conjunto con las demás pruebas, las cuales daban cuenta de que se presentó una concurrencia de culpas, pues el empleadorRadicado: 11001-03-15-000-2023-04400-01

Demandante: Yiderman Plazas Castro y otros

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador no cumplió con el cuidado debido, la implementación de procedimientos para trabajo en campo, la entrega de elementos adecuados y el control efectivo en la ejecución de la labor.

Igualmente, afirmó que el Tribunal Administrativo de Caquetá incurrió en defecto por violación directa de la Constitución porque, al no valorar las pruebas documentales y los testimonios rendidos, vulneró el derecho al debido proceso.

Adicionalmente, adujo que , incurrió en “falta e indebida motivación”, porque “no se dilucida en la sentencia reprochada ningún otro análisis o argumento dedicado al estudio de la demostración de la culpa exclusiva de la víctima sin que hubiese esgrimido un razonamiento jurídico que le permitiera adoptar esta decisión, es decir se abstuvo de emitir pronunciamiento jurídico alguno sobre la configuración de una causa extraña y en qué escenarios se configura

jurídico que le permitiera adoptar esta decisión, es decir se abstuvo de emitir pronunciamiento jurídico alguno sobre la configuración de una causa extraña y en qué escenarios se configura la culpa exclusiva de la víctima analizándolo en casos de muerte por electrocuci ón, jurídicamente nada se dijo o mencion ó en relación con la culpa “Exclusiva” de la víctima o la tesis de la relación causal”.

Agregó que, “bien pudo establecerse la concurrencia de culpas, pues las pruebas apuntan a tal condición realiza una interpretación claramente irrazonable (…)”, con fundamento en que: (i) desde el día anterior a los hechos se le había informado que estos trabajarían sobre líneas muertas y desenergizadas; (ii) no existió orden de trabajo que se realiza para comisionar algún técnico electricista a realizar labores de campo, por lo cual se desconoce la función que debió cumplir el señor Gerardo los días17 y 18 de agosto de 2010, omisión en cabeza de las demandadas; (iii) el supervisor de Conelectricas no realizó las comunicaciones previas al ingreso al lugar y oportunas para verificar si la línea que debían revisar contaba o no con el servicio de energía; esto es que el empleador hubiera adoptado las medidas de seguridad pertinentes, así las cosas, el empleador también debió tomar medidas de seguridad y de protección adecuadas al riesgo que esto generaba, es decir, suspender el servicio de energía para proteger razonablemente al trabajador; (iv) en ese lugar no se tenía previsto revisar estructuras, fue una tarea encomendada e informada al señor Juan Carlos Cruz por medio de una llamada y, (v) porque el señor Gerardo Plazas también obró

para proteger razonablemente al trabajador; (iv) en ese lugar no se tenía previsto revisar estructuras, fue una tarea encomendada e informada al señor Juan Carlos Cruz por medio de una llamada y, (v) porque el señor Gerardo Plazas también obró de manera negligente.

Finalmente, alegó la configuración del defecto sustantivo, porque se realizó una interpretación errónea y se basó en una norma que ya no tiene vigencia del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE, en lo relacionado con las reglas de seguridad. Al respecto, precisó que , si bien , el tribunal señaló que la vigencia de la Resolución 18-0466 del 2 de abril de 2007, donde se preveían dichas reglas, se amplió por cinco años, mediante la Resolución 18-0632 del 29 de abril de 2008, lo cierto es que el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008, vigente para la época de los hechos, la que modificó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, con fundamento en lo cual adujo que, “la comprobación de la ausencia de tensión” no era el primer paso , que debe seguir el electricista, sino el tercero.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 23 de agosto de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Caquetá y vincular a la NaciónMinisterio de Minas y Energía, a la Electrificadora

de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Caquetá y vincular a la NaciónMinisterio de Minas y Energía, a la Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P., a la Previsora S.A, a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza y a Conelectricas Ltda. , como terceros interesados.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04400-01

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5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Caquetá guardó silencio.

6. Intervención de los terceros con interés

La Nación Ministerio de Minas y Energía allegó informe en el que indicó que, lo pretendido por la parte accionante es discutir nuevamente el material probatorio arrimado al expediente y revivir una etapa procesal que se adelantó en el proceso ordinario conforme con la ley, por lo cual señaló que la acción de tut ela no cumple el requisito general de la relevancia constitucional.

Igualmente, indic ó que tampoco se supera la exigencia de la subsidiariedad, comoquiera que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar el procedimiento llevado a cabo en el medio de control de reparación directa, el cual

Igualmente, indic ó que tampoco se supera la exigencia de la subsidiariedad, comoquiera que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar el procedimiento llevado a cabo en el medio de control de reparación directa, el cual se encuentra amparado por los principios de legalidad y buena fe.

La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. sostuvo que la lectura del escrito de tutela permite evidenciar la ausencia de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente, los de relevancia constitucional y subsidiariedad; así como la pretensión de utilizar este mecanismo como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio efectuado durante el trámite del proceso.

Precisó que las supuestas violaciones a las que se refiere la parte actora pueden ser alegadas mediante el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual es procedente para exponer las irregularidades que resulten en una transgresión del artículo 29 constitucional. Solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela.

La Previsora S.A., se opuso a las pretensiones de la acción porque no se cumple el requisito de inmediatez y pretende controvertir situaciones jurídicas como si se tratara de una tercera instancia, m ás no la protección de derechos fundamentales, los que, en todo caso, no fueron vulnerados por las autoridades accionadas.

La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza y Conelectricas Ltda ., no se pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

7. Sentencia de primera instancia

La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza y Conelectricas Ltda ., no se pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia el 28 de septiembre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela , por considerar que la discusión planteada por los accionantes sobre la falta absoluta de motivación y de valoración probatoria puede ser expuesta en el recurso extraordinario de revisión con base en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, por lo cual, concluyó que no se superó el requisito de subsidiariedad.

En lo demás, consideró que no existió indebida valoración probatoria del informe de accidente de trabajo del 7 de octubre de 2010 realizado por el señor Roberto Suárez Ramírez, gerente de Conelectricas Ltda., porque este fue tenido en cuenta por el Tribuna l en conjunto con las demás pruebas, sin embargo, la autoridadRadicado: 11001-03-15-000-2023-04400-01

Demandante: Yiderman Plazas Castro y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador judicial demandada consideró que en el presente asunto la causa eficiente del daño

a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador judicial demandada consideró que en el presente asunto la causa eficiente del daño fue la omisión de la víctima en verificar la tensión de las líneas que iba a manipular, lo cual le resultaba especialmente exigible por su experiencia profesional y capacitación previa, más no el hecho de que se hubiera avisado públicamente la suspensión del servicio de energía u otros aspectos que no fueron debidamente acreditados.

Por las mismas razones, consideró que tampoco se evidenció la estructuración de la causal de violación directa de la Constitución Política y, en lo concerniente al defecto sustantivo, concluyó que, como lo alegaron los demandantes, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008, por medio de la cual modific ó el RETIE, la cual no fue señalada expresamente en la sentencia cuestionada, s in embargo, las reglas de seguridad para trabajar en circuitos desenergizados, en líneas desenergizadas o sin tensión tenidas en cuenta por el Tribunal Administrativo de Caquetá son las contenidas en el punto 38.5 de la Resolución número 180466 del 2 de abril de 2007, las cuales se mantuvieron en el punto 19.5 de la Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008, y, en todo caso, exigen la comprobación de la ausencia de tensión, que fue precisamente lo reprochado a la parte accionante y lo que gener ó que se hal lara acredita la culpa exclusiva de la víctima.

En suma, se declar ó la improcedencia de la acción de tutela, en relación con los

reprochado a la parte accionante y lo que gener ó que se hal lara acredita la culpa exclusiva de la víctima.

En suma, se declar ó la improcedencia de la acción de tutela, en relación con los defectos fáctico en su dimensión negativa y decisión sin motivación, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad y se negó el amparo solicitado en cuanto a los demás cargos.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia , para lo cual , cuestionó que se concluyera que la acción de tutela no cumplió con el requisito general de subsidiariedad.

En lo demás, se limitó a insistir en la indebida valoración de: «(i) el Comunicado GD025 de 2010, suscrito por el ingeniero Carlos Eduardo Zabaleta Paz, Coordinador Zona Sur; (ii) el Oficio 024 del 18 de agosto de 2010 suscrito por la firma James E. Urrego Carvajal – Informe de accidente dirigido a Electrocaquet á S.A E.S.P.; (iii) el informe de accidente de trabajo de fecha 07 de octubre de 2010 dado por Roberto Suarez Ramírez Gerente de Conel éctricas LTDA. en calidad del administrador de contrato CON -09-62 EC; (iv) el testigo Luis Sogamoso Torres (Técnico Electricista de Electrificadora del Caquetá - Miembro de la Junta directiva del Sindicato de la Electrificadora); (v) el testigo Prospero Sánchez Portela (Técnico electricista de Conelectricas); (vi) testigo Roberto Suárez Ramírez (Representante Legal Conel éctricas); (vii)

Sindicato de la Electrificadora); (v) el testigo Prospero Sánchez Portela (Técnico electricista de Conelectricas); (vi) testigo Roberto Suárez Ramírez (Representante Legal Conel éctricas); (vii) el testigo Juan Carlos Cruz Macias ( Técnico electricistaConelectricas y, (viii) el testigo Alexander Gutiérrez Quintero (Testigo presencial de los hechos)».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2023-04400-01

Demandante: Yiderman Plazas Castro y otros

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como me canismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como me canismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la pro cedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un c aso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestionó lo relacionado con la declaratoria de improcedencia por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, e insistió en los argumentos en que sustentó el defecto fáctico por omisión en la valoración de algunos medios de prueba documentales y testimoniales.

En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar o no la decisión de primera instancia, para lo cual establecerá si se cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular el de relevancia constitucional y subsidiariedad, para que, en caso de superar el requisito de procedencia, se aborde

decisión de primera instancia, para lo cual establecerá si se cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular el de relevancia constitucional y subsidiariedad, para que, en caso de superar el requisito de procedencia, se aborde el estudio de los cargos en que sustentó el defecto fáctico alegado, en los estrictos términos del escrito de impugnación .

De los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

(i) Del requisito general de relevancia constitucional

El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección, tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta

resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta deb e tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absol