CE - 110010315000202304638011SENTENCIACONFIRMA20231123150936

Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Rad: 11001-03-15-000-2023-04638-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-01

Demandante: JOSÉ JOAQUÍN QUIROZ FORERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma fallo – relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 02 de octubre de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente a acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor José Joaquín Quiroz Forero , por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Huila por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

El señor José Joaquín Quiroz Forero , por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Huila por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, así como los principios de la perpetuatio jurisdictionis , seguridad jurídica y de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión de la providencia del 25 de abril de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se confirmó la sentencia de primeraDemandante: José Joaquín Quiroz Forero

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instancia proferida el 14 de diciembre de 2022 por el Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Neiva que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el actor contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en Adelante Fomag y el Departamento del Huila.

En consecuencia, la parte demandante pretende:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 4/25/2023, en el expediente rad. No. 410013333005202200 19801,

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 4/25/2023, en el expediente rad. No. 410013333005202200 19801, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO,

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE

AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,

GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE

LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes”1

Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes”1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

Manifestó el accionante labora al servicio de la Secretaría de Educación de Neiva, vinculado con posterioridad al 1 de enero de 1990 , es decir que por la fecha de su vinculación tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

1 Transcripción del original con posibles erroresDemandante: José Joaquín Quiroz Forero

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Afirmó que el 15 de febrero del año 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte de M inisterio de Educación Nacional (como patrono) al Fomag – fondo al que pertenece como trabajador del Estado y que le corresponden por sus servicios prestados en el año 2020.

Indicó que el 5 de agosto de 2021 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías correspondientes al año 2020, y por el pago tardío de los intereses a las cesantías que se encuentra establecido en el

sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías correspondientes al año 2020, y por el pago tardío de los intereses a las cesantías que se encuentra establecido en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

Sostuvo que dicha petición fue remitida a la Fiduciaria la Previsora S.A – (Fiduprevisora S.A. ) siendo esta la entidad la encargada de los recursos del Fomag, no sobre quien recae la obligación de la consignación como patrono; pero nunca obtuvo respuesta, por lo que procedió a demandar el acto ficto negativo.

Por lo anterior, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2022 , negó las pretensiones de la demanda y desestimó la pretensión de pago de sanción moratoria y de indemnización por no existir dentro del régimen especial docente dicha obligación de consignación anual de las cesantías, razón por la cual, no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 desde el 15 de febrero de 2021, como tampoco al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

Por lo anterior presentó apelación la cual fue resuelta por el Tribunal

al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

Por lo anterior presentó apelación la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de l Huila que mediante providencia del 25 de abril de 2023 confirmó la sentencia de primera instancia , porque no era posible hacer extensiva la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al demandante. Lo anterior, dado que dicha norma prevé la consignación en la” cuenta individual a nombre del trabajador y en el fondo de cesantías escogido por este”, mientras que el demandante se encuentra afiliado al Fomag, como fondo común. Precisó que la Ley 91 de 1989 no señaló un término para la consignación anual de cesantías a favor de los docentes y responde al principio de unidad de caja.Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

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1.3. Sustento de la petición

El demandante aseguró que las providencias objeto de debate incurrieron en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto sustantivo

Sostuvo que no se aplicaron en debida forma las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insist ió en que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el Fomag y reguló el régimen prestacional de los

1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insist ió en que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el Fomag y reguló el régimen prestacional de los docentes oficiales), el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al F omag los recursos correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de estas.

Señaló que dichos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese fondo y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías parciales o definitivas. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar la estabilidad financiera del fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al fondo en el cual está afiliado).

Recalcó que la Ley 91 de 1989 (régimen especial de los docentes oficiales) no es excluyente con las reglas previstas para los demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 197 o “que se expidan a futuro”.

Manifestó que en ese sentido le serían aplicables las Leyes 50 de 1990 y 344

previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 197 o “que se expidan a futuro”.

