CE - 110010315000202304497011SENTENCIA20231120095825

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-01

Accionante: RAFAEL IGNACIO VALERO MORENO Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se revoca el fallo impugnado – se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Rafael Ignacio Valero Moreno contra la sentencia de 18 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Rafael Ignacio Valero Moreno solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en conexidad con el principio de favorabilidad, cuya vulneración atribuyó a las sentencias de 14 de noviembre de 2019 y 11 de mayo de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y por el Consejo de Estado –

favorabilidad, cuya vulneración atribuyó a las sentencias de 14 de noviembre de 2019 y 11 de mayo de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicad o número 25000 -23-42-0002016-00781-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, mediante Resolución núm. GNR185057 de 17 de julio de 2013 le2

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Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

reconoció una pensión de vejez , al haber laborado como detective en el Departamento Administrativo de Seguridad Social – DAS.

2.2. Indicó que interpuso los recursos de ley contra la Resolución núm. GNR185057 del 17 de julio de 2013 y que Colpensiones, mediante Resolución núm. GNR3184 de 8 de enero de 2015, reliquidó su pensión de vejez tomando como «[…] ingreso base de liquidación (…) el promedio de los salarios percibidos en el último año de servicio […]» y la prima de riesgo.

2.3. Manifestó que la mesada pensional reconocida en la Resolución núm. GNR3184

base de liquidación (…) el promedio de los salarios percibidos en el último año de servicio […]» y la prima de riesgo.

2.3. Manifestó que la mesada pensional reconocida en la Resolución núm. GNR3184 de 2015 « […] siguió siendo equivocad [a], puesto que el valor allí plasmado, no guarda relación con los valores devengados en el último año de servicio, certificados por el DAS […]».

2.4. Indicó que por lo anterior presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 25000-23-42-000-2016-00781-00/01 en contra de Colpensiones, con el propósito de obtener la nulidad parcial de la Resolución núm. GNR3184 de 2015 y, que se ordenara la reliquidación de su mesada pensional, tomando como IBL el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio y teniendo en cuenta «[…] las Primas de Riesgo, de Clima y de Coordinación como factor salarial […]».

2.5. Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, a través de sentencia de 14 de noviembre de 2019, negó las súplicas de la demanda, al considerar que la prima especial de riesgo para los detectives del DAS «no constituye factor salarial».

2.6. Indicó que interpuso recurso de apelación y que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante sentencia de 11 de mayo de 2023, revocó el fallo recurrido y declaró la nulidad del acto demandado. A título de restablecimiento del derecho le ordenó a Co lpensiones reliquidar su mesada pensional «[…]

Segunda – Subsección A, mediante sentencia de 11 de mayo de 2023, revocó el fallo recurrido y declaró la nulidad del acto demandado. A título de restablecimiento del derecho le ordenó a Co lpensiones reliquidar su mesada pensional «[…] conforme con las reglas establecidas en la sentencia de unificación de 28 de julio de 2022, esto es, con el promedio de lo devengado entre el 19 de octubre de 2003 y el 18 de octubre de 2013, con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y, adicionalmente con lo devengado por el demandante por concepto de prima de riesgo […]».

2.7. Adujo que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir, presuntamente, en los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente judicial y de violación directa de la Constitución.

2.8. Señaló que existió un defecto sustantivo en las decisiones objeto de tutela porque (i) hubo una «[…] inadecuada interpretación y falta de aplicación íntegra de la norma especial que regula la pensión de vejez de los detectives del, hoy extinto, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) »; (ii) se aplicaron normas del Sistema General de Seguridad Social (Ley 100 de 1993) para resolver su caso y, (iii) porque el ad quem varió «injustificadamente el petitum de la demanda, al proferir3

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Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

el fallo declarando la nulidad íntegra del acto demandado, cuando solamente se demandó su nulidad parcial […]».

Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

el fallo declarando la nulidad íntegra del acto demandado, cuando solamente se demandó su nulidad parcial […]».

2.9. Respecto al desconocimiento del precedente judicial , manifestó que las autoridades accionadas dejaron de aplicar la ratio decidendi de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado , y las sentencias de 10 de noviembre de 20101 y 1° de agosto de 20132, a través de las cuales «[…] se ordenó la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial, (…) [y] se fijaron las pautas para el reconocimiento y liquidación de las pensiones de jubilación de los detectives del, hoy extinto, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) […]».

2.10. Agregó que también se desconocieron las sentencias C-168 de 19953, T-001 de 19994, T-729 de 19995 y C-663 de 20076 proferidas por la Corte Constitucional.

2.11. En cuanto a la causal de violación directa de la Constitución , señaló que las Corporaciones accionadas desconocieron los artículos 13 y 53 superior es, al inaplicar el principio de favorabilidad en materia laboral y vulnerar su derecho fundamental a la igualdad, puesto que el Consejo de Estado en el pasado accedió a «[…] reliquidar […]» las mesadas pensionales de los detectives del DAS con el 75% del promedio devengado en el último año de servicios.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] Con base en los argumentos que anteceden y al tutelar mis derechos

75% del promedio devengado en el último año de servicios.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] Con base en los argumentos que anteceden y al tutelar mis derechos deprecados, ruego al Honorable Juez Constitucional, dejar sin efecto la Sentencia de Segunda Instancia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Admin istrativo Sección Segunda – Subsección “A” dentro del Radicado 25000234200020160078101 (32052020) y, como consecuencia de dicha decisión, Ordene al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección “A” que profiera una nueva Sentencia, a través de la cual ordene REVOCAR la de primer grado proferida el 14 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

Así mismo, que declare la nulidad parcial de la Resolución 3184 de 2 015 por medio de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES me reliquidó la pensión a su amaño, y en esa medida CONDENAR a la entidad demandada que reliquide la pensión a mí asignada conforme con las reglas invocadas en su propio acto de adjudicación, (Resolución 3184 de 2015) donde se determinó que el ingreso base de liquidación (IBL) se establecerá con base

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección A, Exp. Núm. 5682008; 10 de noviembre de 2010. 2 Consejo de Estado . Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Segunda -Subsección A, Exp. núm.

2008; 10 de noviembre de 2010. 2 Consejo de Estado . Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Segunda -Subsección A, Exp. núm. 400123-31-000-2008-00150-01; 1° de agosto de 2013. 3 Corte Constitucional. Exp. No. D-686. M.P. Carlos Gaviria Díaz; 20 de abril de 1999. 4 Corte Constitucional. Exp. No. T-177828. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; 14 de enero de 1999. 5 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. No. T-220.688. M.P. Álvaro Tafur Galvis; 30 de septiembre de 1999. 6 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. No. D -6603. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa ; 29 de agosto de 2007.4

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Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

en el promedio de los salarios percibidos en el último año de servicio, esto es entre el 19 de octubre de 2012 y el 18 de octubre de 2013, incluida la prima especial de riesgo, de Clima y de Coordinación como factor salarial, se incluya dentro del ingreso base de liquidación de la prestación reconocida y, en esa medida, se le ordene a la entidad demandada respetar y cumplir con lo dispuesto en su propio acto administrativo de adjudicación. Y que a título de restablecimiento del derecho condene a la Entidad demandada, a pagar al (sic) el retroactivo que surja como consecuencia de la nueva liquidación, debidamente indexado a partir del 18 de octubre de 2013 hasta la fecha en que

restablecimiento del derecho condene a la Entidad demandada, a pagar al (sic) el retroactivo que surja como consecuencia de la nueva liquidación, debidamente indexado a partir del 18 de octubre de 2013 hasta la fecha en que la entidad cumpla con el fallo […]».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 25 de agosto de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. También, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a las accionadas y a la vinculada, se allegaron los

siguientes informes:

5.1. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A , a través del magistrado ponente de la sentencia tutelada, manifestó que la presente acción de tutela carece de relevancia constitucional «[…] toda vez que la parte accionante pretende debatir aspectos que tienen que ver con el quantum del derecho reconocido en la sentencia del 11 de mayo de 2023, como si se tratara de un juicio de corrección del fallo cuestionado y no como un juicio de validez, es decir, como si se tratara de una tercera instancia […]».

5.2. Asimismo, agregó que la sentencia de 11 de mayo de 2023 fue expedida de conformidad con la interpretación realizada por la Sala Plena de la Sección Segunda

se tratara de una tercera instancia […]».

5.2. Asimismo, agregó que la sentencia de 11 de mayo de 2023 fue expedida de conformidad con la interpretación realizada por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022.

5.3. En relación con el desconocimiento del precedente horizontal, indicó que la sentencia de unificación de 4 de agosto de 20107 no es aplicable al accionante.

5.4. Por todo lo anterior, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional o, en subsidio, se nieguen las pretensiones.

5.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A , a través del magistrado ponente de la sentencia de primera

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Expediente número 25000-2325-000-2006-07509-01(0112-09), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; 4 de agosto de 2010.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-01

Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

instancia objeto de tutela, indicó que los argumentos de la presente acción de tutela «[…] están orientados a atacar el criterio interpretativo del juez, lo cual, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, vicia la acción de tutela de improcedente […]».

5.6. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a través de apoderada judicial, sostuvo que la presente acción de tutela estaba siendo utilizada como una tercera instancia.

improcedente […]».

5.6. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a través de apoderada judicial, sostuvo que la presente acción de tutela estaba siendo utilizada como una tercera instancia.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 18 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, después de concluir que el presente mecanismo constitucional cumplió con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, negó las pretensiones de la solicitud de amparo porque no se configuraron los defectos denunciados.

7. En primer lugar, precisó que los argumentos que fundamentaban el defecto sustantivo y de violación directa de la Constitución se encontraban intrínsecamente relacionados con el desconocimiento del precedente judicial, por lo que estudiaría el caso desde la órbita de esta causal específica de procedibilidad.

