CE - 110010315000202304668001SENTENCIA20230928153922

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04668-00

Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) mínimo vital , iii) debido proceso y iv) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Tribunal Administrativo del Huila.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado 2, presentó acción de tutela contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 30 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital. 2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04668-00

Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

del medio de control de nulidad y restablecimient o del derecho identificado con el número único de radicación 410013333005202200245 -01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la seguridad social.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Huila, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del der echo, con el fin de que se declarara la nulidad del: i) acto ficto configurado por la ausencia de respuesta a la petición del 19 de agosto de 2021; y ii) a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se conden ara a las entidades demandadas, al reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19903, por la no consignación de las cesantías

reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19903, por la no consignación de las cesantías correspondientes al año 2020 dentro de los términos legales, esto es, a más tardar el 15 de febrero del 2021; y la indemnización por el pago tardío de los intereses de tales cesantías, de c onformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 52 de 18 de diciembre de 19754.

4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva profirió sentencia de primera instancia, el 9 de diciembre de 2022, en la cual, negó las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia, en segunda instancia, el 30 de mayo de 2023, mediante la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022 por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

3 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. 4 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04668-00

Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

SEGUNDO: SIN condena en costas […]”.

5.1. El Tribunal Administrativo del Huila consideró que:

“[…] María Alicia Córdoba Beltrán pretende la nulidad del acto ficto derivado de la falta

SEGUNDO: SIN condena en costas […]”.

5.1. El Tribunal Administrativo del Huila consideró que:

“[…] María Alicia Córdoba Beltrán pretende la nulidad del acto ficto derivado de la falta de respuesta a la petición del 19 de agosto de 2021, presentado ante el Departamento del Huila – Fomag, con el que se entiende que le fue negado el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contemplada en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991, respecto de las ces antías correspondientes al año 2020 y en virtud de su vinculación como docente oficial vinculada al FOMAG.

El a quo negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que en el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989 no existe la obligación de consignación anual de cesantías por parte de las entidades territoriales al FOMAG a 15 de febrero siguiente a su causación y que en virtud del principio de inescindibilidad normativa, la sanción e indemnización reclamadas resultan incompatibles con el régimen especial de los docentes oficiales, en el que las secretarías de educación están obligadas de reportar las cesantías y sus intereses en las fechas definidas anualmente según la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 39 de 1998. Adicionalmente señaló que los precedentes invocados por la parte actora no guardan identidad fáctica ni jurídica con el asunto aquí planteado y negó la indemnización a que alude la Ley 52 de 1975, porque dicha

invocados por la parte actora no guardan identidad fáctica ni jurídica con el asunto aquí planteado y negó la indemnización a que alude la Ley 52 de 1975, porque dicha norma no es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG […]”.

[…]

“[…] Para reso lver tal recurso, la Sala pone de presente que conforme el marco normativo y jurisprudencial expuestos en el acápite anterior, es claro que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, encargado de las prestaciones sociales de los docentes. Que los recursos del Fondo se descuentan directamente de aquellos destinados en el Sistema Gene ral de Participaciones para educación y de los que aporte adicionalmente la Nación. Adicionalmente, que los docentes son afiliados forzosos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que la liquidación y forma de pago de sus prestaci ones sociales, entre ellas las cesantías, se regula según la Ley 91 de 1989, estatuto que no señaló términos para la consignación ni para el pago de las cesantías y en consecuencia, tampoco reguló la sanción moratoria para el caso en que tales actuaciones no se realicen, como si lo hizo el legislador para el caso de los servidores públicos en general, mediante las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y extensivo a los docentes oficiales, pero solo para el caso de la sanción por el pago tardío de las cesantías, no para el caso de la consignación anual de las mismas prevista en la Ley 50 de 1990 […]”.

[…]

para el caso de la sanción por el pago tardío de las cesantías, no para el caso de la consignación anual de las mismas prevista en la Ley 50 de 1990 […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, contrario a lo señalando por la parte actora y recurrente, la Sala encuentra que en esa extensión normativa no se incluyeron los docentes oficiales; en razón que estos se encuentran afiliados al fondo dependiente del Ministerio de Educación Nacional (FOMAG) y porque para esos efectos, cuentan con el régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989. En ese orden, pretender aplicar, so pretexto de la favorabilidad, el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al régimen especial de docentes oficiales, que en la materia se rigen por el artículo 15 de la4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04668-00

Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

referida Ley 91 de 1989, sería crear un tercer régimen no previsto por el legislador y violentar el principio de inescindibilidad de la Ley.

En efecto, para asegurar el principio de favorabilidad laboral en el reconocimiento de la sanción moratoria como la condición más beneficiosa para los docentes, a raíz de la omisión legislativa en el régimen salarial de la Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SU-336 de 201714 la Corte Constitucional consideró que los profesores al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso co ncreto, al reconocimiento de la sanción moratoria

de unificación SU-336 de 201714 la Corte Constitucional consideró que los profesores al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso co ncreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y desde entonces quedó zanjada la discusión y la disparidad de criterios sobre la materia al interi or de la Sección Segunda del Consejo de Estado […]”.

[…]

“[…] Tampoco observa la Sala que con la negativa del a quo en dar aplicación a la Ley 50 de 1990 se transgreda al principio de igualdad, pues del análisis jurisprudencial realizado en acápite anterior se colige que con la sentencia C928 de 2006 la Corte Constitucional determinó que “los docentes cuentan con un régimen especial en materia de cesantías, pensiones y salud, sistema que debe ser entendido como un todo, sin que sea dable examinar aisladamente cada de una de ellas, y en tal sentido, prima facie, n o resultan comparables la manera como se administran, liquidan y cancelan las cesantías de los docentes con aquéllas de los trabajadores sometidos a la Ley 50 de 199016”; esto es, no es cierto que existe vulneración al principio de igualdad sobre la base d e cómo se liquidan y pagan las cesantías en el régimen especial de los docentes afiliados al FOMAG respecto de quienes son beneficiarios de las previsiones de la Ley 50 de 1990 en esa materia.

De esta manera, la Sala no acoge el cargo relacionado con el presunto desconocimiento del precedente constitucional de la sentencia SU-098 de 2018, pues

de las previsiones de la Ley 50 de 1990 en esa materia.

De esta manera, la Sala no acoge el cargo relacionado con el presunto desconocimiento del precedente constitucional de la sentencia SU-098 de 2018, pues tal y como lo señaló el a quo, dicha sentencia no es aplicable al caso concreto en la medida que no guarda identidad fáctica con el que aquí se examina, si se tiene en cuenta que en esa oportunidad la Corte analizó la aplicación de la Ley 50 de 1990 pero por la omisión de las entidades territoriales en la afiliación de los docentes al FOMAG, que fueron vinculados en provisionalidad y que habían culminado su vinculación laboral.

El mismo sentido se pronunció esa misma corporación en sentencia SU573 de 2019, en la que además de aclarar el alcance limitado de su propia decisión, señaló que la existencia de un precedente de unificación en la materia, se predica respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, no así respecto de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías prevista por la Ley 50 de 1990. Es decir, que la misma Corte Constitucional explicó que la SU -098 no es un criterio para aplicar a los docentes pertenecientes al FOMAG que pretenden hacer extensivo en su favor las disposiciones de dicha normativa.

Como en el presente asunto se analiza el caso de una docente actualmente vinculada al servicio docente adscrita a la Secretaría de Educación del Departamento del Huila, afiliada al FOMAG y que no reclama el pago de las cesantías, sino la mora en la

Como en el presente asunto se analiza el caso de una docente actualmente vinculada al servicio docente adscrita a la Secretaría de Educación del Departamento del Huila, afiliada al FOMAG y que no reclama el pago de las cesantías, sino la mora en la consignación de las misma y en el pago de los intereses, es claro que la sentencia SU-098 no constituye un precedente aplicable al asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar que fue desconocido por la sentencia impugnada.

[…]5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04668-00

Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

[…]

“[…] En este caso, según el extracto de cesantías obrante en el proceso se demuestra claramente que los intereses correspondientes a las cesantías causadas en el año 2020 en favor de la demandante le fueron consignados el 27 de marzo de 2021, mientras que el pago fue efectuado el 31 de marzo de la misma anualidad, por lo tanto, se cumplieron los términos dispuestos en el artículo 4º del Acuerdo 39 de 1998 transcrito, es decir, se efectuó en el mes siguiente como lo señala el reglamento.

Adicionalmente, la sentencia SU-098 de 2018 que acusa la actora como desconocida por la a quo, nada dice sobre la aplicabilidad de la Ley 52 de 1975. En esa medida, y al ser incompatible con lo dispuesto por la Ley 91 de 1989 y Acuerdo No. 39 de 1998 la pretensión de pago de la indemnización por mora en el pago de los intereses a las cesantías de los do centes y, que de acuerdo con esta reglamentación y con las

la pretensión de pago de la indemnización por mora en el pago de los intereses a las cesantías de los do centes y, que de acuerdo con esta reglamentación y con las pruebas arrimadas, los mismos fueron cancelados oportunamente a la demandante, la Sala confirmará la sentencia que negó las pretensiones de la demanda […]”.

[…]

“[…] En resumen, se confirmará la sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones, pues la demandante, en su condición de docente oficial y al encontrarse afiliada al FOMAG, le es aplicable el régimen especial de cesantías previsto en las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003 y por ende, la entidad demandada no está obligada a consignar las cesantías de manera individual a la demandante cada año y no existe sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales como lo dispone el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y tampo co a reconocer la indemnización que contempla la Ley 52 de 1975, toda vez que dicha norma es aplicable para trabajadores particulares y los docentes oficiales se regulan según el Acuerdo 039 de 1998.

Adicionalmente, porque no existe norma o pronunciamiento de unificación de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado que haga posible extender la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la demandante y acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación s obre el funcionamiento interno del FOMAG en lo que respecta a la administración de los recursos, el cual se rige por el principio presupuestal de unidad de caja […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

recursos, el cual se rige por el principio presupuestal de unidad de caja […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 5/30/2023, en el expediente rad. No. 41001333300520220024501, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD

SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURI SDICTIONIS,

SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04668-00

Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de ci erre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral

encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los

siguientes expedientes:

CONSEJO DE

ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJERO

S

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

3

11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

PERDOMO CUÉTER

3

11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4

11001-03-15000-201804679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ

3. CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISION

MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

1

Exp. T6.736.200

17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2

Exp. T5904426 y otros

25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

3

Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

CONSTITUCIONAL

3

Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04668-00

Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

5 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDE

Z GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDE

Z

7 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

9

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

11 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16

2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04668-00

Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH

IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021)

1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021)

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 47001-23-33000-2018023101 (08712020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

6.1. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

6.1. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y ii) en la causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de agosto de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila; y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, al Departamento del Huila y a9

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Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

la Fiduciaria La Previsora S.A 5., en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Fiduprevisora S.A., solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

9. El Departamento del Huila consideró que:

“[…] Refiere la accionante que el Tribunal Adminis trativo no utilizó el Precedente

tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

9. El Departamento del Huila consideró que:

“[…] Refiere la accionante que el Tribunal Adminis trativo no utilizó el Precedente Judicial del Consejo de Estado el cual reconoce la APLICACIÓN DE LA Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales en igualdad de condiciones que al resto de empleados públicos de Colombia; sin embargo, en este caso tal precedente invocado no es no es aplicable en razón a que las circunstancias fácticas y jurídicas son disimiles a las puestas de presente en este proceso dado que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , los docentes que se vinculen a partir del 1 de e nero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios.

Por lo anterior, los docentes que ingresaron con posterioridad a la fecha señalada (1 de enero de 1990), por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3o, literal b), los maestros «[...] que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969

prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro.», como lo es la Ley 344 de 1996 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989, consagró un sistema de liquidación anualizado de cesantías para las «[...] personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado.». […]”.

[…]

“[…] Por lo tanto, de las normas mencionadas se logra concluir que la solicitud afincada en el derecho que les asiste a los docentes oficiales en reclamar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”, fue dispuesta para empleados vinculados en el régimen privado y que escapa de las normas aplicables a la parte demandante, so pena que se considere la aplicación de una lex tertia que no es posible en la forma que se reclama […]”

10. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Huila allegó copia del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y

5 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.10

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Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 410013333005202200245-00.

11. El Tribunal Administrativo del Huila y la Nación – Ministerio de Educación

restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 410013333005202200245-00.

11. El Tribunal Administrativo del Huila y la Nación – Ministerio de Educación Nacional guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1 .º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20217 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.11

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Actora: María Alicia Córdoba Beltrán

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas p