CE - 110010315000202304595011SENTENCIA20231204171138

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

Demandante: María del Carmen LLerena Roca

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

Demandante: MARÍA DEL CARMEN LLERENA ROCA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra fallo de reparación directa – Decisión razonable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 25 de septiembre de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora María del Carmen LLerena Roca a través de apoderado, contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección

Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora María del Carmen LLerena Roca a través de apoderado, contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora María del Carmen Llerena Roca interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«5.1. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 23 de mayo de 2023 proferida por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, que revoc ó la sentencia 23 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y declar ó la caducidad del medio de control de reparación directa por mí incoado.

5.2. ORDENAR a la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, para que en el término prudencial que se le otorgue, profiera una nueva sentencia en el proceso de la referencia, teniendo por oportunamente ejercida la referida acción».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 2 de abril de 1998 , el Banco Central Hipotecario presentó demanda ejecutiva con título hipotecario contra la señora María del Carmen Llerena Roca , con el finRadicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

El 2 de abril de 1998 , el Banco Central Hipotecario presentó demanda ejecutiva con título hipotecario contra la señora María del Carmen Llerena Roca , con el finRadicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

Demandante: María del Carmen LLerena Roca

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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de que se decretara la venta en pública subasta del lote de terreno con extensión de cuatrocientos veinte metros cuadrados y la construcción en él levantada, ubicada en la urbanización Los Laureles de la ciudad de Santa Marta .

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta1, mediante auto del 17 de abril de 1998, decretó el embargo y secuestro del inmueble hipotecado, en oficio 488 del 27 de abril de 1998 ordenó al registrador de instrumentos públicos de Santa Marta la inscripción del embargo, la que efectivamente tuvo lugar el 28 del mismo mes2.

Indicó que , para la fecha del secuestro , el inmueble presentaba, en general, un regular estado, pero se encontraba en condiciones de habitabilidad y contaba con servicios públicos, que el 26 de julio de 1999, el Juzgado Primero Civil del Circuito profirió sentencia en la que ordenó la venta en pública subasta y el avalúo, que una

regular estado, pero se encontraba en condiciones de habitabilidad y contaba con servicios públicos, que el 26 de julio de 1999, el Juzgado Primero Civil del Circuito profirió sentencia en la que ordenó la venta en pública subasta y el avalúo, que una vez practicado determinó el valor de $ 86400.000. Que, posteriormente, en marzo de 2004, la sociedad Central de Inversiones S.A. CISA, cesionaria del crédito, solicitó un nuevo avalúo y el 12 de marzo de 2004 un nuevo perito lo presentó con valor total de $ 43400.000, con ocasión al grave deterioro y desmantelamiento del bien sufridos bajo la administración negligente del secuestre Tiburcio Machado Jiménez3.

Que el 27 de julio de 2006, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta declaró la terminación del proceso ejecutivo y, en auto del 23 de agosto de 2006 , canceló las medidas cautelares decretadas sobre el inmueble.

Aseguró que , en el curso del proceso ejecutivo hipotecario, el inmueble fue desmantelado por completo ante la conducta dolosa o gravemente culposa del secuestre Tiburcio Machado Jiménez, pues no procuró mantener en buen estado de conservación la vivienda, ni evitó su deterioro, ni mucho menos lo mantuvo en el estado de producción en el que lo recibió. A dujo que recibió el inmueble completamente destruido, con deudas por servicios públicos e impuesto predial no pagados por el secuestre, a pesar de que generó frutos civiles 4.

Que el 18 de abril de 2008, la actora ejerció demanda de reparación directa contra

pagados por el secuestre, a pesar de que generó frutos civiles 4.

Que el 18 de abril de 2008, la actora ejerció demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial por la actuación negligente del secuestre designado en el proceso ejecutivo con radicado 1998 -00094 y por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en la que incurrió el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta en dicho proceso.

