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R Demandante: Angie Catalina Rivas Obando

Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04516-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04516-00

Demandante: ANGIE CATALINA RIVAS OBANDO

Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA.

AUTO ADMISORIO

Mediante escrito radicado el 24 de agosto de 2023 en la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Angie Catalina Rivas Obando , actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva S eccional de Administración Judicial del Valle del Cauca (Áreas de tesorería, Presupuesto y/o Financiera de la misma entidad), con el fin de qu e le sean protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, prestaciones sociales, a la seguridad social y a gozar de vacaciones.

La accionante consideró vulneradas dichas garantías por cuanto, a pesar de que la

fundamentales a la igualdad, prestaciones sociales, a la seguridad social y a gozar de vacaciones.

La accionante consideró vulneradas dichas garantías por cuanto, a pesar de que la titular del Juzgado 1 Promiscuo de Familia de l Circuito de Tuluá le concedió el disfrute de vaca ciones por el período causado desde el 19 de septiembre del 2023 hasta el 13 de octubre del año 2023, como Citadora Grado III, la directora ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca manifestó a través del oficio DESAJCLO23-3465 de 18 de agosto del 2023 , que no expediría el respectivo Certificado de Disponibilidad pre supuestal, siguiendo pautas y circulares del Consejo Superior de la Judicatura , lo cual va en detrimento de sus derechos constitucionales en la medida que no se le permitirá gozar del beneficio de vacaciones a las cuales tiene derecho.

En la demanda, la tutelante solicitó el decreto de medida provisional consistente en ordenar a la autoridad acci onada, emitir el resp ectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

En lo atinente a la medida provisional que solicitó la parte acciona nte, se precisa que la posibilidad de su decreto se estableció en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales y garantizar de manera temporal el amparo solicitado.

Conforme con l o anterior, para que el juez constitucional acceda al decreto de una medida provisional, según lo ha dicho la Corte Constitucional, deb e verificar queR Demandante: Angie Catalina Rivas Obando

Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

Judicial del Valle del Cauca

medida provisional, según lo ha dicho la Corte Constitucional, deb e verificar queR Demandante: Angie Catalina Rivas Obando

Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04516-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exista posibilidad de que la solicitud de amparo prospere y, por ello, es necesario evitar que la amenaza que se cierne sobre los derechos fundamentales que se solicita proteger, se concrete.

En concreto, el Alto Tribunal Constitucional en auto 259 del 12 d e noviembre de 2013, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, sobre la materia, expresó:

“2.5 Las medidas provisionales han sido establecidas como un medio excepcional para que el derecho fundamental pueda ser hecho efectivo en el caso de que en la decisión de tutela se advierta la necesidad del amparo ante la afectación o puesta en peligro del derech o fundamental invocado. En este sentido, las medidas provisionales constituyen una herramienta adecuada para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues justamente aseguran prov isionalmente el amparo solicitado y el efectivo cumplimiento de la futura resolución adoptada en el proceso.

Por lo anterior, las medidas provisionales deben encaminarse a evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o a que, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa, mediante la irrogación de perjuicios.

contra el derecho fundamental se convierta en violación o a que, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa, mediante la irrogación de perjuicios.

En este sentido, para que proceda el decreto medidas provisionales se requiere:

a) Que, con b ase en los elementos de juicio existentes en el proceso, se advierta la probabilidad de que el amparo prospere porque surja una duda razonable sobre la legalidad de la actuación de la cual se deriva la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

b) Que concurra alguna de las siguientes hipótesis: (i) que sea necesario evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea im perioso precaver s u agravación”.

Atendiendo la jurisprudencia transcrita, en el asunto bajo examen el despacho considera que no procede el decreto de la medida cautelar, pues de los hechos que sustentan la solicitud de amparo constitucional no se advierte una amenaza inminente a sus derechos fundamentales y, en todo caso, en el expediente de tutela no obran las pruebas necesarias de las cuales se pueda inferir que la decisión demandada, haga imperiosa la procedencia de una medida provisional de protección.

Por último, en c riterio del despac ho, solo será posible determinar si los derechos fundamentales que pide proteger la parte actora están en amenaza o riesgo cuando se cuente con el debido caudal probatorio y se haya garantizado el derecho a la defensa de la parte demandad a mediante su part icipación efectiva en el trámite de la acción, por lo cual no es posible decretar la medida provisional.

se cuente con el debido caudal probatorio y se haya garantizado el derecho a la defensa de la parte demandad a mediante su part icipación efectiva en el trámite de la acción, por lo cual no es posible decretar la medida provisional.

Ahora bien, e l Consejo de Estado conoce de las acciones de tutela promovidas contra el Consejo Superior de la Judicatura, según el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 "[p]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justic ia y del Derecho" , modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y como la aquí presentada lo es contra Dirección Ejecutiv a Seccional de Administración Judicial de l Valle del Cau ca, es competente esta Sección paraR Demandante: Angie Catalina Rivas Obando

Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-04516-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocerla y fallarla.

En atención a que la solicitud cumple con los requisitos que señala el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, se

RESUELVE

Primero: Admítese la acción de tutela interpuesta por la señora Angie Catalina Rivas Obando , contra la Dirección Ejecutiva S eccional de Adminis tración Judicial del Valle del Cauca.

Segundo: Notifíquese por el medio más expedito y eficaz a la Dirección Ej ecutiva

Rivas Obando , contra la Dirección Ejecutiva S eccional de Adminis tración Judicial del Valle del Cauca.

Segundo: Notifíquese por el medio más expedito y eficaz a la Dirección Ej ecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Ca uca, la cual podrá contestar la presente acción y allegar los documentos que pretenda hacer valer como prueba, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del respectivo oficio.

Tercero: Notifíquese por el medio más expedito y eficaz al Juzgado 1 Promiscuo de Familia del Circuito de Tuluá (Valle) y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central, como terceros con interés en las resultas del proceso.

Cuarto: Ténganse como pruebas las aportad as por la parte actora c on la presente acción de tutela, documentos que reposan en el Sistema de Gestión Judicial

SAMAI.

Quinto: Niégase la medida provisional solicitada por la actora.

Sexto: Notifíquese por el medio más expedito y eficaz esta decisión a la parte actora.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx