CE - 110010315000202304794011SENTENCIAFALLO20231130134848

Demandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04794-01

Demandante: JHOAN DARÍO CARRILLO GONZÁLEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el 17 de octubre de 2023 . En ese fallo se declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. El señor Jhoan Darío Carrillo González , actuando a través de apoderado judicial1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al

1. El señor Jhoan Darío Carrillo González , actuando a través de apoderado judicial1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y acceso a la administración de justicia, así como «a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la providencia del 28 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativa de Bolívar. En dicha decisión se confirmó la decisión del 16 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena , que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con el radicado 13001-33-33-003-2019-00136-01 adelantado en contra de la Nación – Ministerio de

Defensa – Policía Nacional.

1.2. Pretensiones

1 El señor Jonathan Velásquez, reconocido co mo apoderado de la parte actora en providencia del 06 de septiembre de 2023. Cfr. Índice n.º5SAMAI.Exp: 11001-03-15-000-2023-04794-00.Demandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1. Amparar los derechos fundamentales la igualdad, al debido proceso, el trabajo, el mínimo vital y acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar con la decisión proferida en segunda instancia el pasado 16 diciembre de 2022 y notificada el 24 de mayo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramitado bajo e l radicado No.13001 -33-33-003-2019-00136-00, promovido por el

señor Jhon Darío Carrillo González.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de fecha 16 diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, tramitado bajo el radicado No.13001-33-33-003-2019-00136-00, promovido por el señor Jhon Darío Carrillo

González.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las ci rcunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros

se valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las ci rcunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. El señor Jhoan Carrillo González promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Con ella pretendía que se anulara el acta 012ADEHU - GRUAS2.25 // APROP - GRURE - 3.22, del 21 de noviembre de 2018, por la cual se consideró viable recomendar al Gobierno Nacional el retiro del accionante de la Policía Nacional, por la causal de retiro «voluntad del Gobierno Nacional», así como de la Resolución 9148 del 27 de diciembre de 2018, mediante la cual se hizo efectivo dicho retiro.

6. El asunto fue conocido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena en primera instancia. Dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 16 de diciembre de 2021. Para el efecto, consideró que el acto administrativo mediante el cual se dispuso el retiro del servicio del señor Carrillo González no obedeció a un motivo oculto o destino a las razones del buen servicio, ni que dicha decisión se fuera desproporcional o arbitraria respecto de su desempeño al interior de la institución.

González no obedeció a un motivo oculto o destino a las razones del buen servicio, ni que dicha decisión se fuera desproporcional o arbitraria respecto de su desempeño al interior de la institución.

7. En contra de la providencia anterior, el señor Carillo González interpuso recurso de apelación. Consideró que el acto discrecional de retiro se trató de una medida desproporcional e irrazonable, teniendo en cuenta que el fallador no tuvo enDemandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

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consideración la totalidad de los elementos de convicción que integraban el proceso. Resaltó que solo tenía 12 anotaciones negativas en su hoja de vida laboral, aspecto que no resultaba coherente con la decisión de retiro. Agregó que la decisión había incurrido en falsa motivación al no haber valorado la totalidad de las anotaciones que le realizaron en los formularios de seguimiento.

8. La alzada correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar, quien en providencia del 28 de noviembre de 2022 2 decidió confirmar lo resuelto en primer grado. Como fundamento de su decisión, expuso que el a quo se pronunció de manera detallada respecto de cada uno de los cargos de nulidad propuestos en la demanda y valoró las anotaciones positivas y las felicitaciones que fueron consignadas en la hoja de vida del actor.

manera detallada respecto de cada uno de los cargos de nulidad propuestos en la demanda y valoró las anotaciones positivas y las felicitaciones que fueron consignadas en la hoja de vida del actor.

9. Resaltó que la estructura de la planta global de la fuerza públi ca era piramidal. Esto, para referir que a medida que aumentan los grados o rangos, también disminuye la cantidad de estos frente a los cargos inmediatamente inferiores. En ese orden, señaló qu e el personal que asciende no solo debe tener calificaciones y anotaciones positivas, sino que, además, debe mostrar un grado cercano a la excelencia en la prestación del servicio.

