CE - 110010315000202304499001SENTENCIA20230921151201

Demandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04499-00

Demandante: LUIS ALBERTO ORTEGA ARRIETA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Luis Alberto Ortega Arrieta, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la sentencia de 6 de junio de 2023, proferida dentro del proceso de nulidad y r establecimiento del derecho de radicado 41001-33-33-003-2022-00042-01. En esta decisión, se confirmó el fallo de primera instancia dictado el 28 de febrero de 2023, por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, el cual resultó desfavorable a las pretensiones propuestas.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.Demandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/6/2023, en el expediente rad. No. 41001333300320220004201, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS

41001333300320220004201, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUAL DAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la ante rior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucio nal en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

(…). (Sic a toda la cita y negritas del texto original).

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

(…). (Sic a toda la cita y negritas del texto original).

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

4. El señor Luis Alberto Ortega Arrieta trabajó para el servicio docente del departamento del Huila desde 1990. El 4 de agosto de 2021, solicitó ante la Secretaría de Educación de Neiva el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías y la cancelación extemporánea de los intereses de la misma prestación, causados por el periodo laborado 2020.

5. La anterior solicitud le fue negada mediante el Oficio 2059 de 13 de agosto de 2021. Inconforme con ello, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho c ontra el acto mencionado. Como consecuencia de lo pretendido, requirió el pago de la sanción moratoria dispuest a en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991.

6. En decisión de 28 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva negó las súplicas de la demanda. Para el efecto, explicó que la Ley 91 de 1989 que regula el régimen salarial y prestacional de los docentes oficiales no prevé la sanción económica reclamada.

7. La anterior decisión fue apelada por el accionante, pero el Tribunal Administrativo del Huila la confirmó mediante la sentencia de 6 de junio de 2023.Demandante: Luis Alberto Ortega Arrieta

7. La anterior decisión fue apelada por el accionante, pero el Tribunal Administrativo del Huila la confirmó mediante la sentencia de 6 de junio de 2023.Demandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El ad quem expuso que las disposiciones de la Ley 50 de 1990 no incluyen a los docentes oficiales, dado que cuentan con un régimen especial zanjado en la Ley 91 de 1989. Agregó que las sentencias expuestas en el recurso no constituyen precedente.

8. Agregó que, de conformidad con la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, no existe una posición unificada al respecto. Señaló que, si bien el Consejo de Estado dispuso lo contrario en el fallo de 19 de enero de 2023, se aparta de lo allí concluido por distintas razones. A saber, existe una disparidad de criterios al interior d el Consejo de Estado en torno al tema, para recurrir a resolver el problema jurídico no se requiere acudir al principio de favorabilidad porque no se está frente a disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado, la ponderación de derechos y la favorabilidad en materia laboral operan frente a un vacío legal, pero no es el caso, y finalmente, aplicar dos regímenes distintos a una misma situación va en contravía del principio de inescindibilidad de la norma.

1.4. Sustento de la vulneración

9. El tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las

una misma situación va en contravía del principio de inescindibilidad de la norma.

1.4. Sustento de la vulneración

9. El tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional.

10. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se superó el análisis del requisito de procedencia, con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fu ndamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

11. Arguyó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, l os docentes no tienen garantía de la prestación , lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

12. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías. Máxime cuando los mismos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional.

13. Refirió que el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, no

relevancia constitucional.

13. Refirió que el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, ni de una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

14. Aludió que el Tribunal vulneró el princip io de favorabilidad, en tanto suDemandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

situación no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad , de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

15. Sostuvo que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el actor en el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, respecto del segundo, indicó que el Tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la aplicación de la situación más favorable al trabajador.

16. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer

que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la aplicación de la situación más favorable al trabajador.

16. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria a docentes oficializados, por el pago tardío de sus cesantías.

En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C -741 de 2012, C -486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

17. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente . A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTERDemandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA

GARZÓN – Dr. HERNANDO SANCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de

2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA Dr. CÉS AR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de

2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01

(1002-2021)

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

VARGAS 17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁRE Z VARGAS 18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201328 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH IBARRADemandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

00756-01 (2224-2020) 20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUE NA

HERNÁNDEZ

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de

2022

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01 (0871-2020) 26 de enero

2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

DR. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

– DR. GABRIEL VALBUENA

HERNANDEZ

18. Hasta la sentencia número 26 enumerada, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al

Estado.

