CE - 110010315000202304678001SENTENCIA20230928154503

Consejo de Estado

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Título: CE - 110010315000202304678001SENTENCIA20230928154503
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: —

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso , ii) acceso a la administración de justicia, iii) seguridad social e iv) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal Administrativo del Huila.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 6 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 410013333003-2022-00435-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.2

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 410013333003-2022-00435-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.2

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Huila , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 16 de diciembre de 2021, frente a la petición presentada el 15 de septiembre de 2021, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990 1, al igual que la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías, contenida en el artículo 1º de la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752.

4. El Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Neiva profirió sentencia de primera instancia el 15 de marzo de 2023, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de se gunda instancia el 6

de junio de 2023, resolviendo lo siguiente:

primera instancia el 15 de marzo de 2023, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de se gunda instancia el 6

de junio de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: ADICIONAR la sentencia recurrida en el sentido de DECLARAR la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo de las demandadas en relación con la petición radicada por la parte demandante el 15 de septiembre de 2021

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de marzo de 2023 por el

Juzgado Tercero Administrativo de Neiva. […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Huila consideró que:

“[…] i) La sanción moratoria es un castigo o penalidad impuesta por el legislador para el empleador por no consignar oportunamente las cesantías en el fondo, la cual consiste en un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías. El plazo para consignar las cesantías al fondo de cesantías vence el 14

1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

de febrero de cada año, así que la sanción corre desde el 15 de febrero hasta que se realice la consignación.

Los docentes oficiales si bien ostentan la calidad de servidores público s (lo cual

de febrero de cada año, así que la sanción corre desde el 15 de febrero hasta que se realice la consignación.

Los docentes oficiales si bien ostentan la calidad de servidores público s (lo cual no se discute en esta oportunidad), no están amparados por las disposiciones de liquidación anual de cesantías de la Ley 50 de 1990 y por ende no resultan beneficiarios de la sanción moratoria dispuesta en su artículo 99 -3, pues el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 que hizo extensiva dichas disposiciones a los trabajadores del Estado excluyó a los educadores al señalar “sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989”, esto es, el régimen de los docentes que no contempla la aludida sanción. […]”.

[…]

“[…] En tal virtud, al no existir la obligación de consignar las cesantías de los docentes en cuentas individuales, no se cumplen con los supuestos descritos en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990 para que opere la sanción moratoria pluricitada y por ello no hay lugar al reconocimiento de la misma, de otro lado y respecto de la sentencia SU-573 de 2019, encuentra la Sala que tampoco hay identidad de causa fáctica, pues se trató de docentes provisionales afiliados a fondos privados y n o al FOMAG como sucede en el trámite sub examine. […]”.

[…]

“[…] Se evidencia que la demandante tuvo su vinculación como docente por lo menos desde el año 2004, como en reglones anteriores se indicara, por lo que de aceptarse que la sentencia SU - 098 de 2018 cobija a la demandante y en tal virtud resulta

desde el año 2004, como en reglones anteriores se indicara, por lo que de aceptarse que la sentencia SU - 098 de 2018 cobija a la demandante y en tal virtud resulta acreedor de la sanción moratoria por la consignación extemporánea de sus cesantías, evidencia la Sala no haberse demostrado que la parte demandada hubiera incurrido en la referida mora, tampoco se indicó en la demanda el periodo de tiempo en que se incumplió dicha obligación menos se demostró el mismo, incumpliendo la demandante la carga probatoria que le asistía lo que impediría el reconocimiento de su derecho.

Contrario a lo advertido por la apelante, e l a quo decretó las pruebas respectivas mediante proveído del 1º de febrero de 2023 (archivo 014 Id) y consultada la plataforma digital SAMAI, evidencia la Corporación que no está pendiente de resolverse recurso de apelación contra auto alguno que hubiera denegado pruebas, por lo que la presente controversia debe resolver con los medios de convicción legalmente incorporados, los cuales resultan insuficiente para tener por acreditada la mora en la consignación de las cesantías y de sus intereses. […]”.

[…]

“[…] Por último, como en acápite precedente se estableciera, el pago de los intereses de las cesantías de los docentes se somete a los artículos 15-3 de la Ley 91 de 1989 y 4º del Acuerdo 39 de 1998 del Fomprema, el cual establece como fecha de pago de lo s antedichos intereses los meses de marzo o mayo del año siguiente a su causación, según la fecha en que haya sido remitida la información a la Fiduprevisora.

fecha de pago de lo s antedichos intereses los meses de marzo o mayo del año siguiente a su causación, según la fecha en que haya sido remitida la información a la Fiduprevisora.

Ahora, se acreditó que el pago de los intereses le fue realizado en tiempo a la demandante, el 27 de marzo de 2021, por valor de $281.593 (pág. 47 archivo 01 expediente digital y pág. 7 archivo 19 Id) sin incurrir en mora alguna. […]”.4

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/6/2023, en el expediente rad. No. 41001333300320220043501, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE

ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJERO

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE5

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

ESTADO

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

3 11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4 11001-03-1517 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4 11001-03-15000-201804679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ

5 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDE

Z GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDE

7 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA6

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

HERNÁNDEZ

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH

IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH

IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ7

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

8. La actora en su escrito de tutela señal ó que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial ; y en la causal de ii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de agosto de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila; y iii) vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito

acción de tutela y ii) ordenó notificar a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila; y iii) vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento del Huila y a la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Fiduprevisora S.A., solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. El Tribunal Administrativo del Huila adujo que:

“[…] 4.1. Improcedencia de la tutela. La parte actora no satisfizo el requisito de la relevancia constitucional, necesario para que proceda la tutela contra una decisión judicial, pues se limitó a señalar la vulneración de los derechos invocados sin indicar con claridad, precisión y de que manera expresa porqué la cuestión debatida es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que amerita la intervención del juez de tutela y trajo a colación los mismos razonamientos qu e sirvieron de sustento a la apelación del fallo en primer grado. […]”.

[…]

“[…] Nótese que en el escrito de tutela no se especificó en qué consistía la vulneración del debido proceso y acceso a la administración de justicia, evidenciando la Corporación que la demandante concurrió al aparato judicial y su demanda se tramitó en ambas instancias, respetándosele durante la actuación judicial las garantías previstas en el ordenamiento jurídico tendentes a la protección de sus derechos y observándose el procedimiento establecido en la ley, por manera que los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia no fueron transgredidos. Tampoco se indicó la manera en que fueron vulnerados los derechos a la seguridad social e igualdad, menos se demostró que las cesantías hubieran sido consignadas en forma extemporánea al trabajador ni que otra persona en sus mismas condiciones hubiera recibido un trato diferencial. […]”.8

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

[…]

“[…] 4.2. El defecto material o sustantivo no se configura, dado que el Tribunal efectuó una interpretación razonable al marco normativo aplicable al subjudice, en virtud del cual los docentes no resultan beneficiarios de la sanción económica por la consignación tardía de las cesantías ni la indemnización por el pago extemporáneo de los intereses a las mismas, análisis al cual se remite esta Corporación en el que se concluyó: […]”. […]

“[…] En ese orden de ideas, la interpretación dada por la accionante a las aludidas disposiciones resulta desacertada, pues es evidente que el régimen especial de los

se concluyó: […]”. […]

“[…] En ese orden de ideas, la interpretación dada por la accionante a las aludidas disposiciones resulta desacertada, pues es evidente que el régimen especial de los docentes de la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción e indemnización pretendida por la actora, como sí lo hizo el marco normativo que rige las relaciones laborales entre particulares, el cual excluyó a los educadores de tales beneficios. […]”. […]

“[…] 4.3. El Desconocimiento del precedente. Tampoco lo comparte el Tribunal, pues todas las sentencias del Consejo Estado citadas tanto en el proceso ordinario como en la tutela promovida por la actora incluyendo la más reciente proferida el 19 de enero de 202312, no constituyen precedente unificador de carácter vinculante en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP, razón por la cual los citados pronunciamientos no se acogen, tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 citada por el mismo apelante:

“De otro lado, como lo dijo la Sección Segunda del Consejo de Estado, no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.” (Subrayado fuera de texto). […]”. […]

“[…] 4.4. La violación directa de la Constitución alegada no se debe acoger, pues

posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.” (Subrayado fuera de texto). […]”. […]

“[…] 4.4. La violación directa de la Constitución alegada no se debe acoger, pues la presunta transgresión del artículo 53 Superior que previó el principio de favorabilidad, es una cuestión que fue debatida y resuelta en el proceso ordinario promovido por la parte actora, señalándose que no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia claramente es que el legislador excluyó de dicho beneficio a los educadores sin existir conflicto de normas sobre el tema, por lo que no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad ni predicarse su transgresión como pretende la accionante. […]”.

12. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva afirmó que:

“[…] Ahora en cuanto a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la petición de amparo constitucional, me remito a las consideraciones que se esbozaron en la sentencia de primera instancia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró Liliana Liscano Guerrero contra Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Huila (radicado 41-001 33-33-003-2022-00435-00).9

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

Sin perjuicio de lo anterior, es menester advertir que en la providencia cuestionada se ana lizaron todos y cada uno de los cargos de nulidad planteados por l a accionante en sede ordinaria; de suerte que, no se desconoció ni se pretermitió examinar ninguna norma o precedente jurisprudencial vinculante.

Aunado a ello, debe tenerse en cuen ta que la petente tutelar en la solicitud de amparo, esencialmente, discrepa de las conclusiones a las que arribaron los operadores judiciales; y en esas condiciones, la acción iusfundamental resulta improcedente […]”.

13. El Departamento del Huila manifestó que:

“[…] De acuerdo a los planteamientos expresados, solicito a su señoría DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la presente acción constitucional y por consiguiente NO TUTELAR los fundamentos expuestos por el accionante; por cuanto no están dados los presupuestos para la p rocedencia de ella, y, los fallos proferidos en el proceso iniciado por la señora LILIANA LISCANO GUERRERO, se encuentran conforme a derecho.

De no declararse la improcedencia de la presente acción constitucional, solicito se proceda a DESVINCULAR al Departamento del Huila, toda vez que mi prohijado no tiene competencia alguna para efectuar la consignación o pago de las cesantías a la cuenta individual de los docentes lo que determina que no exista responsabilidad alguna, en el abono o pago inoportuno de dicha prestación.

A su vez, la Secretaría de Educación Departamental cumplió con su obligación de

la cuenta individual de los docentes lo que determina que no exista responsabilidad alguna, en el abono o pago inoportuno de dicha prestación.

A su vez, la Secretaría de Educación Departamental cumplió con su obligación de reportar las cesantías e intereses a las ces antías de la vigencia 2020 a la Fiduprevisora S.A, respecto a los docentes activos e inactivos a 31 de diciembre de 2021 mediante oficio HUI2021EE001933 del 28 de enero de 2021 con anexo de la liquidación de sus cesantías, en virtud de lo dispuesto en el l iteral b del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, reglamentado por el Acuerdo 39 de 1998 expedido por el Consejo Directivo Del Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio. […]”.

14. La Nación – Ministerio de Educación Nacional guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.10

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

Generalidades de la acción de tutela

2019.10

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

17.1. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítim o en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

18. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20063, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

3 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.11

Núm. único de radicación: 110010315000202304678-00

Actora: Liliana Liscano Guerrero

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que

calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ell o no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[4]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no

puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de reali

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Detalles

Título: CE - 110010315000202304678001SENTENCIA20230928154503
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: —