CE - 110010315000202304634001SENTENCIA20230927195304

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO

POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO

MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA PAGO

TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,

SEGURIDAD SOCIAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ , actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de tutela

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

consignar de forma oportuna al FOMAG las cesantías correspondientes al período laboral del año 2020, por lo que el 26 de agosto de 2021 solicitó el pago y el reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19904 y desarrollada en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Refirió que la Secretaría de Educación Municipal del Huila, remitió la solicitud a la FIDUPREVISORA S.A. porque, a su juicio, era de su competencia y era la entidad encargada de gestionar los recursos del FOMAG; sin embargo, no dio respuesta de fondo a la solicitud de 26 de agosto de 2021.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG y el DEPARTAMENTO DEL HUILA5, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 27 de noviembre de 2021 y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

4 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones” 5 En adelante Departamento.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

4 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones” 5 En adelante Departamento.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 4101-33-33-005-2022-00314-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA6 que, mediante sentencia de 27 de enero de 2022, denegó las súplicas de la demanda al estimar que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías solo opera para aquellos docentes no afiliados al FOMAG, comoquiera que estos poseen un régimen especial de cesantías.

Sostuvo que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27 de junio de 2023 , confirmó el fallo de primera instancia bajo el argumento de que no era posible hacerle extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues la misma no era aplicable a los docentes oficiales.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente

pues la misma no era aplicable a los docentes oficiales.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la Constitución Política, toda vez que

6 En adelante el JUZGADO.5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la decisión cuestionada “[…] no apareja el contenido de la ley , de la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de c ierre de la jurisdicción contenciosa […]”.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados, en los siguientes términos:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/ 27/2023, en el expediente rad. No. 41001333300520220031401, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO

JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decis iones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: […]”.6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que no vulneró los derechos fundamentales de la actora, como tampoco incurrió en un defecto sustantivo, en el desconocimiento del precedente o en la violación directa a la Constitución al proferir la sentencia censurada, toda vez que efectuó una interpretación razonable del marco normativo aplicable al caso concreto y concluyó que los docentes no resultan beneficiarios de la sanción económica por la consignación tardía de las cesantías ni la indemnización por el pago ext emporáneo de los intereses a la mismas que prevé la Ley 50 de 1990.

Manifestó que al no existir un pronunciamiento unificador de la jurisprudencia del Consejo de Estado no está obligado a tener en cuenta las sentencias traídas a colación por la actora, má xime si no se adecuan al caso sub examine

Puso de presente que no vulneró el artículo 53 de la norma superior dado que bajo el principio de favorabilidad no se puede permitir que los docentes reciban los beneficios del régimen especial que los cobija y pretendan tener también estos frente al régimen general, pues se desconocería el principio de la inescindibilidad normativa.7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

desconocería el principio de la inescindibilidad normativa.7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que l a solicitud de amparo de la referencia es improcedente porque no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, comoquiera que la actora solo se limitó a señalar la vulneración de los derechos fundamentales alegados sin indicar con claridad, precisión y de manera expresa la razón por la cual el asunto cuestionado amerita la intervención del Juez Constitucional.

Indicó que lo que pretende la actora con la presente acción de tutela es la de utilizarla como una tercera instancia para reabrir un debate jurídico que ya fue superado.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El DEPARTAMENTO manifestó que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 , no le es aplicable a los docentes oficiales, pues por el hecho de ser designados por el Alcalde o Gobernador, no se entiende que se les deba reconocer las prestaciones de los servidores públicos del nivel territorial, puesto que de conformidad con la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989 7, se les tiene en cuenta las previstas para el orden nacional.

7 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

les tiene en cuenta las previstas para el orden nacional.

7 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que la acción de tutela de la referencia es improcedente, toda vez que, por un lado, la actora tiene otro medio de defensa judicial idóneo, esto es, el recurso extraordinario de revisión y, por el otro, debido a que el asunto versa sobre un asunto meramente económico por lo que no cumple con la relevancia constitucional.

Finalmente, solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela, comoquiera que no tiene competencia alguna para efectuar la consignación o pago de cesantías a los docentes y cumplió con su obligación de reportar las cesantías e intereses a las mismas de la vigencia 2020, a la FUDIPREVISORA S.A.

I.6.2.- La FIDUPREVISORA S.A., advirtió que la argumentación de la accionante es “ exigua” en relación con la fundamentación de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, porque se está utilizando con el ánimo de invalida r actuaciones procesales previas y decisiones ejecutoriadas.

Indicó que no puede “[…] configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del

ánimo de invalida r actuaciones procesales previas y decisiones ejecutoriadas.

Indicó que no puede “[…] configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción […]”.

Manifestó que las autoridades judiciales que conocieron del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de controversia, actuaron conforme al ordenamiento jurídico, sin que pueda aducirse desconocimiento de precedente judicial alguno relacionado con el tema objeto de la demanda.

Afirmó que no es dable inferir qu e se haya presentado una transgresión de las garantías fundamentales de la actora, por cuanto se le respetó el debido proceso y los procedimientos legalmente establecidos dentro del proceso ordinario.

Por último, solicitó que se desvincule de la presente solicitud de amaro porque, a su juicio, no esta legitimada en la causa por pasiva.

I.6.3.- El JUZGADO y el FOMAG, pese a ser debidamente notificados del presente trámite constitucional, guardaron silencio.10

amaro porque, a su juicio, no esta legitimada en la causa por pasiva.

I.6.3.- El JUZGADO y el FOMAG, pese a ser debidamente notificados del presente trámite constitucional, guardaron silencio.10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el DEPARTAMENTO y la FIDUPREVISORA S.A., solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.11

sentencia.

La Sala advierte que el DEPARTAMENTO y la FIDUPREVISORA S.A., solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un

procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho pr oceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

legitimación por pasiva de la acció n de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el DEPARTAMENTO fue parte demandada y la FIDUPREVISORA fue vinculada como encargada de administrar los recursos del FOMAG, en calidad de tercera dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 4101-33-33-005-2022-00314-01, objeto de cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constituc ional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe i ndicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría

ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decis iones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los d erechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida , mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para

proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto la sentencia de 27 de junio de 2023 , proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 4101-33-33-005-2022-00314-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de perpetuatio jurisdictionis, habida cuenta que, a juicio de la accionante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política, toda vez que la decisión cuestionada “[…] no apareja el contenido de la ley y de la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa […]”.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados al denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 4101-33-33-005-2022-00314-01.

En ese orden, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

En ese orden, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria solicitada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Cabe señalar que sobre el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en los asunt os en que se discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, la Corte18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04634-00

Actora: SANDRA PATRICIA TAFUR GONZÁLEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Constitucional en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 20198, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra provid