CE - 110010315000202304442001SENTENCIA20230927194418

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04442-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: MILLER ALEXANDER CASTILLO LÓPEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. CARECE DEL

REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR NO

ARGUMENTÓ CON PRECISIÓN EN QUÉ CONSISTIÓ LA OCURRENCIA DE LOS

DEFECTOS ALEGADOS. ADEMÁS, LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE

SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.

1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2

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ACTOR: MILLER ALEXANDER CASTILLO LÓPEZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

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ACTOR: MILLER ALEXANDER CASTILLO LÓPEZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor MILLER ALEXANDER CASTILLO LÓPEZ , actuando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la defensa y al principio de contradicción, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 14 de diciembre de 2022 y 3 de agosto de 2023, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-3335-017-201900504-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que ingresó a la ingresó a la Policía Nacional el 6 de septiembre de 2004 como alumno de la Escuela Alfonso López Pumarejo de Facatativá hasta el 17 de junio de 2019, prestando sus servicios por más de 14 años, en los cuales obtuvo menciones honorificas, condecoraciones y distintivo presidencial.3

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ACTOR: MILLER ALEXANDER CASTILLO LÓPEZ

Señaló que mediante acta de 14 de junio de 2019 la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personas Ejecutivo y Agentes MEBOG, recomendó su retiro del servicio activo, por la

Señaló que mediante acta de 14 de junio de 2019 la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personas Ejecutivo y Agentes MEBOG, recomendó su retiro del servicio activo, por la causal denominada “Voluntad de la Dirección General” razón por la que mediante Resolución núm. 259 de 17 de junio de 2019, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá lo retiró del servicio.

Sostuvo que , por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio y, como consecuencia de ello, se ordenara su reintegro a la institución, así como el ascenso al grado que ostentaban sus compañeros de promoción, sin solución de continuidad.

Manifestó que a la demanda se le asignó el número único de radicación 2019-00504-00 y correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante providencia de 14 de diciembre de 2022 negó las pretensiones al considerar que la decisión de la Policía Nacional estuvo ajustada a la forma y términos en los que procede el retiro discrecional por voluntad de la Dirección General, por lo que los4

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motivos que la fundaron fueron suficientes para tomar la decisión de dar aplicación a la facultad discrecional.

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motivos que la fundaron fueron suficientes para tomar la decisión de dar aplicación a la facultad discrecional.

Indicó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, que fue desataco por el TRIBUNAL en providencia de 3 de agosto de 2023, en el sentido de confirmar la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

Narró el actor que fue víctima de una persecución adentro de la institución por parte del Teniente REINERIO ALBERTO CUARTAS JIMÉNEZ, persona que causó su retiró del servicio pese a haber sido condecorado en múltiples oportunidades.

Adujo que por el acoso laboral del cual fue objeto, present ó queja ante la Procuraduría General de la Nación el 12 de diciembre de 2018, la cual finalizó con un procedimiento conciliatorio; no obstante, que luego de ello continuaron las arbitrariedades , razón por la que el Inspector de Policía ordenó remitir el asunto al Comité de Convivencia Laboral , en la cual le dieron trámite a la queja presentada.

Sostuvo que, el resultado de lo anterior fue haber sido retirado de la5

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institución, bajo anotaciones ilícitas e irregulares , lo que permitía declarar la nulidad del acto administrativo demandado.

Señaló que, tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en defecto procedimental absoluto , pues desconocieron el

declarar la nulidad del acto administrativo demandado.

Señaló que, tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en defecto procedimental absoluto , pues desconocieron el procedimiento ante una denuncia de acoso laboral por lo que se emitieron decisiones arbitrarias y lesivas contra sus derechos fundamentales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006.

Aseveró que los falladores de instancia omitieron analizar que la institución no realizó el procedimiento adecua do en caso de queja por acoso laboral , pasando por alto l os pronunciamientos emitidos tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado para estos casos.

