CE - 110010315000202304681011SENTENCIA20231116164135

Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04681-01

Demandante: NUBIA MARELBY SUNS ZUÑIGA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA TERCERA DE

DECISIÓN

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –– Sanción moratoria por pago tardío de cesantías - Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la señora Nubia Marelby Suns Zuñiga contra la sentencia del 21 de septiembre de 2023 del Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la acción.

I.ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 28 de agosto de 2023, la señora Nubia Marelby Suns Zuñiga,

I.ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 28 de agosto de 2023, la señora Nubia Marelby Suns Zuñiga, actuando por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión con el fin de que sea n amparados sus derechos fundamentales «al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de just icia, principio cons titucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical.»

2. La parte accionante consideró vulnerada dicha garantía constitucional con ocasión de la sentencia del 18 de julio de 2023, que confirmó la providencia del 9 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda . Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-005-2022-00244-01, instaurado contra a Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag-, departamento del Huila - Secretaría de

Educación.Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

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3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de su s derechos fundamentales y como

consecuencia pidió:

(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Nubia Marelby Suns Zuñiga presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag-, departamento del Huila - Secretaría de Educación , con el objeto de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 2 1 de noviembre de 2021, mediante el cual se le denegó el reconocimiento y pago (i) de la sanción moratoria establecida

declarara la nulidad del acto ficto configurado el 2 1 de noviembre de 2021, mediante el cual se le denegó el reconocimiento y pago (i) de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y (ii) de la indemnización por el pa go tardío de los intereses a las cesantías contemplada en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991.

5. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva mediante sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022, negó las suplicas de la demanda al considerar que no resultaba procedente el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, habida cuenta que los maestros vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 se encontraban afiliados en forma forzosa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio conforme lo precisa el Decreto 3752 de 2003 y destacó que el actor no contaba con una cuenta individual en la cual consignen sus cesantías.

6. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia del 18 de julio 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, que confirmó la decisión del a quo, al considerar que las sanciones que establecen los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1º de la Ley 52 de 1975 no se extendían a favor de los docentes oficiales que gozan del régimen anualizado de cesantías y, particularmente, a la parte actora, por tres razones:

-En primer lugar, para cuando la parte demandante se vinculó al servicio de la

de 1975 no se extendían a favor de los docentes oficiales que gozan del régimen anualizado de cesantías y, particularmente, a la parte actora, por tres razones:

-En primer lugar, para cuando la parte demandante se vinculó al servicio de la educación, las normas que conformaban el régimen especial de los docentes oficiales no las contemplaban ni remitían a las disposiciones que las prevén.Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

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-En segundo lugar, los supuestos de hecho de las penalidades que reclama ba la demanda eran incompatibles con el régimen de la parte accionante, porque (i) para cuando ingresó al servicio no existía una norma que fijara plazos máximos para consignar las cesantías o pagar sus intereses, e independientemente de la fecha de vinculación; (ii) las cesantías de este gr upo de trabajadores no se consigna, sino que los recursos se transfieren gradualmente ; y (iii) el giro de los recursos no lo realiza la entidad territorial certificada y tampoco el Ministerio de Educación sino el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera directa.

-Y, en tercer lugar, la interpretación que expuso la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos, y (ii) de acuerdo con la sentencia SU-573 de 2019, el asunto no contaba con trascendencia

aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos, y (ii) de acuerdo con la sentencia SU-573 de 2019, el asunto no contaba con trascendencia constitucional y, por ese motivo, no resulta ba procedente abordarlo desde la perspectiva de los principios de favorabilidad o igualdad.

