CE - 110010315000202304510001SENTENCIA20230927194545

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04510-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: HUGO HERNANDO URIZA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR

FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE

ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO DE

CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,

SEGURIDAD SOCIAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor HUGO HERNANDO URIZA , actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: HUGO HERNANDO URIZA

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de perpetuatio jurisdictionis, los cuales, a su juicio, le fue ron vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 6 de junio de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 4101-33-33-005-2022-00077-01.

I.2.- Hechos

Indicó que labora como docente oficial al servicio del MUNICIPIO DE NEIVA2 vinculado con posterioridad al 1o. de enero de 1990, por lo que se encuentra afiliad o al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-3 y tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, incluyendo los intereses de cada año.

Adujo que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 4 omitió consignar de forma oportuna al FOMAG las cesantías correspondientes al período laboral del año 2020, por lo que el 18 de agosto de 2021 solicitó el pago y el reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre

2 En adelante Municipio. 3 En adelante FOMAG.

agosto de 2021 solicitó el pago y el reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre

2 En adelante Municipio. 3 En adelante FOMAG. 4 En adelante Ministerio.3

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de 19905 y desarrollada en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Refirió que el MUNICIPIO dio respuesta de fondo a su solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria a través del Oficio núm. 2590 de 26 de agosto de 2021, en el que denegó tal pretensión.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG y el MUNICIPIO, con el fin de que se declarara la nulidad del citado Oficio y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción mora toria por la consignación tardía de sus cesantías.

Señaló que la demanda fue identificada con el número único de radicación 4101-33-33-005-2022-00077-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA6 que, mediante sentencia de 30 de

radicación 4101-33-33-005-2022-00077-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA6 que, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2022, denegó las súplicas de la demanda al estimar que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías solo opera para aquellos docentes no afiliados al FOMAG, comoquiera que

5 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones” 6 En adelante el JUZGADO.4

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estos tienen un régimen especial de cesantías.

Sostuvo que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 6 de junio de 2023 , confirmó el fallo de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacerle extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues la misma no era aplicable a los docentes oficiales.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del accionante , la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la Constitución Política, toda vez que la decisión

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del accionante , la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la Constitución Política, toda vez que la decisión cuestionada “[…] no apareja el contenido de la ley y de la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados, en los siguientes términos:5

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“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/6/2023, en el expediente rad. No. 41001333300520220007701, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPET UATIO

JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL

DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPET UATIO

JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este ór gano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar la solicitud de amparo de la referencia, toda vez que no le vulneró ningún derecho fundamental al actor y, además, a su juicio, la presente acción constitucional no cumple con ninguno de los requisitos especiales que l a hace procedente para controvertir providencias judiciales.6

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Actor: HUGO HERNANDO URIZA

procedente para controvertir providencias judiciales.6

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Adujo que los argumentos del actor van dirigidos al presunto desconocimiento de las normas aplicables a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías , los cuales ya habían sido expuestos dentro del medio de control objeto de controversia, por lo que, a su juicio, estos no pueden ser estudiados nuevamente dentro de la acción de tutela de la referencia , máxime si en la sentencia cuestionada se tuvo en cuenta el material probatorio allegado al expediente y la normatividad vigente para el caso concreto.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA señaló que no realiza ningún tipo de giro o consignación por concepto de cesantías ni intereses de cesantías a la FIDUPREVISORA S.A., ni al FOMAG, pues no tiene calidad de patrono dado que los docentes se vinculan por delegación del MINISTERIO y los recursos del FOMAG son administrados por la referida sociedad.

Sostuvo que mediante Oficio núm. 2590 de 26 de agosto de 2021 , dio respuesta a la solicitud del actor consistente en el reconocimiento y pago de los intereses de las cesantías, en el que le indicó que solo tiene a su cargo remitir el reporte de cesantías de docentes activos7

dio respuesta a la solicitud del actor consistente en el reconocimiento y pago de los intereses de las cesantías, en el que le indicó que solo tiene a su cargo remitir el reporte de cesantías de docentes activos7

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y retirados de cada año a la FIDUPREVISORA S.A., pero es ésta la obligada a realizar dichos pagos, razón por la cual en su momento le remitió por competencia la petición elevada por el actor.

I.6.2.- La FIDUPREVISORA S.A., advirtió que la argumentación del accionante es “ exigua” en relación con la fundamentación de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, porque se está utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones procesales previas y decisiones ejecutoriadas.

Indicó que no pu ede “[…] configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción […]”.

Manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actuaron conforme al ordenamiento jurídico, sin que pueda aducirse desconocimiento de

se descarta algún tipo de sanción […]”.

Manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actuaron conforme al ordenamiento jurídico, sin que pueda aducirse desconocimiento de los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.8

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Afirmó que no es dable inferir que se haya presentado una transgresión de las garantías fundamentales del actor, pues se le respetó el debido proce so y los procedimientos legalmente establecidos al interior del proceso ordinario.

Por último, solicitó ser desvinculada de la acción de tutela de la referencia, toda vez que no está legitimada en la causa por pasiva.

I.6.3.- El MUNICIPIO sostuvo que no son de recibo los argumentos expuestos por el actor, toda vez que la autoridad judicial accionada realizó una análisis jurídico y jurisprudencial para adoptar la decisión, salvaguardando así las garantías constitucionales dentro de la sentencia censurada.

Resaltó que le asistió razón al TRIBUNAL en concluir que no era posible aplicar la Ley 50 de 1990, respecto de la liquidación y pago de cesantías comoquiera que se desconocería el régimen especial de los docentes previsto en la Ley 91 de 29 de diciembre de 19897.

Señaló que no transfiere ni gira ningún tipo de pago al FOMAG por

de cesantías comoquiera que se desconocería el régimen especial de los docentes previsto en la Ley 91 de 29 de diciembre de 19897.

Señaló que no transfiere ni gira ningún tipo de pago al FOMAG por concepto de cesantías y sus intereses pertenecientes a los docentes

7 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.9

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oficiales, por lo que no tiene ninguna obligación respe cto de la sanción moratoria solicitada por el actor.

Advirtió que lo que pretende el actor con la presente acción de tutela es utilizarla como una tercera instancia.

I.6.4.- El JUZGADO y el FOMAG, pese a ser debidamente notificados del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.10

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.10

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A., solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le11

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dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho pr oceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los

tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutel a se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la FIDUPREVISORA S.A., fue vinculada como encargada de administrar los recursos del FOMAG, parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 4101-33-33-0052022-00077-01, objeto de cuestionamiento, en calidad de tercera, le asiste interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación12

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Actor: HUGO HERNANDO URIZA

Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación12

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en la causa por pasiva , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso13

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso13

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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que s e discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherent es a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del he cho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aú n años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales14

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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que n o se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentale s no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgá nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,15

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absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

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absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario ap lica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto la sentencia de 6 de junio de 2023, proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 4101-33-33-005-2022-00077-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos16

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fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de perpetuatio jurisdictionis, habida cuenta que, a juicio del accionante, la autoridad judicial accionada incurri ó en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución Política, toda vez que la decisión cuestionada “[…] no apareja el contenido de la ley y de la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa […]”.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

jurisdicción contenciosa […]”.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados al denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 4101-33-33-005-2022-00077-01.

En ese orden, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Cort e17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04510-00

Actor: HUGO HERNANDO URIZA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala advierte que la finalidad del actor con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanc ión moratoria solicitada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Cabe señalar que sobre el incumplimiento d