CE - 110010315000202304453001SENTENCIA20231219134126

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela Expediente : 11001-03-15-000-2023-04453-001

Actor : Ericsson Ernesto Mena Garzón Accionados : Presidencias del Consejo de Estado y del Senado de la República, la Fiscalía y la Procuraduría Generales de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura Tema : Falta de respuesta a solicitud Derecho presuntamente vulnerado

: Petición

Procede la Sala a dictar la sentencia que en Derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón en contra de la presidencia del Consejo de Estado y del Senado de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, el Minist erio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura , por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los hechos probados en el expediente de tutela, así como los argumentos expuestos por el actor frente a la falta de respuesta a la solicitud que formuló el 27 de julio de 2023 ante las

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los hechos probados en el expediente de tutela, así como los argumentos expuestos por el actor frente a la falta de respuesta a la solicitud que formuló el 27 de julio de 2023 ante las autoridades accionadas. Luego, se concentrará en estudiar el contexto de las pretensiones de esta acción de tutela.

Hechos probados.

a) El 14 de diciembre de 2022 el actor solicitó al Consejo de Estado responder los

1 Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

2

siguientes interrogantes: (i) ¿cuántos jueces y magistrados están capacitados en derecho ambiental y si tienen experiencia en esa área?, (ii) ¿cuántas demandas atañederas al medio ambiente se tramitan en el país?, (iii) ¿qué formación académica reciben los referidos servidores judiciales?, (iv) ¿existen tribunales especializados en materia ambiental? y (v) ¿el medio ambiente es un derecho fundamental?.

b) Con oficio CE -PRESIDENCIA-OFI-INT-2023-735 del 9 de marzo de 2023 2, la presidencia del Consejo de Estado informó al demandante que le correspondía, por competencia, resolver las primeras cuatro preguntas al Consejo Superior de la Judicatura, por lo que se las direccionó ese mismo día, por medio de OFICIO CEPRESIDENCIA-OFI-INT-2023-734), y, en cuanto a la última, indicó que, según la

competencia, resolver las primeras cuatro preguntas al Consejo Superior de la Judicatura, por lo que se las direccionó ese mismo día, por medio de OFICIO CEPRESIDENCIA-OFI-INT-2023-734), y, en cuanto a la última, indicó que, según la jurisprudencia, el medio ambiente es un derecho colectivo, para lo cual remitió pronunciamientos de la Corporación en ese sentido.

c) En atención a la petición del 14 de diciembre de 2022, la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Oficio PCSJ22 -179 del 4 de abril de 2023 3, comunicó al accionante que adelantó un curso virtual de derecho ambiental y control de deforestación de 70 horas, en el marco del Plan de F ormación de la “Rama Judicial 2021”, y desde el 2020 la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” ha realizado 13 videoconferencias sobre esa temática, a las cuales asistieron 1.654 servidores judiciales. Además, señaló que ha suscrito acuerdos de entendimiento con diferentes entidades, con el objeto de aunar esfuerzos para formar a los jueces de la República, dentro de los que se destacan los celebrados el 3 de julio de 2020 con el Instituto de Derecho Ambiental y “la Agencia para el Desarrollo Internacional de Los Estados Unidos en Colombia”.

Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura indicó al peticionario que no es dable asignar las acciones relacionadas con asuntos ambientales a jueces que conozcan únicamente de esa materia, por cuanto así no lo dispone la estructura de la Rama Judicial, no obstante, se han surtido capacitaciones a los jueces que tramitan ese tipo de asuntos. De igual manera, le precisó que el Acuerdo PCSJA21conozcan únicamente de esa materia, por cuanto así no lo dispone la estructura de la Rama Judicial, no obstante, se han surtido capacitaciones a los jueces que tramitan ese tipo de asuntos. De igual manera, le precisó que el Acuerdo PCSJA2111854 del 23 de septiembre de 2021 prevé un mecanismo para designar peritos en

2 Notificado al correo electrónico priliambinternacional@gmail.com, señalado por el actor como la dirección virtual en la que recibiría las correspondientes respuestas. 3 Suscrito por la señora magistrada auxiliar Margarita María Becerra Dawson.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

3

el componente ambiental que apoyan ese tipo de procesos.