1 Radicado número: 47001-1310-3001-1998-0094. 2 Mediante auto del 15 de mayo de 1998, comision ó al Inspector de Policía Permanente Central de Santa Marta para llevar a cabo el secuestro ordenado y nombró como secuestre al señor Cesar Cantillo Fonseca, el 8 de agosto de 1998, se practicó el secuestro y se nombró al señor Tiburcio Machado Jimenez porque el secuestre designado incialmente no se hizo presente al momento de la diligencia. 3 El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, en auto del 8 de marzo de 2006, oficiosamente abrió incidente de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia e imposici ón de multa contra el secuestre Tiburcio Machado Jimenez, a ra íz de administración negligente prevista en el art ículo 9, numeral 4 del entonces Código de Procedimiento Civil y en auto del

23 de agosto de 2006, decidió excluir de la lista de auxiliares de la justicia al se ñor Tiburcio Machado Jimenez. 4 Al efecto, explicó que, el 30 de abril de 2007 se reaizó un nuevo avalúo del inmueble con el fin de negocial la deuda existente y arrojó un valor de $51 260.000, que, el 26 de junio de 2007, pag ó a la empresa Metroag ua S.A. E.S.P., la suma de $4000.000 por concepto de facturas vencidas, causadas en los años en que el bien estuvo secuestrado , que, el 26 de junio de 2007, pagó a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P., la suma de $ 3808.717 por concepto de facturas vencidas , que, el 27 de junio de 2007, pag ó al Distrito de Santa Marta la suma de $ 3495.965 por concepto de impuesto predial generado, correspondientes a las vigencias de 1999 a 2006, y la suma de $ 285.888 por la vigencia de 2007 y el 14 de septiembre de 2007, vendió el deteriorado y destruido inmueble por la suma de $ 54000.000.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

Demandante: María del Carmen LLerena Roca

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Que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 23 de enero de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en la que incurrió en el proceso ejecutivo adelantado. En consecuencia, condenó a pagar a la señora María del Carmen Llerena Roca $ 26’977.912 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y en abstracto, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, además, las sumas que la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Electricaribe recibió de la señora María del Carmen Llerena, dentro del período septiembre de 1998 a diciembre de 2006 .

Las partes interpusieron recurso de apelación, la demandante para cuestionar los perjuicios que le fueron reconocidos y la entidad dem andada con fundamento en que la actuación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta fue diligente, pues, cuando tuvo conocimiento de las anomalías en la administración del inmueble removió del cargo al secuestre, el cual fue nombrado por el inspector de policía comisionado, al tiempo que, c onsideró que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, porque la actora no informó al despacho judicial lo que estaba

policía comisionado, al tiempo que, c onsideró que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, porque la actora no informó al despacho judicial lo que estaba sucediendo con el secuestre ni le informó irregularidad alguna respecto de la administración del inmueble, de modo que , adujo que la conducta negligente y pasiva derivó en la producción del daño que se le endilgo a la Rama Judicial.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , en providencia del 23 de mayo de 2023, revocó la decisión de primera instancia y declaró la caducidad del medio de control, en el entendido que, cuando se instauró la demanda ya habían transcurrido los dos años de caducidad de la acción, los cuales, empezaron a correr desde el 16 de enero de 2006, fecha en la que la interesada presentó escrito ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta en el que solicitó la entrega del inmueble y, por lo tanto, el término se cumplía el 17 de enero de 2008 para presentar la demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, no obstante, la misma se presentó el 18 de abril de 2008.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , incurrió en el defecto material o sustantivo por la indebida aplicación del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, pues, considera que e l término de caducidad debía contabilizarse , no desde la fecha en la que

8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, pues, considera que e l término de caducidad debía contabilizarse , no desde la fecha en la que presuntamente tuvo conocimiento de los daños producto de la conducta omisiva del señor Tiburcio Machado Jiménez, sino desde el momento en que se le devolvió el inmueble, es decir, desde el 22 de septiembre de 2006 , esto, con ocasión al auto del 18 de septiembre de 2006, que ordenó el levantamiento de medidas cautelares que recaían sobre aquel.

Señaló que era imposible tener certeza del estado en que se entregaría el inmueble antes de recibirlo , al igual que practicar un avalúo antes de tenerlo en su poder. Adujó que resulta ilógico que se pretend iera conocer si , con anterioridad a la entrega del bien, el secuestre le haría las reparaciones pertinentes y sería devuelto en condiciones óptimas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

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Destacó que fue luego de recibir el inmueble que pagó el avalúo, esto es, el 30 de abril de 2007 , con el fin de negociar la deuda existente a favor de Central de

Destacó que fue luego de recibir el inmueble que pagó el avalúo, esto es, el 30 de abril de 2007 , con el fin de negociar la deuda existente a favor de Central de Inversiones S.A., -cesionaria del Banco Central Hipotecario-, que, con ese avalúo practicado por el perito evaluador, tuvo certeza del valor actual del inmueble para esa época y, por ende, los perjuicios materiales percibidos como consecuencia de los daños que presentaba, por lo que, insistió en que del daño acusado solo podía tener certeza tras la finalización del proceso ejecutivo y la consecuente entrega del inmueble.

