CE - 110010315000202304426011SENTENCIA20231122163236

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04426-01

Accionante: Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-04426-01

Accionante: Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá -Sala Cuarta y Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Florencia Referencia: Acción de tutela.

Tema: acción de tutela contra providencias judiciales.

Subtema 1: Defecto fáctico. Subtema 2: Reparación directa-caducidad del medio de control

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, en contra de la sentencia del 14 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Diego Fernando Trejos Quinceno, Felipe Trejos Arteaga, José Oscar Trejos Guerrero y las señoras María Eugenia Arteaga Marín, Martha Lucia Trejos Quinceno y Daneiri José Quinceno Bedoy a1, por intermedio de apoderado, solicitaron la

Diego Fernando Trejos Quinceno, Felipe Trejos Arteaga, José Oscar Trejos Guerrero y las señoras María Eugenia Arteaga Marín, Martha Lucia Trejos Quinceno y Daneiri José Quinceno Bedoy a1, por intermedio de apoderado, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad , de acceso a la administración de justicia, a la “prevalencia del derecho sustancial” y al principio de seguridad jurídica , que consider aron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá-Sala Cuarta, con ocasión a la sentencia del 9 de febrero de 2023, que confirmó el fallo proferido el 30 de junio de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Florencia, a través del cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 11001-33-36-038-2017-00232-00/01. 1.2. Hechos 1.2.1. Diego Fernando Trejos Quinceno se enlistó como soldado voluntario en el Ejército Nacional en 1997. Posteriormente el 14 de noviembre de 1997 fue asignado al Batallón de Contraguerrilla 52 de la Brigada Móvil 3.

1.2.2. El 25 de marzo de 1998, en la localidad conocida como «Quebrada del Billar» zona rural ubicada en Remolinos del Caguán, bajo la jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), el Ejercito Nacional se vio involucrado en un enfrentamiento armado con miembros de las FARC EP. Este conflicto culminó con el secuestro de Diego Fernando Trejos Quiceno. Finalmente, el 28 de junio de 2001

enfrentamiento armado con miembros de las FARC EP. Este conflicto culminó con el secuestro de Diego Fernando Trejos Quiceno. Finalmente, el 28 de junio de 2001 fue liberado.

1.2.3. A partir de agosto de 2001, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional comenzó a someter a Diego Fernando Trejos Quiceno a tratamientos médicos. El 10 de diciembre de 2001, se llevó a cabo la Junta Médica Laboral No. 3701, durante la cual se le diagnosticó «estrés postraumático». Como resultado de este diagnóstico, se le dictaminó que tenía una pérdida de capacidad laboral del 28.25%,

1 Archivo electrónico identificado con certificado 90682756D467FCDB 384116FDA9AE8FF1 094E9394CFE17EDE EA22C714DA728215, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia.11001-03-15-000-2023-04426-01

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por lo que fue retirado del servicio.

1.2.4. Diego Fernando Trejos Quinceno interpuso una acción de tutela con el propósito de salvaguardar sus derechos fundamentales a una vida digna y a la salud. Su objetivo principal era asegurarse de recibir los servicios médicos necesarios y, en caso d e que no experimentara mejoría en un período de seis meses, solicitar la realización de una nueva junta médica laboral. En consecuencia, a través de la sentencia de segunda instancia proferida el 1° de octubre de 2008 por

necesarios y, en caso d e que no experimentara mejoría en un período de seis meses, solicitar la realización de una nueva junta médica laboral. En consecuencia, a través de la sentencia de segunda instancia proferida el 1° de octubre de 2008 por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, se ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional proporcionar los servicios médicos requeridos por el demandante. Además, se estableció que, si después de seis meses no se registraba ninguna mejoría en su estado de salud, se llevaría a cabo una nueva Junta Médica Laboral para evaluar cualquier disminución en su capacidad laboral.

1.2.5. El 14 de febrero de 2014, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le practicó a Diego Fernando Trejos la Junta Médico Laboral No. 66 961, mediante la cual se le diagnosticó «estrés postraumático agravado», calificó la pérdida de capacidad laboral en 81.14%.

