CE - 110010315000202304629011SENTENCIA20231125103913

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: JOHN FREDY DÍAZ PÉREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas:

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia de 5 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la solicitud de amparo .

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones El señor John Fredy Diaz Peña interpuso acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones El señor John Fredy Diaz Peña interpuso acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones : «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA en la sentencia proferida el día 7/11/2023, en el expediente rad. No 41001333300520220014701. , transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del (la) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante juri sprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte

DE HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…).»Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

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2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El señor John Fredy Díaz Pérez labora al servicio de la Secretaría de Educación de Neiva después de 1990.

El demandante afirmó que el Ministerio de Educación Nacional no consignó en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (en adelante FOMAG) las cesantías del año 2020 en la fecha prevista legalmente, es decir, a más tardar el 15 de febrero del año 2021.

Que, el 23 de julio de 2021, le solicitó al Ministerio de Educación el pago de las cesantías

del año 2020 en la fecha prevista legalmente, es decir, a más tardar el 15 de febrero del año 2021.

Que, el 23 de julio de 2021, le solicitó al Ministerio de Educación el pago de las cesantías del año 2020 y el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía en el FOMAG con fundamento en el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la solici tud fue remitida a la Fiduciaria La Previsora S.A., pero nunca obtuvo respuesta alguna por parte de la entidad.

Por lo anterior, el demandante presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el departamento de Huila– Secretaría de Educación de Huila, con la finalidad de que se declare la nulidad del mencionado acto administrativo y en su lugar se ordene el reconocimiento y pago de la de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, en sentencia del 27 de enero de 2023, negó las pretensiones de la demand a, afirmó que el régimen salaría y prestacional de los docentes está contenido en la Ley 91 de 1989, el cual es diferentes al régimen que ampara a los trabajadores de derecho privado, es decir el establecido en la Ley 50 de 1990, por lo que la sanción que reclama el demandante es incompatible en virtud de l principio de incescinbilidad normativa por cuanto en el régimen especial no existe obligación de consignación anual de cesantías por las entidades territoriales al FOMAG.

principio de incescinbilidad normativa por cuanto en el régimen especial no existe obligación de consignación anual de cesantías por las entidades territoriales al FOMAG.

El Tribunal Administrativo de l Huila, en sentencia de 11 de julio del 2023, confirmó la decisión del juzgado, por considerar que la aplicación del régimen establecido en la Ley 50 de 1990 desconocería la especialidad del sistema consagrado en la ley 91 de 1989 para los docentes. Afirmó que el demandante no es acreedor de la sanción moratoria y/o la indemnización reclamada.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la parte actora, el tribunal demandado con la decisión de segunda instancia, vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.

Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 1 extendió el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por lo

1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud del Decreto 1252 d e 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo estipulado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación del 6 de agosto de 2020 2, 24 de enero de 2019 3, 29 de

anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación del 6 de agosto de 2020 2, 24 de enero de 2019 3, 29 de julio de 20194, 2 de diciembre de 20195, 10 de junio de 2020 6, 22 de octubre de 2020 7, 12 de noviembre de 2020 8, 17 de junio de 2021 9, 4 de noviembre de 2021 10, 25 de noviembre de 2021 11, 11 de noviembre de 2021 12, 20 de enero de 2022 13, 3 de marzo

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001 -23-3100020090086701 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia d el 29 de julio de 2019, Exp. 11001 -0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009 , Exp. 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(0324-2016),

C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31000-201400254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001 -23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 20 21, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001 -23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (10022021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia d el 25 de noviembre de 2021 , Exp. 40001-2340000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (23872020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena HernándezRadicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

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de 202214, 28 de abril de 202215, 9 de mayo de 202216, 19 de mayo de 202217, 1 de julio de 202218, 22 de agosto de 202219 y 22 de septiembre de 202220.

Agregó que, el Consejo de Estado, en un reciente pronunciamiento del 23 de marzo de

de 202218, 22 de agosto de 202219 y 22 de septiembre de 202220.

Agregó que, el Consejo de Estado, en un reciente pronunciamiento del 23 de marzo de 2023 analiz ó un caso con una idéntica naturaleza, en el que dio por superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, de manera específica, consider ó que el juzgador de segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente, con fundamento en lo cual, solicitó se profiera sentencia de tutela en igual sentido dentro del presente asunto.

Adujo que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia objeto de tutela, ni sobre ellas hubo algún tipo de pronunciamiento al interior del proceso ordinario.

Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

4. Oposiciones

El Tribunal Administrativo d el Huila por intermedio del ponente de la decisión objeto de reproche , solicitó negar el amaro de los derechos fundamentales, consideró que dentro de las providencias atacadas no se observa la vulneración de algún derecho fundamental de la parte actora, puesto que se configuran los requisitos específicos de providencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, brillan por su ausencia dentro del asunto bajo estudio

5. Intervenciones

La sociedad Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que no se argumentó adecuadamente la configuración de las causales genéricas y

La sociedad Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que no se argumentó adecuadamente la configuración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, por lo que la intención de la tutela es invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad. Además, el precedente SU -098 de 2018 no es aplicable al caso porque en él se resuelven situaciones fácticas diferentes . En consecuencia, la tutela es improcedente porque los jueces que conocieron del proceso actuaron conforme a su deber

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-201500075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (23942020), C.P. César Palomino Cortés.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

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constitucional y legal sin desconocer los precedentes relacionados con el tema objeto de la demanda.

6. Sentencia de primera instancia El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia de 5 de octubre de 2023 declaró

constitucional y legal sin desconocer los precedentes relacionados con el tema objeto de la demanda.

6. Sentencia de primera instancia El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia de 5 de octubre de 2023 declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.

Consideró que la controversia planteada por el señor John Fredy Díaz versa sobre una cuestión de interpretación meramente legal, que no impacta la garantía de derechos fundamentes sino patrimoniales, por lo que considera que la situación es de competencia exclusiva del juez ordinario. 7. impugnación La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, afirmó que si se cumple con el requisito general de relevancia constitución y reiteró los argumentos del escrito inicial y solicitó que se revoque el fallo recurrido y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela en cuestió n. Señaló que, desde el 2019, el Consejo de Estado sentó posición en lo atinente a la aplicación de la ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial. Reiteró los fallos citados en el escrito de tutela, donde la corporación mencionada, en virtud del prin cipio de favorabilidad y teniendo en cuenta que los docentes del sector oficial son empleados públicos, afirmó que son beneficiarios del artículo 99 de la ley 50 de 1990. Respecto al cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, citó las sentenc ias de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de 2023 21, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en las que, en casos con similares sustentos fácticos

de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de 2023 21, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en las que, en casos con similares sustentos fácticos y jurídicos, la Sala encontró acreditado el requisito, estudió de fondo el asunto y accedió a amparar los derechos fundamentales de los accionantes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado nro. 11001031500020230096500 de fecha 17 de abril de 2023, C.P. César Palomino CortésRadicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20 12, exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 22, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 del 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 23 y específicas24.

Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos y lo resuelto por el juez de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. De encontrarse acreditada esta condición y las demás señaladas para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Sala pasará a estudiar el fondo del asunto en los términos

requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. De encontrarse acreditada esta condición y las demás señaladas para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Sala pasará a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados por el demandante.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de rele vancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 25 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera le galidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las d ecisiones de los jueces.

22 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen han dado paso a la acción de tutela contra providencia judicial, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. 23 Los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y

derechos constitucionales fundamentales. 23 Los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal esta debe tener un efecto dete rminante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración haya sid o alegada en el proceso judicial siempre que fuere posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 24 La configuración de alguna causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno(s) de los siguiente s defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 25 Corte Constitucional, Sentencia SU 128 del 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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De acuerdo con los anteriores criterios y con aquellos expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 26, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos 27:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de esta acción constitucional. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamental es. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que no basta con aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, sino que resulta necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en l a demanda de tutela

o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en l a demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, es decir, deben tener relación con la ratio decidendi, de modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumen tos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el caso concreto, la Sala advierte que el señor John Fredy Díaz propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el caso concreto, la Sala advierte que el señor John Fredy Díaz propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG y el Departamento de l Huila – Secretaría de Educación de Neiva.

Si bien el demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales e incurrió en desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que lo que pretende es que se estudie nuevamente el debate surtido en el proceso con radicado 2022 -00147-01, en el que se concluyó que no había lugar a acceder al reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, ni la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975.

26 Consejo de Estado, Sala Plena, s entencia del 5 de agosto de 2014, Exp. 11001 -03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 27 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 25 de mayo del 2022, Exp. 11001 -03-15-000-2023-00705-01, C.P. Milton Chaves García.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-01

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Fredy Díaz Pérez

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

El señor John Fredy Díaz interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. Fundamentó las pretensiones señalando que, con la expedición de la Ley 91 de 1989, a los docentes nombrados con posterioridad al 1 de enero de 1990, les eran aplica