CE - 110010315000202304506011SENTENCIA20231204100403

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

Demandante: EDINSON FERNANDO HERNÁNDEZ SANTIAGO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

Demandante: EDINSON FERNANDO HERNÁNDEZ SANTIAGO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 18 de septiembre de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que con posterioridad al año 1990 se vinculó como docente del municipio de Neiva y que, en razón a esto, el 15 de febrero de 2021 le debían ser consignadas las cesantías correspondientes al servicio que prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.

Afirmó que el 27 de agosto de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación de Huila y al Fomag, el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías descrit a en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, solicitud que fue negada.

Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación NacionalFomag y el municipio de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad de l os actos administrativos mediante los que se negó su solicitud.

Señaló que del asunto conoció , en primera instancia , el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, que en sentencia de 13 de diciembre de 2022Radicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

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2 negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.

Narró que contra la anterior determinac ión interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias n otificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia”.

Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila por sentencia de 7 de marzo de 2023, confirmó el fallo apelado.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales, en especial, sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la configuración de l defecto sustantivo , violación directa de la

2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la configuración de l defecto sustantivo , violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU -098 de 2018 1 , SU-332 de 2019 2 y SU -041 de 2020 3 , y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 2020 4, 24 de enero de 2019 5, 17 de junio de 2019 6, 28 de junio de 2019 7, 29 de julio de 2019 8, 2 de diciembre de 20199, 10 de junio de 2020 10, 22 de octubre de 2020 11, 12 de noviembre de 202012, 17 de junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (48542014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-201804679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (168816), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01,

01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 – 2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sent encia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Lis eth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

Demandante: EDINSON FERNANDO HERNÁNDEZ SANTIAGO

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3 de 2022 17, 3 de marzo de 2022 18, 28 de abril de 2022 19, 9 20 y 19 de mayo de 202221, 1 de julio de 202222, 22 de agosto de 202223, 22 de septiembre de 202224, 1925 y 2626 de enero de 2023.

Por último, se refi rió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo del Huila .

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L HUILA en la sentencia proferida el 3/7/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220005501, transgredió los der echos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A

LA AD MINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUA TIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO

LA AD MINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUA TIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sente ncias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de

2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Consejo de Estado, Secci ón Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201500075-01. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (26602020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-0079501. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (22242020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-201200212-02 (44702021) , C.P. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018-023101 (08712020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

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4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2022 -0055-01, actor: Edinson Fernando Hernández.

5. Trámite procesal

Por auto de 28 agosto de 2023, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad demandada. Además, se ordenó vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A., a la Secretaría de Educación del Huila y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Huila

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela , por cuanto, señaló, la discusión planteada redunda en el mismo debate que la accionante planteó ante la jurisdicción administrativa, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias.

Añadió que en el caso que no se incurrió en un defecto sustantivo ni se

administrativa, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias.

Añadió que en el caso que no se incurrió en un defecto sustantivo ni se desconoció el precedente aplicable al señalar que los docentes oficiales vinculados al FOMAG eran beneficiarios de normas especiales, debido a que con la sentencia SU -573 de 2019 se var ió la posición que se expuso en la sentencia SU-098 de 2018 y, por lo tanto, a los docentes como el actor no es posible aplicarles el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

6.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto, sostuvo, carece del requisito de relevancia constitucional, en la medida de que “se trata de una discusión donde se debaten aspectos que so n de índole legal (Ley 50 de 1990 artículo 99, Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991) y bajo dicha óptica es que fue resuelta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la actora, sin que en la sentencia del 15 de diciembre de 202 2, contrario a lo dicho por la accionante en su escrito de tutela, se haya omitido analizar, interpretar y aplicar las normas antes enunciadas”.

Señaló que los pronunciamiento s del Consejo de Estado identificados como desconocidos no constituyen precedent e judicial obligatorio, pues no se trata de sentencias de unificación sobre la materia, aunado al hecho de que, adujo,

Señaló que los pronunciamiento s del Consejo de Estado identificados como desconocidos no constituyen precedent e judicial obligatorio, pues no se trata de sentencias de unificación sobre la materia, aunado al hecho de que, adujo, trataron situaciones fácticas diferentes a la de la demandante, y que aquellosRadicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

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5 pronunciamientos de los tribunales y juzgados echados de m enos no constituyen precedente para el tribunal accionado.

6.3. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.

La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG pidió que se declare improcedente la solicitud de ampa ro por no cumplir con las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante. Agregó que al caso no le resultan extensibles los efectos de la sentencia de unificación SU-098 de 2018.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 18 de septiembre de 2023 , declaró improcedente la acción por incumplimient o del requisito de relevancia constitucional.

La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 18 de septiembre de 2023 , declaró improcedente la acción por incumplimient o del requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que era claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en e l trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del dere cho, “ con miras a que se admitiera que, con base en el precedente de la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado y en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990”.

Adujo que en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado en un sinnúmero de providencias ha recono cido que, al igual que los demás servidores públicos comprendidos en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, los docentes de la educación pública son sujetos destinatarios de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías a nuales contemplada en la Ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.

Refirió que, por su parte, en el fallo de 7 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la d ecisión que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto , consideró, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación normativa del sector docente, le era aplicable lo

Administrativo del Huila confirmó la d ecisión que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto , consideró, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación normativa del sector docente, le era aplicable lo consagrado en la Ley 91 de 1989, la cual no contempla i ndemnización alguna por el no pago de los intereses de las cesantías a los docentes y, en consecuencia, no se le podían aplicar las disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías y de los intereses a las mismas, estipuladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el art ículo 1º de la Ley 52 de 1975, pues son incompatibles con el régimen especial docente.

Concluyó reiterando que para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo constitucion al la parte demandante expuso planteamientos iguales a los e studiados en el proceso ordinario , dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión tendiente a que se hiciera un análisis jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación normativa del sector do cente, con el fin de que seRadicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

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6 reconociera y pagara al demandante la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas consagrado en la

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6 reconociera y pagara al demandante la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas consagrado en la Ley 50 de 1990 , lo que desconocía el requisito de procedibili dad de relevancia constitucional.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, asimismo, reiteró los argumentos que sustentan lo s defectos alegados en la solicitud de amparo.

En primer lugar, manifestó que durante más de dos años se conocen fallos con postura pacífica donde se predica la aplicación del derecho que ostentan los docentes de la educación pública en lo atinente a la s anción moratoria estipulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, “ teniendo como base el principio de favorabilidad ampliamente desarrollado además en la Sentencia de Unificación 098 del 17 de octubre 2018 emitida por la Honorable Corte Constitucional”.

Afirmó que, en este sentido, no es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto, adujo, se evidencia en el Consejo de Estado una postura decantada desde el año 2019, “tal y como se observó en el recuento jurisprudencial ar rimado con el escrito de la acción de tutela”.

Afirmó que en distintas sentencias se ha arribado a “acertadas conclusiones que siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cu al

acción de tutela”.

Afirmó que en distintas sentencias se ha arribado a “acertadas conclusiones que siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cu al se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de 2023, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Dr. Wi lliam Hernández Gómez, consistente en un fallo de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional, el Consejo de Estado ratifica su p ostura en el tema de sanción moratoria cesantías anualizadas – Docente”, sentencia que allegó mediante memorial radicado con posterioridad a la sustentación de la impugnación.

Reiteró que la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud d e los principios de igualdad, in dubio pro operar io y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener el mismo carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social, “ es por ello, que no es de recibo para esta p arte procesal que se afirme que el presente asu nto no tiene relevancia constitucional, por cuanto al no tener los docentes la garantía de la

para garantizar el pago oportuno de la prestación social, “ es por ello, que no es de recibo para esta p arte procesal que se afirme que el presente asu nto no tiene relevancia constitucional, por cuanto al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

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7 Indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en pronunciamientos de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de 2023 analizó casos idénticos, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y , de manera específica , consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

Finalmente, señaló que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal distinción entre unos y otros viola el derecho a la igualdad, “ pues los docentes del señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la

distinción entre unos y otros viola el derecho a la igualdad, “ pues los docentes del señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la aplicación favorable deprecada , lo que evidentemente conlleva una relevancia constitucional para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento I nterno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del esc rito de impugnación, determinar si revoca la de cisión de primera instancia , en tanto la solicitud sí cumple con el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional, necesario para su estudio de fondo.

En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, y de cumplirse con el rest o de requisitos de procedibilidad, corresponde a la Sala establecer si la sentencia de 7 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, incurre en defecto sustantivo, violación directa d e la Constitución y desconocimiento del precede nte judicial de la Corte Constitucional, en tanto i) no es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto se evidencia en el Cons ejo de Estado una postura decantada desde el añ o 2019, “tal y como se observó en el recuento

es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto se evidencia en el Cons ejo de Estado una postura decantada desde el añ o 2019, “tal y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de tutela ”, ii) la sentencia SU098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud de los principios de igualda d, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, iii) una interpretación restrictiva de la aplicación de la s anción moratoria incurriría en un trato desigua l de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal distinción entre unos y otros viola el derecho a la igualdad , y iv) en el caso se desconoce le preceptuado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en pronunciamientos de tutela de 23 de marzo y 17 de abril deRadicación: 11001-03-15-000-2023-04506-01

Demandante: EDINSON FERNANDO HERNÁNDEZ SANTIAGO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 2023, en los que 27 analizó casos idénticos, encontrando superados los requisitos de procedencia de la tutela y declarando que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

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8 2023, en los que 27 analizó casos idénticos, encontrando superados los requisitos de procedencia de la tutela y declarando que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra pro videncias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones”28.

Al respecto, esa corporación judicial ha estab lecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. A sí, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se e staría frente a un asunto que carece de relevan cia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.

sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.

Al res pecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 31, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acc ión de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos

27 Radicado No. 11001031500020230096500. 28 Sección Cuar ta, sentencia del 8 de febrero de 2018. E