1.2.6. Posteriormente, el señor Trejos Quinceno presentó una solicitud de conciliación el 25 de abril de 2016, en la que convocó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional. Sin embargo, esta solicitud de conciliación fue declarada fallida según consta en el acta proferida por la Procuraduría 206 Judicial I para Asuntos Administrativos de Villavicencio (Meta).

1.2.7. A raíz de estos acontecimientos, el señor Trejos Quinceno y su grupo familiar, presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa. Esta demanda fue conocida inicialmente por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia que, en sentencia proferida el 30 de junio de 2021,

presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa. Esta demanda fue conocida inicialmente por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia que, en sentencia proferida el 30 de junio de 2021, declaró de manera oficiosa la caducidad del medio de control de reparación directa y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda.

1.2.8. El juez de primera instancia argumentó que la víctima directa sufrió un daño continuado y, en consecuencia, sostuvo que el período de caducidad debía contarse a partir de la cesación del daño. Esto significa que el plazo de caducidad comienza cuando la persona desaparezca, sea liberada o cuan do se reúnan las condiciones de seguridad requeridas para su regreso al lugar de origen y llego a la conclusión de que el medio de control de reparación había caducado por las siguientes razones: - El término de caducidad empezó a correr a partir del 29 de junio de 2001, pues para entonces ya había cesado el daño y las circunstancias que le impedían al señor Diego Fernando Trejos Quiceno materialmente ejercer su derecho de acción. - Para la época de la ocurrencia de los hechos «25 de marzo de 1998» el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años. - La demanda se interpuso el 11 de julio de 2016, cuando ya habían trascurrido más de dos años.

1.2.9. Inconforme co n la decisión anterior, el señor Trejos Quinceno y su grupo familiar presentaron un recurso de apelación. El cual fue resuelto por el Tribunal

1.2.9. Inconforme co n la decisión anterior, el señor Trejos Quinceno y su grupo familiar presentaron un recurso de apelación. El cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta. Esta autoridad, mediante sentencia dictada el 9 de febrero de 2023, confirmó la providencia del 30 de junio de 2021 emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.

1.2.10. El tribunal llegó a esta conclusión al determinar que el señor Diego Fernando Trejos Quiceno tenía conocimiento de la afec tación a su salud, es decir, el «estrés postraumático», desde la notificación del Acta de Junta Médico Laboral No. 3701 del 10 de diciembre de 2001, la cual fue derivada del secuestro que sufrió a manos de las FARC EP. Por lo tanto, consideró que el períod o de caducidad debía empezarse a contar desde esa fecha.

1.2.11. En ese orden, la autoridad judicial rechazó el cómputo del período de caducidad a partir del Acta de Junta Médico Laboral No. 66961 del 14 de febrero de11001-03-15-000-2023-04426-01

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2014, ya que esta evaluación simplem ente revisó una patología que ya había sido diagnosticada en 2001.

1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido

2014, ya que esta evaluación simplem ente revisó una patología que ya había sido diagnosticada en 2001.

1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la “prevalencia del derecho sustancial” y al principio de seguridad jurídica . En consecuencia, pidió al juez constitucional dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso de nulidad y restablecimient o del derecho con radicado número 11001-33-36-038-2017-00232-00/01 y ordenar se profiera una nueva decisión en la que “se declare que los demandantes tienen derecho a que se les reconozca y paguen los perjuicios materiales, morales y daños a la salud que sufrió el señor DIEGO FERNANDO TREJOS QUICENO, en virtud al trauma de estrés postraumático grave con síntomas psicóticos, diagnosticado mediante acta de junta medico laboral No. 66961 del 14 de febrero del 2014, como consecuencia del combate sostenido con cerca de 1000 hombres de los bloques Sur y Oriental de las FARC-EP, bajo el mando del mismo Manuel Marulanda, del Mono Jojoy y Joaquín Gómez, y su posterior secuestro de que fue víctima cuando prestaba su servicio al Ejército Nacional, como Soldado Voluntario”. Como fundamentos de su petición de amparo constitucional, la accionante, expuso que la providencia cuestionada en sede de tutela incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que el señor Trejos Quinceno solo tuvo conocimiento del perjuicio

Como fundamentos de su petición de amparo constitucional, la accionante, expuso que la providencia cuestionada en sede de tutela incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que el señor Trejos Quinceno solo tuvo conocimiento del perjuicio a través del Acta de Junta Médico Laboral 66961 del 14 de febrero de 2014, debido a que el diagnóstico médico 3701 del 10 de diciembre de 2001 indicaba que el señor Diego Fernando Trejos Quiceno se encontraba asintomático. Los accionantes pusieron de presente que la autoridad judicial tomo como punto de partida para contabilizar la vigencia de la acción, el Acta de Junta Médico Laboral 3701 del 10 de diciembre de 2001, sin considerar que solo con la evaluación realizada en 2014 el demandante tuvo certeza del perjuicio causado por el trastorno de estrés postraumático padecido. Adicionalmente, afirmó la actora que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el aparte del acta de la junta médico laboral 66961 del 14 de febrero de 2014, denominado “II. CAUSAL DE CONVOCATORIA”, en el que se indicó: “II. CAUSAL DE CONVOCATORIA De acuerdo al artículo 19 del Decreto 1796 de 2000 esta Junta Médica se convoca por: SE REALIZA JUNTA MEDICA LABORAL EN CUMPLIMIENTO A FALLO DE TUTELA No. 20080521301 DEL PRIMERO D E OCTUBRE DE 2008 PROFERIDA

POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL

DISCIPLINARIA QUE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA JUNTA MEDICA LABORAL

POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL

DISCIPLINARIA QUE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA JUNTA MEDICA LABORAL PARA DETERMINAR LA DISMINUCIÓN DE SU CAPACIDAD LABORAL SE REALIZA ACTA DE INEFICACIA CON NÚMERO DE RES OLUCIÓN 05 DEL 14 DE FEBRERO DE 2014 QUE REVOCA PARCIALMENTE LA JUNTA MÉDICA LABORAL No. 3701 DEL 10 DE DICIEMBRE 2001 POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA Y QUE

DEJA CON EFECTOS LOS ÍNDICES ASIGNACOS A LA SECUELA ORTOPEDIA”.

1.4. Trámite en primera instancia

El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado por auto del 24 de agosto de 20232, admitió la acción de tutela, vinculó como tercero con interés a la Nación-Ministerio de Defensa -Ejército Nacional y ordenó notificar a las partes, para que, si lo consideraban pertinente, intervinieran en el trámite constitucional.

Notificada la anterior decisión, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Florencia remitió el expediente electrónico en el que se profirió la decisión

2 Archivo electrónico identificado con el certificado 959226A858ACC988 156F42DCF92EEE41 F0BD62C35EAF7A3B BA472FCC41059FB7 ubicado en el índice 4 del expediente digital de primera instancia.11001-03-15-000-2023-04426-01

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cuestionada, sin embargo, no se pronunció respecto de las pretensiones de la solicitud de amparo. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio. 1.5. Sentencia de primera instancia La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de septiembre de 20233, declaró la improcedencia de la acción por no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia constitucional. El juez constitucional de primera instancia consideró que la parte actora, en lugar de establecer una violación de sus garantías fundamentales, su objeto se limitaba a intentar obtener un nuevo análisis del material probatorio. Puso de presente que las autoridades cuestionadas nunca desconocieron e l dictamen del 2014, sino que consideraron que el término de caducidad debía contarse desde el que se realizó en el 2001. Sostuvo que el escrito de tutela carecía de carga argumentativa “iusfundamental” porque los reparos de los accionantes iban encaminados, únicamente, a controvertir la postura jurídica sobre el momento en que debe empezar a contabilizar el término de caducidad. Por lo tanto, consideró que el sustento de la solicitud no es nada más que una simple inconformidad con una decisión que no se ajusta a sus intereses. 1.6. Impugnación La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera instancia. Indicó que el juez constitucional de primera instancia había partido de una

1.6. Impugnación La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera instancia. Indicó que el juez constitucional de primera instancia había partido de una apreciación errada al considerar que la finalidad de la tutela era reabrir el debate probatorio del proceso ordinario.