1.3. Fundamentos de la vulneración

7. Desconocimiento de precedente: La actora adujo que la decisión enjuiciada desatendió «la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora cómo fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:»

• Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201300666-01, • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001 -2331-00020090086701. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Sentencia del 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001 -2331-00020090086701. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001 -0315000201803499-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201400208-01.Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001 -2333000-201400132-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 27.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001 -2333000-20150044502 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201401127-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001 -2340000-201700134-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 0080001-2333000201500075-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 0080001-2333000201500075-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001 -2333000-201300756-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 09.05.22. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 080001-2340-000201700795-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47 -001-2333-000201900376-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 -2333000201500509-01.Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión

201500509-01.Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

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5 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 -2333-0002015-9012401. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31000-201200212-02 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 26.01.23. M.P. Rafael Francisco Gómez. Exp. 47001-23-330002018-023101

8. Explicó que la falta de aplicación de estas sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo , «es una abierta contradicción de la seguridad que el C onsejo de Estado generó, traduciéndose en una vulneración al principio de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad, coherencia del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de favorabilidad a un caso concreto.»

9. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto

del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de favorabilidad a un caso concreto.»

9. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad social.

Aunado a lo anterior, expuso que esta acción constitucional en ningún momento fue interpuesta como una tercera instancia, sino que solo se circunscribe a buscar la protección de los derechos fundamentales de los docen tes del sector oficial, tales como, la igualdad, la seguridad social y la favorabilidad.

10. Citó una amplia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la cual, a su juicio, se ha establecido de manera pacífica que el auxilio de cesantías es una obligación a cargo del empleador y que en principio, fue creada con la finalidad de proteger al trabajador en dado caso de pérdida del empleo; «ahora, su función consiste una figura jurídica que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre trabajador y empleador, es decir, que debe ser vista como un mecanismo que busca en primer lugar, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben afrontar los asalariados ante el cese de su actividad, y en segundo lugar, cubrir sus necesidades de capacitación y vivienda.»

11. Manifestó que los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, «así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de

razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, «así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connot ación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.»

12. Violación directa de la Constitución y defecto sustantivo: Adujo que, en virtud del valor normativo superior de los preceptos constitucionales, los jueces deben aplicarDemandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

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6 las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo jurisprudencial en todo momento.

13. Agregó que, la interpretación y aplicación de normas relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia constitucional, e ra dable concluir que i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos,

1. el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carr era al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.»

14. Hizo una amplia explicación, entre otros, de los siguientes acápites relativos a:

-ANTEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL DE CONSIGNAR DE MANERA EFECTIVA LAS CESANTÍAS DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 1990 EN EL FOMAG, ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE CADA ANUALIDAD

-CESANTÍAS CAUSADAS de los docentes que estaban vinculados COMO DOCENTES NACIONALES ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1990, y quienes ya venían con un régimen de cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses a las cesantías desde la expedición del Decreto – Ley 3118 de 1968.

-CESANTÍAS QUE SE CAUSARON DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 1990 (independientemente si su vinculación se realizaba por las entidades territoriales o por la Nación), y quienes se les comenzó a liquidar las cesantías con un régimen anualizado y el reconocimiento de intereses a las cesantías.

-CUÁL HA SIDO LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN

SEGUNDA Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS ÚLTIMAS

a las cesantías.

-CUÁL HA SIDO LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS EN TORNO AL ESTUDIO DE LA LEY 91 DE 1989, LA LEY 50 DE 1990 Y LA LEY 344 DE 1996?

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

15. Mediante auto del 30 de agosto 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Tribunal Administrativo d el Huila, Sala Tercera de Decisión como autoridad judicial demandada.

16. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales delDemandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

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7 Magisterio -Fomag-, departamento del Huila - Secretaría de Educación y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

1.5. Intervenciones

17. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las

siguientes intervenciones:

1.5.1. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión

18. Señaló que la «parte actora no hizo alusión a los defectos en que incurrió esta Sala de

siguientes intervenciones:

1.5.1. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión

18. Señaló que la «parte actora no hizo alusión a los defectos en que incurrió esta Sala de Decisión, pues centró su argumento en que la providencia proferida por el Tribunal no se ajusta a los postulados de la ley». Por lo cual, concluyó que la presente acción resulta ba improcedente.

1.5.2. La Fiduprevisora S.A.

19. Requirió declarar la improcedencia de la acción y su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, por las

siguientes razones:

-La tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

-De otra parte, no e ra dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de la accionante, pues se observaron las normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que las actuaciones judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.

-En consecuencia y teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección de las formas propias de cada juicio, tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, «se reitera que la acción de tutela interpuesta por la accionante resulta improcedente.»

1.5.3. Ministerio de Educación

Constitución Política de Colombia, «se reitera que la acción de tutela interpuesta por la accionante resulta improcedente.»

1.5.3. Ministerio de Educación

20. Solicitó declarar la improcedencia de la acción por no acreditar e l requisito de relevancia toda vez que, a su juicio el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones , «en consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.»Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

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21. Concluyó que, en todo caso, será el extremo activo quien tendrá que probar si existió una eventual transgresión de derechos que pudiera generar que la decisión judicial expedida por el juez de conocimiento se aparte del ámbito de legalidad, para desplegar actuaciones de hecho que resulten contrarias al ordenamiento jurídico.

1.5.4. Departamento del Huila

22. Requirió declarar la improcedencia de la acción ya que no se configuraron los presupuestos esgrimidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela

1.5.4. Departamento del Huila

22. Requirió declarar la improcedencia de la acción ya que no se configuraron los presupuestos esgrimidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales, «pues además de que la accionante centra su discusión en un tema netamente económico y legal, la jurisprudencia enunciada en la acción constitucional no comparte identidad fáctica, y algunos incluso, ni elementos jurídicos.»

23. De no declararse la improcedencia de la presente acción constitucional, solicitó ser desvinculado «toda vez que mi prohijado no tiene competencia alguna para efectuar la consignación o pago».

24. A su vez, adujo que cumplió con su obligación de reportar las cesantías e intereses a las cesantías de la vigencia 2020 a la Fiduprevisora S.A, respecto a los docentes activos e inactivos a 31 de diciembre de 2021 mediante oficio HUI2021EE001933 del 28 de enero de 2021, en virtud de lo dispuesto en el literal b del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, reglamentado por el Acuerdo 39 de 1998 expedido por el

Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

25. Los demás sujetos pese a ser debidamente notificados, no rindieron informe de fondo frente al asunto.

1.6. Sentencia de primera instancia

26. El Consejo de Estado, Sección Primera mediante sentencia del 21 de septiembre 2023 declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional ya que el Consejo de Estado, de manera pacífica, ha

26. El Consejo de Estado, Sección Primera mediante sentencia del 21 de septiembre 2023 declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional ya que el Consejo de Estado, de manera pacífica, ha sostenido que los conflictos en materia de tutela relacionados con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados a controversias de índole meramente legal y económica, « por lo que, en principio, no cumplen con el citado requisito general de procedencia.»

1.7. Impugnación

27. Mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2023 la parte actora impugnó el fallo de primera instancia y reiteró in extenso los argumentos expuestos en el escrito inicial, a saber, el defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente.Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación interpuesta por la señora Suns Zuñiga contra la sentencia del 21 de septiembre 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la acción, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de

proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la acción, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

29. Se tiene que la Fiduprevisora S.A. y el departamento del Huila solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva, p eticiones que serán denegadas en atención a que sus vinculaciones se hicieron en calidad de terceros debido al interés que les asiste en las resultas del presente trámite , dado que fungieron como parte pasiva en el proceso ordinario que se discute en sede constitucional.

2.3. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Hay lugar a revocar, modificar o confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 21 de septiembre de 2023?

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

31. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión vulneró los derechos fundamentales al «debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia , principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento

trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia , principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical» con ocasión de la sentencia del 18 de julio de 2023, que confirmó la decisión del a quo , qu e negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías?

32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del caso concreto.Demandante: Nubia Marelby Suns Zuñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-04681-01

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10 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 1 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema2 y declaró su procedencia.3

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para

contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema2 y declaró su procedencia.3

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

35. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se r