CE - 110010315000202304803001SENTENCIADENIEGA20230928151520

Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04803-00

Demandante: LUIS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades 1, inclusión en el Registro Único de Víctimas . A cción de tutela contra acto administrativo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la s ala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 1º de septiembre de 2023 en el Sistema de

1 Al res pecto consultar, Conse jo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 05.11.2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001 -03-15-0002020-04401-00; Sentencia del 15.10.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001 -03-15-0002020-03002-00; Senten cia del 08.10.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 08001 -23-33000-2020-00502-01; Sentencia del 02.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 1100103-15-000-2020-03871-00; Sentencia del 02.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 1100 1-03-15-000-2020-03877-00; Sentencia 02.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001 -03-15-000-2020-03913-00; Sentencia del 24.09.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001 -03-15-000-2020-03853-00; Sentencia 10.09.20., M.P. Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez, 11001 -03-15-000-2020-03317-00; Sentencia 10.09.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 52001 -23-33-000-2020-00857-01; Sentencia 10.09.20. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 11001-03-15-000-2020-03683-00.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial 2, el señor Luis Eduardo Gómez Gómez, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante

UARIV).

Consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana, por cuanto la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas negó su inclusión en el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV), por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

Su señoría de manera respetuosa solicito a su despacho conforme a la ley 1448 según resolución 0848 del 2014. Se le ordene mi inclusión al registro

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

Su señoría de manera respetuosa solicito a su despacho conforme a la ley 1448 según resolución 0848 del 2014. Se le ordene mi inclusión al registro único de víctimas al cual tengo derecho al haber sufrido el Desplazamiento forzado el cual fui víctima , artículo 1 ley 387 de 1997. Su señoría quiero aclarar que estos hechos victimizan [tes] ya fueron declarados ante la unidad de víctimas con declaraci ón ante la personería municipal , el hecho victimizante desplazamiento forzado el cual después de rendir mi declaración me niegan el reconocimiento violando así mi derecho a una inclusión, en este caso su señoría traigo pruebas de que yo si viví el flagelo de la guerra una guerra que no fue de nosotros mi hija menor la que sufrió la tortura denuncio ante la fiscalía de derechos humanos 69 de Bogotá y se adelantó una investigación con RADICADO 11001606606420010001624 como prue bas la aceptación de los hechos ocurridos por parte del paramilitar JESÚS HENAO AGUILAR ALIAS “SIMÓN” ex jefe bloque metro el cual se encuentra recluido por los delitos de secuestro tortura homicidio y extorsión etc. En la cárcel de Itagüí Medellín Antioquia

Conforme la ley solicitó favor el reconocimiento por ser víctima del conflicto armado los siguientes derechos su señoría traigo a la luz estos hechos ya que la unidad de víctimas en su argumentación dice que mi declaración no hacen mención a las circunstancias aduciendo así que yo no estuve en los hechos ya mencionados, me pregunto su señoría como la unidad de

que la unidad de víctimas en su argumentación dice que mi declaración no hacen mención a las circunstancias aduciendo así que yo no estuve en los hechos ya mencionados, me pregunto su señoría como la unidad de víctimas me viola mi derecho a la inclusión si yo como padre de mis hijos sufrí ese día mucho más de lo que no hubiera querido presenciar me pregunto su señoría a que padre no le duele ver que le torturan una hija si uno por sus hijos da la vida, después de haber agotado impugnación en contra de la resolución número 2017 -10478 del 30 enero del 2014 y de agotar estancias de derechos de petición, ho y me dirijo ante su dependencia para que me ayude a resolver lo que en derecho corresponda

2 Remitido el mismo día al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y no se me vulneren más mis derechos3

Como medida provisional, solicitó que se le conceda el amparo de sus garantías constitucionales en atención a que está desempl eado, es padre cabeza de hogar y está a cargo de su cónyuge, quien tiene 58 años y padece una enfermedad catastrófica ruinosa.

La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

Sostuvo que, es víctima del conflicto armado en Colomb ia, originado entre

una enfermedad catastrófica ruinosa.

La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

Sostuvo que, es víctima del conflicto armado en Colomb ia, originado entre grupos al margen de la Ley y el Ejército Nacional y Poli cía Nacional, por ideologías políticas y gobierno.

Señaló que, en la mañana el 31 de mayo del 2001 cerca de 20 miembros del “bloque metro” asesinaron a 8 personas y desaparecieron a 2 ciudadanos en la Vereda Salto Arriba en el municipio de Mari nilla (Antioquia). Este grupo al margen de la ley, según relata el accionante estuvieron en la escuela del pueblo e ingresaron a la iglesia durante la misa y con listado en mano seleccionaron a 9 personas.

Informó que, con ocasión de lo anterior, se registraron cuatro víctimas que fueron torturadas y asesinadas detrás de la escuela , a otras cinco la s sacaron del pueblo, tres de ellas las mataron y dos personas hasta la fecha continúan desaparecidas.

Manifestó que, entre las personas se encontraban familiares de él. Agregó que, rindió una declaración ante la Personería Municipal de Cali (Valle del Cauca) el 16 de agosto de 2016 por el desplazamiento forzado acontecido el 31 de mayo de 2001, en la vereda en mención.

Recordó que en esta zona no solamente se la disputaba el grupo armado paramilitares del Bloque Metro 1997 -2004 y el ELN, sino el frente 58 de las FARC.

Precisó que, con la Resolución 201724187 del 5 de junio de 2017, la UARIV

paramilitares del Bloque Metro 1997 -2004 y el ELN, sino el frente 58 de las FARC.

Precisó que, con la Resolución 201724187 del 5 de junio de 2017, la UARIV confirmó la Resolución 2017 -10478 del 30 de enero de 2017, en la que se decidió no reconocer los hechos victimizantes de secuestro y desplazamiento forzado y en consecuencia no incluir al actor dentro del Registro Único de Víctimas.

3 Subrayado fuera del texto original.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. Sustento de la vulneración

La parte accionante manifestó que debe ser incluido en el Registro Único de Víctimas, al cual considera tiene derecho por haber sufrido desplazamiento forzado.

Resaltó que padece en silencio la inclemencia de la guerra y vive con los recuerdos lat entes de lo vivido y presenciado, ya que le torturaron a su hija menor a los 13 años el 31 de mayo del 2001 ; por lo que, persisten las secuelas y lesiones físicas visibles puesto que no puede olvidar este hecho y ello le ha generado problemas de ansiedad.

Señaló que se encuentra en un estado de persecución y daño laboral, ya que es padre cabeza de hogar y a cargo tiene a su esposa de 58 años, la cual

generado problemas de ansiedad.

Señaló que se encuentra en un estado de persecución y daño laboral, ya que es padre cabeza de hogar y a cargo tiene a su esposa de 58 años, la cual padece una enfermedad catastrófica ruinosa. Por tanto, consideró que no les puedo ofrecer una vida digna ya que se encuentra desempleado y a sus 63 años nadie le da empleo.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto del 5 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó la notificación del presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, así como del ministro de Salud y Protección Social y de la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Asimismo, se dispuso la vinculación de la directora del Departamento de la Prosperidad Social y que, publicara en la página web del Consejo de Estado un aviso sobre la existencia de esta acción, para conocimiento de eventuales interesados.

A su vez, se denegó la medida cautelar solicitada.

1.6. Argumentos de defensa e intervenciones

1.6.1. Presidencia de la República de Colombia , Departamento Administrativo

(DAPRE)

Solicitó su desvinculación de la acción de tutela, pues carece de legitimación en la causa por pasiva.

Pidió que, de manera subsidiaria a la pretensión anterior, ante la inexistencia de una omisión que pudiese generar alguna vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante, se nieguen las pretensiones de la

la causa por pasiva.

Pidió que, de manera subsidiaria a la pretensión anterior, ante la inexistencia de una omisión que pudiese generar alguna vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante, se nieguen las pretensiones de la presente acción de tutela respecto de la Presidencia de la República.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Precisó que el actor solicitó la actualización de la inscripción a l RUV el cual es elaborado por la UARIV. Consideró que no es la autoridad competente para conceder lo solicitado, pues la entidad encargada de realizar dicha inscripción es la UARIV y no la Presidencia de la República.

Señaló que, el DAPRE no es la entidad competente para otorgar ayudas humanitarias al considerar que esta atribución recae en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Refirió que nunca re cibió alguna solicitud, tal y como se señaló en la CERT23003101 / GFPU 13081012 del 8 de septiembre de 2023, donde se indicó: “El Grupo de Correspondencia de la Presidencia de la República, certifica que una vez consultada la base de datos de radicación d e documentos de origen externo ESCRIBE, a la fecha, NO se encontró registrada comunicación alguna a nombre del señor LUIS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con Cédula

vez consultada la base de datos de radicación d e documentos de origen externo ESCRIBE, a la fecha, NO se encontró registrada comunicación alguna a nombre del señor LUIS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con Cédula de ciudadanía número 70.902.007”. La cual se adjuntó.

Manifestó que, el otorgamiento de ayudas de emergencia y de subsidios estatales no es una concesión gratuita, sino que está sujeto a procedimientos reglados y que, la solicitud del accionante de obviar este tipo de requisitos, y que sea por orden judicial que se disponga su priorización en los programas asistenciales, no puede ser atendida.