Agregó que, precisamente “la prolongación injustificada del proceso” es uno de los factores constitutivos de la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, que, buscó se resarciera mediante el ejercicio de la acción de reparación directa incoada.

Sostuvo que, si se cuenta el término “correctamente”, es decir, desde el 22 de septiembre de 2006, tenía hasta el 23 de septiembre del 2008 para ejercer la acción, la cual fue, incoada oportunamente el 18 de abril de 2008.

En lo demás, señaló que la misma sentencia cuestionada indicó que en “relación con la contabilización del término de caducidad en los ca sos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, específicamente en aquéllos en que el daño se deriva de la omisión de los deberes de custodia y cuidado de los bienes muebles e inmuebles que son objeto de una medida cautelar, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que el daño se entiende generalmente configurado cuando el afectado con las medidas cautel ares recupera el bien como

cautelar, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que el daño se entiende generalmente configurado cuando el afectado con las medidas cautel ares recupera el bien como consecuencia de la cancelación de las restricciones, pues sólo a partir de ese momento el daño es conocido para el propietario” y, transcribió el salvamento de voto con que contó la decisión cuestionada.

4. Trámite Previo El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , en auto del 30 de agosto de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y vincular al Tribunal Administrativo del Magdalena y a la

Nación – Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura .

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A guardó silencio.

6. Intervención de los terceros con interés

El Tribunal Administrativo del Magdalena manifestó que, no se vislumbra violación alguna a las garantías fundamentales de la parte actora, pues, durante todo el transcurso de la actuación procesal tuvo la posibilidad de concurrir a la misma y pronunciarse al respecto.

Sostuvo que, en el presente asunto, en parte alguna de la solicitud de amparo se identifica a esa Corporación como la vulneradora de los derechos fundamentales de la parte actora, por lo cual, solicitó desvincular del trámite de la referencia.

La Nación – Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura afirmó que, de las pruebas aportadas al plenario no se logró advertir que estén en peligro los

La Nación – Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura afirmó que, de las pruebas aportadas al plenario no se logró advertir que estén en peligro los derechos fundamentales invocados por la accionante y que se este frente a unRadicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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perjuicio irremediable y, que, por tanto, requiera medidas urgentes e impostergables para su solución.

En cuanto al fondo del asunto, dijo que , la actora tuvo conocimiento de los malos manejos del secuestre respecto del bien de su propiedad desde el 16 de enero de 2006, pues , fue a partir de dicha fecha que empezó a gestionar la rendición de informes y e xplicaciones de la administración del mismo, ofici ó y solicit ó se esclarecieran las razones por las cuales el bien se encontraba deteriorado físicamente, así mismo, en el mismo escrito, solicit ó la entrega del inmueble y dej ó constancia de su mal uso.

Explicó que, e l defectuoso funcionamiento alegado en la demanda tuvo como fundamento de hecho la mala administración del secuestre que causó deterioro del predio, por lo que, indicó que, la fecha a partir del cual se enc ontró probado que la

Explicó que, e l defectuoso funcionamiento alegado en la demanda tuvo como fundamento de hecho la mala administración del secuestre que causó deterioro del predio, por lo que, indicó que, la fecha a partir del cual se enc ontró probado que la señora María del Carmen Llerena tuvo conocimiento del deterioro del bien de su propiedad, fue el momento en que hizo pública la inconformidad sobre el mismo y cuestionó la administración del secuestre, es decir, el 16 de enero de 2006, fecha en la que elevó la primera reclamación.

Dijo que, no puede considerarse que la accionante se encontraba en imposibilidad de conocer el daño, o la fecha de su ocurrencia, pues, el término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente del hecho generador o de cuando la demandante debió o tuvo conocimiento del daño y ello fue en la fecha tenida en cuenta por la Sección Tercera del Consejo de Estado , al definir la segunda instancia, pues, sus requerimientos iniciaron el 16 de enero de 2006, fecha en la que ya contaba con información del daño del cual venía siendo objeto el inmueble.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , en sentencia del 25 de septiembre de 2023, negó el amparo solicitado, porque, no se configur ó la existencia de una vía de hecho por defecto sustantivo , en la medida en que, la autoridad judicial accionada efectuó un alcance probatorio coherente y válido de las normas aplicables y de las pruebas allegadas al proceso, que, a pesar de no resultar satisfactorias a la parte accionante, no permitieron colegir que su actuación fue contraria a derecho.

normas aplicables y de las pruebas allegadas al proceso, que, a pesar de no resultar satisfactorias a la parte accionante, no permitieron colegir que su actuación fue contraria a derecho.

Al efecto, explicó que, en atención a los lineamientos de la jurisprudencia, no es procedente tomar como punto de partida para el cómputo del término de caducidad la fecha de entrega del bien inmueble, en tanto, ha sido un criterio de la Corporación que el momento a partir del cual se inicia el plazo para ejercer la demanda de reparación directa, corresponde al instante en que la parte tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión que generó el daño, por lo que, en el presente asunto, no se p odía desconocer que la Sección Tercera del Consejo de Estado, destacó que en el plenario estaba demostrado que la accionante tenía conocimiento del deterioro del inmueble desde antes de la entrega del mismo e igualmente conocía sobre el incumplimiento de los deberes del secuestre.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

Demandante: María del Carmen LLerena Roca

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8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia , para lo cual insistió en que el término de caducidad debió ser contado, no desde la fecha en la

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia , para lo cual insistió en que el término de caducidad debió ser contado, no desde la fecha en la que presuntamente tuvo conocimiento del hecho lesivo, sino, desde el momento en que se le devolvió el inmueble, esto es, el día 22 de septiembre de 2006.

Agregó que, antes de la entrega del inmueble existía la posibilidad de que estando secuestrado, se lo hubiesen devuelto, o incluso que, el secuestre hiciera las reparaciones pertinentes y lo devolviera en óptimas condiciones y reiteró que, fue en vista de que el inmueble estuvo secuestrado hasta finalizar el proc eso y que el auxiliar no rindió informes periódicamente que, solo hasta la fecha de la entrega, tuvo certeza del daño y de la conducta dolosa o gravemente culposa del señor Tiburcio Machado Jiménez.

En general, reiteró los argumentos del escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y a cogió el criterio de la procedencia excepcional 5 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

5 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de

la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-04595-01

Demandante: María del Carmen LLerena Roca

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 6 y específicas 7 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de tutela de primera instancia, que , negó el amparo solicitado porque no encontró configurado el defecto sustantivo alegado. Al efecto, insistió en los argumentos del escrito inicial.

En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar o no la decisión de primera instancia, para lo cual establecerá si la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto sustantivo alegado, o si, por el contrario, se trató de una decisión razonable.

Del defecto sustantivo8 en el caso concreto

decisión de primera instancia, para lo cual establecerá si la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto sustantivo alegado, o si, por el contrario, se trató de una decisión razonable.

Del defecto sustantivo8 en el caso concreto

La parte actora sustenta el defecto sustantivo en la indebida aplicación del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, pues, considera que el término de caducidad debía ser contabilizado, no desde la fecha en la que presuntamente tuvo conocimiento de los daños producto de la conducta omisiva del señor Tiburcio Machado Jiménez, sino, desde el momento en que se le devolvió el inmueble, es decir, desde el 22 de septiembre de 2006 .

Al efecto, expuso que, era imposible tener certeza del estado en que se le entregaría el inmueble antes de recibirlo, al igual que, practicarle un avalúo antes de tenerlo en su poder, señaló que , resulta ilógico que se pretenda que conociera si con anterioridad a la entrega del bien el secuestre haría las reparaciones pertinentes y le sería devuelto en óptimas condiciones.

En ese sentido, se evidencia que la inconformidad de la parte actora radica en que la autoridad judicial demandada dispuso contabilizar el término de caducidad desde el momento en que la señora María del Carmen LLerena Cardona presentó escrito ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta para solicitar la entrega del inmueble por el deterioro en que se encontraba como consecuencia de la

6 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la

del inmueble por el deterioro en que se encontraba como consecuencia de la

6 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la perso na afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 7 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 8 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso

8 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guar da relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se predique t al defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución Política). Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al cas o es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptabl