CE - 110010315000202304650001SENTENCIADECLARAIM20230921145722

Demandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04650-00

Demandante: COIMPA Y CÍA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Dec reto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

modificado por el Dec reto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 28 de agosto de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la sociedad Coimpa y Cía., Ltda en Liquidación, mediante apoderado, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C con la finalidad de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administ ración de justicia y a la igualdad.

Consideró vulneradas las referidas garantías, con ocasión de la sentencia de 19 de julio de 2023, a través de la cual, la autoridad judicial demandada revocó la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que había accedido a las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 76001 -2331-000-2013-00450-01 (59 .386), que promovió contra la Nación, Fiscalía General de la Nación , para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.Demandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 En concreto, solicitó a esta Corporación:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 En concreto, solicitó a esta Corporación:

PRIMERA.- AMPARAR a la sociedad comercial COIMPA Y CIA LTDA, sus derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la justicia e igualdad, vulnerados con la emisión de la sentencia de segunda instancia del 19 de julio de 2023 emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que dentro del término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profieran nueva providencia judicial accediendo a las pretensiones de la demanda.

2. Hechos

Del expediente se extrae la siguiente situación fáctica que, a juicio de la Sala, resulta relevante para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.

Precisó que, en mayo de 1998, los Estados Unidos de Norteamérica solicitaron al Estado colombiano su asistencia judicial para bloquear unas cuentas bancarias de la empresa Coimpa y Cía. Ltda., en cumplimiento de una medida cautelar decretada por un órgano judicial del país requirente que, justamente, adelantaba una investigación por la posible comisión del delito de lavado de activos , en el marco de la operación denominada “Casablanca”.

Destacó que la Fiscalía General de la Nación de Colombia hizo efectiva la petición

una investigación por la posible comisión del delito de lavado de activos , en el marco de la operación denominada “Casablanca”.

Destacó que la Fiscalía General de la Nación de Colombia hizo efectiva la petición de asistencia judicial y, así se lo hizo saber a su homóloga estadounidense. Así mismo, la fiscalía colombiana inició, por su propia cuenta , un proceso de extinción de dominio, el cual culminó con el archivo de las diligencias y la declaración de nulidad de todo lo actuado, en razón a que los bienes ya habían sido incautados por el país extranjero.

Resaltó que, en septiembre de 2010, con base en un comunicado que envió un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, la fiscalía de Colombia levantó el bloqueo y por orden del país foráneo, realizó la entrega de los títulos judiciales a la comentada empresa.

Anotó que, con fundamento en lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Estado colombiano, particularmente, la Nación, Fiscalía General de la Nación - Fiscalías 27 y 26 de Extinción de Dominio y Lavado de Activos - por considerar que la devolución del dinero consignado en las cuentas bancarias, desconoció los rendimientos económicos que se hubieren producido por el tiempo en que se prolongó la medida cautelar.

Comentó que del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Valle del Cau ca, corporación que, mediante sentencia del 28 de febrero de 2017, concedió las pretensiones incoadas. Contra dicha decisión, la parte demandadaDemandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

concedió las pretensiones incoadas. Contra dicha decisión, la parte demandadaDemandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 presentó recurso de apelación, con fundamento en que, la incautación de los dineros que se encontraban en las c uentas bancarias de la empresa demandante no tuvo su origen en una determinación adoptada por la Fiscalía General de la Nación del Estado colombiano, sino en una decisión de la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica o de la "Corte Estadounidense"; situación que, además, respondía a los acuerdos celebrados entre ambos países, específicamente lo que involucra las investigaciones por la comisión del delito de lavado de activos.

Mencionó que el referido recurso fue desatado por el Consejo de Estado, Se cción Tercera, Subsección C mediante sentencia de 19 de julio de 2023 la cual revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda. Ello con fundamento en que, si bien se acreditó un daño antijurídico, lo cierto es que, no es posible endilgar el mismo a la Fiscalía General de la Nación, dado que no fue la autoridad que inició una investigación o un proceso judicial en contra de Coimpa Cía. Ltda. , que hubiera dado lugar, por parte del órgano instructor, a la impos ición de la medida cautelar que pesó sobre las sumas

dado que no fue la autoridad que inició una investigación o un proceso judicial en contra de Coimpa Cía. Ltda. , que hubiera dado lugar, por parte del órgano instructor, a la impos ición de la medida cautelar que pesó sobre las sumas dinerarias de propiedad del aquí demandante. Fue el Tribunal del Estado de Columbia de los Estados Unidos que, en el marco de un trámite judicial, adoptó una decisión encaminada a afectar temporalmente la disposición económica de los bienes de la parte actora, mientras se definía su posible participación en la comisión del delito de lavado de activos.

