CE - 110010315000202304539001SENTENCIADECLARAIM20230921154923

Demandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04539-00 Demandante: LUZ ADRIANA CUELLAR MUÑOZ Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L HUILA Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no superar el requisito general de la relevancia constitucional1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20152. I. ANTECEDENTES 1.1. La tutela 1. La señora Luz Adriana Cuellar Muñoz, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y de los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente». 1 En idéntico sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de junio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-02436-00. 2 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.Demandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la sentencia del 6 de junio de 2023 proferida por el operador judicial accionado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado41-001-33-33-002-2022-00063-00/01. En esta decisión, se confirmó el fallo de primera instancia dictado el 13 de septiembre de 2022, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, el cual resultó desfavorable a las pretensiones propuestas. 1.2. Pretensión constitucional 3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente: 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/6/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220006301, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado. 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin

constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado. 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…). (Sic a toda la cita). 1.3. Hechos La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguienteDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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manera: 4. La señora Luz Adriana Cuellar Muñoz se encuentra afiliada al FOMAG como docente departamental con posterioridad al año 1990. 5. El 16 de julio de 2021, la parte actora solicitó al departamento del Huila, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías causadas a su favor en el año 2021. No obstante, la demandada mediante oficio del 8 de octubre de 2021 negó aquella solicitud. 6. Inconforme con lo concluido por la entidad, la señora Luz Adriana Cuellar Muñoz presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo mediante el cual demandada negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías. 7. En primera instancia, el asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva. Esta autoridad judicial en sentencia del 13 de septiembre de 2022 negó las pretensiones. En síntesis, precisó que, si bien el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 estableció una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a favor de los trabajadores, en lo que atañe a los docentes oficiales la norma especial es la Ley 91 de 1989 y esta no previó una sanción económica contra el empleador por el concepto mencionado. 8. Pese a que el tutelante –entonces accionante– apeló la anterior decisión, esta fue confirmada integralmente por el Tribunal Administrativo del Huila, el 6 de junio de 2023. El ad quem explicó

que los docentes oficiales son afiliados forzosos al FOMAG y que lo relativo a sus cesantías se regula por la Ley 91 de 1989. Máxime, si no hay norma que disponga tácita o expresamente que se les deba hacer extensiva la Ley 50 de 1990. 9. Sostuvo que aplicar el fragmento de una norma – el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 – al régimen especial fijado por la Ley 91 de 1989, aun en virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, conllevaría a la creación de un tercer régimen que no fue diseñado por el legislador. 10. Agregó que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no constituye precedente unificador que vincule la posición y el criterio del operadorDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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judicial porque no guardaba identidad fáctica. Esto, dado que en esa oportunidad la parte accionante no estaba afiliada al FOMAG, como si lo estaba la señora Cuellar Muñoz cuando presentó la demanda. 11. Finalmente, el operador judicial de segunda instancia indicó que el pago de los intereses de las cesantías de los docentes se encuentra regulado en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 39 de 1989; y que, de acuerdo con esta reglamentación y las pruebas arrimadas al proceso, estos fueron oportunamente cancelados al demandante (en el mes de marzo de 2021). 1.4. Sustento de la vulneración 12. La tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales generales de procedibilidad y específicas de procedencia de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional. 13. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se superó el análisis del requisito de procedencia, con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías. 14. Arguyó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación, lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar. 15. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando los

al trabajador, sino también a su núcleo familiar. 15. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando los mismos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto si reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no se trata de una tercera instancia y no es contraDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

una sentencia de la misma índole. 16. Aludió que el Tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto su situación no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. 17. Sostuvo que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, la accionante en el escrito de tutela no ahondó en detalles; mientras que, respecto del segundo, indicó que el Tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la aplicación de la situación más favorable al trabajador. 18. Refirió que, en casos similares, la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria a docentes oficializados, por el pago tardío de sus cesantías. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018. 19. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en el numeral anterior por la parte actora: Corte Constitucional No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONALDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Exp. T-7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 041/2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Consejo de Estado No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-31-000-200900867-01, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15-000-2018-03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 5 08001-23-33-000-2014-00208-01 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 6 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33-000-2014-00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 9 08001-23-33-000-2015-00331-01 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTERDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 19001-23-33-000-2015-00445-02(0483-20) 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 11 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 080001-23-40-000-2015-90008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 14 080001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 16 080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 17 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dra. SANDRA LISETH IBARRA 18 080001-23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 20 47-001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 21 08001-23-33-000-201522 de Agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTERDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 00509-01 (2140-2020) 22 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022 Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 76001-23-31-000-2012-00212-02 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ DR. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – DR. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ.V 24 47001-23-33-000-2018-0231-01 26 de enero de 2023 Dr. RAFAEL FRANCISCO GÓMEZ DR. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – DR. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ. 20. Hasta la sentencia número 22 enumerada, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado. 21. Por último, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha decidido sobre el tema en cuestión: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO No. RADICADO EXPEDIENTE F. DECISIÓN JUZGADO 1 66001333300120220002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTVO DEL CTO DE PEREIRA 2 05001333301920220009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN 3 7001333300220220007200 09/09/2022 JUZ. 2º ADTVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO 4 27001333300220220014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO

MEDELLÍN 3 7001333300220220007200 09/09/2022 JUZ. 2º ADTVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO 4 27001333300220220014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE QUIBDÓ 5 76001333300220220006600 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 6 76111333300320220006600 28/09/2022 JUZ 3 ADTVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 7 68001333300220220006500 28/09/2022 JUZ. 2º ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA 8 68001333300920220010900 30/09/2022 JUZ. 9º ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA 9 27001333300520220012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ 10 11001334205120220009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO DE BOGOTÁ 1.5. Trámite de la acción 22. Por auto del 29 de agosto de 2023, se admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado al TribunalDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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Administrativo del Huila. Asimismo, se dispuso a vincular como terceros con interés al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, al departamento del Huila– Secretaría de Educación del Huila, al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a la Fiduprevisora S.A. 23. Adicionalmente, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso, se dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.6. Intervenciones 1.6.1. Departamento del Huila 24. Solicitó que se desestimaran las pretensiones de la parte accionante, ante la inexistencia de la vulneración ius fundamental deprecada. 25. La accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Huila no tuvo en cuenta el precedente judicial del Consejo de Estado, el cual reconoce la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales en igualdad de condiciones que al resto de empleados públicos en Colombia. 26. Sin embargo, la entidad vinculada señaló que tal régimen no le es aplicable a la accionante en razón a que las circunstancias fácticas y jurídicas son disimiles a las puestas de presente en este proceso. Esto, dado que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se vinculen a partir del 1.º de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios. 27. Finalmente, la entidad territorial indicó que la Secretaría de Educación departamental cumplió con su obligación de reportar las cesantías e intereses de la vigencia 2021 a la Fiduprevisora S.A., respecto a los docentes activos e inactivos al

intereses a sus beneficiarios. 27. Finalmente, la entidad territorial indicó que la Secretaría de Educación departamental cumplió con su obligación de reportar las cesantías e intereses de la vigencia 2021 a la Fiduprevisora S.A., respecto a los docentes activos e inactivos al 31 de diciembre de 2021. 1.6.2. Fiduprevisora S.A.Demandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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28. Señaló que sus funciones se circunscriben a la contratación de la prestación de los servicios médico-asistenciales en las diferentes regiones del país, para que les sean prestados a los educadores afiliados. 29. Añadió que en este caso no se encuentran especificadas las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y no es deber del juez estructurarlas. 30. Sostuvo que, por disposición del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 pueden administrar los recursos en cajas individuales para el pago de esta prestación. No obstante, adujo que el FOMAG se caracteriza por tener unidad de caja, de conformidad con su norma de creación que es la Ley 50 de 1990. 31. Finalmente, aclaró que la sentencia SU-098 de 2018 no contiene fundamentos fácticos que se asimilen al caso en cuestión. En esa oportunidad, se cuestionó una afiliación tardía al FOMAG, lo cual no ocurre en este caso. 32. En virtud de lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones invocadas y que se le desvincule del trámite tutelar. 1.6.3. Tribunal Administrativo del Huila 33. La autoridad judicial accionada rindió informe en la que solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda. Esto, porque dentro de la providencia atacada no se observa la vulneración de algún derecho fundamental de la parte actora, amén que la configuración de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, brillan por su ausencia. 34. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva se limitó a remitir el expediente ordinario. 35. El Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a ser notificados en debida

por su ausencia. 34. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva se limitó a remitir el expediente ordinario. 35. El Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a ser notificados en debida forma, no rindieron informe. II. CONSIDERACIONES DE LA SALADemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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2.1. Competencia 36. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la señora Luz Adriana Cuellar Muñoz contra el Tribunal Administrativo del Huila. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.2. Legitimación en la causa y solicitudes de desvinculación 37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva). 38. Con fundamento las anteriores consideraciones, la Sala advierte que la señora Luz Adriana Cuellar Muñoz conformó el extremo accionante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia del 6 de junio de 2023. Por tanto, es titular de los derechos fundamentales que reclama por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa. 39. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad que dictó la decisión judicial objetada. 40. La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela. Sin embargo, la Sala negará tal petición. Esto, dado que su vinculación en este trámite se dio en calidad de tercero con interés sin que por ello tenga que satisfacer las pretensiones de la parte tutelante. 2.3. Problemas jurídicosDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Esto, dado que su vinculación en este trámite se dio en calidad de tercero con interés sin que por ello tenga que satisfacer las pretensiones de la parte tutelante. 2.3. Problemas jurídicosDemandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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41. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes: ● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales? 42. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente: ● ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales reclamados por la señora Luz Adriana Cuellar Muñoz al proferir la sentencia del 6 de junio de 2023, en la que confirmó la decisión de primer grado que negó el reconocimiento del pago de intereses por el pago tardío de sus cesantías como docente o afiliada al FOMAG? 43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales5. 3 Consejo de Estado, Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Luz Adriana Cuellar Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04539-00

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45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia7 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8. 46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos generales de procedencia: i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 7 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 8 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decis