CE - 110010315000202304630011SENTENCIA20231214081927

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional Derechos Fundamentales Invocados: i) Seguridad social, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia y iv) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presen tada por la actora contra la sentencia de tutela de 5 de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 9 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 9 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 410013333003202200192-01, vulneró su s derechos fundamentales invocados supra.2

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Huila , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 12 de noviembre de 2021 , ante la falta de respuesta frente a la petición presentada el 11 de agosto de 2021, en la cual solicitaba el reconocimiento y pago de la sanción por mora, por la no consignación oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19901 y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contempladas en la Ley 52 de 18 de diciembre de 1975.

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva profirió sentencia de primera instancia el 25 de noviembre de 2022 , negando las pretensiones de la demanda.

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva profirió sentencia de primera instancia el 25 de noviembre de 2022 , negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de segunda instancia el 9

de mayo de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: ADICIONAR la sentencia recurrida en el sentido de DECLARAR la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo de las demandadas en relación con la petición radicada p or la parte demandante el 11 de agosto de 2021. SEGUNDO CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2022 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva.

TERCERO: SIN CONDENA en costas. […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Huila consideró lo siguiente:

1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón “[…] En esta oportunidad no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia claramente es que dicha sanción se contempló inicialmente en forma exclusiva en favor de los trabajadores de derecho privado con la Ley 50 de 1990 y posteriormente la Ley 344 de 1996 la extendió a los servidores públicos, excluyendo sin lugar a equívocos a los docentes , sanción se contempló inicialmente en forma exclusiva en favor de los trabajadores de derecho privado con la Ley 50 de 1990 y posteriormente la Ley 344 de 1996 la extendió a los servidores públicos, excluyendo sin lugar a equívocos a los docentes , por lo que no se trata del conflicto de dos normas sobre el mismo tema ni de interpretaciones encontradas, estamos en presencia de la voluntad legislativa que quiso no conferir la mencionada sanción a los educadores y ello guarda correspondencia con su régimen especial en el que no existe la misma, por lo que no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad. […]”

[…] “[…] Considera la Sala que acudir a la Ley 50 de 1990 en cuanto la forma de liquidación y pago de las cesantías a los docentes, se traduce en una afectación del principio antes aludido, en tanto la Ley 91 de 1989 reguló íntegramente lo concerniente a las prestaciones sociales de los docentes, incluyendo las cesantías, en tal virtud no hay lugar a acudir al régimen de los trabajadores de derecho privado. […]”. […] “[…] Es que la Corte Constitucional no analizó en la sentencia en comentó la naturaleza del Fonprema, el cual fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta común y especial de la Nación, con independencia contable y estadística para atender las prestaciones sociales de los docentes, constituyendo un patrimonio autónomo cuyos recursos son administrados por la Fiduprevisora, sin contemplarse la posibilidad de aperturar cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, lo cual es propio de los fondos administradores de cesantías creados por el artículo 99-6 Ley cuyos recursos son administrados por la Fiduprevisora, sin contemplarse la posibilidad de aperturar cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, lo cual es propio de los fondos administradores de cesantías creados por el artículo 99-6 Ley 50 de 1990, tal y como lo prevé el artículo 2º del Decreto 1582 de 1998. […]”. […] “[…] Para el caso de los trabajadores particulares encontramos que el esquema previsto es un porcentaje anual o proporcional por fracción, en este caso el 12%, que se aplica a la suma causada en el año o en la respectiva fracción (art. 99 Ley 50 de 1990); nótese que a diferencia de los docentes los trabajadores particulares: (i) no tienen la posibilidad de que la liquidación de los intereses de las cesantías se realice respecto del saldo acumulado de cesantías, sino por el de cada año individualmente considerado, y (ii) la tasa de interés está atada al 12%, sin que se consideren las fluctuaciones de la economía, hecho que sí está previsto para los docentes del FOMAG, cuya tasa de interés será la certificada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a la tasa comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período (art. 15-3 Ley 91 de 1989). […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:4

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón “[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón “[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 5/9/2023 , en el expediente rad. No. 41001333300320220019201, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A

LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por p arte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos

en los siguientes expedientes:

3. CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041/2020

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01

(0833-16) 6 de agosto de 2020

DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01

(0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

DEL CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-31000200900867-01,

No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ5

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Actora: Bertha Daly González Calderón 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01

(4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ

9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01

(1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01

(2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-201590008-01

(2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-201490022-01

(5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 17 080001-23-33000-201700931-01

(1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33000-201500075-01

(2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ6

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón 19 76001-23-33000-201300756-01

(2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-201700795-01

(2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr. GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01

(4004-2021) 19 de mayo de 2022

GÓMEZ - Dr. GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01

(4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

- Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-33000-201500509-01

(2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01

(2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02

(4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

(4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

8. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de l Huila incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial ; y en la causal de ii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 8 de septiembre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a l Tribunal Administrativo de l Huila; y iii) vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Huila, en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (3) días para rendir informe sobre el particular.7

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo del Huila señaló que:

“[…] Así las cosas, al centrarse el reparo de la accionante en la interpretación normativa efectuada dentro del proceso ordinario en ambas instancias, referente a la aplicabilidad del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes (sanción moratoria por consignación tardía de cesantías), sin especificar ni avizorarse afectación de derecho fundamental alguno que habilite la intervención del juez constitucional, ello no tiene relevancia constitucional y en tal virtud la tutela deviene improcedente. […]”. […] “[…] Adicionalmente, se tiene que la acción de tutela no ha sido prevista para dirimir controversias de índole económico como ocurre en el presente asunto, en el cual la accionante pretende acceder al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación tardía de las cesantías, por cuanto para esta clase de contiendas existen las respectivas acciones y medios de control ordinarios previstos por fuera de la jurisdicción constitucional, lo cual reafirma la improcedencia del amparo promovido, tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019: […]”. […] “[…] 4.2. El defecto material o sustantivo no se configura, dado que el Tribunal efectuó una interpretación razonable al marco normativo aplicable al sub judice, en virtud del cual los docentes no resultan beneficiarios de la sanción económica por la “[…] 4.2. El defecto material o sustantivo no se configura, dado que el Tribunal efectuó una interpretación razonable al marco normativo aplicable al sub judice, en virtud del cual los docentes no resultan beneficiarios de la sanción económica por la consignación tardía de las cesantías ni la indemnización por el pago extemporáneo de los intereses a las mismas, análisis al cual se remite esta Corporación en el que se concluyó: […]”. […] “[…] 4.3. El Desconocimiento del precedente. Tampoco lo comparte el Tribunal, pues todas las sentencias del Consejo Estado citadas tanto en el proceso ordinario como en la tutela promovida por la actora incluyendo la más reciente proferida el 19 de enero de 2023, no constituyen precedente unificador de carácter vinculante en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP, razón por la cual los citados pronunciamientos no se acogen, tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 citada por el mismo apelante: […]”. […] “[…] 4.4. La violación directa de la Constitución alegada no se debe acoger, pues la presunta transgresión del artículo 53 Superior que previó el principio de favorabilidad, es una cuestión que fue debatida y resuelta en el proceso ordinario promovido por la parte actora, señalándose que no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia claramente es que el que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia claramente es que el legislador excluyó de dicho beneficio a los educadores sin existir conflicto de normas sobre el tema, por lo que no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad ni predicarse su transgresión como pretende la accionante. Tampoco es dable que los docentes so pretexto del principio de favorabilidad reciban los beneficios del régimen especial que los cobija y pretendan al tiempo la aplicación del régimen general en su beneficio, pues con ello se desconocería el principio de8

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón inescindibilidad normativa como se expuso en la sentencia censurada, así lo precisó la Corte Constitucional […]”.

11. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva rindió informe en los

siguientes términos:

“[…] Ahora en cuanto a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la petición de amparo constitucional, me remito a las consideraciones que se esbozaron en la sentencia de primera instancia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del d erecho que instauró Bertha Daly González Calderón contra Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Huila (radicado 41001-33-33-003-2022-00192-00). Sin perjuicio de lo anterior, es menester advertir que en la providencia cuestionada se analizaron todos y cada uno de los cargos de nulidad planteados por la accionante en Sin perjuicio de lo anterior, es menester advertir que en la providencia cuestionada se analizaron todos y cada uno de los cargos de nulidad planteados por la accionante en sede ordinaria; de suerte que, no se desconoció ni se pretermitió examinar ninguna norma o precedente jurisprudencial vinculante. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que la petente tutelar en la solicitud de amparo, esencialmente, discrepa de las conclusiones a las que arribaron los operadores judiciales; y en esas condiciones, la acción iusfundamental resulta improcedente […]”.

12. La Fiduciaria La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que s e configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

13. El Departamento del Huila solicitó su desvinculación y declarar improcedente la

acción de tutela, en la medida que:

“[…] Por lo tanto, de las normas mencionadas se logra concluir que la solicitud afincada en el derecho que les asiste a los docentes oficiales en reclamar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”, fue dispuesta para empleados vinculados en el régimen privado y que escapa de las normas aplicables a la parte demandante, so pena que se considere la aplicación de una lex tertia que no es posible en la forma que se reclama. […]”. […] “[…] De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la demandante, so pena que se considere la aplicación de una lex tertia que no es posible en la forma que se reclama. […]”. […] “[…] De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Honorable Corte Constitucional en Sala Plena, la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede de manera excepcional por lo cual se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos generales y específicos para su procedencia compilados en la sentencia de unificación SU128/21 […]”. […]9

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón “[…] En el caso que nos ocupa, no se dan los presupuestos esgrimidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. […]”.

La sentencia impugnada

14. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 5 de octubre

de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRMERO (sic): NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. y del Departamento del Huila.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Bertha Daly González Calderón. […]”.

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que:

“[…] 63. Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la sala colige que la acción de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores. […]”. […] constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la sala colige que la acción de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores. […]”. […] “[…] 67. En efecto, los argumentos de la accionante, independientemente bajo qué yerros fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliada al Fomag, es decir que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza económica.

68. Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra, en un comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en un desconocimiento del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a partir de lo cual concluyó que no era procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes al que es objeto de examen, con lo que se observa que introdujo una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho aspecto.

69. Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o pat rimonial o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales. […]

[…] “[…] 71. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente10

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invocó su protección. […]”.

La impugnación

16. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señaló lo siguiente2:

“[…] Frente al particular, es pertinente manifestar que no es de recibo la afirmación que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, ya que la postu ra está decantada desde el año 2019 hasta la fecha, tal y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de tutela, y que para efectos ilustrativos también nos permitimos allegar al presente escrito, de la siguiente manera:

hasta la fecha, tal y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de tutela, y que para efectos ilustrativos también nos permitimos allegar al presente escrito, de la siguiente manera:

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01

(0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

DEL CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-31000200900867-01,

No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

000-201804679-01 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01

(4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ 2 Transcripción literal del texto.11

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ 2 Transcripción literal del texto.11

Núm. único de radicación: 110010315000202304630-01

Actora: Bertha Daly González Calderón

9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01

(1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01

(2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-201590008-01

(2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-400