Manifestó que en ese sentido le serían aplicables las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las mismas a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado. Es esta sanción moratoria la que exige el actor. Así, la Ley 344 de 1996 extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a ciertos empleados públicos.

Alegó que se le debe aplicar las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 que, (según el mandato de la Ley 344 de 1996) les son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

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Consideró que se efectuó una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, por cuanto esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el F omag, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y otra la procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en ciertos términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el

procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en ciertos términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al F omag y una vez pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja; luego, ambas normas no son excluyentes y tratan asuntos distintos.

1.3.2 Desconocimiento del precedente

Apuntó que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales. Al respecto, cita las sentencias SU -098 de 2018, SU332 de 2019 y SU -041 de 2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria, pues esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos.

1.3.3 Violación directa de la Constitución

Enfatizó que se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, sostuvo que la justificación de un régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las

justificación de un régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.

Precisó que no es necesario que se profiera una sentencia de unificación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima en las providencias judiciales que deben proferir los jueces. Es decir, que desconocer la postura actual de la jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica.

1.4. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 31 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados Tribunal Administrativo de l Huila , y como terceros con interés al Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Neiva,Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

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al ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al departamento del Huila y a la Fiduciaria La Previsora S.A.

1.5. Contestaciones

1.5.1. Tribunal Administrativo del Huila

El Magistrado ponente expresó que la parte actora no satisfizo el requisito de

S.A.

1.5. Contestaciones

1.5.1. Tribunal Administrativo del Huila

El Magistrado ponente expresó que la parte actora no satisfizo el requisito de relevancia constitucional pues se limitó a señalar la vulneración de los derechos invocados sin indicar con claridad, precisión y de manera expresa porque amerita la intervención del juez de tutela.

Indicó que se evidencia su promoción como una tercera instancia y pretende reabrir el debate de interpretación del derecho debidamente concluido, desconociendo la autonomía judicial y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, al utilizar la acción de amparo como un nuevo escenario para la misma discusión legal, correctamente zanjada.

Manifestó que el régimen especial de los docentes de la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción e indemnización pretendida por el actor, como sí lo hizo el marco normativo que rige las relaciones laborales entre particulares, el cual excluyó a los educadores de tales beneficios.

Señaló que no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia claramente es que dicha sanción se contempló inicialmente en forma exclusiva en favor de los trabajadores de derecho privado con la Ley 50 de 1990 y posteriormente la Ley 344 de 1996 la extendió a los servidores públicos, excluyendo sin lugar a equívocos a los docentes, por lo que no se trata del conflicto de dos normas sobre el mismo tema ni de interpretaciones encontradas, estamos en presencia de la voluntad legislativa que quiso no conferir la mencionada sanción a los

equívocos a los docentes, por lo que no se trata del conflicto de dos normas sobre el mismo tema ni de interpretaciones encontradas, estamos en presencia de la voluntad legislativa que quiso no conferir la mencionada sanción a los educadores y ello guarda correspondencia con su régimen especial en el que no existe la misma, por lo que no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad.

1.5.2. Departamento del Huila

Solicitó se declare improcedente la acción de tutela por cuanto los fallos proferidos en el proceso impetrado por el docente, se encuentran conforme a derecho y pese a q ue existe otro mecanismo para la revisión de las decisiones judiciales, en ninguno de los dos fallos se ha vulnerado ningún derecho fundamental.Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

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Señaló que la solicitud de amparo busca reabrir un debate meramente legal que ya fue objeto de análisis en el proceso ordinario.

Aseguró que lo pretendido por el actor es hacer efectiva una prestación de índole estrictamente patrimonial, cuya ausencia de reconocimiento no configura un menoscabo o vulneración de alguna garantía fundamental.

1.5.3. Fiduprevisora S.A. (en calidad de vocera y administradora del Fomag)

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que la entidad sea desvinculada del proceso. Afirm ó que, en virtud del principio de unidad de

Fomag)

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que la entidad sea desvinculada del proceso. Afirm ó que, en virtud del principio de unidad de caja, en el F omag no hay cuentas individuales para los docentes y los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y se trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia.

Agregó que la actividad operativa de la liquidación de las cesantías se realiza anualmente, ya que los recursos están inmersos en el F omag antes del 1º de febrero de cada vigencia.

Indicó que es imposible desde un punto de vista jurídico crear cuentas individuales para cada uno de los afiliados, lo cual no puede ser ordenado por una autoridad judicial. Señal ó que esa imposibilidad “se extiende a la consignación de cesantías” y que, en lugar de una consignación, los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con la ley. Por lo anterior, no puede configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el caso del F omag, pues lo que penaliza esa ley es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar prohibida la consignación de las cesantías de los docentes del F omag, se descarta algún tipo de sanción.

Sostuvo que la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional es una sentencia de unificación de jurisprudencia perteneciente a la tipología “interpretativas”. Añad ió que los pronunciamientos del Consejo de Estado citados por el accionante deciden casos particulares y concretos en donde “las

sentencia de unificación de jurisprudencia perteneciente a la tipología “interpretativas”. Añad ió que los pronunciamientos del Consejo de Estado citados por el accionante deciden casos particulares y concretos en donde “las pretensiones no han prosperado por estar prescritas”.

Alegó que, contrario a los precedentes citados por el accionante, en el caso concreto no se cuestiona una afiliación inoportuna al F omag que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías. Por el contrario, el actor reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses.Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

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1.5.4. Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

Se limitó a allegar copia del expediente sin efectuar ninguna otra intervención.

1.5.5 El Ministerio de Educación Nacional y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 02 de octubre de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que carece de relevancia constitucional.

Mediante providencia del 02 de octubre de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que carece de relevancia constitucional.

Manifestó que la controversia versa sobre la determinación de aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU -573 de 2019, no guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su naturaleza estrictamente económica.

Señaló que es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementario al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa.

1.7. Impugnación

La parte demanda nte presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia m ediante escrito radicado el 12 de octubre de 2023 2, al señalar lo siguiente:

Aseguró que si existe una posición respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial reiterando lo expuesto en su escrito inicial al traer a colación más de 26 diferentes decisiones que han ordenado el reconocimiento y pago de la sanción por mora.

Alegó que sí cumple con el requisito de relevancia constitucional por cuanto hay

al traer a colación más de 26 diferentes decisiones que han ordenado el reconocimiento y pago de la sanción por mora.

Alegó que sí cumple con el requisito de relevancia constitucional por cuanto hay providencias que así lo consideran al analizar casos con una idéntica naturaleza

2 La sentencia se notificó vía electrónica el 6 de octubre de 2023.Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

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a la actualmente presentada.

Reiteró lo expresado en su escrito de tutela al invocar el principio de igualdad en la cual de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos caracteres de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social.

Por lo anterior, solicitó se revoque el fallo de tutela proferido en primera instancia y notificado el 6 de octubre de 2023; para que en su lugar se amparen los derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto

los derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la s ala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuesto s en la impugnación d el fallo de primera instancia, se cumple con la relevancia constitucional como uno de los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en caso de superarse los requisitos de procedibilidad, en especial el de la relevancia constitucional, estudiar si con la providencia demandada se incurrió en los defectos específicos alegados por la parte actora.

3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20124, unificó la diversidad de criterios que la c orporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”5

Conforme al anteri or precedente, es claro que la c orporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho

criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, la acción de tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el

4 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutelaImportancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. 5 Ibídem.Demandante: José Joaquín Quiroz Forero

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Rad: 11001-03-15-000-2023-04638-01

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fondo del asunto – procedencia adjetiva –.6

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fondo del asunto – procedencia adjetiva –.6

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia ” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Relevancia constitucional

En rel