Asimismo, la autoridad judicial sostuvo que, e s cierto que el trámite de asistencia judicial impulsó a la Fiscalía, por su propia cuenta, a iniciar un proceso de extinción de dominio , sin embargo, esta investigación fue motivo de archivo y de declaración de nulidad de todo lo actuado, justamente por el trámite judicial que ya se estaba surtiendo en territor io extranjero y porque en el mismo ya se había proferido medida cautelar sobre los bienes de la empresa accionante . En consecuencia, la actuación del órgano investigador, por todos los motivos expuestos no tuvo incidencia en la producción del daño.

3. Sustento de la vulneración

Manifestó que la providencia acusada incurrió en los defectos: i) fáctico por indebida valoración probatorio, ii) desconocimiento del precedente y, iii) sustantivo.

Expuso que, en lo concerniente al defecto fáctico, alegó que la judicatura demandada, a pesar de haber reconocido la existencia de un daño antijurídico, concluyó que no le era imputable a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo,

demandada, a pesar de haber reconocido la existencia de un daño antijurídico, concluyó que no le era imputable a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, es dicha autoridad la que responde ante los administrados en Colombia, luego, aun cuando solo haya prestado la asistencia judicial al país norteamericano , debe asumir la responsabilidad respecti va, con fundamento en los numerales 11 y 19 del artículo 7. ° de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Mencionó que, contrario a lo señalado en la sentencia acusada, a la fecha sí hay distintos pronunciamientos en el marco de la operación “Casablanca” en los que se ha encontrado acreditado el daño antijurídico por el actuar de la FiscalíaDemandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 General de la Na ción. Para el efecto, citó las providencias: i) 16 de noviembre de 2021, dictada en el expediente de tutela 11001-03-15-000-2021-06765-00 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y, ii) 14 de diciembre de 2021, dictada en el expediente de reparación directa 76001-23-31-000-201101532-01 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2021, dictada en el expediente de reparación directa 76001-23-31-000-201101532-01 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Sostuvo que, en lo que atañe al defecto sustantivo, aquel se configura cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto de 30 de agosto de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado , autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia en el expediente de reparación directa 76001-23-31-000-2013-00450-01.

Igualmente, se dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo de V alle del Cauca y de la Fiscalía General de la Nación , para que dentro del término de tres (3) días, contado a partir de la fecha de recibo de la correspondiente comunicación, manifestaran lo que consideraran pertinente frente al mismo.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dio la siguiente intervención:

5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

El magistrado ponente de la decisión acusada señaló que la para el caso concreto, se echa de menos el criterio relacionado con la «relevancia constitucional», sobre el cual, la Corte Constitucional en las sentencias SU -033 de 2018, SU -573 de 2019 y SU - 128 de 2021 ha indicado que este trasciende «el carácter

el cual, la Corte Constitucional en las sentencias SU -033 de 2018, SU -573 de 2019 y SU - 128 de 2021 ha indicado que este trasciende «el carácter eminentemente económico de la controversia y la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales », lo que implica la existencia de «un probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso o al acceso a la administración de justicia ». Así las cosas, la presente solicitud de tutela se enfoca, principalmente, en la falta de reconocimiento de las pretensiones relacionadas con perjuicios materiales, siendo aquellas de contenido eminentemente económico, con lo cual, de entrada, se incumple con el enfoque de relevancia constitucional característic o de la tutela contra providencia judicial y, si bien, invoca como vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, tampoco expone en qué residió tal vulneración.

Explicó que, sin perjuicio de lo anterior, más allá de la confusión que pueda tener el tutelante sobre lo que constituye un defecto fáctico, lo cierto es que de ninguna de las normas invocadas (numerales 11 y 19 del artículo 7 .° de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas) se desprende la consecuenci a que les atribuye. Adujo que los numerales aludidosDemandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 refieren a la posibilidad que tenía la Fiscalía de pedirle información adicional al país requirente, y de los gastos ordinarios en que incurra la parte requerida para llevar a cabo la solicitud, es decir , erogaciones para la ejecución de la medida rogatoria, en las cuales no tiene cabida el concepto de indemnizaciones a terceros, como parece entender o sugerir la parte actora. De cualquier forma, dicho argumento no fue invocado en el trámite del proceso o rdinario, razón por lo que no es dable alegarlo ahora en sede constitucional.

