CE - 110010315000202304662001SENTENCIA20230928191314

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

Accionante: Rolando Polanía Perdomo Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-04662-00

Accionante: Rolando Polanía Perdomo

Accionado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión No. 5

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y prestacional de los docentes oficiales / Defecto sustantivo / Violación directa de la Constitución / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 18 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001-33-33-005-2022-00157-00/01. Ese proceso fue adelantado por el accionante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (e n adelante <<FOMAG>>) y contra el Departamento del Huila para que se declarara la nulidad

proceso fue adelantado por el accionante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (e n adelante <<FOMAG>>) y contra el Departamento del Huila para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y sus intereses correspondientes al año 2020. En la providencia objeto de reproche se confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

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I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 28 de agosto de 2023, mediante apoderado judicial, Rolando Polanía Perdomo presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de justicia, y a los prin cipios de favorabilidad laboral, perpetuatio iurisdictionis, seguridad jurídica y aplicación del precedente vulnerados, en su concepto, por el tribunal accionado al negar el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y la indemnización por la falta de pago de los respectivos intereses.

seguridad jurídica y aplicación del precedente vulnerados, en su concepto, por el tribunal accionado al negar el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y la indemnización por la falta de pago de los respectivos intereses.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben textualmente:

<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 7/18/2023, en el expediente rad. No. 41001333300520220015701, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL V ERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimi ento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)>>

B. HechosRadicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

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3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Se vinculó al servicio educativo estatal en vigencia de la Ley 91 de 1989. En consecuencia, le es aplicable el régimen anualizado de cesantías. Actualmente labora al servicio de la Secretaría de Educación de Neiva.

3.2.- El Ministerio de Educación Nacional omitió consignar en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG las cesantías e intereses correspondientes al año 2020.

3.3.- El 26 de julio de 2021 el accionante presentó reclamación administrativa para que se pagaran las cesantías dejadas de pagar y la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago extemporáneo de sus intereses.

de pago de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago extemporáneo de sus intereses.

3.4.- Ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto.

3.5.- El 30 de enero de 2023 el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda.

3.6.- El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En síntesis, sostuvo que la ley, la jurisprudencia constitucional (en particular, la sentencia SU-098 de 2018) y el precedente de esta Corporación permiten que a los docentes oficiales se les aplique lo previsto en la Ley 50 de 1990 en materia de cesantías y la sanción moratoria, en igualdad de condiciones con los otros servidores públicos.

3.7.- Mediante sentencia del 18 de julio de 2023 el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión 5 confirmó el fallo de primera instancia. El tribunal consideró que el pago de la sanción moratoria e indemnización que se pretenden eran incompatibles con el régimen especial de los docente s porque: (i) actualmente no existe una postura jurisprudencial unificada en la materia; (ii) el régimen especial de los docentes cuenta con una forma de administración, un fondo administrador y un trámite de reconocimiento y pago especiales y, además, el origen de los recursos es público; (iii) no es pos ible reconocer emolumentos a los servidores públicos

los docentes cuenta con una forma de administración, un fondo administrador y un trámite de reconocimiento y pago especiales y, además, el origen de los recursos es público; (iii) no es pos ible reconocer emolumentos a los servidores públicos distintos a los reconocidos en la norma; (iv) no se trata de un supuesto de duda enRadicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

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la aplicación de las normas, por lo que no se afecta el principio de favorabilidad; (v) en cambio, sí se afecta el principio de inescindibilidad al fraccionar la aplicación de las normas; (vi) la sentencia SU-098 de 2018 no es un precedente vinculante porque parte de un supuesto distinto; y (vii) el FOMAG no administra cuentas individuales de sus asociados.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que la sentencia objeto de reproche vulneró sus derechos fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) una violación directa de la Constitución. Además, se infiere que el accionante también reprocha un (iii) desconocimiento de las reglas jurisprudenciales ya que invoca varias providencias de esta Corporación, de la Corte Constitucional, y tribunales y juzgados administrativos del país que habrían sido inaplicadas por la autoridad judicial accionada.

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, alega que no se aplicaron en debida forma las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, alega que no se aplicaron en debida forma las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de los docentes oficiales) el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de las mismas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese Fondo y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías parciales o definitivas. De lo contrario, se puede afectar la estabilidad financiera del Fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los docentes oficiales, no es excluyente con las reglas generales previstas para los demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de eneroRadicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

Accionante: Rolando Polania Perdomo

prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de eneroRadicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

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de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 31 35 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.

4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le serían aplicables a l accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 1. Esta es la sanción moratoria que exige el accionante. Así, la Ley 344 de 1996 extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los empleados públicos, incluyendo a los docentes oficiales.

4.1.4.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio de l accionante, las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el

4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en determinados términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al FOMAG y , una vez pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja: luego ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- Alega una violación directa de la Constitución. Ello, por cuanto se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato

1 A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella regulada por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no afilia al trabajador a un fondo de ces antías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le

afilia al trabajador a un fondo de ces antías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

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discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.

4.2.1.- Precisa también que no es necesario que se profiera una sentencia de unificación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda de esta Corporación, lo que genera una confianza legítima en las providencias judiciales . Es decir, que desconocer la postura actual de la jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica. No desconoce la posibilidad de apartarse del precedente, pero reitera que p ara ello es necesario argumentar las razones de forma suficiente, lo que no sucedió en este caso.

4.2.2.- Agrega que este mecanismo constitucional no constituye un recurso adicional para instaurar una tercera instancia, sino que se trata de la única forma de salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.

4.3.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales , el accionante afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la

4.3.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales , el accionante afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

4.3.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018 (que fundamenta las demás providencias proferidas por el Consejo de Estado), SU -332 de 2019 y SU -041 de

2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria porque esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos.

Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

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4.3.2.- Igualmente invoca vei ntiséis (26)2 sentencias proferidas por esta Corporación, tres (3) 3 sentencias proferidas por tribunales administrativos y once (11)4 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

2 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de 2019, radicado No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth

2 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de 2019, radicado No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 17 de junio de 2019, ra dicado No. 11001 -03-15-000-2018-04617-01, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 28 de junio de 2019, radicado No. 411001 -03-15000-2018-04679-01, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia del 29 de julio de 2019, radicado No. 11001 -0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suáre z Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado No. 0800123-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth Ibarra;

sentencia del 22 de octubre de 2020, radicado No. 08001 -23-31-000-2014-00254-01 Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-0002014-00132-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001-23-31-000-2014-00815-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No. 08001 -23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cortés; sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No . 08001 -23-33-000-2014-01127-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001 -23-40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-201590008-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 11 de noviembre de

2021, radicado No. 080001 -23-40-000-2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 20 de e nero de 2022, radicado No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No. 080001 -23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández G ómez; sentencia del 28 de abril de 2022, radicado No. 76001 -23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001 -23-40000-2017-00795-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No. 47001 -23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de julio de 2022, radicado No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 0800123-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-90124-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado No. 76001 -23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; y sentencia del 26 de enero de 2023, radicado No. 47001-23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Gómez. 3 Sentencia del 31 de mayo de 2019, radicado No. 76 -001-23-33-000-2013-00734-00 proferida por el Tribunal Administrativo del Va lle del Cauca; sentencia del 21 de julio de 2022, radicado No. 70001 -23-33-000-0201800097-00 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre; y sentencia del 24 de enero de 2023, radicado No. 15001-33-33-007-2019-00046-01 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 4 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001 -33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado

Primero Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-202200115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No. 05001 -33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-3333-003-2022-00066-00 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2 022, radicado No. 68001 -33-33-002-2022-00065-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, radicado No. 68001-33-33-009-2022-Radicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

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D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Departamento del Huila (tercero con interés) se opuso a las pretensiones de la acción de tutela porque no se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Además, solicitó su desvinculación del presente proceso.

6.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG

y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Además, solicitó su desvinculación del presente proceso.

6.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG (tercero con interés) solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, pues no se argumentaron suficientemente los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Además, solicitó ser desvinculada del presente proceso.

6.1.- Enfatizó que al FOMAG le es aplicable el principio de unidad de caja, lo cual amerita un trato diferenciado al de los fondos de cesantías privados y regidos por la Ley 50 de 1990. En efecto, en el FOMAG no existen cuentas individuales para cada uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.