10. De manera que, si el accionante tenía anotaciones en su hoja de vida, pese a que se le dio traslado en el momento oportuno para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, el incumplimiento de objetivos concertados se distanciaba de la excelencia que requería para ascender, motivo por el cual, la institución tenía razones para recomendar su retiro.

11. Finalmente, refirió que en abundante jurisprudencia el Consejo de Estado ha referido que las anotaciones positivas y felicitaciones en la hoja de vida, no confieren fuero de inamovilidad del agente.

1.4. Sustento de la vulneración

12. A juicio de la parte actora, la sentencia reprochada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio y sustantivo al desconocerse el precedente judicial aplicable al caso concreto. Como sustento, expuso:

13. En lo que atañe a la indebida valoración probatoria, reafirmó que las

fáctico por indebida valoración del material probatorio y sustantivo al desconocerse el precedente judicial aplicable al caso concreto. Como sustento, expuso:

13. En lo que atañe a la indebida valoración probatoria, reafirmó que las anotaciones positivas (alrededor de 63) sobrepasaban en gran medida las negativas (12), aspecto que debió ser sopesado por la autoridad judicial. Para ello, se sirvió de gráficas ilustra tivas de los tipos de anotaciones y el porcentaje que representaban en su hoja de vida.

14. Expuso que tampoco se consideró la certificación de evaluación de la capitán Diana Marcela Aranzalez González, ni el Oficio de 17 de mayo de 2019 en los que

2 Notificada el 24 de marzo de 2023.Demandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

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se resaltó su labor al interior de la institución durante más de 13 años y que no era posible exigirle el comportamiento que dio lugar a dos de las anotaciones negativas que se consignaron en su hoja de vida.

15. Respecto del desconocimiento del precedente, citó apartados de la s sentencias SU-091 de 2016 y SU-172 de 2015 de la Corte Constitucional, en los que se trata el tema de los requisitos para la aplicación del retiro discrecional . En seguida, refirió que en el caso concreto la medida no fue proporcional , máxime

que se trata el tema de los requisitos para la aplicación del retiro discrecional . En seguida, refirió que en el caso concreto la medida no fue proporcional , máxime cuando 3 meses antes del retiro fue llamado a curso de ascenso.

16. Finalmente, sostuvo que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de tutela contra providencia judicial. A saber; relevancia constitucional, subsidiariedad, inmediatez y que no se trate de tutela contra decisión de la misma naturaleza.

1.5. Trámite de primera instancia

17. En auto del 06 de septiembre 2023, el magistrado ponente de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la notificación al Tribunal Administrativo de Bolívar. Adicionalmente, dispuso la vinculación del Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional como tercero interesado y se requirió al Juzgado Tercero Administrativ o de Cartagena para que remitiera copia del expediente ordinario.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Tribunal Administrativo de Bolívar

18. El magistrado ponente de la decisión solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción. Para el efecto, señaló que no se reúne el requisito de relevancia constitucional, ni se incurrió en ninguno de los defectos invocados por el accionante.

19. Ratificó los argumentos de la decisión de cierre, los cuales encuentran sustento en que el retiro del actor estuvo precedido de recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación de la Policía Nacional, en donde además se destacó que las anotaciones po sitivas, condecoraciones y felicitaciones consignadas en la

sustento en que el retiro del actor estuvo precedido de recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación de la Policía Nacional, en donde además se destacó que las anotaciones po sitivas, condecoraciones y felicitaciones consignadas en la hoja de vida no confieren fuero inamovible.

20. Expuso que la solicitud del actor no tiene sustento jurídico y se orienta a reabrir una discusión que culminó en el proceso ordinario.

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena

21. Se limitó a remitir copias del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 13001-33-33-003-2019-00136-01.Demandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

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1.6.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

22. Reitero que la motivación de los actos administrativos de recomendación y de retiro del accionante fue debidamente sustentada, teniendo en cuenta que se fundaron en el criterio de mejoramiento del servicio o pérdida de la confianza. Esto, porque el señor Carrillo González se vio inmerso en múltiples comportamientos contrarios al ejercicio de sus funciones, incumplimiento con las exigencias propias del cargo.

23. Destacó las consideraciones efectuadas por la autoridad judicial accionada en la providencia ordinaria, para referir que el acto se cimentó en hechos reales,

contrarios al ejercicio de sus funciones, incumplimiento con las exigencias propias del cargo.

23. Destacó las consideraciones efectuadas por la autoridad judicial accionada en la providencia ordinaria, para referir que el acto se cimentó en hechos reales, objetivos y proporcionales.

24. En todo caso, mencionó que la solicitud de amparo debe declararse improcedente pues busca un nuevo juicio de valor que le sea favorable, sin que medien argumentos constitucionales o un perjuicio irremediable.

1.7. Sentencia de primera instancia

25. En sentencia del 17 de octubre de 20233, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Esto, por los siguientes motivos:

26. Respecto al defecto fáctico, c onsideró que el accionante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez ordinario. Esto es así, porque los argumentos traídos en sede de tutela fueron, a su vez, formulados en el recurso de apelación presentado contra la decisión adoptada el 16 de marzo de 2021 .

Reproches que fueron analizados y zanjados por la autoridad judicial accionada en providencia del 28 de noviembre de 2022.

27. De ahí, expuso que el tribunal hizo un análi sis completo, adecuado y coherente del caso, sin desconocer o interpretar de manera irracional alguna de las pruebas, empleó la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso y, no obstante, no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados.

28. En ese punto, refirió que la tutela no es un mecanismo cuya finalidad sea la

pruebas, empleó la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso y, no obstante, no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados.

28. En ese punto, refirió que la tutela no es un mecanismo cuya finalidad sea la de revisar las bases del debate judicial para definir como una tercera instancia la controversia suscitada.

29. Aunado a ello, consideró que el defecto sustantivo «por desconocimiento del precedente judicial» no contenía la carga argumentativa necesaria, comoquiera que no refirió las razones por las cuales las providencias citadas constituían precedente judicial.

3 Esta decisión fue notificada el 20 de octubre de 2023. Cfr. Índice SAMAI N. º17. Exp. 11001-03-15000-2023-04749-00.Demandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.8. Impugnación

30. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia . S olicitó revocar la decisión de primera instancia y en su lugar amparar los derechos fundamentales de la parte accionante4.

31. Al efecto, iteró los argumentos del escrito de tutela relacionados con el defecto fáctico. Además, expuso que el a quo incurrió en desconocimiento del precedente constitucional fijado en las sentencias C-590 de 2005 y SU-116 de 2019.

defecto fáctico. Además, expuso que el a quo incurrió en desconocimiento del precedente constitucional fijado en las sentencias C-590 de 2005 y SU-116 de 2019. Esto, porque a su juicio el asunto si goza de relevancia constitucional comoquiera que comporta una violación al derecho al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital.

32. Finalmente, e xpuso nuevamente las razones por las que se acreditan los requisitos generales de tutela contra providencia judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 17 de octubre de 2023 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

1.2. Legitimación en la causa

34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

35. La Sala advierte que el señor J hoan Darío Carillo González se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto porque integró el extremo accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la

35. La Sala advierte que el señor J hoan Darío Carillo González se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto porque integró el extremo accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

36. Por su parte, es ta Colegi atura advierte que el Tribunal Administrativo de Bolívar se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

1.3. Problema jurídico

4 El escrito fue radicadoDemandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

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37. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación el 17 de octubre de 2023.

38. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, con la expedición de la providencia del 28 de noviembre de 2022 que confirmó en sede de apelación la providencia del 16 de diciembre de 2021 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, que negó las súplicas de la demanda?

que confirmó en sede de apelación la providencia del 16 de diciembre de 2021 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, que negó las súplicas de la demanda?

1.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales7.

40. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo d e la Sala Plena antes reseñado. 7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.

reseñado. 7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 9 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 s on: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 10 Los ocho defectos materiales son los siguient es: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia

sentencias de tutela. 10 Los ocho defectos materiales son los siguient es: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente alDemandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

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41. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

42. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad

la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

43. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

44. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso co ncreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional

margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se deci de con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales

parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendi do que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: Jhoan Darío Carrillo González Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01

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70. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término «relevancia constitucional » en la sentencia C -590 de 2005 11. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,

en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como

dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes12. (Subrayado fuera de texto).

71. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU -215 de 202213, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.

72. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unifica ción del 5 de agosto del 2014 14, adoptó de manera expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

73. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de

73. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de

11 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicia l; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores. 12 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de