CE - 110010315000202304616011SENTENCIA20231123155830

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Seguridad social, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia y iv) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 2 de octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, present ó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 18 de abril de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y2

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y2

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 410013333005202200217-01, vulneró su s derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Huila, en ejercicio del medio de control de nulid ad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto presunto o ficto configurado el 19 de noviembre de 2021, ante la falta de respuesta frente a la petición presentada el 18 de agosto de 2021 en la que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990 1 y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contempladas en la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752.

4. El Juzgado Quinto Administrativo de l Circuito de Neiva profirió sentencia de primera instancia el 14 de diciembre de 2022, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de segunda instancia el 18

de abril de 2023, resolviendo lo siguiente:

primera instancia el 14 de diciembre de 2022, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de segunda instancia el 18

de abril de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: ADICIONAR la sentencia recurrida en el sentido de DECLARAR la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo de las demandadas en relación con la petición radicada por la parte demandante el 18 de agosto de 2021.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022 por el

Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.

TERCERO: SIN CONDENA en costas. […]”.

1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

6. El Tribunal Administrativo del Huila consideró lo siguiente:

“[…] Frente al alegado desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en el que se aplica la Ley 50 de 1990 a los docentes, el Tribunal encuentra que todas las sentencias citadas tanto en el escrito de demanda como en el recurso de apelación no constituyen precedente unificador de carácter vinculante en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP, razón por la cual los citados pronunciamientos no se acogen, tal y como lo advirti ó la Corte

términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP, razón por la cual los citados pronunciamientos no se acogen, tal y como lo advirti ó la Corte Constitucional en la sentencia SU098 de 2018 citada por el misma apelante: […]”.

[…]

“[…] Ahora, si bien el demandante trajo la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-0222020 de agosto 6 de 2020, en dicha oportunidad el Consejo de Estado determinó el momento a partir del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 en favor de la Secretaria (sic) de Salud del municipio de Sabanagrande (Atlántico), sin efectuar análisis alguna en tor no a la aplicación de dicha sanción en favor de los docentes, razón por la cual al no existir similitud fáctica con el presente asunto no hay lugar a su aplicación.

Adicionalmente, la (sic) apelante invocó la sentencia SU 098 de 2018, en la cual se concluyó que en virtud del principio de favorabilidad los docentes resultan beneficiarios de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías prevista en la Ley 50 de 1990, decisión de la cual se aparta este Tribunal al considerar que no resulta aplicable por las siguientes razones:

1. No aplicabilidad del principio de favorabilidad en el presente asunto. […] En esta oportunidad no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia claramente es que dicha sanción se

oportunidad no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia claramente es que dicha sanción se contempló inicialmente en forma exclusiva en favor de los trabajadores de derecho privado con la Ley 50 de 1990 y posteriormente la Ley 344 de 1996 la extendió a los servidores públicos, excluyendo sin lugar a equívocos a los docentes, por lo que no se trata del conflicto de dos normas sobre el mismo tema ni de interpretaciones encontradas, estamos en presencia de la voluntad legislativa que quiso no conferir la mencionada sanción a los educadores y ello guarda correspondencia con su régimen especial en el que no existe la misma, por lo que no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad.

1. Afectación del principio de inescindibilidad normativa. […] Considera la Sala que acudir a la Ley 50 de 1990 en cuanto la forma de liquidación y pago de las cesantías a los docentes, se traduce en una afectación del principio antes aludido, en tanto la Ley 91 de 1989 reguló íntegramente lo concerniente a las prestaciones sociales de los docentes, incluyendo las cesantías, en tal virtud no hay lugar a acudir al régimen de los trabajadores de derecho privado.

1. La naturaleza del Fonprema no corresponde a la de un fondo privado. […] Es que la Corte Constitucional no analizó en la sentencia en comentó la naturaleza del Fonprema, el cual fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta común y especial de la Nación, con independencia contable y estadística para atender las

la Corte Constitucional no analizó en la sentencia en comentó la naturaleza del Fonprema, el cual fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta común y especial de la Nación, con independencia contable y estadística para atender las prestaciones sociales de los docentes, constituyendo un patrimonio autónomo cuyos recursos son administrados por la Fiduprevisora, sin contemplarse la posibilidad de aperturar cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, lo cual es propio de4

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

los fondos administradores de cesantías creados por el artículo 99-6 Ley 50 de 1990, tal y como lo prevé el artículo 2º del Decreto 1582 de 1998. […]”.

[…]

“[…] iv) Reconocimiento de la sanción moratoria a los vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. […] Se evidencia que el demandante tuvo su vinculación como docente por lo menos desde el año 1992, como en reglones (sic) anteriores se indicara, por lo que de aceptarse que la sentencia SU - 098 de 2018 cobija al demandante y en tal virtud resulta acreedor de la sanción moratoria por la consignación extemporánea de sus cesantías, evidencia la Sala no haberse demostrado que la parte demandada hubiera incurrido en la referida mora, tampoco se indicó en la demanda el periodo de tiempo en que se incumplió dicha obligación menos se demostró el mismo, incumpliendo el demandante la carga probatoria que le asistía lo que impediría el reconocimiento de su derecho.

se indicó en la demanda el periodo de tiempo en que se incumplió dicha obligación menos se demostró el mismo, incumpliendo el demandante la carga probatoria que le asistía lo que impediría el reconocimiento de su derecho.

Contrario a lo advertido por la apelante, el a quo decretó las pruebas solicitadas con la demanda con auto de noviembre 11 de 2022 (archivo 12 Id) y consultada la plataforma digital SAMAI, evidencia la Corporación que no est á pendiente de resolverse recurso de apelación contra auto alguno que hubiera denegado pruebas, por lo que la presente controversia debe resolver con los medios de convicción legalmente incorporados, los cuales resultan insuficiente para tener por acredita da la mora en la consignación de las cesantías y de sus intereses.

De otra parte, el argumento del apelante referente a que el régimen general de liquidación de cesantías resulta más benéfico que el establecido para los docentes, el Tribunal no lo comparte.

Para el caso de los trabajadores particulares encontramos que el esquema previsto es un porcentaje anual o proporcional por fracción, en este caso el 12%, que se aplica a la suma causada en el año o en la respectiva fracción (art. 99 Ley 50 de 1990); nótese que a diferencia de los docentes los trabajadores particulares: (i) no tienen la posibilidad de que la liquidación de los intereses de las cesantías se realice respecto del saldo acumulado de cesantías, sino por el de cada año individualmente considerado, y (ii) la tasa de interés está atada al 12%, sin que se consideren las fluctuaciones de la economía, hecho que sí está previsto para los docentes del

respecto del saldo acumulado de cesantías, sino por el de cada año individualmente considerado, y (ii) la tasa de interés está atada al 12%, sin que se consideren las fluctuaciones de la economía, hecho que sí está previsto para los docentes del FOMAG, cuya tasa de interés será la certificada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período (art. 15-3 Ley 91 de 1989) […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 4/18/2023, en el expediente rad. No. 41001333300520220021701, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA5

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMI ENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante

JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMI ENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administra tivo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados

establecidos en los siguientes expedientes:

3. CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

3 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041/2020

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

DEL CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

3 11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4

11001-03-15000-2018Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4 11001-03-15000-201804679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ

5 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE6

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

7 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

8 08001-23-3110 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ

9

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

11 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA7

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA7

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr. GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

- Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021)

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

8. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de l Huila incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial ; y en la causal de ii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de auto del 29 de agosto de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a l Tribunal Administrativo de l Huila; y iii) vinculó al Fondo

de Estado, a través de auto del 29 de agosto de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a l Tribunal Administrativo de l Huila; y iii) vinculó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Huila , en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Fiduciaria La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,8

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. El Tribunal Administrativo del Huila señaló que:

“[…] 4.1. Improcedencia de la tutela. La parte actora no satisfizo el requisito de la relevancia constitucional, necesario para que proceda la tutela contra una decisión judicial, pues se limitó a señalar la vulneración de los derechos invocados sin indicar con claridad, precisión y de manera expresa porqué la cuestión debatida es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que amerita la intervención del juez de tutela y trajo a colación los mismos razonamientos que sirvieron de sustento a la apelación del fallo de primer grado. […]”.

[…]

“[…] Nótese que en el escrito de tutela no se especificó en qué consistía la

sustento a la apelación del fallo de primer grado. […]”.

[…]

“[…] Nótese que en el escrito de tutela no se especificó en qué consistía la vulneración del debido proceso y acceso a la administración de justicia, evidenciando la Corporación que la demandante concurrió al aparato judicial y su demanda se tramitó en ambas in stancias, respetándosele durante la actuación judicial las garantías previstas en el ordenamiento jurídico tendentes a la protección de sus derechos y observándose el procedimiento establecido en la ley, por manera que los derechos al debido proceso y acce so a la administración de justicia no fueron transgredidos.

Tampoco se indicó la manera en que fueron vulnerados los derechos a la seguridad social e igualdad, menos se demostró que las cesantías hubieran sido consignadas en forma extemporánea al trabajador ni que otra persona en sus mismas condiciones hubiera recibido un trato diferencial.

Al revisar la argumentación de la tutela se evidencia su promoción como una tercera instancia y pretender reabrir el debate de interpretación del derecho debidamente concluido, desconociendo la autonomía judicial y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, al utilizar la acción de amparo como un nuevo escenario para la misma discusión legal, correctamente zanjada, al respecto el Consejo de Estado indicó: […]”. […]

“[…] 4.2. El defecto material o sustantivo no se configura, dado que el Tribunal efectuó una interpretación razonable al marco normativo aplicable al subjudice , en virtud del cual los docentes no resultan beneficiarios de la sanción económica por la consignación tardía de las cesantías ni la indemnización por el pago extemporáneo

efectuó una interpretación razonable al marco normativo aplicable al subjudice , en virtud del cual los docentes no resultan beneficiarios de la sanción económica por la consignación tardía de las cesantías ni la indemnización por el pago extemporáneo de los intereses a las mismas, análisis al cual se remite esta Corporación en el qu e se concluyó: […]”.

[…]

“[…] 4.3. El Desconocimiento del precedente. Tampoco lo comparte el Tribunal, pues todas las sentencias del Consejo Estado citadas tanto en el proceso ordinario como en la tutela promovida por la actora incluyendo la más reciente proferida el 19 de enero de 202312 , no constituyen precedente unificador de carácter vinculante en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP, razón por la cual los citados pronunciamientos no se acogen, tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 citada por el mismo apelante: […]”.9

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

[…]

“[…] 4.4. La violación directa de la Constitución alegada no se debe acoger, pues la presunta transgresión del artículo 53 Superior que previó el principio de favorabilidad, es una cuestión que fue debatida y resuelta en el proceso ordinario promovido por la parte actora, señalándose que no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia

promovido por la parte actora, señalándose que no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia claramente es que el legislador excluyó de dicho beneficio a los educadores sin existir conflicto de normas sobre el tema, por lo que no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad ni predicarse su transgresión como pretende la accionante.

Tampoco es dable que los docentes so pretexto del principio de favorabilidad reciban los beneficios del régimen especial que los cobija y pretendan al tiempo la aplicación del régimen general e n su beneficio, pues con ello se desconocería el principio de inescindibilidad normativa como se expuso en la sentencia censurada, así lo precisó la Corte Constitucional: […]”.

12. El Departamento del Huila rindió informe en los siguientes términos:

“[…] Descendiendo al caso materia de estudio, dígase que en el presente evento a el accionante se le han respetado las garantías constitucionales, así como los derechos fundamentales que alega haber sido vulnerados, dentro de cada una de las etapas procesales dispuesta en el CGP y la ley 1437 de 2011, como bien se puede advertir de la relación procesal descrita anteriormente.

