CE - 110010315000202304749001SENTENCIADENIEGA20230928145130

Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04749-00

Demandantes: MARÍA EUGENIA YÉPEZ LEYVA Y OTRA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del

precedente. Caducidad. Deniega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Las señoras María Eugenia Yépez Leyva y Jendy Isabel Zapata Yépez, mediante escrito radicado el 31 de agosto de 2023 , por conducto de apoderado

1.1. Petición de amparo constitucional

Las señoras María Eugenia Yépez Leyva y Jendy Isabel Zapata Yépez, mediante escrito radicado el 31 de agosto de 2023 , por conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Ce sar y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral.

Lo anterior, con ocasión de las providencias proferidas el 27 de julio de 2023 y 28 de octubre de 2020 por las mencionadas autoridades judiciales, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y la Décima Brigada Blindada - Batallón de Artillería de Campaña 10Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Santa Bárbara, identificado con radicado 20001-33-33001-2018-00126-00/01.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

Solicito a los honora bles Magistrados del Consejo de Estado, que mediante este mecanismo Constitucional se ordene LA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA

PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, MAGISTRADO

Solicito a los honora bles Magistrados del Consejo de Estado, que mediante este mecanismo Constitucional se ordene LA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, MAGISTRADO PONENTE CARLOS MARIO ARANGO HOYOS, de fecha 27 de julio de 2023, y LA SENTENCIA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020 PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, por medio del cual se declaró probada la excepción denominada caducidad de la acción propuesta por la parte demandada, por falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes (errónea aplicación de los términos de caducidad) indebida interpretación de la norma, no aplicación de la flexibilización de los estándares probatorios, exceso ritual manifiesto en materia de derechos humanos, causa les que quebrantan el debido proceso, el legítimo derecho de defensa y la igualdad procesal, por ser violatoria de los derechos fundamentales artículo 13, 29, 53 de la constitución nacional y en su defecto se concedan las pretensiones rogadas en el libelo.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

La parte accionante sostuvo que el joven discapacitado Yarlis José Martínez Yépez, era hijo de la señora María Eugenia Yépez Leiva y que residía junto con su progenitora, padrastro y hermanos en la manzana 15 casa 8 del barrio Bello Horizonte de Valledupar, de donde el 12 de mayo de 2007, salió a recoger unos potes en el barrio La Ceiba de La Nevada de Valledupar.

Horizonte de Valledupar, de donde el 12 de mayo de 2007, salió a recoger unos potes en el barrio La Ceiba de La Nevada de Valledupar.

Indicó que, según denuncia presentada el 17 de mayo de 2007, ante la Fiscalía General de la Nación, la víctima fue desaparecida forzosamente y embarcado en un vehículo de los que viajan a los pueblos cercanos a La Guajira, sin volver a tener noticias de él.

Manifestó que, después de 2 horas y 20 minutos de haber sido des aparecido y secuestrado forzosamente en la ciudad de Valledupar, la víctima fue presentada por miembros del Batallón Artillería 10 Santa Bárbara, adscrito a la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional de Valledupar, como N.N en combate como miembro de l ELN en la vereda YAYA jurisdicción del municipio de Fonseca, La Guajira, portando u na pistola de marca Ceska 9mml 9098, una granada IM-26, y ocho vainillas de calibre 9 milímetros.

Refirió que, sin rastro, ni respuesta de su paradero o existencia a su m adre y hermanos, quienes comenzaron hacer diligencias de toda índole para indagar el paradero de Yarlis José Martínez Yépez, lo cual agravó la situación emociona l y familiar de los demandantes . El 12 de diciembre de 2007, esto es, 7 meses después, la señora María Eugenia Yepes Leyva, reconoció a su hijo mediante fotografía que le suministro el CTI de Riohacha, La Guajira Fiscalía 001Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

fotografía que le suministro el CTI de Riohacha, La Guajira Fiscalía 001Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Seccional de Fonseca donde vestía jeans oscuros, suéter rojo, botas marrones Brahama y gorra azul. Y que, luego fue identific ado, según protocolo de necropsia 024 del 13 de mayo de 2007, que reposa en el hospital San Agustín de Fonseca.

Precisó que, por tales hechos presentó una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa el 23 de marzo de 2018, contra la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Decima Brigada Blindada - Batallón de Artillería de Campaña 10 Santa Bárbara , la cual en primera instancia la conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, que mediante sen tencia del 28 de octubre de 2020 declaró probada la excepción denominada c aducidad de la acción propuesta por el Ejército Nacional, en calidad de entidad demandada.

Agregó que, en primera instancia se consideró que el término para demandar en ejercicio d e la acción de reparación directa empezó a correr el 26 de enero de 2009 , fecha de la declaración jurada de la señora María Eugenia Y épez Leyva, madre de la víctima 1, y expiró el 27 de enero de 2011; sin embargo, la

de 2009 , fecha de la declaración jurada de la señora María Eugenia Y épez Leyva, madre de la víctima 1, y expiró el 27 de enero de 2011; sin embargo, la demanda solo fue presentada hasta la fecha en cita.

Expuso que, en dicha providencia también se indicó lo siguiente: “En este punto es necesario resaltar que este Despacho acoge lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación de fecha 29 de enero de 2020, Rad. 85 001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, concretamente en lo relacionado a la manera en la que se debe computar el plazo para efectos de determinar si se presenta el fenómeno de caducidad en el medio de control de reparación di recta, con fundamento en el conocimiento del hecho dañoso.”

Manifestó que recurrió en apelación la anterior decisión y que, el Tribunal Administrativo del cesar con fallo del 27 de julio de 2023 la confirmó, luego de considerar que los demandantes presentaron su demanda de reparación directa cuando ya se había superado el término que la ley concede para activar la jurisdicción contenciosa administrativa . Hizo referencia a la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado.

1 En la providencia se indicó: “ Ahora con la declaración jurada rendida por la señora MARÍA EUGENIA YÉPEZ LEYVA, el 26 de enero de 2009, den tro del penal con radicado 6807 por los delitos de Homicidio Agravado y Secuestro Simple y Agravado, en el cual aparece como víctima

EUGENIA YÉPEZ LEYVA, el 26 de enero de 2009, den tro del penal con radicado 6807 por los delitos de Homicidio Agravado y Secuestro Simple y Agravado, en el cual aparece como víctima el señor YARLIS JOSE MARTINEZ YEPEZ (Q.E.P.D), se evidencia que la demandante estaba enterada desde aquella época, que su h ijo había fallecido como consecuencia de un supuesto enfrentamiento con miembros del Batallón Santa Bárbara, así quedó consignado. …después de revisar el proceso penal, solo hasta el 26 de enero de 2009 se tiene la certeza de que la señora Martínez Yépez, tenía conocimiento de que su hijo había fallecido como consecuencia de unos hechos en los que participó el Ejército Nacional.”Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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1.3. Sustento de la vulneración

La parte actora s ostuvo que , con la sentencia demandada se incurrió en lo siguiente:

1.3.1. Desconocimiento del precedente

Indicó que con la decisión acusada no se atendieron las siguientes providencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional:

Sentencia del 20 de junio de 2011 radicado 11001 -03-15-000-2011-00655-00 (AC);

del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional:

Sentencia del 20 de junio de 2011 radicado 11001 -03-15-000-2011-00655-00 (AC); Auto de agosto 11 de 2011, radicado 85001 -23-31-000-2010-00177-01; sentencia del 5 de abril de 2013, radicado 19001-23-31-000-1999-0217-01 (24984); auto del 17 de septiembre de 2013, radicado 25000 -23-26-000-2012-00537-01 (45092); sentencia de tutela segunda instancia del 12 de febrero de 2015, radicado 110010315-000-2014-00747-01; sentencia de tutela de segunda instancia del 12 de marzo de 2015, radicado 11001-03-15-000-2014-01352-01; sentencia de tutela de segunda instancia del 7 de septiembre de 2015, radicado 11001 -03-15-000-2015-01676-00 (AC); sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicado 85001 -23-33-000-201300035-01 (51388); sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicado 85001 -23-31000-2010-00178-01 (47671); auto del 02 de mayo de 2016, radicado18001-23-33000-2014-00069-01 (53518) ; auto del 5 de septiembre de 2016, radicado 05001-2333-000-2016-00587-01 (57265); auto del 2 4 de octubre de 2016, radicado 0500123-33-000-2016-01722-01 (58051); sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicado:19001-23-31-000-2010-00115-01(56282); auto del 30 de marzo de 2017, radicado 25000 -23-41-000-2014-01449-01 (AG); sentencia del 12 de marzo de 2017, radicado 05001-23-31-000-2010-01922-01 (49416) ; auto del 7 de diciembre de 2017, radicado 05001 -23-33-000-2017-01395-01 (59601); auto del 30 de agosto de 2018, radicado 25000 -23-36000-2017-01976-01 (61798) ; auto del 12 de septiembre de 2019, radicado 44001 -23-31-000-2010-00238-01 (53833); sentencia de tutela de segunda instancia de 30 de jul io de 2020, radicado 11001-03-15-0002019-04842-01; sentencia de tutela de segunda instancia de 20 de agosto de 202 (sic), radicado 11001 -03-15-000-2019-01816-01; sentencia del 30 de abri l de 2021, radicado 11001-03-15-000-04068-01.

…

… Magistrado Rafael Francisco Suarez Vargas, de fecha 7 de julio de 2022

radicado 11001-03-15-000-04068-01.

…

… Magistrado Rafael Francisco Suarez Vargas, de fecha 7 de julio de 2022 Rad.11001-03-15-000-2022-01694-01demandante José Barón Uribe y Otros demandado Tribunal Administrativo del Casanare, Acción de tutela sección cuarta Consejo de Estado M.P. Stella Jeannette Carvajal Bastos, Rad. 11001 -03-15-0002021-11153-01 demandantes Gloria Damaris Gallego y Otros contra Tri bunal Administrativo de Antioquia sala cuarta de oralidad desconocimiento del precedente judicial por aplicación indebida de la sentencia de unificación de la sección tercera del Consejo de estado del 29 de enero del 2020. Sentencia de la Corte Constitucional del 3 de mayo del 2018, dentro del expediente de reparación directa N° 54001233100020100037001 (53704) demandantes Amelida Peña Rangel contra Subsección tercera del Consejo de Estado. Sentencia de Unificación 167 de 2023 Corte Constitucional Sala Plena de fecha 18 de mayo del año 2023 expediente T8.473.096 Magistr ada Ponente Diana Fajardo Rivera, Tutelante María Lucelly Herrera Monsalve. Sentencia Consejo de Estado Sala Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A, consejero Ponente Rafael Francisco SuarezDemandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Vargas, demandante Carmen Sofía Pérez Becerra y otros, demandado Tribunal Administrativo del Cesar, de fecha 13 de julio de 2023, radicado11001 -03-10-0002023-01922-01.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente jurisprudencial en mención , pues al momento de presentación de l a demanda existía un criterio definido de no aplicar la caducidad en las reparaciones directas en casos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en atención a su naturaleza imprescriptible.

Refirió que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, q ue varió la tesis sobre la caducidad en dichos asuntos, no moduló sus efectos, por lo que, estos deben entenderse a futuro, pero el tribunal demandado omitió ponderar los derechos fundamentales de igualdad y libre acceso a la administración de justicia, para no hacer ilusorias sus garantías constitucionales.

Consideró que estaba en la obligación de aplicar el carácter vinculant e en términos de lo dispuesto en el artículo 27 del CPACA y en la sentencia C -836 de 2001.

Agregó que también se desconoció de la Corte Constitucional las sentencias T352 de 2016 y T-296 de 2018.

1.4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 5 de septiembre de 2023 se admitió la solicitud de tutela y, en

352 de 2016 y T-296 de 2018.

1.4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 5 de septiembre de 2023 se admitió la solicitud de tutela y, en consecuencia, se dispuso la notificación de l os magistrados que in tegran el Tribunal Administrativo del Cesar y del juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.

A su vez, se ordenó la notificación del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y a la Décima Brigada Blindada - Batallón de Artillería de Campaña 10 Santa Bárbara, así como a los señores Yarlenis Paola Zapata Yé pez, Dairo Antonio Zapata Vega, Orlando Jos é Zuleta Yépez, Adriana Paola Yé pez Leyva, Jorge Leonardo Maya Yépez, Juana Rosa Zuleta Yépez y Rosiris María Yépez Leyva, quienes también integraron la parte demandante del medio de control de reparación directa dentro del cual se dictaron las providencias objeto de controversia2.

De igual manera se dispuso lo siguiente: “ [p]ara tal efecto, publíquese un aviso en el sitio web del Consejo de Estado informando sobre la existencia de la presente solicitud de tutela y, de igual manera, líbrese oficio al Tribunal

2 Con memorial recibido el 8 de septiembre de 2023, aportaron escrito con el cual señalaron que conferían poder al abogado José M anuel Pérez Cantillo, el mismo de la parte actora (documentos 31 y 32 Samai).Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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(documentos 31 y 32 Samai).Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo del Cesar para que surta la notificación de las personas antes señaladas por el medio más expedito y acredite tal diligencia.”

1.5. Contestación

1.5.1. Tribunal Administrativo del Cesar

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de lo pretendido por la parte actora, al considerar lo siguiente:

Resaltó que se apoyó en la providencia de unificación del Consejo de E stado, proferida el 29 de enero de 2020 dentro del proc eso con radicado número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), relacionada con la caducidad del medio de control de reparación directa, en los casos en que se persigue el resarcimiento de daños deriv ados de la ocurrencia de un crimen de lesa humanidad.

Precisó que en dicho pronunciamiento, se concluyó que la regla de caducidad de la reparación directa era aplicable a todas las demandas presentadas ante esta jurisdicción, incluidas las que versen sobr e conductas supuestamente constitutivas de delitos de lesa humanidad y salvo aquellas controversias en las que se presenten circunstancias particulares que ameriten recurrir a la excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4 de la Constituci ón Política.

constitutivas de delitos de lesa humanidad y salvo aquellas controversias en las que se presenten circunstancias particulares que ameriten recurrir a la excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4 de la Constituci ón Política.

Destacó que, en la providencia acusada se precisó que la imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre otros, no da lugar a la inaplicación del plazo para solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado.

Mencionó que, a partir de los hechos y material probatorio del proceso ordinario, concluyó que, si bien la víctima desapareció desde el 12 de mayo de 2007, y ese mismo día se produjo su muerte, después de revis ado el proceso penal, se evidenció que, solo hasta el 26 de enero de 2009 es que la señora Martínez Yépez, obtiene el conocimiento de que el Estado a través del Ejército Nacional podría estar involucrado en la muerte de su familiar , pues así se relató en l a demanda, y se corroboró con las denuncias efectuadas por la propia demandante y las declaraciones rendidas en el desarrollo de la causa penal, en las que con claridad se denota el convencimiento que tenía de que su hijo fue asesinado sin ninguna justific ación, pero presentado como muerte en combate, lo que demuestra un caso de falso positivo.

Consideró que como la solicitud de co nciliación ante el Ministerio Pú blico fue presentada el 25 de enero de 2018, e ra claro que para esas fechas ya había operado el fenómeno de la caducidad, pues de acuerdo con la jurisprudencia

Consideró que como la solicitud de co nciliación ante el Ministerio Pú blico fue presentada el 25 de enero de 2018, e ra claro que para esas fechas ya había operado el fenómeno de la caducidad, pues de acuerdo con la jurisprudencia vinculante vigente frente a los delitos considerados como de lesa humanidad,Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre los que está considerado el fenómeno de los “falsos positivos”, no están exceptuados per se de la aplicación de la caducidad.

La Secretaría de dicha corporación remitió copia digital del expediente ordinario y señaló que conforme con lo or denado mediante auto de fecha 5 de septiembre de 2023, proferido dentro de la acción constitucional de la referencia, se rem itía copia del aviso publicado en la página web de la Rama Judicial.

A su vez, mencionó que enviaba la notificación realizada a las personas ordenadas dentro del auto, la cual se realizó a los correos electrónicos aportados por su apoderado judicial, para que por conducto de éste se realizara dicha notificación; sin embargo , dichos correos rebotaron y señaló que “[n]o obstante, también se envió dicha notificación al correo electrónico aportado por el apoderado judicial dentro de la presente acción, sin arr ojar el respectivo acuse.”

1.5.2. Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

obstante, también se envió dicha notificación al correo electrónico aportado por el apoderado judicial dentro de la presente acción, sin arr ojar el respectivo acuse.”

1.5.2. Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Esta entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la presente acción, o en su defecto, se nieguen las pretensiones de las accionantes.

Sostuvo que, no es de recibo el a rgumento del apoderado accionante respecto del cual el tribunal Administrativo del Cesar incurrió en una vía de hecho por desconocimiento y aplicación indebida del precedente jurisprudencial, al aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de con trol, pues según lo establecido en sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 bajo la regla de caducidad de la reparación directa es aplicable a todas las demandas presentadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, incluidas las que versen sobre conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad, como se presenta en el sub examine.

Consideró que, la acción de tutela objeto de estudio, no cumple con los requisitos para habilitar su análisis de fondo, porque no se acredita la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de

Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si con las decisiones demandadas se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, al confirmar la sentencia que declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la entid ad demandada en el proceso de reparación directa que promovió la parte actora en contra de la Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional, Decima Brigada Blindada - Batallón de Artillería de Campaña 10 Santa Bárbara , por incurrir en el defecto por d esconocimiento del precedente.

Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos : i ) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalm ente, de encontrarse superados se estudiará iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de

superados se estudiará iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4, conforme al cual:

De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.5.

La corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho

3 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción

presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho

3 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente : María Elizabeth García González. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Ibidem.Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la pro cedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 6 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, s in distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 6 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, s in distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vu lnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias qu e son propias del

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias qu e son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

6 Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la Corte Constitucional.Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Examen de requisitos generales

2.4.1. Relevancia constitucional

Este requisito se encuentra cumplido, en consonancia con la postura fij ada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto y se estableció que los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, son los siguientes:

1. Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

1. No involucrar un debate eminentemente legal,

1. No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,

1. Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar

1. No involuc