A su juicio, las autoridades judiciales accionadas cercenaron la norma jurídica aplicable al asunto para dar le un sentido restringido, teniendo en cuenta únicamente la recomendación del Comité de Evaluación, lo que desconoce sus derechos fundamentales al omitir valorar de forma íntegra los hechos y fundamentos de la demanda puestos en conocimiento, como lo fue la falsa motivación, la desviación de poder, la expedición irregular del acto.6

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ACTOR: MILLER ALEXANDER CASTILLO LÓPEZ

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, así como en valoración indebida de las pruebas obrantes en el expediente, que daban cuenta de su excelente hoja de vida y del acoso laboral del que estaba siendo objeto.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

obrantes en el expediente, que daban cuenta de su excelente hoja de vida y del acoso laboral del que estaba siendo objeto.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] la REVOCATORIA de las sentencias emitida por 1. - Sentencia de primera Instancia proferida por el Juzgado H. Juzgado Diecisiete (17) administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de fecha 14 de diciembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda. Y Sentencia de segunda instancia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D, de fecha 3 de agosto de 2023, notificada el 10 de agosto de 2023, que confirmó el fallo de primera instancia.

Como consecuencia que se sirva conceder las pretensiones de la demanda en su integridad y por tanto Reintegrar, reincorporar y ordenar que previo el cumplimiento de los requisitos se proceda a ascender al tutelante al GRADO que ostenten sus compañeros de promoción, sin solución de continuidad, por haber cumplido la totalidad de requisitos reglamentarios, para todos los efectos legales y prestacionales, principalmente la antigüedad y ascenso, dándole cargo y las funciones que le corresponden, por haber reunido la totalidad de requisitos […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El JUZGADO advirtió que la forma natural de controvertir las7

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decisiones judiciales es la interposición de los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico otorga para la defensa de los derechos, no siento procedente la acción de tutela como una protección alternativa para ello.

Destacó que, en el caso concreto, no se vulneró derecho fundamental alguno, pues todas las decisiones respetaron el precedente jurisprudencial y analizaron cada uno de los cargos formulados , con fundamento en las pruebas presentadas por las partes.

I.4.2.- La POLICÍA NACIONAL solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional de la referencia, toda vez que no se vislumbraba la vulneración de derecho fundamental alguno.

Afirmó que no se advierte que el análisis desarrollado por el TRIBUNAL constituya una trasgresión de los derechos fundamentales alegados por el actor , diferente es que la decisión haya sido contraria a los intereses del actor.

Señaló que la Dirección General de la Policía Nacional está facultada para retirar a miembros del Nivel Ejecut ivo en servicio activo de la Institución, en concordancia con lo señalado en la Ley 857 de 2003 ,8

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por lo que para el caso concreto se cumplieron los requisitos en el momento de dar aplicación al retiro del señor CASTILLO LÓPEZ.

ACTOR: MILLER ALEXANDER CASTILLO LÓPEZ

por lo que para el caso concreto se cumplieron los requisitos en el momento de dar aplicación al retiro del señor CASTILLO LÓPEZ.

Finalmente, adujo que la acción de tutela incoada es improcedente, pues no se está ante un perjuicio irremediable o una amena za inminente e injustificada a los derechos fundamentales del actor , máxime cuando el debate planteado ya se surtió en otros escenarios de protección jurisdiccional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.9

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Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en u n

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en u n asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).10

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucio nal que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como u n mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la11

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sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cua l las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acredita r la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.12

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o s ustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan un a evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto las providencias de 14 de diciembre de 2022 y 3 de agosto de 2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00504-01.13

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A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al principio de contradicción, habida cuenta que, a juicio del actor , las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental absoluto, pues se desconoció el procedimiento ante la denuncia de acoso labo ral presentada , así como su excelente hoja de vida laboral en la institución, lo que evidenciaba la ilegalidad del acto administrativo acusado.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar

como su excelente hoja de vida laboral en la institución, lo que evidenciaba la ilegalidad del acto administrativo acusado.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos, tanto la providencia de 14 de diciembre de 2022 , proferida por el JUZGADO, como la dictada por el TRIBUNAL el 23 de agosto de 2023, la Sala realizará únicamente el análisis de este último fallo, toda vez que fue el que puso fin al debate.

De acuerdo con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicia les, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.14

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De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneracione s comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.15

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“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como

requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,

[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,

[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”16

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para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [9].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensi ón del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción

2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que or igina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido

[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia co nstitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”17

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particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constituc ional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [11].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 12]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los proces