d) El 24 de abril de 2023 el tutelante, con escrito dirigido a la Presidencia de la República4, solicitó respuesta a los siguientes interrogantes: (i) ¿cómo se garantiza el acceso a la administración de justicia en materia ambiental?, (ii) ¿qué normativa impide que en Colombia existan tribunales especiales en medio ambiente?, (iii) ¿qué capacitación requieren los jueces, fiscales y magistrados que conocen temas de esa índole?, (iv) ¿”qué presupuesto nacional hay para implementar los tribunales especializados”?, (v) ¿de qué herramientas tecnológicas y humanas disponen aquellos servidores judiciales para efectuar su labor?, (vi) ¿estos cuentan con “experiencia certificada y especializada” en medio ambiente?; (vii) ¿existe en el país una comisión de regulación ambiental?, (viii) ¿qué entidades estatales, además de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, capacita a las referidas autoridades

“experiencia certificada y especializada” en medio ambiente?; (vii) ¿existe en el país una comisión de regulación ambiental?, (viii) ¿qué entidades estatales, además de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, capacita a las referidas autoridades judiciales? y (ix) ¿qué instrucción se le ha impartido a estas?.

e) La presidencia del Consejo de Estado, a la que se le remitió la anterior solicitud, le explicó al peticionario, con oficio CE-PRESIDENCIA-PQRS-INT-2023-1544 del 3 de mayo de 20235, que carecía de competencia para responder las preguntas, dado que ello le correspondía al Consejo Superior de la Judicatura, por ser el encargado de “administrar la Rama Judicial ”, por lo que le envió a esa Corporación el respectivo escrito, por medio de oficio ce -presidencia-pqrs-int-2023-1543 de la misma fecha.

f) El 27 de julio de 2023 el accionante envió a las autoridades accionadas (salvo a la Defensoría del Pueblo) una nueva reclamación 6 encaminada a que se le absolvieran las siguientes inquietudes : (i) ¿cómo se garantiza el acceso a la administración de justicia en materia ambiental?, (ii) ¿qué normativa impide que en Colombia se adopten tribunales especializados en medio ambiente?, (iii) ¿a cuánto asciende el presupuesto del que se dispone para su implementación?, (iv) ¿qué preparación académica reciben los funcionarios judiciales que conocen de asuntos del medio ambiente y cuántos suman ellos?, (v) ¿qué herramientas tecnológicas utilizan dichos servidores?, (vi) ¿existe en el país alguna comisión de regulación

preparación académica reciben los funcionarios judiciales que conocen de asuntos del medio ambiente y cuántos suman ellos?, (v) ¿qué herramientas tecnológicas utilizan dichos servidores?, (vi) ¿existe en el país alguna comisión de regulación ambiental?, (vii) ¿la Escu ela Judicial Rod rigo Lara Bonilla efectúa formación en

4 En la petición se indicó que se recibirán las respectivas respuestas en el correo electrónico plajusticiaambientalcolombia@outlook.co. 5 Enviado al correo electrónico plajusticiaambientalcolombia@outlook.co. 6 En que indica la cuenta virtual plajusticiambiental@gmail.com para efectos de notificaciones.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

4

temas ambientales?, (viii) ¿qué entidades son las encargadas de instruir a los servidores públicos que tramitan esas cuestiones?, (ix) ¿cuántos fiscales, jueces y magistrados especializados en el medio ambiente han habido en Colombia en los últimos cincuenta (50) años?; y (x) ¿cuántos litigios han conocido?.

g) Frente a la anterior petición, la Presidencia del Consejo de Estado, a través de Oficio CE-PRESIDENCIA-PQRS-INT-2023-2918 del 31 de julio de 2023, dispuso remitirla al Consejo Superior de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo, por considerar que era de su competencia, decisión comunicada al actor, con oficio CEPRESIDENCIA-PQRS-INT-2023-2917 de la misma fecha7.

remitirla al Consejo Superior de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo, por considerar que era de su competencia, decisión comunicada al actor, con oficio CEPRESIDENCIA-PQRS-INT-2023-2917 de la misma fecha7.

h) Mediante oficio MDJ -OFI23-28820-DOJ-20300 de l 3 de agosto de 2023 8, la Dirección de Desarrollo del Derecho y el O rdenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho indicó que, por medio de Oficio MJD-OFI23-19926 del 31 de mayo de 2023, ya se había pronunciado sobre los mencionados interrogantes, por tanto, el peticionario debía estarse a lo resuelto en esa comunicación. Asimismo, señaló que “las políticas sobre administración de justicia parten de las políticas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, (…) el cual puede consultar en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-Juriscol”.

No obstante, no se allegó a estas diligencias copia del oficio MJD-OFI23-19926 del 31 de mayo de 2023 y aunque se observa un enlace virtual9, no se logra visualizar la comunicación , c ircunstancia por la que la Sala requirió dicho documento, mediante auto del 2 de octubre del año en curso.

En cumplimiento del mencionado proveído, la Dirección de Desarrollo del Derecho y el Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho aportó los oficios MJD-OFI23-0019926 de l 31 de mayo y MJD -OFI23-0028820 de l 3 de agosto, ambos de 2023, con sus respectivas constancias de notificación el 31 de mayo de

MJD-OFI23-0019926 de l 31 de mayo y MJD -OFI23-0028820 de l 3 de agosto, ambos de 2023, con sus respectivas constancias de notificación el 31 de mayo de la misma anualidad (al correo electrónico plajusticiaambientalcolombia@outlook.com) y del 3 de agosto siguiente (a la cuenta virtual plajusticiambiental@gmail.com), respectivamente.

7 Remitido a la cuenta virtual plajusticiambiental@gmail.com. 8 Notificado ese día al correo electrónico plajusticiambiental@gmail.com. 9 “vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb, MJDOFI23-0019926 y la contraseña R26RYwFWsQ”.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

5

Al examinar el Oficio MJD-OFI23-0019926 del 31 de mayo de 2023 se constata que la referida autoridad señaló que, (i) en Colombia no existe “jurisdicción especializada en materia ambiental ”, (ii ) las controversias relacionadas con el medio ambiente las conocen “las jurisdicciones: constitucional, contenciosoadministrativa, ordinaria y penal, dependiendo del alcance de las pretensiones, los bienes jurídicos protegidos y el tipo de responsabilidad que se pretenda derivar del daño (…)”; (iii) se surten en el Congreso de la República diferentes proyectos de ley orientados a instituir los “tribunales ambientales”, como los identificados con los números “47/20, 196/21 y 1677/22 ”; (iv) las normas concer nientes a temas ambientales emitidas desde 1864, pueden consultarse en el Sistema Único de

números “47/20, 196/21 y 1677/22 ”; (iv) las normas concer nientes a temas ambientales emitidas desde 1864, pueden consultarse en el Sistema Único de Información Normativa “SIUN-Juriscol” (enlace virtual www.suinjuriscol.gov.co/legislacion/derechovigente); (v) en el país no existe norma que prohíba la creación de una jurisdicción ambiental, (vi) los funcionarios judiciales que conocen temas ambientales se encuentran facultados para acudir a conocimientos técnicos y científicos, a través de las pruebas periciales, en virtud del artículo 226 del Código General del Proceso (CGP); (vii) los jueces que tramitan esos asuntos gozan de independencia, de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política y los diferentes tratados internacionales, dentro de los que se destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros; (viii) en Colombia no existe una comisión de regulación ambiental, (ix) los jueces y fiscales son elegidos luego de aprobar un procedimiento de selección, en el que deben superar pruebas que evalúan sus conocimientos medio ambientales, lo que garantiza que sepan sob re la materia; (x) el ordenamiento jurídico prevé diferentes instrumentos para garantizar la “colaboración jurídica” en la ejecución de las políticas orientadas a proteger la naturaleza, como “la auditoría ambiental”, “estudios de impacto ambiental”, entre otros; (xi) sus competencias no conciernen a capacitaciones de los mencionados funcionarios judiciales y (xii) el sistema normativo contempla recursos contra las decisiones que aquellos emiten,

ambiental”, “estudios de impacto ambiental”, entre otros; (xi) sus competencias no conciernen a capacitaciones de los mencionados funcionarios judiciales y (xii) el sistema normativo contempla recursos contra las decisiones que aquellos emiten, con los que es dable subsanar posibles errores en los que puedan incurrir.

1. La presidencia del Congreso de la República allegó el oficio CQU-CS-CV-19-7192023 del 3 de agosto de 2023, en el que se consigna que “corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración ” y “se ha dado traslado de su petición víaAcción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

6

correo electrónico a cada uno de los Senadores miembros de esta Célula Legislativa” (sic), con oficio CQR-CS-CV19-617-2023 del mismo día, sin embargo, no se arrimó prueba de que se le hayan enviado esas comunicaciones al demandante a la cuenta virtual consignada en el memorial del 27 de julio del año en curso.