Expuso que los fallos traídos a colación por el tutelante corresponden a demandas interpuestas por personas que fueron cobijadas con la medida cautelar decretada por un Tribunal de Estados Unidos y ejecutada por la Fiscalía General de la Nación en el ámbito de la asistencia mutua entre Estados. Ahora, respecto de dos de ellos, la sentencia objeto de tutela hizo mención para advertir que, en lo que atañe a la decisión adoptada por la Subsección C el 14 de diciembre de 2021 (exp. 51660), aquella se profirió en acatamiento del fallo de tutela (exp. 202106765). No obstante, se precisó que para ese asunto no se acogería el derrotero trazado en la decisión de tutela, porque se fundamen tó en Ley 793 de 2002, sin embargo, dicha ley, a juicio de la autoridad demanda , recoge un supuesto de hecho que no es aplicable al caso. En efecto, la mencionada ley tiene su ámbito

embargo, dicha ley, a juicio de la autoridad demanda , recoge un supuesto de hecho que no es aplicable al caso. En efecto, la mencionada ley tiene su ámbito de aplicación respecto de medidas que se profieran dentro de los procesos de extinción de dominio que promueva la Fiscalía General de la Nación y, el asunto de marras no lo era, por cuanto, la medida cautelar de que fue objeto Coimpa no provino de un trámite de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nació n, sino de la colaboración para la ejecución de una medida decretada por un tribunal extranjero.

Argumentó que lo anterior no es nada distinto que la legítima expresión del principio de autonomía judicial que le permite al juez apartarse de un antecedente , precedente o de la doctrina probable, según sea el caso, siempre que brinde las razones y justifique su apartamiento, precisamente para enervar la posibilidad de afectar el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad.

Expuso que aun considerando la existencia de una pluralidad de fallos en sentido condenatorio, respecto de estos, al momento de emitirse la sentencia del 19 de julio de 2023 no se estaba frente a una hipótesis de doctrina probable, porque (i) para ese momento solo existía una deci sión de tutela y otra que se profirió en acatamiento de tutela y, por tanto, esas decisiones previas no tenían un efecto controlador respecto de la decisión venidera; (ii) el precedente obligatorio que se forma a partir de doctrina probable, debe, además d e conformarse como mínimo por tres fallos en los que exista una unicidad de decisión frente a los mismos puntos de hecho y de derecho, primordialmente debe estructurarse sobre una ratio

forma a partir de doctrina probable, debe, además d e conformarse como mínimo por tres fallos en los que exista una unicidad de decisión frente a los mismos puntos de hecho y de derecho, primordialmente debe estructurarse sobre una ratio decidendi consolidada. En los casos que, respecto de la ejecución de l a medida cautelar ordenada por un Tribunal de Estados Unidos y ejecutada por la Fiscalía General de la Nación, ha resuelto la Sección Tercera en sede de reparación directa, no existe una ratio consolidada. Eso sí, lo que existe, con excepción de la sentencia del 19 de julio de 2023, es un decisum consolidado.Demandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si se desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad , con

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si se desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad , con ocasión de la sentencia de 19 de julio de 2023, a través de la cual, la autoridad judicial demandada revocó la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que había accedido a las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 76001-2331-000-2013-0045001 (59386), que promovió contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, para en su lugar, denegar las pretensiones.

Para el efecto, deberá determinarse si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia adjetiva y, de encontrarlos superados, se deberá establecer si la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos procedimental y fáctico en la providencia enjuiciada.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 2,

conforme al cual:

(2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 2, conforme al cual:

De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido

1 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 2 El recuento de esos criterios se encuen tra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.Demandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la com ponen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio

excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fi jados hasta el momento Jurisprudencialmente3.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicia l y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 4 a unos requisitos generales y otros espec íficos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantivay cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asuntoprocedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos

sustantivay cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asuntoprocedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,

3 Idem. 4 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el se ntido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia constitucional

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencia s judiciales, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional. Al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede colegir que la parte actora solo planteó una inconformidad netamente l egal y económica sobre el reconocimiento de los perjuicios causados por una medida cautelar impuesta, sin que se cumpla con una carga argumentativa rígida, que permita advertir una verdadera vulneración de garantías del orden superior como lo es el derecho fundamental al debido proceso.

Lo anterior, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto. En el mencionado fallo de uni ficación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando

del precitado presupuesto. En el mencionado fallo de uni ficación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada ”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procede ncia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre […]».

El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precis ó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante lasDemandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante lasDemandante: Coimpa y Cía. Ltda, en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-04650-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 jurisdicciones competentes o para la solución de discusi ones de naturaleza eminentemente legal5 (Énfasis de la Sala).

Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, en estos eventos:

1. Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

1. Cuando involucra un debate eminentemente legal,

1. Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

1. Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019 que «a controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico » y que según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las relativas

de noviembre de 2019 que «a controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico » y que según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las relativas a un derecho de índole económico6 deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite 7, comoquiera que «le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de ca rácter netamente legal o reglamenta rio»8, so pena de involucrarse en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones»

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por Coimpa y Cía. Ltda, versa sobre una cuestión de interpr etación meramente legal y económica, que no impacta la garantía de derechos fundamentales, por cuanto considera que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C desconoció su derecho al debido proceso, al revocar la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca , que había concedido las pretensiones de la demanda en el sentido de condenar a la Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios causados por dañ o antijurídico sufrido por la incautación de unas cuentas bancarias de la empresa accionante, en cumpl