19. Por último, trajo a colación las siguie ntes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha decidido sobre el tema en cuestión:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F. DECISIÓN JUZGADO 1 66001 3333 001

2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO DE PEREIRA 2 05001 3333 019

2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN 3 70001 3333 002

2022 0007200

2 05001 3333 019

2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN 3 70001 3333 002

2022 0007200 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO 4 27001 3333 002

2022 0014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE QUIBDÓ 5 68001 3333 009

2022 0010900

30/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 6 76111 3333 003

2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 7 68001 3333 002

2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA 8 76001 3333 003

2022 0006600

27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE

BUGADemandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 27001 3333 005

2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ 10 11001 3342 051

www.consejodeestado.gov.co

9 27001 3333 005

2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ 10 11001 3342 051

2022 0009800

19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO DE BOGOTÁ

1.5. Trámite de la acción

20. Por auto de 28 de agosto de 2023, se admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo del Huila. Asimismo, se dispuso vincular como terceros con interés al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, al Ministerio de

Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora S.A. y al municipio de Neiva – Secretaría de Educación Municipal.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila

21. Refirió que la parte actora no mencionó en cuáles causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales incurrió la providencia atacada. Sin embargo, del escrito de tutela infirió que sus reparos se dirigían contra las normas que sirvieron como sustento para tomar la decisión.

22. Consideró que, el fallo contiene el material probatorio recaudado y la verificación y ampliación de las disposiciones que regulan el asunto. Por ende, solicitó que se niegue el amparo, pues no existe vulneración de los derechos fundamentales irrogados.

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

solicitó que se niegue el amparo, pues no existe vulneración de los derechos fundamentales irrogados.

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

23. Indicó que se remite a los considerandos de la sentencia de primer grado, proferida el 28 de febrero de 2023. Adicionalmente, aportó el expediente digital del proceso ordinario.

1.6.3. Fiduprevisora SA

24. Señaló que sus funciones se circunscriben a la contratación de la prestación de los servicios médico-asistenciales en las diferentes regiones del país, para que les sean prestados a los educadores afiliados.

25. Añadió que en este caso no se encuentran especificadas las causales especiales de procedibilidad de la acción de tut ela contra providencia judicial y no es deber del juez estructurarlas.

26. Sostuvo que, por disposición del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 pueden administrar los recursos en cajas individuales para el pago de esta prestación. No obstante,Demandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

adujo que el FOMAG se caracteriza por tener unidad de caja, de conformidad con su norma de creación que es la Ley 50 de 1990.

27. Finalmente, aclaró que la sentencia SU -098 de 2018 no contiene

adujo que el FOMAG se caracteriza por tener unidad de caja, de conformidad con su norma de creación que es la Ley 50 de 1990.

27. Finalmente, aclaró que la sentencia SU -098 de 2018 no contiene fundamentos fácticos que se asimilen al caso en cuestión. En esa oportunidad, se cuestionó una afiliación tardía al FOMAG, lo cual no ocurre en este caso.

28. En virtud de lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones invocadas y que se le desvincule del trámite tutelar.

1.6.4. El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el municipio de Neiva – Secretaría de Educación Municipal pese a ser notificados en debida forma, no rindieron informe.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Huila.

Lo anterior, de conformidad con l o establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

30. La Fiduprevisora S.A. solicitó que se le desvinculara de esta tutela. Alegó que no tiene dentro del ejercicio de sus facultades e l pago de prestaciones sociales.

31. La Sala negará la anterior solicitud, dado que su vinculación en este trámite se dio en calidad de tercer a con interés sin que por ello tenga que

que no tiene dentro del ejercicio de sus facultades e l pago de prestaciones sociales.

31. La Sala negará la anterior solicitud, dado que su vinculación en este trámite se dio en calidad de tercer a con interés sin que por ello tenga que satisfacer las pretensiones de la parte tutelante. Se aclara que, de conformidad con el criterio mayoritario de la Sección Quinta , son terceros con interés en las acciones de tutela contra providencias judiciales todos los sujet os que hayan conformado las partes del proceso ordinario y los jueces de instancia.

2.3. Legitimación en la causa

32. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

33. Con fundamento lo expuesto, la Sala advierte que el señor Luis Alberto Ortega Arrieta conformó el extremo accionante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia cuestionada. PorDemandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

tanto, es titular de los derechos fundamentales que reclama por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.

34. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila se

www.consejodeestado.gov.co

tanto, es titular de los derechos fundamentales que reclama por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.

34. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad que dictó la decisión judicial objetada.

2.4. Problemas jurídicos

35. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

36. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará

lo siguiente:

● ¿El Tribunal del Huila vulneró los derechos fundamentales reclamados por el señor Ortega Arrieta al proferir la sentencia de 6 de junio de 2023, en la que confirmó la decisión de primer grado que negó el reconocimiento del pago de intereses por el pago tardío de sus cesantías como d ocente oficial afiliad o al FOMAG y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías?

37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad , y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de

anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 2. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema3. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales4.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Luis Alberto Ortega Arrieta Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04499-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de

www.consejodeestado.gov.co

39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20145. En esta sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 6 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial7.

40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los

siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 6 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se

6 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de u n perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos q ue generaron la vulneración como los