CE - 110010315000202304419001SENTENCIA20230928092934

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejera Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

Accionante: LUZ ELENA SALAZAR SAFFON

Accionado: SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN "B"- DEL CONSEJO DE

ESTADO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se declara improcedente el mecanismo de amparo. No se cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Luz Elena Salazar Saffon, a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 19 de enero de 2023, proferida por la Sección Segunda -Subsección "B"- del Consejo de Estado1.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Luz Elena Salazar Saffon, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «A LA SEGURIDAD SOCIAL,

DERECHO A LA IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DESCONOCIMIENTO DE

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL Y DEBIDO PROCESO», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 19 de enero de 2023, proferida por la Sección SegundaSubsección "B"- del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 63001-23-33-000-2021-0008201.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que nació el 14 de febrero de 1962 y para el 14 de febrero de 2017 tenía 55 años y 20 años de servicio, por lo cual cumplía con los requisitos previstos en el artículo 7° de la Ley 71 de 19882, para adquirir su derecho a la pensión.

1 De ahora en adelante la Sección o autoridad judicial accionada. 2 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

Accionante: Luz Elena Salazar Saffon

2.2. Indicó que, mediante derecho de petición de 25 de febrero de 2021, solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero no obtuvo

2.2. Indicó que, mediante derecho de petición de 25 de febrero de 2021, solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero no obtuvo respuesta.

2.3. Expuso que, con base en lo anterior, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. número 63001-23-33-000-2021-00082-00/01, en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, para que se declarara la nulidad del acto administrativo presunto que negó la solicitud de reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.

2.4. Indicó que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Quindío y que mediante fallo de 25 de noviembre de 2021 se declaró la nulidad del acto ficto y ordenó reconocer y pagar su pensión de jubilación a partir del 14 de febrero de 2017.

2.5. Refirió que contra el fallo de primera instancia la parte demandada presentó recurso de apelación, el cual fue desatado mediante sentencia de 19 de enero de 2023, proferida por la Sección Segunda -Subsección "B"- del Consejo de Estado, y a través de la cual se revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar se negaron las pretensiones de la demanda.

2.6. Manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales por cuanto incurrió en un desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, proferida por la Sección

2.6. Manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales por cuanto incurrió en un desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en las sentencias de 18 de marzo de 20213, de 24 de febrero de 20224, de 7 de abril de 20225, de 2 de junio de 20226, de 17 de junio de 20227 y de 19 de enero de 20238.

2.7. Finalmente, adujo que el presente asunto tiene relevancia constitucional puesto que la decisión de 19 de enero de 2023 afectó y repercutió directamente en su derecho a la seguridad social, así como los derechos al mínimo vital y la protección reforzada que merecen los adultos mayores, lo cual involucra la afectación de derechos fundamentales y de principios de rango constitucional.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 18 de marzo de 2021, exp. No. 63001-23-33-000-2014-00249-01 (02492016), C.P. Dr. William Hernández Gómez. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 24 de febrero de 2022, exp. No. 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019), C.P. Dr. William Hernández Gómez.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 7 de abril de 2022, exp. No. 63001-23-33-000-2018-00184-01 (49832019), C.P. Dr. William Hernández Gómez. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 2 de junio de 2022, exp. No. 25000 23 42 000 2019 0014301 (30612021), C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 17 de junio de 2022, exp. No. 15001-23-33-000-2019-00357-01 (46782021), C.P. Dr. William Hernández Gómez. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 19 de enero de 2023, exp. No. 15001-23-33-000-2019-00103-01 (30832022), C.P. Dr. William Hernández Gómez.3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

Accionante: Luz Elena Salazar Saffon

«[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales: DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO A LA IGUALDAD, SEGURIDAD

JURÍDICA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL Y DEBIDO PROCESO de los cuales es titular la señora LUZ ELENA SALZAR

SAFFON.

FUENTES FORMALES DE DERECHO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL Y DEBIDO PROCESO de los cuales es titular la señora LUZ ELENA SALZAR

SAFFON.

2. REVOCAR la Sentencia proferida el 19 de enero de 2023 y notificada el 20 de febrero de 2023, por el Consejo de Estado – Subsección Segunda – Subsección B dentro del proceso radicado bajo el No. 63001-23-33-000-202100082-01 (2439-2022)

3. ORDENAR al Consejo de Estado – Subsección Segunda – Subsección B que, en amparo a los derechos de la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia y del principio de favorabilidad:

(i) Declare la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 25 de mayo de 2021, expedido frente a la petición presentada el día 25 de febrero de 2021, en cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación a mi representada a los 55 años de edad y con el cumplimiento de 1.000 semana de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la nómina de pensionados.

(ii) Reconozca una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir, a partir del 14 de febrero de 2017, momento en que cumplió los 55 años de edad y las 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con

pensionada, es decir, a partir del 14 de febrero de 2017, momento en que cumplió los 55 años de edad y las 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial. Lo anterior, en atención al precedente jurisprudencial fijado en la materia de reconocimiento pensional. […]». (Negrillas del texto y sic en toda la cita).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 23 de agosto de 2023, la magistrada a cargo de la sustanciación del proceso de la Sección Primera de esta Corporación, admitió la acción de tutela de la referencia. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés en resultas del proceso a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Sala Segunda de

Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se advierte que

se allegaron los siguientes informes:

6. El Tribunal Administrativo del Quindío remitió el expediente contentivo del proceso núm. 63001-23-33-000-2021-00082-01.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

Accionante: Luz Elena Salazar Saffon

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19919, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 202110 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Problemas jurídicos

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar: b) Si la sentencia de 19 de enero de 2023, proferida por la Sección SegundaSubsección "B"- del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 63001-23-33000-2021-00082-01, vulneró los derechos fundamentales de la accionante, al haber incurrido supuestamente en desconocimiento del precedente.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto

9 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 10 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

Accionante: Luz Elena Salazar Saffon

decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución12.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»13 que se encaje en dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este

esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»13 que se encaje en dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. La señora Luz Elena Salazar Saffon, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «A LA SEGURIDAD SOCIAL,

DERECHO A LA IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO

11 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 12 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.

legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario jud icial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 13 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

Accionante: Luz Elena Salazar Saffon

CONSTITUCIONAL DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, ACCESO A

CONSTITUCIONAL DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL Y DEBIDO PROCESO», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 19 de enero de 2023, proferida por la Sección SegundaSubsección "B"- del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 63001-23-33-000-2021-0008200/01.

18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional

19. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental14 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones15.

20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales16, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o

requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces17.

21. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,

14 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 15 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 16 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de cuestionar el contenido de una decisión judicial.

2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 16 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de cuestionar el contenido de una decisión judicial. 17 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 18 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

Accionante: Luz Elena Salazar Saffon

aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. (destaca la Sala de Decisión)

22. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202219 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,

cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para

precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…) b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. (…) c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho

19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04419-00

Accionante: Luz Elena Salazar Saffon

fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. (…) d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]. [negrillas de la Sala]

ordinarios. (…) d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]. [negrillas de la Sala]

23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 2023.

24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales20.

25. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

26. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que, en el escrito de tutela, la parte actora alegó que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al haber incurrido en desconocimiento del precedente y en una vulneración de su derecho a la igualdad porque no tuvo en consideración la identidad fáctica y jurídica de su caso con aquellos que fueron analizados en la sentencia de unificación de 25 de abril de

incurrido en desconocimiento del precedente y en una vulneración de su derecho a la igualdad porque no tuvo en consideración la identidad fáctica y jurídica de su caso con aquellos que fueron analizados en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, y en las sentencias de 18 de marzo de 202121, de 24 de febrero de 202222, de 7 de abril de 202223, de 2 de junio de 202224, de 17 de junio de 202225 y de 19 de enero de 202326, en los cuales se reconoció la pensión de jubilación docente a personas que se encontraban en condiciones similares. Al respecto señaló:

«[S]e observa que, la autoridad judicial accionada vulnera el derecho la seguridad social en tanto que, está restringiendo la posibilidad de mi representada de gozar de una protección para la vejez y de una posible incapacidad que la imposibilite de manera física o mental para obtener los

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Rad. núm.: 2016-03249-00). 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 18 de marzo de 2021, exp. No. 63001-23-33-000-2014-00249-01 (0249-2016), C.P. Dr. William Hernández Gómez. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 24 de febrero de 2022, exp. No. 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019), C.P. Dr. William Hernández Gómez. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 7 de abril de 2022, exp. No. 63001-23-33-000-2018-00184-01 (49832019), C.P. Dr. William Hernández Gómez. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 2 de junio de 2022, exp. No. 25000 23 42 000 2019 0014301 (30612021), C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 17 de junio de 2022, exp. No. 15001-23-33-000-2019-00357-01 (46782021), C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 17 de junio de 2022, exp. No. 15001-23-33-000-2019-00357-01 (46782021), C.P. Dr. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Secció