En ese mismo sentido, dígase que de los argumentos expuestos en el libelo de la tutela, no se advierte trasgresión alguna a los derechos fundamentales alegados como conculcados, pues dentro de la demanda instaurada mediante medio de control nulidad y restablecimiento del derecho se respetaron las etapas en la cuales el accionante pudo ejercer su derecho a la defensa, alegatos y los recursos que a su

como conculcados, pues dentro de la demanda instaurada mediante medio de control nulidad y restablecimiento del derecho se respetaron las etapas en la cuales el accionante pudo ejercer su derecho a la defensa, alegatos y los recursos que a su consideración creyó ser pertinentes.

Ahora bien, frente a la improcedencia de la acción de tutela por contar con recursos para controvertir decisiones judiciales, se tiene que el accionante cuenta con el recurso extraordinario de revisión, bajo las causales consagradas en la Ley 1437 del 2011, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia, explica la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Justamente, esas condiciones definidas por el legislador tienen por objeto garantizar la justicia de la sentencia, el principio de la cosa juzgada y el derecho de defensa, siempre y cuando hubieren sido transgredidos por motivos trascendentes o externos al proceso […]”.

[…]

“[…] Por otro lado, en lo concerniente a las pretensiones de la acción constitucional, se observa que el accionante pretense (sic) se ordene dejar sin efectos la providencia referida para que se profiera una nueva y así obtener el pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda. De esta forma, se advierte que lo anterior constituye manifiestamente una pretensión que se fundamenta en un derecho de carácter económico, que a su vez se deprende (sic) de una discusión de orden legal propia de un proceso que ya cuenta con sentencia ejecutoriada, que escapa a ese10

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

propia de un proceso que ya cuenta con sentencia ejecutoriada, que escapa a ese10

Núm. único de radicación: 110010315000202304616-01

Actor: Javier Marroquín

radio de acción de garantías superiores afín a la acción de tutela, y que según las particularidades del caso, no tiene trascendencia iusfundamental.

En consecuencia, se debe considerar que el presente mecanismo de amparo no procede para ventilar aquella pretensión, ya que como se explicó, la controversia legal que plantea la solicitud de el (sic) accionante para asegurar un derecho de carácter económico debe ser abo rdada a través de acciones y recursos judiciales previstos por el ordenamiento normativo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”.

La sentencia impugnada

13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia del 2 de octubre de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión […]”.

14. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:

“[…] La Sala declarará la improcedencia de la presente tutela, por carecer de suficiente relevancia constitucional, pues, respecto de casos similares, ya se ha pronunciado en este sentido, según los actuales parámetro s fijados por la Corte Constitucional en múltiples oportunidades, especialmente, en la sentencia SU-573 de 2019.

En ese sentido, se reafirma que la cuestión que ahora se plantea es meramente

Constitucional en múltiples oportunidades, especialmente, en la sentencia SU-573 de 2019.

En ese sentido, se reafirma que la cuestión que ahora se plantea es meramente económica y de naturaleza legal, como es el alegado reconocimie nto de la indemnización por pago tardío de intereses a las cesantías y la sanción moratoria, prestaciones accesorias al pago de esta prestación social, así como la fuente normativa de su aplicación.

En efecto, como se ha sostenido en otras oportunidades, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, de ahí que como se trata de un reconocimiento de fuente legal con carácter netam ente patrimonial, no amerita la intervención del juez de tutela.

A lo anterior se adiciona que la cuestión que ahora se debate ya fue discutida en la sede ordinaria, en la que también se introdujeron la mayoría de precedentes aquí fueron presentados como desconocidos y que fueron debidamente atendidos por el Tribunal Administrativo del Huila de la siguiente manera (transcripción literal, con posibles errores incluidos) […]”.

[…]

“[…] En cuanto a la SU-098 de 2018, esta resulta fáctica y jurídicamente diferente al caso del señor Marroquín, pues versó sobre: i) un error interno que hizo que el docente provisional nunca