Reiteró los argumentos esbozados en el escrito inicial y afirmó que la solicitud de amparo contenía intrínsecamente, a través de la sustentación del defecto alegado, los argumentos que permitían ligar la transgresión de los derechos fundamentales a la actuación de las autoridades judiciales.

El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de auto del 2 de octubre de 202 34, concedió la impugnación interpuesta po r la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de Diego Fernando Trejos Quinceno, Felipe Trejos Arteaga, José Oscar Trejos Guerrero y las señoras María Eugenia Arteaga Marín, Martha Lucia Trejos Quinceno y Daneiri José Quinceno Bedoya se encuentra acreditada, puesto que fueron la demandantes en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-038-2017-00232-00/01 en el que fue proferida la sentencia del 9 de febrero de 2023 que, según afirm aron, vulneró sus derechos

con radicado 11001-33-36-038-2017-00232-00/01 en el que fue proferida la sentencia del 9 de febrero de 2023 que, según afirm aron, vulneró sus derechos

3 Archivo electrónico identificado con certificado 999F7929D1B209E9 854A61DAFBC62B86 E10D44B46F017908 26EC286ECFA77D8F, ubicado en el índice 11 del expediente digital. 4 Archivo electrónico identificado con certificado 2EE6F4C5E8411D09 D039AEE0A171D5AF 4A84397F570EA93E 1621F5EBD1F6A9BB ubicado en el índice 18 del expediente digital de primera instancia.11001-03-15-000-2023-04426-01

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fundamentales, y, por lo tanto, son titular de los derechos fundamentales cuyo amparo pretenden.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva de Tribunal Administrativo de Caquetá-Sala Cuarta y Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Florencia, en la medida en que fueron, respectivamente, las autoridades que emitieron las decisiones que, según l os tutelantes, vulneraron sus derechos fundamentales. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Florencia y el Tribunal Administrativo

fundamentales. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Florencia y el Tribunal Administrativo de Caquetá-Sala Cuarta, circunscribirá su análisis a la sentencia del 9 de febrero de 2023, por cuanto esta resolvió los argumentos elevados por los demandantes en su recurso de apelación y fue la que puso fin al trámite ordinario de reparación directa. 2.3. Procedibilidad de la acción La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo judicial preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley5. La jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una solicitud de amparo va dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción6. Así, una vez verificada la observación de l os presupuestos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos en que incurre la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de t utela contra providencias judiciales7.

5 Corte Constitucional, sentencia T-867 de 2013: “[e]sta Corporación, e n ejercicio de su labor como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y

judiciales7.

5 Corte Constitucional, sentencia T-867 de 2013: “[e]sta Corporación, e n ejercicio de su labor como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión d e cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”. 6 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de ampar o, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela. 7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se

(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela. 7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales es pecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental , que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexi stentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los11001-03-15-000-2023-04426-01

Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los11001-03-15-000-2023-04426-01

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2.3.1. Los reparos de la tutela superan los requisitos de carga argumentativa y de relevancia constitucional, por cuanto los demandantes expusieron con claridad que la vulneración de sus derechos surgió a partir de indebida valoración del acta de la junta médica laboral del 14 de febrero de 2014, por lo que se concluyó que el medio de control se había presentado por fuera del término establecido por la ley.

Lo anterior implica la posible configuración de un defecto fáctico, por lo que se trata de aspectos definitivos para establecer si los tutelantes tenían derecho a que se accediera a las pretensiones de su demanda de reparación directa. Es decir, el presente asunto involucra la discusión sobre la posible vulneració n del derecho fundamental al debido proceso derivado de los defectos endilgados a las autoridades judiciales accionadas y de la negativa al acceso a la administración de justicia que conlleva la declara ción de caducidad, “que tiene implicaciones constitucionales en la garantía de los derechos fundamentales de la presunta víctima y que, por ende, no puede considerarse como una discusión meramente legal ni tampoco se pretende utilizar la acción de tutela para reabrir un debate jurídico cerrado por el juez contencioso administrativo”8.

víctima y que, por ende, no puede considerarse como una discusión meramente legal ni tampoco se pretende utilizar la acción de tutela para reabrir un debate jurídico cerrado por el juez contencioso administrativo”8.

2.3.2. El presupuesto de subsidiariedad también se encuentra satisfecho frente a los reparos dirigidos en contra del Tribunal Administrativo de Caquetá, porque no procede mecanismo judicial ordinario o extraordinario alguno para controvertir la sentencia del 9 de febrero de 2023 por la configuración del defecto invocado.

2.3.3. La acción de tutela se instauró oportunamente, en términos del requisito de la inmediatez, porque la sentencia controvertida del Tribunal Administrativo de Caquetá fue proferida el 9 de febrero de 2023, la cual cobró ejecutoria el 28 de febrero siguiente9, y el actor presentó la solicitud de amparo el 22 de agosto del mismo año, es decir, dent ro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación ha establecido de manera general en seis meses10.

2.3.4. No se invocó una irregularidad procesal y la providencia cuestionada no es una sentencia de tutela. Satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, hay lugar a avanzar al análisis de los requisitos específicos de procedencia.

2.4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Caquetá vulneró las garantías fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la “prevalencia del derecho sustancial” y al principio de seguridad jurídica, invocadas por los actores, con la sentencia del 9 de

acceso a la administración de justicia, a la “prevalencia del derecho sustancial” y al principio de seguridad jurídica, invocadas por los actores, con la sentencia del 9 de febrero de 2023, por la posible configuración de la causal específica de procedencia de defecto fáctico.

En particular, le corresponderá determinar los parámetros decantados por el Consejo de Estado respecto a la caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de lesiones o afecciones que no se conocen de manera instantánea para el momento de los hechos, sino que se prolongan en el tiempo y se adquieren certeza en una fecha posterior. Así, de esta manera, establecer si el Tribunal Administrativo de C aquetá valoró indebidamente las pruebas al momento de decidir sobre la caducidad del medio de control.

Para lo anterior, la Sala abordará el alcance jurisprudencial del defecto fáctico, el término para presentar una demanda de reparación directa cuando se trate de

jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 8 Corte constitucional, sentencia T-340 de 2023. 9 Constancia Secretarial visible en el índice 12 del expediente digital de segunda instancia del proceso ordinario 11001-33-36-038-2017-00232-01. 10 Al respecto ver las sentencias SU-961de 1999 y T-031 de 2016 de la Corte Constitucional, y la sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto del 2014.11001-03-15-000-2023-04426-01

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sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto del 2014.11001-03-15-000-2023-04426-01

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lesiones o afecciones y su alcance jurisprudencial, para luego, estudiar el caso concreto.

2.4.1. El defecto fáctico

Sobre el defecto fáctico en general, la Corte Constitucional precisó que se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que fundó su decisión 11. Defecto con la connotación de flagrante, ostensible, manifiesto y con incidencia directa en la decisión.

Para la existencia de este defecto, es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llegó el juez del proceso en su providencia, o que el apoyo probatorio en que se basó resulta absolutamente inadecuado para el caso.

2.4.2. La vigencia del medio de control en casos de lesiones o afecciones

El artículo 164 del CPACA establece la oportunidad que tienen los demandantes de presentar una demanda con pretensión de reparación directa , en los siguientes términos:

“(…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de

términos:

“(…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pre tensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición; (…)”

Mediant