8. En ese sentido, indicó que no se configuró el desconocimiento del precedente porque «[…] si bien es cierto que (…) [en el] fallo [de 11 de mayo de 2023] la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, se apartó de lo decidido en la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por esta misma Corporación, también lo es que se cumplieron los dos requisitos exigidos por la Corte Constitucional para ejercer ese derecho de apartamiento (transparencia y razón suficiente) […]».

9. Al respecto, indicó el a quo constitucional:

«[…] [L]a autoridad judicial accionada reconoció expresamente la existencia del precedente del que se apartó, esto es, el criterio

9. Al respecto, indicó el a quo constitucional:

«[…] [L]a autoridad judicial accionada reconoció expresamente la existencia del precedente del que se apartó, esto es, el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 (expediente 0112-09); y, en cumplimiento del principio de la «razón suficiente», explicó, de manera clara, suficiente y razonada, los motivos por los que no acogió el criterio allí expuesto, entre otros, por el cambio de tesis jurisprudencial que estableció la Sala Plena del Consejo de Estado, en providencia del 28 de agosto de 2018 (exp. 52001-23-33-000-2012-0014301), según la cual el anterior criterio desconocía el principio de solidaridad en materia de seguridad social, así como la voluntad del legislador de delimitar los factores salariales que conforman la base de liquidación […]». (Negrilla fuera del texto)6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-01

Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

10. Agregó que al accionante le eran aplicables las sentencias C-258 de 20138, SU230 de 20159, SU-395 de 201710 y SU-023 de 201811, proferidas por la Corte Constitucional, toda vez que «[…] las sentencias de unificación de 28 de agosto de 2018 (Expediente 2012-00143-01) y SUJ -028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022

(radicado 25000-23-42-0002013-02380-01) recogieron el criterio que había

2018 (Expediente 2012-00143-01) y SUJ -028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022 (radicado 25000-23-42-0002013-02380-01) recogieron el criterio que había sentado esta corporación en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, y lo ajustaron a esos pronunciamientos de la Corte Constitucional, que, en suma, señalan que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no hace parte del régimen de transición consagrado en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, se regulan por esta última y las normas que la reglamenten o la modifiquen […]».

11. En conclusión, señaló que la providencia dictada en segunda instancia por la autoridad judicial accionada expuso las razones por las que se apartaría de las decisiones que se aducen como desconocidas; por lo que no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente estudiado.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. El señor Rafael Ignacio Valero Moreno impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que efectivamente hubo un desconocimiento del precedente judicial, toda vez que la autoridad judicial accionada «no expuso ningún motivo para ejercer el derecho de apartarse e inaplicarlo al caso concreto».

13. Seguidamente, indicó que el juez de primera instancia no hizo un análisis del cargo de desconocimiento del «[…] precedente judicial horizontal contenido en la Sentencia de Unificación del 01 de agosto de 2013, Radicación Nro. 4001233100020080015001, con ponencia del Dr. GERARDO ARENAS

MONSALVE […]».

cargo de desconocimiento del «[…] precedente judicial horizontal contenido en la Sentencia de Unificación del 01 de agosto de 2013, Radicación Nro. 4001233100020080015001, con ponencia del Dr. GERARDO ARENAS

MONSALVE […]».

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 199112, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 201513, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

8 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. D -9173 y D -9183, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 7 de mayo de 2013. 9 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T3.558.256, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 29 de abril de 2015. 10 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T -3.358.903, T-3.358.979, T-3.364.831, T-3.364.917 y T -3.428.879 (Acumulados), M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 22 de junio de 2017. 11 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T-2.202.165, M.P. Carlos Bernal Pulido; 5 de abril de 2018. 12 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 13 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».7

12 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 13 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-01

Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

de 6 de abril de 202114, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201915.

VIII.2. Problemas jurídicos

15. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las sentencias de 14 de noviembre de 2019 y 11 de mayo de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 11 de mayo de 2023, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada16.

16. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado17, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, en una violación directa de la Constitución y en un desconocimiento del precedente.

17. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a

(ii) resolver e l caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201218, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

14 «Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 15 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado». 16 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera,

15 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado». 16 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022, expediente 11001 -03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serr ato Valdés. 17 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-01

Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

19. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción

inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial19, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución20.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»21 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este

19 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este

19 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 20 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en norm as inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.

contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 21 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-01

Accionante: Rafael Ignacio Valero Moreno

instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

25. El señor Rafael Ignacio Valero Moreno solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en conexidad con el principio de favorabilidad, cuya vulneración atribuyó a las sentencias de 14 de noviembre de 2019 y 11 de mayo de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000 -23-42-0002016-00781-00/01.

Sección Segunda – Subsección A, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000 -23-42-0002016-00781-00/01.

26. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

27. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 22 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones23.

28. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 24, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces25.

29. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación26, sostuvo que:

22 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio