CE - 110010315000202304590011SENTENCIA20231211211142

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación, por favorabilidad laboral, de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1972, respecto de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales e indemnización por el pago inoportuno de los intereses de las cesantías, a docentes afiliados al Fomag. Ausencia de los defectos desconocimiento de precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

que declaró improcedente la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, El señor Gilberto Salazar Fernández, por intermedio de apoderado, promovió demanda2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al prin cipio de la perpetuatio jurisdictionis y a la seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de l Huila, Sala Tercera de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 41001-33-33-002-2022-00137-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una nueva decisión en la que se atienda la siguiente multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.

CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

que sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.

CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de

2018 Dra. GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.1.2. Los hechos

El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El señor Gilberto Salazar Fernández se vinculó como docente en el departamento del Huila después del año 1990, por lo que, atendiendo a la fecha de vinculación, tiene derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

1. El 15 de febrero del año 2021, el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) no le consignó las cesantías correspondientes a los servicios prestados en el año 2020.

1. El 23 de julio de 2021, el señor Gilberto Salazar Fernández solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, modificado por el Decreto Nacional 1176 de 1991, al haber transcurrido varios meses sin que fuera realizada su consignación efectiva de cesantías, así como la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

varios meses sin que fuera realizada su consignación efectiva de cesantías, así como la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

1. Comoquiera que la entidad nunca contestó a la petición, el s eñor Gilberto Salazar Fernández demandó el acto ficto negativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva negó las pretensiones de la demanda.

1. Contra la anterior decisión, el señor Gilberto Salazar Fernández interpuso recurso de apelación, argumentando que no solo la ley sino la abundante jurisprudencia tanto en sede constitucional como en sede de lo contencioso administrativo han despejado la duda sobre la aplicación pacífica de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.

1. El 27 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia, al señalar: a) que no existe norma jurídica que contemple la sanción moratoria a favor de los docentes; b) ni tampoco un precedente consolidado en la materia; y c) que acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fomag en lo

jurídica que contemple la sanción moratoria a favor de los docentes; b) ni tampoco un precedente consolidado en la materia; y c) que acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fomag en lo que respecta a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—, por desconocer el propósito del legislador.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

El apoderado del accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:

1. El problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance en el derecho fundamental a la seguridad social, y la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con su consignación efectiva.

1. De acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria.

1. En consideración a lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de las 26 sentencias expedidas en sus Subsecciones, acogió una interpretación favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de 1990 a los7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de 1990 a los7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

1. Ahora, que la autoridad accionada manifieste que tanto la Sentencia SU -098 de 2018 como la jurisprudencia del Consejo de Estado no son aplicables al caso, por estudiar situaciones fácticas y jurídicas distintas, esto es, porque los asuntos allí analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice, el docente sí lo estaba, no resulta adecuado, toda vez que lo que castiga la Ley 50 de 1990 es la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el trabajador, no la falta de afiliación a un fondo.

1. Con todo, expresar tal situación es tanto como permitir que las entidades territoriales vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue es to lo que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.

No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en

que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993. No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en el sector educativo, sin que previamente estuviera autorizado por la Nación, pues precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que fueran trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a todos los docentes, como es el caso del accionante, vinculado después del 1 de enero de 1990.

1. Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.

1. Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, lo que significa que el patrono, en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag.

1. Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Cajas Nacional y Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados, territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989, esto es, el Fomag debía recibir esos r ecursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para el pago de las prestaciones sociales por parte del Fondo, no significa que este principio

que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para el pago de las prestaciones sociales por parte del Fondo, no significa que este principio se predique de los recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fomag.

1. Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

1. En el presente asunto se configura una violación directa de la Constitución ante la no aplicación del principio de favorabilidad, pues a los maestros se les debe tratar en igualdad de condiciones que al resto de los empleados públicos del país.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 29 de agosto de 2023, el consejero de Estado Milton Chaves García admitió la solicitud de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al señor Gilberto Salazar Fernández, en calidad de accionante; a los magistrados del Tribunal9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Salazar Fernández, en calidad de accionante; a los magistrados del Tribunal9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, en calidad de accionados; al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y a la Nación-Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como terceros interesados; y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

De igual forma ; solicitó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la providencia, allegue copia en medio magnético del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicad o 41001 -33-33-002-2022-00137-00; reconoció personería al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado del actor, conforme al poder allegado; y ordenó suspender los términos de la acción de tutela hasta que se allegara copia del expediente solicitado.

1.2.2. El 1 de septiembre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Gilberto Salazar Fernández, al Tribunal Administrativo del Huila, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

del proveído al señor Gilberto Salazar Fernández, al Tribunal Administrativo del Huila, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S. A., al departamento del Huila y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.2.3. El 5 de septiembre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva remitió el enlace para consulta del expediente requerido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de l Huila. El 4 de septiembre de 2023, el magistrado Enrique Dussán Cabrera solicitó negar el amparo deprecado, en atención a las siguientes circunstancias:

1. La parte actora no hizo referencia a los defectos en que incurrió la Sala de Decisión, ya que solo centró su argumento en que la providencia del Tribunal no se ajustó a los postulados de la ley, y aunque pueda entenderse que lo cuestionado es un defecto10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

sustantivo, lo cierto es que ello involucra la reiteración de pretensiones del proceso ordinario, por lo que la acción de tutela se torna improcedente.

1. La decisión adoptada por la corporación tuvo como soporte el acervo probatorio compilado en el proceso, así como la verificación y aplicación de la distinta normativa

ordinario, por lo que la acción de tutela se torna improcedente.

1. La decisión adoptada por la corporación tuvo como soporte el acervo probatorio compilado en el proceso, así como la verificación y aplicación de la distinta normativa del asunto, de manera que no existió vulneración de derechos fundamentales.

1.3.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial del Huila. El 5 de septiembre de 2023, el juez Eduardo García L izcano se opuso al amparo de los derechos fundamentales invocados, en atención a lo siguiente:

1. El asunto bajo examen no goza de relevancia constitucional, en la medida de que se trata de una discusión donde se debaten aspectos que son absolutamente de índole legal (Ley 50 de 1990 artículo 99, Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991) y bajo dicha óptica es que fue resuelta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, se evidencia que lo pretendido por el accionante es convertir el mecanismo de tutela en una instancia adicional del proceso ordinario, máxime cuando las consideraciones jurídicas esbozadas en el medio de control son idénticas a las ahora esgrimidas por vía de la acción constitucional.

1. Los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales relacionados por la parte actora fueron analizados íntegramente en el fallo de primera instancia en los que se examinaron casos particulares y concretos que llevaron al órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a resolver favorablemente las súplicas de las demandas, pero, se itera, fueron situaciones jurídicas especiales en las que

examinaron casos particulares y concretos que llevaron al órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a resolver favorablemente las súplicas de las demandas, pero, se itera, fueron situaciones jurídicas especiales en las que definitivamente no se enmarca el del accionante, es decir, no cobijan este caso.

1. El demandante lleva a cabo una interpretación sesgada y parcializada de tales pronunciamientos, omitiendo en todo momento su ratio decidendi , en los que claramente el Consejo de Estado afirmó que a los docentes oficiales no se les aplica la Ley 50 de 1990, para efectos de las cesantías y sus intereses, como quiera que dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, únicamente a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, que no se11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

equiparan a los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990 y que sus prestaciones sociales como las cesantías, son administradas por el Fomag, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de aquellos fondos privados creados por la mencionada ley.

1.3.3. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El 5 de septiembre de 2023, la Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del

mencionada ley.

1.3.3. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El 5 de septiembre de 2023, la Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó declarar improcedente la acción y desvincular a la entidad del trámite de tutela al no estar legitimados en la causa por pasiva. Señaló, lo siguiente:

1. La acción de tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron del proceso actuaron conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso sin que pueda aducirse que desconocieron los precedentes judiciales mencionados en la demanda.

1. Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para el accionante, ya que, en su caso, no se cuestiona una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías, sino en el reclam o de la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de docentes, comoquiera que no es dable realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1. Es de advertir que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las

en el régimen especial de docentes, comoquiera que no es dable realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1. Es de advertir que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías —creadas por la Ley 50 de 1990 — podrán administrar, en cuentas individuales, los recursos para el pago de las cesantías, no así ocurre para el Fomag —creado mediante la Ley 91 de 1989 — que se rige bajo el principio de unidad de caja, por lo que es claro que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales. Así, la imposibilidad física y jurídica de apertura de cu entas individuales para cada docente afiliado al Fomag , se extiende12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

también a la figura de la «consignación de cesantías», pues en lugar de una consignación, los docentes pueden retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos.

1.3.4. La Gobernación del Huila. El 5 de septiembre de 2023, la apoderada Ximena Carolina Polanía Mayor solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, no tutelar los derechos fundamentales invocados, en razón de lo siguiente:

1. La acción de tutela es improcedente, pues además de que el accionante centra su

defecto, no tutelar los derechos fundamentales invocados, en razón de lo siguiente:

1. La acción de tutela es improcedente, pues además de que el accionante centra su discusión en un tema netamente económico y legal, la jurisprudencia enunciada en la acción constitucional como desconocida no comparte identidad fáctica ni jurídica.

1. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios.

1. A los educadores del sector público no les son aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, respecto del plazo para la liquidación de la cesantías anuales y la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dicha s normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, únicamente a «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», que no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, pues su nombramiento efectuado por el representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro de dicho nivel, y sus prestaciones sociales como las cesantías son administradas por el Fomag, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de los fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.

1.4. Sentencia impugnada

cesantías son administradas por el Fomag, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de los fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.

1.4. Sentencia impugnada

El 28 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la acción de tutela, dados los siguientes considerandos:13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Tal como lo mencionó la autoridad judicial demandada, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica analizado en la Sentencia SU -573 de 2019, la Corte Constitucional concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

1. Además, lo pretendido por el accionante es que se estudie nuevamente el debate surtido en el proceso ordinario, en el que se concluyó que no había lugar a acceder al reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, ni la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975.

1.5. Impugnación

El 10 de octubre de 2023, el apoderado de l accionante presentó escrito en el que impugnó la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar , se concedan las pretensiones, en atención a lo siguiente:

El 10 de octubre de 2023, el apoderado de l accionante presentó escrito en el que impugnó la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar , se concedan las pretensiones, en atención a lo siguiente:

1. En el asunto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, puesto que se justificó de manera razonable los hechos considerados como vulneradores de los derechos fundamentales invocados, y se dejó en evidencia el yerro en que incurrió el Tribunal accionado, al no reconocer la sanción moratoria alega da, ni aplicar el principio de favorabilidad.

1. Ahora, n o es cierto que no exista un criterio unificado al interior del Consejo de Estado con respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, pues ello está decantado desde el año 2019, según se dejó consignado en el escrito inicial.

Además, en controversias similares se ha aplicado el principio de favorabilidad, según el cual, es necesaria la aplicación de la Ley 50 de 1990 en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas.

1. Debe tomarse en cuenta que el auxilio de cesantías implica una protección tanto para el trabajador como para su núcleo familiar, puesto que se configura como una ayuda económica para suplir necesidades como la vivienda y la educación superior y, además, busca que el trabajador tenga un respaldo que no comprometa los recursos14

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04590-01

Demandante: Gilberto Salazar Fernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

necesarios para su mínimo vital. Por tanto, al no reconocerse el pago de la sanción moratoria se vulnera el derecho fundamental a la seguridad social debido a que es la que garantiza la consignación oportuna de dicha prestación.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta en contra el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derec ho con radicación 41 001-33-33-0022022-00137-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la

proceso de nulidad y restablecimiento del derec ho con radicación 41 001-33-33-0022022-00137-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. 2 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999