Ahora bien, en cumplimiento del auto del 2 de octubre de 2023 emitido por esta Corporación, la precitada autoridad anexó comunicación del 2 de agosto de ese año, enviada al correo electrónico plajusticiambiental@gmail.com, en la que le informó al accionante que la petición que formuló el 27 de julio anterior fue remitida al Defensor del Pueblo y a los integrantes de la Comisión Quinta del Senado de la República para que se pronunciaran sobre ella.

al accionante que la petición que formuló el 27 de julio anterior fue remitida al Defensor del Pueblo y a los integrantes de la Comisión Quinta del Senado de la República para que se pronunciaran sobre ella.

j) El Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de la presidencia de esa Corporación y en atención al referido proveído del 2 de octubre de 2023, allegaron a estas diligencias el Oficio PCSJO23 -91 del 1º de febrero del año en curso 10, en el que se despachó una petición formulada por el actor el 14 de diciembre de 2022, en el sentido de informarle que, (i) en el país existen 5.888 servidores judiciales que conocen de asuntos medioambientales (que corresponden a las jurisdicciones contencioso-administrativa y ordinaria), (ii) no era dable cuantificar cuántos jueces y magistrados con experiencia certificada en derecho ambiental hay en el país, (iii) tampoco era posible determinar los procesos concernientes a ese tema, porque no existe una her ramienta tecnológica para tal propósito, (iv) los artículos 232 de la Constitución Política y 127 y 128 de la Ley 270 de 1996 enuncian los requisitos que deben cumplir los servidores judiciales, dentro de los que no se encuentra formación en derecho ambiental; (v) los procedimientos de selección no establecen exigencias específicas en esa área del derecho, (vi) son los juzgados penales del circuito los encargados de conocer los delitos contra el medio ambiente, (vii) la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla capacitó a 1.616 servidores judiciales en el 2020 y 577 en el 2021 y ha dictado cinco (5) cursos sobre el tema, (viii) los jueces

Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla capacitó a 1.616 servidores judiciales en el 2020 y 577 en el 2021 y ha dictado cinco (5) cursos sobre el tema, (viii) los jueces y magistrados pueden decretar un dictamen pericial cuando requieran de conocimientos técnicos y científicos y (ix) la jurisprudencia de la Corte Constitucional cataloga el medio ambiente como un derecho fundamental.

10 Suscrito por la señora magistrada auxiliar Margarita María Becerra Dawson.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

7

Adicionalmente, el Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de la presidencia de esa Corporación, arrimaron el Oficio PCSJ023-906 del 15 de agosto de 202311, en el que indicaron que el accionante debía atenerse a lo dicho en el oficio PCSJ -022-179 del 4 de abril del año en curso, en lo que concierne a lo s siguientes interrogantes planteados por aquel el 27 de julio de 2023: ¿cómo se garantiza el acceso a la justicia ambiental?, ¿qué normas impiden que en Colombia no hayan “tribunales ambientales ”?, ¿hay jueces y fiscales con experiencia certificada en asuntos ambientales y a cuántos ascienden?, ¿cuántos procesos atañederos a la naturaleza se han surtido en los últimos cincuenta (50) años?, ¿cuántos funcionarios se han capacitado en la materia? y ¿ es un derecho fundamental el medio ambiente?.

En cuanto a la pregunta de ¿cuántos fiscales se ocupan de los temas ambientales? debía absolverla la Fiscalía General de la Nación. Frente al cuestionamiento

fundamental el medio ambiente?.

En cuanto a la pregunta de ¿cuántos fiscales se ocupan de los temas ambientales? debía absolverla la Fiscalía General de la Nación. Frente al cuestionamiento relacionado con el presupuesto, se indicó que, como los “tribunales ambientales” no existen, no tienen asignados recursos. Asimismo, se adujo que, durante el 2020 y 2021 se han adelantado una serie de medidas orientadas a garantizar el trabajo en casa y el uso masivo de tecnologías de la información, como la implementación de un “plan sectorial de desa rrollo de la Rama Judicial denominado “Justicia Moderna con Trasparencia y Equidad”, en los que se definen siete pilares estratégicos”, que comprenden la ampliación de la cobertura en conectividad de los despachos judiciales y la adquisición de 39.000 correos electrónicos para asegurar la prestación del servicio virtual, por intermedio del “portal web de la Rama Judicial”.

Se señaló que, en Colombia existen varias entidades encargadas de regular temas ambientales, dentro de las que se destacan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Corporaciones Autónom as R egionales, la Autoridad Nacional de Licencia s Ambientales, entre otr as. Asimismo, se precisó que los servidores judiciales cuentan con conocimientos jurídicos atañederos al medio ambiente y la posibilidad de designar peritos cuando requieran de conocimientos técnicos y científicos. Además, no era dabl e responder qué sucedería si aquellos no tienen experiencia en la referida materia, puesto que no está facultada para asesorar jurídicamente a los ciudadanos.

de designar peritos cuando requieran de conocimientos técnicos y científicos. Además, no era dabl e responder qué sucedería si aquellos no tienen experiencia en la referida materia, puesto que no está facultada para asesorar jurídicamente a los ciudadanos.

11 Suscrito por la señora magistrada auxiliar Margarita María Becerra Dawson y notificado ese mismo día a la cuenta virtual plajusticiambiental@gmail.com.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

8

La demanda de tutela.

El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón , quien actúa en nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección del derecho fundamental antedicho, presuntamente vulnerado por la Presidencia del Consejo de Estado y del Senado de la República, la Fiscalía y la Procuraduría Generales de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura.

Por consiguiente, solicitó se ordene a las autoridades accionadas que, dentro de las doce (12) horas siguientes a la notificación de la providencia que así lo disponga, contesten en debida forma la solicitud que presentó el 27 de julio de 2023, en la que p lanteó una serie de interrogantes relacionados con el derecho ambiental.

Hechos.

El accionante aduce que el 27 de julio de 2023, en virtud del artículo 23 de la Constitución Política, pidió de las autoridades accionadas suministrarle información relacionada con derecho ambiental en la administración de justicia (la manera en

El accionante aduce que el 27 de julio de 2023, en virtud del artículo 23 de la Constitución Política, pidió de las autoridades accionadas suministrarle información relacionada con derecho ambiental en la administración de justicia (la manera en cómo se ga rantiza ese derecho, la implementación de tribunales especiales en medio ambiente, la formación académica de los servidores judiciales sobre esa materia y cuántos de ellos son especializados en medio ambiente y cuántos litigios sobre el particular han dirimido en los últimos 50 años), sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta de dichos interrogantes, lo que comporta trasgresión de su derecho constitucional fundamental de petición.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto del 25 de agosto de 2023, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a las Presidencias del Consejo de Estado y del Senado de la República, la Fiscalía y la Procuraduría Generales de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

9

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Presidencia del Consejo de Estado. Indicó que el actor ha presentado una serie de solicitudes, las cuales se contestaron oportunamente, de la siguiente manera:

Fecha de la solicitud Objeto de la petición Respuesta 8 de marzo de 2023 Informar sobre las capacitaciones que reciben los servidores judiciales a cargo de asuntos

serie de solicitudes, las cuales se contestaron oportunamente, de la siguiente manera:

Fecha de la solicitud Objeto de la petición Respuesta 8 de marzo de 2023 Informar sobre las capacitaciones que reciben los servidores judiciales a cargo de asuntos medio ambientales. Con Oficio CE -presidencia-ofi-int2023-735 del 9 de marzo de 2023, se le comunicó al peticionario que la solicitud fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura12. 2 de mayo de 2023

El demandante pidió enunciarle : (i) los instrumentos que permiten el acceso a la justicia ambiental,

(ii) la posibilidad de implementar tribunales especializados en medio ambiente y (iii) si existe una comisión de regulación ambiental. Con oficio ce -presidencia-pqrsint-2023-1544 del 3 de mayo de 2023, se le informó al actor que la Corporación competente para responder sus requerimientos es el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que se los remitieron con oficio cepresidencia-pqrs-int-2023-1546 de la misma fecha. 18 de mayo de 2023 El actor allegó la misma petición que formuló el 2 de mayo de 2023. Con oficio ce -presidencia-pqrsint-2023-1880 del 25 de mayo de 2023, se le indicó al solicitante que sus peticiones eran reiteradas y que ya se habían enviado a la Corporación competente para despacharlas. 27 de julio de 2023 El demandante adosó otra petición, en la que planteó las preguntas relacionadas con antelación.

y que ya se habían enviado a la Corporación competente para despacharlas. 27 de julio de 2023 El demandante adosó otra petición, en la que planteó las preguntas relacionadas con antelación. Mediante oficio CE -PresidenciaPQRS-INT-2023-2917 del 31 de julio de 2023, se le comunicó que sus escritos eran reiterativos y que ya se habían tramitado los interrogantes previamente formulados. No obstante, su nueva petición fue enviada al Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de oficio cepresidencia-pqrs-int-2023-2918 del mismo día.

