CE - 110010315000202304884011SENTENCIA20231120183207

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04884-01

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: HENRY ALBERTO MORA CLAVIJO

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, POR NO CUMPLIR EL REQUISITO

GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA NO

CUMPLIÓ CON LA CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA, ADEMÁS, SE

EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA

ADICIONAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO , AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia de 2 de octubre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1 En adelante la Sección Tercera.2

Número único de radicación: 110010315000-2023-04884-01

ACTOR: HENRY ALBERTO MORA CLAVIJO

I. ANTECEDENTES

1 En adelante la Sección Tercera.2

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ACTOR: HENRY ALBERTO MORA CLAVIJO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor HENRY ALBERTO MORA CLAVIJO , actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia , a la igualdad y al principio de confianza legítima, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO 2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META3 al haber proferido la s providencias de 29 de agosto de 2022 y 23 de febrero de 2023, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 500013333006-202100030-01.

I.2.- Hechos

2 En adelante el Juzgado 3 En adelante el Tribunal3

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ACTOR: HENRY ALBERTO MORA CLAVIJO

Refirió que el 16 de febrero de 2021 promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Municipio de Villavicencio, con el fin de que se le declarara administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios causados por la no expedición de la tarjeta de operación del vehículo de servicio

del medio de control de reparación directa contra el Municipio de Villavicencio, con el fin de que se le declarara administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios causados por la no expedición de la tarjeta de operación del vehículo de servicio público individual tipo taxi , de placas UTV 169, lo que le impidió la explotación económica del mencionado automotor en la prestación del servicio individual de transporte.

Adujo que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2021-00030-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en proveído de 29 de agosto de 2022 , rechazó la demanda por haber operado la caducidad.

Manifestó que , inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en auto de 23 de febrero de 2023, confirmó la decisión del a quo.

Destacó que , como fundamento de lo anterior, el TRIBUNAL consideró que aun cuando el hecho generador del daño ocurrió el 9 de noviembre de 2011, momento en el cual se tuvo conocimiento de4

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la negativa por parte de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio en la expedición de la tarjeta de operación, en aplicación del principio pro damato, la caducidad podría extenderse desde la expedición de la Resolución núm. 1701 -56-08/054 de 13 de abril de 2018 , por medio de la cual la administración, dando cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante, ordenó

la Resolución núm. 1701 -56-08/054 de 13 de abril de 2018 , por medio de la cual la administración, dando cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante, ordenó la expedición de la tarjeta de operación, lo que dejó en evidencia el yerro de la demandada.

Comentó que, a juicio del TRIBUNAL, la caducidad debió operar e l 14 de abril de 2020, sin embargo, debido a la Declaratoria de Emergencia ocasionada por la pandemia del COVID -19, el actor contaba hasta el 2 de agosto de 2020 para presentar la demanda, mientras que la solicitud de conciliación fue presentada el 18 de diciembre de 2020, momento en el cual ya estaba caducado el medio de control.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL vulneraron sus derechos fundamentales al declarar la caducidad del medio de5

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control, en la medida en que desde el 30 de octubre de 2011 hasta el 20 de diciembre de 2018 se le causó daños y perjuicios al no expedírsele la tarjeta de operaciones del vehículo de servicio público individual tipo taxi de placas UTV 169, impidiéndole la explotación económica, perjuicios que solo cesaron hasta que le fue otorgada la tarjeta de operación.

Aseveró que el objeto principal del daño, que fue de tracto sucesivo, se dio hasta el 20 de diciembre de 2018, por lo que es desde dicha

tarjeta de operación.

Aseveró que el objeto principal del daño, que fue de tracto sucesivo, se dio hasta el 20 de diciembre de 2018, por lo que es desde dicha fecha que deben empezar a correr los términos de caducidad ; además, el fin de la demanda de reparación directa es la solicitud de la indemnización por los daños ocasionados, mas no así la expedición de la tarjeta de operaciones.

Finalmente, resaltó que la demanda de reparación directa fue presentada dentro del término, comoquiera que de conformidad con el Decreto 564 de 16 de marzo de 2020 4, los términos judiciales estuvieron suspendidos hasta el 2 de agosto de 2020 y la conciliación se presentó el 18 de diciembre de ese año.

4 Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica6

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I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] 2. Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales, se ordene a las tuteladas JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO META Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del p resente fallo de tutela, dispongan lo pertinente, como es ordenar al despacho del JUEZ

SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ORAL DE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del p resente fallo de tutela, dispongan lo pertinente, como es ordenar al despacho del JUEZ SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ORAL DE VILLAVICENCIO META, REVOCAR/ANULAR O DEJAR SIN EFECTOS EL AUTO DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022, QUE RECHAZÓ DE PLANO la demanda presentada el día 16 de febrero del 2021, por el señor HENRY ALBERTO MORA CLAVIJO, bajo el radicado 500013333006-2021-00030-00 contra el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META y el auto de fecha 23 de febrero de 2023, emitido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO D EL META, notificado el día 08 de marzo de 2023, donde confirman la decisión del A quo, en primera instancia y en su lugar proceder a la admisión de la demanda.

3. Se ordene al señor JUEZ SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ORAL DE VILLAVICENCIO META, y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL, continuar con el trámite procesal correspondiente, para dar cumplimiento a lo ordenado por el señor Juez de Tutela […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El JUZGADO sostuvo que la acción de tutela de la referencia resulta improcedente por falta del requisito general de la subsidiariedad, toda vez que el mecanismo idóneo para el asunto era el recurso de apelación, el cual fue debidamente surtido ante el7

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subsidiariedad, toda vez que el mecanismo idóneo para el asunto era el recurso de apelación, el cual fue debidamente surtido ante el7

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TRIBUNAL.

Sumado a lo anterior, afirmó que el accionante carece de sustento fáctico y jurídico para endilgarle a este juzgado la supuesta violación de los derechos fundamentales , lo cual se ratifica en las razones y fundamentos dados en el auto acusado.

I.4.2.- El TRIBUNAL sostuvo que sus argumentos de defensa se encuentran ampliamente expuestos en la providencia cuestionada, por lo que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera, mediante sentencia de 2 de octubre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional.

Sostuvo que el actor no explicó con claridad suficiente en que consiste la vulneración alegada , pues ni siquiera se preocupó por establecer cuáles eran los defectos específicos que le imputaba a las8

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providencias cuestionadas, sino que se limitó a señalar que no compartía el criterio adoptado en los autos que rechazaron la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.

providencias cuestionadas, sino que se limitó a señalar que no compartía el criterio adoptado en los autos que rechazaron la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.

En efecto, resaltó que el demandante se limitó a afirmar que el término de caducidad debía contarse a partir del 20 de diciembre de 2018, sin desarrollar los argumentos ni identificar en forma clara y razonable los defectos en los que supuestamente incurrieron las autoridades judiciales que en su criterio generaron la violación invocada, de tal forma que lo que se evidencia es la mera inconformidad del actor con las providencias censuradas.

Sumado a lo anterior, advirtió que lo pretendido con la solicitud de amparo de la referencia e s convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario , pese a que los argumentos expuestos por las accionadas son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, por lo que el hecho de que el actor no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto ya decidido en debida forma.9

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda al amparo pretendido, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Además, señaló que no se encuentra conforme con la decisión de primera instancia, dado que las autoridades judiciales accionadas sí

los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Además, señaló que no se encuentra conforme con la decisión de primera instancia, dado que las autoridades judiciales accionadas sí vulneraron los derechos fundamentales invocados, por lo que se debe acceder a las pretensiones, máxime cuando en el escrito de tutela se sustentó en debida forma la violación flagrante de sus derechos.

Para el efecto, adujo que la Secretaría de Movilidad del Meta tenía la facultad de expedir la tarjeta de propiedad del vehículo en cuesti ón y fue esta misma la que otorgó de manera fraudulenta la tarjeta de operación con las mismas placas a otra persona, lo que se encuentra plenamente demostrado.

Añadió que el artículo 90 de la Constitución Política es muy claro en afirmar que el Estado responderá patrimonialmente por los daños causados, como sucede en este caso, pues se le causó un da ño10

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irremediable al no expedir la tarjeta de operaciones, lo que conllevó que tuviera que afrontar un proceso tortuoso como consecuencia de la negligencia y actuación fraudulenta de la administración.

Así las cosas, afirmó que su daño fue de tracto sucesivo, que permaneció en el tiempo por la negligencia y omisión de la administración, por lo que a pesar de que un juez de la república ordenó la tarjeta de operaciones, no se dio cumplimiento, sino hasta el 20 de diciembre de 2018, momento en el cual, luego de varias actuaciones se emitió lo solicitado , situaciones que fueron

ordenó la tarjeta de operaciones, no se dio cumplimiento, sino hasta el 20 de diciembre de 2018, momento en el cual, luego de varias actuaciones se emitió lo solicitado , situaciones que fueron desconocidas por las autoridades accionadas al rechazar la demanda.

Finalmente, indicó que no se tuvo en cuenta que el da ño que se le causó tuvo lugar hasta el 20 de diciembre de 2018, comoquiera que hasta esa fecha permaneció su afectación económica para explotar la actividad del taxi de placas UTV 196.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de11

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.12

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentenc ia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus13

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derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las

como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las14

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sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].15

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1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto las providencias de 29 de agosto de 2022 y 23 de febrero de 2023 proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, mediante la s cuales se rechazó la demanda por caducidad dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2021-00030-01, promovido contra el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

A la s citadas providencias se le s atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al principio de confianza legítima, habida cuenta que, a juicio del actor, la s autoridades judiciales accionadas no debieron declarar la caducidad del medio de control, pues solo hasta el 20 de diciembre de 2018 le fue expedida la tarjeta de operaciones del vehículo en cuestión, por lo que fue hasta esa fecha que se le causaron perjuicios.

control, pues solo hasta el 20 de diciembre de 2018 le fue expedida la tarjeta de operaciones del vehículo en cuestión, por lo que fue hasta esa fecha que se le causaron perjuicios.

El actor aseguró que el daño causado fue de tracto sucesivo y se dio hasta el 20 de diciembre de 2018, por lo que es desde dicha fecha16

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que deben empezar a correr los términos de caducidad; además, el fin de la demanda de reparación directa es la solicitud de la indemnización por los daños ocasionados, mas no así la expedición de la tarjeta de operaciones.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que declaró improcedente el amparo solicitado, en razón a que el asunto carece del requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que el actor no desarrolló los argumentos ni identificó cuales fueron los defectos en los que incurrieron las autoridades judiciales que en su criterio generaron la violación invocada, por lo que lo pretendido es crear una instancia adicional en el proceso ordinario.

La impugnación del accionante está estructurada sobre una reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica inicial, conforme a la cual la s autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, pues su daño fue de tracto sucesivo, pues permaneció en el tiempo por la negligencia y omisión de la administración, por lo que a pesar de que un juez de la república ordenó la tarjeta de operaciones, no se dio17

fue de tracto sucesivo, pues permaneció en el tiempo por la negligencia y omisión de la administración, por lo que a pesar de que un juez de la república ordenó la tarjeta de operaciones, no se dio17

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cumplimiento sino hasta el 20 de diciembre de 2018, momento en el cual, luego de varias actuaciones, se emitió lo solicitado, situaciones que fueron desconocidas por las autoridades judiciales accionadas al rechazar la demanda.

Sumado a lo anterior, señaló que no se encuentra conforme con la decisión de primera instancia, dado que las autoridades judiciales accionadas sí vulneraron sus derechos fundamentales invocados, por lo que se debe acceder a las pretensiones, máxime cuando en el escrito de tutela se sustentó en debida forma la flagrante violación de sus derechos.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una18

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cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta

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cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.19

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.19

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requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

es de relevancia constitucional por la afecci