Recordó que, priorizar el turno de reconocimiento y pago de las ayudas por vía de acciones de tutela, lejos de garantizar el derecho a la igualdad, supondría una alteración anormal de la organización d e los diversos programas de asistencia, pensados para solucionar las necesidades de miles de colombianos, y sólo perjudicaría los derechos de quienes, cumpliendo las condiciones de ley, tengan la legitimidad necesaria para acceder a tales beneficios.

Resaltó que, la inexistencia de la omisión señalada por el accionante evidencia que no hay nada que pudiese implicar la vulneración de su derecho a la reparación por parte de la entidad, lo que conduce a afirmar que falta un requisito esencial para que se pue da hablar de una posible transgresión a los derechos invocados.

1.6.2. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Esta entidad se opuso a la prosperidad de lo solicitado por el actor, al considerar que este no interpuso petición alguna ante la entidad ; motivo por el

1.6.2. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Esta entidad se opuso a la prosperidad de lo solicitado por el actor, al considerar que este no interpuso petición alguna ante la entidad ; motivo por el cual no es posible acceder a la petición de l accionante por medio de la acción de tutela, toda vez que esta entidad no tuvo la oportunidad ni conocimiento para pronunciarse sobre las pretensiones indicadas por la parte actora.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que, actualmente habría una “carencia de objeto” al no tener radicada en su sistema de correspondencia de entrada petición alguna a nombre de l accionante.

Refirió que, si se accede a lo pretendido por el actor se configuraría una violación al derecho a la igualdad del que gozan todas las personas víctimas del conflicto que pretenden acceder a los beneficios contemplados en la Ley, pues al ellos presentar solicitudes previas a la interposición de la acción de tutela, si estuvieran acudiendo en debida forma a los mecanismos administrativos establecidos para tal fin.

Precisó que, en este orden de ideas al accionante no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental, toda vez que no existe prueba que configure la excepción a la regla de procedibili dad de acción de tutela, es decir la acusación de un perjuicio irremediable, en el entendido que la naturaleza de la tutela como

derecho fundamental, toda vez que no existe prueba que configure la excepción a la regla de procedibili dad de acción de tutela, es decir la acusación de un perjuicio irremediable, en el entendido que la naturaleza de la tutela como mecanismo subsidiario exige que se adelante las acciones o trámites judiciales o administrativas alternativos.

Destacó que, la acción de tutela no se puede utilizar como el medio principal e idóneo para la reclamación de los derechos fundamentales a los que tienen derecho las víctimas del conflicto.

Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y que, de ser el caso, si lo considera necesario se conmine a Luis Eduardo Gómez Gómez a realizar la solicitud respectiva ante los canales de atención autorizados de la unidad para las víctimas: servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co.

Señaló que, una vez verificado el Regis tro Único de Víctimas (RUV) se evidenció que el actor se encuentra con estado “no incluido” por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, declarado bajo el marco normativo de la Ley 1448 de 2011.

Concluyó que, esta entidad es respetuosa del debido proceso administrativo toda vez que sus actuaciones tienen siempre en cuenta los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno como población vulnerable donde, respecto de las decisiones administrativas, se brinda un tratamiento diferenciado frente a la población en general.

Citó que por ejemplo, el accionante tiene la posibilidad de ejercer los siguientes recursos administrativos: i) controvertir las decisiones referidas al Registro Único Víctimas (RUV) en el término de 10 días, conforme a la Ley 1437 de 2011

Citó que por ejemplo, el accionante tiene la posibilidad de ejercer los siguientes recursos administrativos: i) controvertir las decisiones referidas al Registro Único Víctimas (RUV) en el término de 10 días, conforme a la Ley 1437 de 2011 y; ii) así como las referidas a la atención humanitaria (medición de carencias) en el plazo de un mes, según lo dispuesto en el artículo 2.2.6.5.5.11 del Decreto 1084 de 2015, razón por la cual debe ser desestimada la presente ac ción, a menos de que se configure un perjuicio irremediable, lo cual no fue acreditado.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.7. Intervención posterior de la parte actora

Con escrito recibido electrónicamente el 11 de septiembre de 2023, el accionante aportó como pruebas:

a) El acta de se ntencia anticipada y formulación de cargos del señor Ramiro de Jesús Henao Aguilar del 9 de mayo de 2019.

b) La sentencia dictada el 11 de mayo de 2021 en el proceso penal 05 000 31 07 003 2020 00008 00 , en la que figura como víctima la menor Deisy Natal ia Gómez Henao en los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2001 y como procesado el señor Ramiro de Jesús Henao Aguilar.