6.2.- En cambio, los valores del FOMAG son presupuest ados en cada vigencia y son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades TerritorialesFONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías. Posteriormente el FOMAG solicita a las entidades territoriales que alleguen l os reportes de cesantías para proceder a reconocer los intereses que se causen en cada vigencia, y cuando se solicita el retiro definitivo o parcial de las cesantías el fondo acude al rubro asignado, se reitera, regido por el principio de unidad de caja y no por cuentas individuales.

6.3.- Lo anterior encuentra fundamento en un marco normativo especial: Ley 91 de

fondo acude al rubro asignado, se reitera, regido por el principio de unidad de caja y no por cuentas individuales.

6.3.- Lo anterior encuentra fundamento en un marco normativo especial: Ley 91 de 1989, artículo 8; Ley 715 de 2001, artículo 8 y 36; Decreto 196, artículos 12 y 13; Decreto 3752 de 2003, y Ley 1955 de 2019, artículo 57.

00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado No. 27001 -33-33-002-2022-00072-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001 -33-33-005-2022-00122-00 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022 radicado No. 76147-33-33-002-202200008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la sentencia del 19 de enero de 2023 radicado No. 11001 -3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

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6.4.- Sostuvo que las sentencias invocadas por la accionante no constituyen un precedente vinculante, pues resolvieron casos particulares y distintos al presente. Agregó que, en todo caso, no se vulneraron sus derechos fundamentales porque

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6.4.- Sostuvo que las sentencias invocadas por la accionante no constituyen un precedente vinculante, pues resolvieron casos particulares y distintos al presente. Agregó que, en todo caso, no se vulneraron sus derechos fundamentales porque las actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y de conformidad con las pruebas y procedimientos legales.

7.- La Nación - Ministerio de Educación Nacional (tercero con interés) alegó que la solicitud de amparo es improcedente porque: (i) primero deben agotarse los mecanismos ordinarios de defensa judicial, en virtud de la subsidiariedad de la tutela; (ii) la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, ya que la discusión atañe al reconocimiento de una prestación económica; (iii) las acciones de tutela contra providencias judiciales no pueden desconocer la independencia y autonomía de las autoridades judiciales; y (iv) no se violaron los derechos fundamentales invocados.

8.- El Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva (terceros con interés) guardaron silencio, pese a que fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

9.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron plantead os en la apelación y resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario 5. Además, se negará la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento

tutela reitera los mismos argumentos que fueron plantead os en la apelación y resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario 5. Además, se negará la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del Huila , dado que fue vinculado en calidad de tercero con interés y no co mo accionado.

5 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia constitucional porque el accionante alega la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido proceso, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran arg umentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04662-00

Accionante: Rolando Polania Perdomo Se declara la improcedencia

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E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional , se constata que los cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad

10.- La providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y por desconocimiento de las reglas jurisprudenciales alegados por el accionante. Los defectos invocados se analizarán en conjunto, pues tanto el defecto sustantivo como la violación directa de la Constitución se resuelven al estudiar las reglas jurisprudenciales aplicables al caso.

10.1.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son absolutas y que las autoridade s judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que

Constitución se resuelven al estudiar las reglas jurisprudenciales aplicables al caso.

10.1.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son absolutas y que las autoridade s judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que (i) identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii) sustenten suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además, también ha señalado que el precedente e s vinculante siempre que sea uniforme y pacífico, pues de lo contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra, según las exigencias y particularidades del caso6.

10.2.- En este caso el tribunal accionado cumplió con las dos cargas señaladas y, además, no es cierto que exista una postura unificada en la materia. Frente a lo primero, se advierte que en la providencia accionada se identificó la sentencia SU098 de 2018 (que fundamenta las otras sentencias invocadas por el accionante, tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado) , y se identificaron expresamente las reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó el tribunal (carga de transparencia).

10.3.- A continuación, el tribunal desarrolló las razones para apartarse de ese precedente (carga de argumentación), así:

<< No obstante, la Sala disiente y se aparta de esa posición por las razones que pasan a exponerse:

i.- Actualmente es indiscutible l a disparidad de criterios que existe al interior del Consejo de Estado sobre la aplicación del artículo 99-3º de la Ley 50 de 1990 al sector docente oficial. Esa situación por sí misma, releva al juez de obedecer un precedente

i.- Actualmente es indiscutible l a disparidad de criterios que existe al interior del Consejo de Estado sobre la aplicación del artículo 99-3º de la