CE - 110010315000202304666011SENTENCIA20231212093926

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: DOLLY YOJANA TIERRADENTRO CABRERA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE

CESANTÍAS A DOCENTE OFICIAL AFILIADO A FOMAG .

REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE

NEGÓ LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, DECLARA

IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL INCUMPLIMIENTO

DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la demandante cuestionó la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila que confirmó la decisión que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el que busc ó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria y los perjuicios materiales por el pago tardío de los intereses a las cesantías. Alegó la configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución. Sin embargo, la Sala declarará improcedente el amparo porque la intención de la parte actora es emplear la acción de

del precedente constitucional y violación directa de la Constitución. Sin embargo, la Sala declarará improcedente el amparo porque la intención de la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de 28 de septiembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora Dolly Yojana Tierradentro Cabrera en contra del Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAInegrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

El 28 de agosto de 2023, la señora Dolly Yojana Tierradentro Cabrera promovió proceso de acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Huila con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad social y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 5/16/2023, en el expediente rad. No. 41001333300320220019301, transgredió los derechos fundamentales: AL

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 5/16/2023, en el expediente rad. No. 41001333300320220019301, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICI AL VERTICAL, de (la) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, aten diendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…).”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI - mayúsculas y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Sostuvo que se desempeñó como docente al servicio del departamento de l Huila y que, para el período 2020, tenía derecho al pago de los intereses a las cesantías que debían ser consignadas hasta el 15 de febrero del 2021.

1. El 11 de agosto de 2021, la demandante solicitó al FOMAG el pago y reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en reiterad a jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

1. El FOMAG en lugar de efectuar respuesta de fondo remitió la solicitud a la Fiduciaria la Previsora S.A para que en calidad de los recursos del FOMAG emitiera respuesta.

1. Presentó demanda en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del departamento d el Huila, en la que solicitó la nulidad del acto administrativo ficto y pago de la sanción moratoria y los perjuicios

del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del departamento d el Huila, en la que solicitó la nulidad del acto administrativo ficto y pago de la sanción moratoria y los perjuicios materiales por el pago tardío de los intereses a las cesantías1.

1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2022 , negó las pretensiones de la demanda por cuanto los docentes tienen un régimen especial configurado en la Ley 91 de 1989, distinto al que fue previsto en su momento para los empleados territoriales conforme a la Ley 6 de 1945 y Decreto 1160 de 1946, denominado s istema retroactivo de liquidación, y diferente del régimen anualizado de cesantías contemplado en la Ley 50 de 1990

1. Esa decisión fue apelada por la actora quien indicó que los docentes se encuentran en la categoría de los empleados públicos y no existe razón que justifique que en su calidad de trabajadores no tengan derecho, de la misma forma que los demás servidores, a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo y que se les aplique la sanción moratoria, con el fin de no desconocer el principio de igualdad.

1. Relacionó varias providencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado entre el 2018 y el 2022, en las que se aceptó que los docentes son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1. El Tribunal Administrativo del Huila resolvió la apelación en sentencia de 16 de mayo de 2023 en la que confirmó la decisión de primera instancia porque la docente era

1. El Tribunal Administrativo del Huila resolvió la apelación en sentencia de 16 de mayo de 2023 en la que confirmó la decisión de primera instancia porque la docente era beneficiaria del régimen de cesantías anualizado consagrado en la Ley 91 de 1989, de ahí que no se le podían aplicar las disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías y de los intereses a las mismas, estipuladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues son incompatibles con el régimen especial docente.

1 Proceso con radicación 41001-33-33-003-2022-00193-01.4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

1. Aunado a lo anterior, afirmó que la sentencia SU-098 de 2018 y las demás decisiones del Consejo de Estado invocadas como desconocidas por la demandante no eran un precedente aplicable al caso pues los supuestos fácticos eran diferentes.

3. El fundamento de la vulneración

La demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia proferida el 16 de mayo de 2023 por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución.

Respecto del defecto sustantivo por la indebida interpretación de las normas, expuso que la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales

precedente constitucional y violación directa de la Constitución.

Respecto del defecto sustantivo por la indebida interpretación de las normas, expuso que la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magister io, toda vez que la sentencia SU-332 de 2019 hizo extensivo su alcance en virtud del principio de favorabilidad, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación también les debe ser consignado e n el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial , indicó que el tribunal omitió estudiar las sentencias2 que sobre la materia profirió el Consejo de Estado entre los años

2 Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de estado, sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, expediente 2013-00666-01 (0833-16), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 24 de enero de 2019, radicado: 2009 -00867-01 (4854-2014), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez; Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 29 de julio de 2020, radicación: 2018-03499-01, MP Nicolas Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicación:

2014-00173-01, MP Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2020, radicación: 201400208-01, MP Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, radicación 2014-00254-01, MP William Hernández Gomez; sentencia del 12 de noviembre de 2020, radicación 2014-00132-01, MP William Hernández Gomez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicación 201 4-00815-01, MP Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio de 2021, radicación 201 5-00331-01, MP César Palomino Cortés ; sentencia del 4 de noviembre de 202 1, radicación 2015-00445-02, MP William Hernández Gomez ; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación 2014-01127-01, MP Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación 2017-00134-01, MP William Hernández Gomez; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 201 5-90008-01, MP William Hernández Gomez ; sentencia del 11 de noviembre de 202 1, radicación 201 4-90022-01, MP Gabriel Valbuena Hernández ; sentencia del 20 de enero de 2022, radicación 2017-00931-01, MP Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 20 de enero de 2022, radicación 201 7-00931-01, MP Gabriel Valbuena Hernández ; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicación 2015-00075-01, MP William Hernández Gomez ; sentencia del 28 de abril de 2022, radicación

2022, radicación 201 7-00931-01, MP Gabriel Valbuena Hernández ; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicación 2015-00075-01, MP William Hernández Gomez ; sentencia del 28 de abril de 2022, radicación 2013-00756-01, MP Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicación 2017-0079501, MP Rafael Francisco Suárez Vargas ; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicación 201 9-00359-01, MP Sandra Liseth Ibarra ; sentencia del 1 de julio de 2022, radicación 201 9-00376-01, MP Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 20 22, radicación 201 5-00509-01, MP César Palomino Cortés y ; sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicación 2015-90124-01, MP César Palomino Cortés.5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

2019 y 2022, las cuales fueron claras en señalar que, en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

Con fundamento en las decisiones que invocó como desconocidas, manifestó que en el régimen anualizado, aplicable al caso de los do centes vinculados después de 1990 y

Con fundamento en las decisiones que invocó como desconocidas, manifestó que en el régimen anualizado, aplicable al caso de los do centes vinculados después de 1990 y 1996, es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la consignación es la manera de garantizar el acceso a la prestación, sistema que solo puede ser equitativo si las personas p ueden contar con su pago de forma oportuna para poder disponer de la prestación en cualquiera de los eventos en que se permite.

Una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que gozan de ella, pues su derecho estaría limitado por tener una categoría específica dentro de los trabajadores estatales.

En el régimen de los docentes se puede aplicar de manera completa la norma especial, excepto en caso de vacío normativo, en donde es posible acudir al régimen general, lo cual determina la aplicación de la Ley 50 de 1990, en virtud del principio de igualdad y de favorabilidad.

Según los precedentes del Consejo de Estado, la demandante tiene derecho a la sanción moratoria por la no consignación de cesantías, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, disposición que es más favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales, máxime cuando su ámbito de aplicación se extiende a todos los empleados públicos.

De acuerdo con las providencias judiciales que fueron desconocidas, no resulta cierto que la sanción por mora, establecida en la Ley 50 de 1990, solo opera para los docentes

de aplicación se extiende a todos los empleados públicos.

De acuerdo con las providencias judiciales que fueron desconocidas, no resulta cierto que la sanción por mora, establecida en la Ley 50 de 1990, solo opera para los docentes que no se han afiliado al Fomag, pues para poder generar la obligación de consignar por parte de un deudor, es necesario que este conozca exactamente dónde, a quién y cuándo pagar, circunstancia que no podría realizar el ministerio si previamente no conoce si el docente se encuentra o no afiliado a dicho fondo.6

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

En esa medida, según la sentencia objeto de tutela, resulta más gravosa la situación de los docentes que ya se encuentran afiliados al Fomag pues solo se genera la sanción por mora de quienes no cuentan con esa afiliación.

Para la demandante se desconoció que en varias sentencias proferidas por los juzgados administrativos del país3, en virtud del principio de favorabilidad, se reconoció el derecho a la sanción por mora a docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, por la falta de consignación del Ministerio de Educación Nacional al Fomag el 15 de febrero del 2021.

Finalmente, consideró que se incurrió en una violación directa de la Constitución por no aplicarse el principio de favorabilidad descrito en el artículo 53 de la Carta Política ni lo dispuesto en la sentencia SU-332 de 2019.

4. Actuación de primer grado

aplicarse el principio de favorabilidad descrito en el artículo 53 de la Carta Política ni lo dispuesto en la sentencia SU-332 de 2019.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 31 de agosto de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo d el Huila, con el fin de que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Asimismo, vinculó como terceros con interés al departamento del Huila y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 28 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en que en la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y no se

3Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, sentencia del 23 de junio de 2022, Rad. 6600133-33-001-2022-00020-00, demandante: Docente John Jader Oyola Osorio ; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, sentencia del 9 de septiembre de 2002 , rad: 70001-33-330022022-00115-00, demandante: Docente Eladio Segundo Terán Tovar ; Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Medellín, sentencia del 21 de septiembre de 2022, rad. 05001 -33-33019-2022-00085-00,

Oral de Medellín, sentencia del 21 de septiembre de 2022, rad. 05001 -33-33019-2022-00085-00, demandante: José́ Alexander Estrada Villa, entre otras.7

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

desconoció el precedente judicial por cuanto no existe un criterio de unificación al respecto.

De igual manera, determinó que la providencia no incurrió en un defecto sustantiv o, por cuanto el tribunal efectuó una interpretación razonable de la Ley 50 de 1990, de la cual concluyó que los docentes no podían ser destinatarios de esta, en consideración a que ellos cuentan con un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989.

6. Impugnación

La parte actora presentó impugnación contra el fallo de primera instancia , concedida en auto de 23 de octubre de 2023.

La demandante afirmó que los docentes gozan del régimen anualizado de cesantías y por lo tanto deben liquidar al 31 de diciembre las cesantías causadas en cada anualidad y consignarlas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar al 14 de febrero del año siguiente a su causación.

De acuerdo con la Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y, de conformidad con la Ley 244 de 1995, adicionada por la Ley 1071 de 2006, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues estos, al tener la calidad de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción

2006, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues estos, al tener la calidad de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dicha disposición.

Finalmente, indicó que se debe analizar la violación directa de la Constitución, debido a la interpretación que reali zaron los jueces de instancia, ya que se generó el desconocimiento del artículo 53 Superior, el cual estableció derechos y garantías mínimas a favor de los trabajadores que no se pueden desconocer, dentro de los que se encuentra el principio de favorabilidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.8

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los

una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo de l Huila con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de 16 de mayo de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de negar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria , por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en que los docentes cuentan con un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989 y por lo tanto no les es aplicable la Ley 50 de 1990.

En el escrito de impugnación la parte demandante reiteró que la jurisprudencia que sobre la materia profirió el Consejo de Estado entre el año 2021 y 2022, fue clara en señalar que, en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3°9

la materia profirió el Consejo de Estado entre el año 2021 y 2022, fue clara en señalar que, en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3°9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela para, en su lugar, declarar improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones que aquí se expondrán:

1. La parte actora afirmó que la autoridad judicial demandada omitió hacer un estudio de las sentencias4 que sobre la materia profirió el Consejo de Estado entre los años 2019 y 2022, las cuales fueron claras en señalar que, en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

1. Asimismo, consideró qu e se configuró un defecto sustantivo por indebida interpretación de las normas, ya que sí tiene derecho a la sanción moratoria descrita en la Ley 50 de 1990 en su condición de docente oficial vinculado al Fondo de Prestaciones

1. Asimismo, consideró qu e se configuró un defecto sustantivo por indebida interpretación de las normas, ya que sí tiene derecho a la sanción moratoria descrita en la Ley 50 de 1990 en su condición de docente oficial vinculado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que la sentencia SU -332 de 2019 hizo extensivo su alcance en virtud del principio de favorabilidad.

4 Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de estado, sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, expediente 2013-00666-01 (0833-16), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 24 de enero de 2019, radicado: 2009-00867-01 (4854-2014), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez; Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 29 de julio de 2020, radicación: 2018-03499-01, MP Nicolas Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicación: 2014-00173-01, MP Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2020, radicación: 201400208-01, MP Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, radicación 2014-00254-01, MP William Hernández Gomez; sentencia del 12 de noviembre de 2020, radicación 2014-00132-01, MP William Hernández Gomez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicación 201 4-00815-01, MP Gabriel Valbuena

William Hernández Gomez; sentencia del 12 de noviembre de 2020, radicación 2014-00132-01, MP William Hernández Gomez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicación 201 4-00815-01, MP Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio de 2021, radicación 201 5-00331-01, MP César Palomino Cortés ; sentencia de l 4 de noviembre de 202 1, radicación 2015-00445-02, MP William Hernández Gomez ; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación 2014-01127-01, MP Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación 2017-00134-01, MP William Hernández Gomez; sentencia del 11 de noviembre de 202 1, radicación 201 5-90008-01, MP William Hernández Gomez ; sentencia del 11 de noviembre de 202 1, radicación 201 4-90022-01, MP Gabriel Valbuena Hernández ; sentencia del 20 de enero de 2022, radicación 2017-00931-01, MP Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 20 de enero de 2022, radicación 201 7-00931-01, MP Gabriel Valbuena Hernández ; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicación 2015-00075-01, MP William Hernández Gomez ; sentencia del 28 de abril de 2022, radicación 2013-00756-01, MP Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicación 2017-0079501, MP Rafael Francisco Suárez Vargas ; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicación 201 9-00359-01, MP Sandra Liseth Ibarra ; sentencia del 1 de julio de 2022, radicación 2019-00376-01, MP Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 20 22, radicación 201 5-00509-01, MP César Palomino Cortés y ; sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicación 2015-90124-01, MP César Palomino Cortés.10

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04666-01

Demandante: Dolly Yojana Tierradentro Cabrera Acción de tutela – Impugnación fallo

1. Por último, frente a la violación directa de la Constitución manifestó que se debía aplicar el artículo 53 de la Constitución Política y por principi o de favorabilidad hacer extensible el alcance de la Ley 50 de 1990.

1. Sin embargo, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a que se admitiera que, con base en el precedente del Consejo de Estado y en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

1. Ahora bien, en el recurso de apelación contr a la sentencia de primera instancia, la

docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

1. Ahora bien, en el recurso de apelación contr a la sentencia de primera instancia, la demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que, el Consejo de Estado en un sinnúmero de providencias 5 reconoció que, al igual que los demás servidores públicos comprendidos en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, los docentes de la educación pública son sujetos destinatarios de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales, contemplada en la Ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad y del derecho de igualdad, precedente que ha sido aplicado por los juzgados y tribunales del país.

1. Por su parte, en el fallo del 16 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de l Huila confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación normativa del sector docente, la demandante era beneficiaria del régimen de cesantías anualizado

5 ; Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 29 de julio de 2020, radicación: 2018-03499-01, MP Nicolas Yepes Corrales ; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicación: 201400173-01, MP Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2020, radicación: 2014-0020801, MP Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, radicación 2014-00254-01, MP William Hernández Gomez ; sentencia del 12 de noviembre de 202 0, radicación 201 4-00132-01, MP William Hernández Gomez; sentencia d el 17 de junio de 2021, radicación 201 4-00815-01, MP Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17