CE - 110010315000202304483011SENTENCIA20231207115941

Demandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04483-01

Demandante: YENID FIGUEROA VARGAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA TERCERA

DE DECISIÓN.

Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca y declara improcedencia – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la señora Yenid Figueroa Vargas contra la sentencia del 12 de octubre de 2023 , proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En ese fallo se negó el amparo solicitado por la parte actora.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Yenid Figueroa Vargas , por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila1. Con la

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Yenid Figueroa Vargas , por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila1. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia , a la igualdad y a los principios de « situación más favorable para el trabajador, perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas como resultado de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila el 30 de mayo de 2023, la cual confirmó la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva el 13 de septiembre de 2022. Dicha sentencia negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías,

1 Escrito radicado el 23 de agosto de 2023 a la dirección electrónica tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co. .Demandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

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equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

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equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 41001-3333-002-2022-00065-01.

1.2. Pretensiones

4. La señora Yenid Figueroa Vargas solicitó:

[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 5/30/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220006501 , transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA

A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTI CIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL

jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […] (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

4. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso.

5. La señora Yenid Figueroa Vargas se vinculó como docente en el municipio de Pitalito, Huila, con posterioridad al 1 de enero de 1990.

6. Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora pública desde el año 2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

7. Indicó que el 16 de julio de 2021, solicitó ante la Secretaría de Educación de Pitalito, Huila, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria relacionadaDemandante: Yenid Figueroa Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión

de Pitalito, Huila, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria relacionadaDemandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

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por la no consignación de las cesantías y sus intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado. Además , también pidió el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

8. Mediante el Oficio PIT2021EE004270 del 10 de agosto de 2021 la Secretaría de Educación de Pitalito , Huila, negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora.

9. Por los hechos expuestos, la señora Figueroa Vargas instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del municipio de Pitalito. En dicho medio de control solicitó la nulidad del oficio reseñado en el numeral anterior y solicitó, a título de restablecimiento que se condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

10. En providencia del 13 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el contenido en la Ley 91 de 1981.

11. En contra de la anterior decisión, la señora Figueroa Vargas presentó

régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el contenido en la Ley 91 de 1981.

11. En contra de la anterior decisión, la señora Figueroa Vargas presentó recurso de apelación 2. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de l Huila que, en sentencia del 30 de mayo de 2023 , decidió confirmar el fallo de primer grado.

12. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, no son aplicables a la demandante. Esto se debe a que el régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus intereses, considerando características pa rticulares que hacen que el cumplimiento de las sanciones solicitadas sea incompatible con dicho régimen.

13. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU -098 de 2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicables al presente caso difieren de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera directa a esta situación.

2 Como fundamento del recurso, la accionante citó la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional, mediante la cual dicho tribunal constitucional consideró que, en cuanto a los

directa a esta situación.

2 Como fundamento del recurso, la accionante citó la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional, mediante la cual dicho tribunal constitucional consideró que, en cuanto a los intereses de las cesantías, el régimen docente no es más favorable que el general, por lo que los docentes tienen derecho al pago oportuno de las cesantías so pena de la sanción moratoria y los intereses del régimen general.Demandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

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1.4. Sustento de la vulneración

14. La parte accionante mencionó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

15. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto

relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

16. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al F OMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

17. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador.

18. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector

oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C -741 de 2012, C486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

19. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal

Administrativo del Huila.

20. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en el numeral anterior por la parte actora:Demandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Corte Constitucional

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de

2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16)

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 5 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 6 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de

2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ000 2014

00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 9 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 10 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTERDemandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12 40001-23-40000-201700134-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 16 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 16 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

17 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH IBARRA 18 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 20 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de

2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

00376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 21 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER

21. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

22. Por último, el apoderado de la señora Figueroa Vargas, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se

ha decidido en el sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F.

DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL

CTO DE PEREIRA

CRISTINA ISABEL

F.

DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL

CTO DE PEREIRA

CRISTINA ISABEL

SANCHEZ BRITODemandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 70001 3333 002 2022 0007200

09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE

SINCELEJO

LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS 4 27001 3333 002

2022 0014700

21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN5 76001 3333 002

2022 0006600

27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

JUAN MIGUEL MARTINEZ LONDOÑO 6 76111 3333 003

2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333 002

2022 0006500

28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333 002

2022 0006500

28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 8 68001 3333 009

2022 00010900

30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

JAIRO GARCIA SUAREZ 9 27001 3333 005

2022 0007200

06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ

10 27001 3333 005 2022 0012200

25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ

EMILSON MARMOLEJO GARCIA 11 76147 3333 002 2022 00008 00 16/11/22 JUZ 2 ADTIVO DEL CTO DE BUGA013 11001 3342 051

2022 0009800

19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL

CTO DE BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO PINZON

1.5. Trámite de la acción

23. Mediante auto del 29 de agosto de 20233 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como accionados a los magistrados del Tribunal

Administrativo del Huila.

24. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación

consecuencia, ordenó notificar como accionados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila.

24. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de Pitalito . Finalmente, en el auto admisorio se requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva para que alleg ará copia en medio magnético o el respectivo link de acceso al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 41-001-33-33-002-2022-00065-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.

25. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en la ausencia absoluta de causales genéricas y específicas de procedibilidad.

3 Notificado el 15 de septiembre de 2023.Demandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

26. Explicó que atendiendo el principio de unidad de caja no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la

26. Explicó que atendiendo el principio de unidad de caja no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las ce santías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción.

27. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo.

28. Además, refirió que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

29. Para terminar, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte involucrada en el caso y actúa en calidad de vocera y administradora del

Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

no está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte involucrada en el caso y actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

30. En su contestación solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte accionante no hizo uso de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa. Así mismo, señaló que la tutela bajo estudio carece de relevancia constitucional, en virtud del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -128 de 2021.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Huila

31. Por intermedio de l magistrado ponente de la decisión acusada sostuvo que deben negarse las pretensiones de la acción de tutela porque la autoridad judicial no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedibilidad, ni se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados.Demandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.4. Municipio de Pitalito

32. Por intermedio de apoderada judicial, la alcaldía municipal pidió que se rechace por improcedente la acción de tutela, puesto que no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, sino que involucra controversias

32. Por intermedio de apoderada judicial, la alcaldía municipal pidió que se rechace por improcedente la acción de tutela, puesto que no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, sino que involucra controversias respecto de la interpretación normativa legal efectuada por el tribunal accionado.

1.6.5. Finalmente, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva se limitó a enviar copia del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 41-001-33-33-002-2022-0006500/01.

1.7. Sentencia de primera instancia

33. El 12 de octubre de 2023 , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó el amparo solicitado al no evidenciar que se haya incurrido en alguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela .

Esta decisión se basó en los siguientes argumentos:

34. Señaló que la posición jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura ninguno de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que, a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas . Al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con la normatividad aplicable a los docentes.

35. Lo anterior, porque los docentes tienen un régimen especial dispuesto por la Ley 91 de 1989 y porque, además, no era dable seguir el criterio señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto allí la Corte Constitucional se refirió sobre varios asuntos de presupuestos fácticos diferentes, entre ellos, el hecho de

la Ley 91 de 1989 y porque, además, no era dable seguir el criterio señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto allí la Corte Constitucional se refirió sobre varios asuntos de presupuestos fácticos diferentes, entre ellos, el hecho de que los allí demandantes no hubieran sido afiliados al FOMAG, situación que difiere de la de la hoy accionante, que sí se encuentra vinculado a dicho fondo.

36. Sostuvo que lo planteado en esta sede constitucional se limita a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación de una norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia como arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho fundamental alguno pues, como quedó visto, no ha sido expedida una sentencia de unificación vinculante que imponga el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías a l os docentes que se encuentran en la misma situación fáctica de la accionante y, en ese sentido, el tribunal resolvió el asunto bajo un análisis plausible, con una carga de argumentación suficiente y razonable que debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.Demandante: Yenid Figueroa Vargas Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-01

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1.8. Impugnación

37. El 30 de noviembre 2023 , la señora Figueroa Vargas presentó escrito de

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1.8. Impugnación

37. El 30 de noviembre 2023 , la señora Figueroa Vargas presentó escrito de impugnación argumentando que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con fundamento en lo siguiente:

38. Manifestó que existe una falta de claridad en cuanto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial. Sostuvo que el Consejo de Estado ha reiterado su posición jurisprudencial al respecto, y para respaldar esta afirmación, mencionó las sentencias que fueron incluidas en el escrito de tutela.

39. Asimismo, hizo referencia a las sentencias del 23 de marzo de 2023 y del 17 de abril de 20023 proferidas por la Sección Segunda de esta corporación, para argumentar que, en sede de tutela se han obtenido fallos favorables por parte del alto tribunal y refiere a la postura pacífica de la corporación en lo atinente a que a los docentes no solo les es aplicable la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sino que también se vulneran derechos fundamentales al momento de negar tal sanción en favor de los docentes, en virtud del principio de favorabilidad.

40. La parte actora señaló que le es aplicable el régimen anualizado de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996. Explicó que es fundamental realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías mediante consignación, ya que esto garantiza el acceso a dicha prestación. De esta manera, el sistema de cesantías solo puede ser equitativo si los trabajadores pueden disponer de su pago en momentos como el desempleo, financiamiento

consignación, ya que esto garantiza el acceso a dicha prestación. De esta manera, el sistema de cesantías solo puede ser equitativo si los trabajadores pueden disponer de su pago en momentos como el desempleo, financiamiento de educación superior y adquisición, construcción, mejora o liberación de vivienda.

41. Además, argumentó que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria constituiría un trato desigual para los docentes en com