07 003 2020 00008 00 , en la que figura como víctima la menor Deisy Natal ia Gómez Henao en los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2001 y como procesado el señor Ramiro de Jesús Henao Aguilar.

c) La Resolución 201724187 del 5 de junio de 2017, mediante la cual, la UARIV confirmó la Resolución 2017 -10478 del 30 de enero de 2017 , en la que se decidió no reconocer los hechos victimizantes de secuestro y desplazamiento forzado y en consecuencia no incluir dentro del RUV al recurrente al señor Luis Eduardo Gómez Gómez.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta s ala es competente p ara conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991 4 y el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 5, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

La Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, solicitaron su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, se negarán tales peticiones , puesto que el sustento fáctico expuesto por el demandante en la demanda conlleva a que se les integre en el extremo pasivo de la acción de tutela.

Al respecto, se negarán tales peticiones , puesto que el sustento fáctico expuesto por el demandante en la demanda conlleva a que se les integre en el extremo pasivo de la acción de tutela.

4 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 5 Por medio del cual se expide el Decreto Úni co Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Problema jurídico

Corresponde a la s ala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana del accionante, por cuanto la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas negó su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), por el hecho victimizan te de desplazamiento forzado

Asimismo, se analizará la procedencia de la acción de tutela respecto de decisiones administrativas.

2.4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constituciona l, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas

según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particu lares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 6, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

2.4.1. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de autoridades administrativas.

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio a nte organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.»

6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Política.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada7.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para contestarlo8.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración no está en capac idad de responder por las características del caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial compila en la sentencia T -377 de 2000 9 como parámetros para su protección los siguientes:

1. el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa;

compila en la sentencia T -377 de 2000 9 como parámetros para su protección los siguientes:

1. el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa;

1. su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

1. la solicitud debe ser r esuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo pedido;

1. la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible;

1. la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita;

1. este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en

7 Al respecto, se citan las sentencias T -377 de 2000, T – 1075 de 2003, T -1006 de 2001, entre otras. 8 Sentencia T – 1075 de 2003. 9 Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co algunos casos a los particulares;

1. el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativ a10 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho

www.consejodeestado.gov.co algunos casos a los particulares;

1. el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativ a10 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía fundamental;

1. el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

1. la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder;

1. ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al interesado.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado, tratándose del derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de las personas desplazadas, lo siguiente:

90. La Corte Constitucional ha considerado que el derecho a recibir respuesta pronta y oportuna de las solicitudes formuladas hace parte del nivel mínimo de protección constitucional que debe brindarse a la población desplazada. Ello es así, especialmente, tratándose de las solicitudes de ayuda humanitaria, debido a la importa ncia que su entrega adecuada y oportuna tiene para las personas en situación de desplazamiento.

91. Por lo anterior, ha considerado la Corte que las solicitudes realizadas por personas víctimas de desplazamiento forzado relacionadas con su situación gozan de protección especial, la cual es particularmente exigible de las instituciones encargadas de la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Se trata entonces de una protección reforzada del derecho fundamental previsto en el

situación gozan de protección especial, la cual es particularmente exigible de las instituciones encargadas de la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Se trata entonces de una protección reforzada del derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución tratándose de víctimas de desplazamiento forzado. Al ejercer su función de revisión de acciones de tutela (artículo 241 numeral 9 de la Constitución), la Corte Constitucional ha establecido distintas sub -reglas que se desprenden de la protección reforzada del derecho de petición, entre las cuales se encuentran las siguientes:

(i) Contestar una solicitud de entrega de ayuda humanitaria con la simple indicación del trámite interno que debe adelantarse para conse guirla, no puede entenderse como una respuesta válida, que satisfaga el derecho fundamental de petición. Una contestación en esos términos constituye una violación del derecho a formular peticiones.

(ii) Frente a solicitudes de entrega de ayuda humanitari a, las autoridades deben responder indicando una fecha cierta en el que ésta será entregada

10 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.Demandante: Luis Eduardo Gómez Gómez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04803-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en caso de que tengan derecho a ella. En todo caso, dicha fecha debe ser razonable y oportuna.

(iii) Las autoridades no pueden someter a la población desplazada a un

www.consejodeestado.gov.co en caso de que tengan derecho a ella. En todo caso, dicha fecha debe ser razonable y oportuna.

(iii) Las autoridades no pueden someter a la población desplazada a un “peregrinaje institucional” para acceder a sus derechos, por lo cual es necesario que reciban de ellas una atención definitiva y directa frente a su apremiante situación. Por lo tanto, es necesario evitar por parte de las autoridades respuestas evasivas o simplemente formales.

(iv) Para que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar este derecho, es de “vital importancia” el adecuado manejo, registro y control de la información, con el fin de que las autoridades competentes tengan “pleno co nocimiento de las solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su comunicación efectiva al desplazado”.11

2.5. Caso concreto

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana, por c uanto la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las V