Que, en atención a la precitada relación de solicitudes y respuestas, se constata que no ha incurrido en trasgresión del derecho fundamental de petición del accionante, comoquiera que ha contestado todos los escritos que este ha presentado, en el sentido de indicarle que el competente para pronunciarse sobre sus interrogantes es el Consejo Superior de la Judicatura, al cual se le han remitido.

2.1.2 Procuraduría General de la Nación13. Afirmó que la solicitud formulada por el demandante el 27 de julio de 2023 fue direccionada el 29 de agosto siguiente a

12 No identifica el oficio con el que se envió. 13 Por intermedio del señor jefe de la oficina asesora jurídica de ese ente estatal.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

10

las autoridades competentes, tramite informado a este mediante Oficio 490 de la

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

10

las autoridades competentes, tramite informado a este mediante Oficio 490 de la misma fecha 14, en consecuencia, hay carencia actual de objeto por hecho superado.

2.1.3 Senado de la República15. Dijo que la petición que derivó en la formulación de la tutela de la referencia, fue despachada con Oficio CQU-CS-CV19-719-2023 del 3 de agosto de 2023 16, lo que denota que no ha vulnerado garantía superior alguna.

2.1.4 Fiscalía General de la Nación 17. Indicó que el actor no envió ninguna solicitud al canal digital creado para tal propósito (ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co), pues la remitió a la cuenta vir tual pqrs@fiscalia.gov.co, circunstancia que impide atribuirle trasgresión de la garantía superior invocada. No obstante, luego de conocerla, fue trasladada a la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente18.

2.1.5 Ministerio de Justicia y del Derecho19. Aseveró que el 24 de abril de 2023 el actor formuló una solicitud relacionada con la protección del medio ambiente, a la cual fue resuelta por medio de Oficio MJD-OFI23-0019926 del 31 de mayo del año en curso, sin embargo, el 27 de julio siguiente presentó una nueva petición en el mismo sentido, contestada con Oficio MDJ-OFI23-28820-DOJ-20300 del 3 de agosto del año en curso20, en el que se le indicó que ya se había pronunciado sobre el particular.

el mismo sentido, contestada con Oficio MDJ-OFI23-28820-DOJ-20300 del 3 de agosto del año en curso20, en el que se le indicó que ya se había pronunciado sobre el particular.

2.1.6 La Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto. 2.2 Requerimiento. El 2 de octubre de 2023, esta Subsección requirió al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Senado de la República y a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación acreditar que los oficios mediante los cuales se pronunciaron sobre la solicitud de l 27 de julio de ese año le fueron comunicados al tutelante, dado que en las contestaciones que allegaron a estas

14 Enviado a las cuentas virtuales priliambinternacional@gmail.com, primeralineaambiental@gmail.com y juridicoambientalmetrobogota@gmail.com. 15 Por conducto del señor secretario general de la Corporación. 16 Comunicado al correo electrónico plajusticiambiental@gmail.com. 17 A través de la señora coordinadora de la unidad de conceptos y asuntos constitucionales de ese organismo. 18 No se individualiza oficio alguno ni se adosó prueba de que se le haya informado de esa actuación al tutelante. 19 Por intermedio del señor director de desarrollo del derecho y del ordenamiento jurídico de esa cartera. 20 Remitida a la cuenta virtual plajusticiambiental@gmail.com.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04453-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

11

diligencias informaron de ello, pero no arrimaron pruebas que lo acreditaran.

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

11

diligencias informaron de ello, pero no arrimaron pruebas que lo acreditaran.

Asimismo, se solicitó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo pronunciarse sobre el amparo aquí deprecado y allegar las pruebas que demuestren, si ello aconteció, que atendieron la mencionada petición.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017.

3.2 Problema jurídico.

En esta oportunidad, le corresponde a esta Subsección determinar si las autoridades accionadas lesionaron el derecho de petición de la parte demandante, por cuanto, a juicio de esta, no recibió contestación en debida forma respecto a la solicitud enviada el 27 de julio de 2023, desde la cuenta virtual plajusticiambiental@gmail.com, en la qu e requirió la contestación de una serie de preguntas relacionadas con asuntos ambientales y la organización de la administración de justicia en esa materia.

Con ese propósito, la Sala se pronunciará, con