CE - 110010315000202304886011SENTENCIACONFIRMA20231130145826

Demandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-04886-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04886-01

Demandantes: WILFREDO OMAR PÉREZ CHAMORRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte demandante, contra la sentencia del 11 de octubre de 2023, a través de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional por no cumplir con el presupuesto de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 8 de septiembre de 2023, e l señor Wilfredo Omar

cumplir con el presupuesto de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 8 de septiembre de 2023, e l señor Wilfredo Omar Pérez Chamorro, quien actúa por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión de la providencia del 8 de septiembre de 2022 proferida por la mencionada autoridad judicial, que confirmó la sentencia del Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo Oral de l Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ejerció contra el acto administrativo que dispuso su retiro del servicio por la causal de llamamiento a calificar servicio , proceso que se identificó con el radicado 11001-33-42-056-2016-00565-01.Demandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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1.2. Pretensión

En consecuencia, la parte actora pretende:

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1.2. Pretensión

En consecuencia, la parte actora pretende:

PRIMERO. - Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, previstos en los artículos 29 y 229, de la Constitución Política de Colombia, todos en conexidad con el Derecho a la Vida, los cuales fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A”, como consecuencia de las MÚLTIPLES VÍAS DE HECHO en que incurrió dicho dicha Corporación en la sentencia de seg unda instancia de fecha 08 de septiembre del 2022, proferida por el Honorable Magistrado Ponente José María Armenta Fuentes y demás integrantes de su sala, dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el 11001-33-42-056-201600565-01, notificada a través de correo electrónico de fecha 07 de marzo de 2023, mediante la cual se dispuso confirmar (con una considerativa de tan solo dos páginas de doble renglón), el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado 56 Adm inistrativo Oral de Bogotá, el de fecha 25 de enero del 2018, que negó las pretensiones de la demanda que fue formulada dentro del referido medio de control. VÍA DE HECHO que se SUSTENTA principalmente en el hecho de que i) la Corporación Accionada en una considerativa de tan solo DOS PÁGINAS consideró procedente confirmar el fallo de primera instancia emitido por el

HECHO que se SUSTENTA principalmente en el hecho de que i) la Corporación Accionada en una considerativa de tan solo DOS PÁGINAS consideró procedente confirmar el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado 56 Administrativo Oral de Bogotá, SUSTRAYÉNDOSE de valorar, analizar y corroborar TODOS Y CADA UNO DE LOS ARGUMENTOS que fueron expuestos por el apoderado del aquí actor, tanto en el recurso de apelación, como en los alegatos de conclusión que se presentaron en la segunda instancia, sesgando con ello, la violación del debido proceso de nuestro prohijado, en razón a que la aquí accionada realizó una indebida e irregular valoración probatoria de las pruebas testimoniales que se recaudaron en el plenario, OMITIENDO valorar de manera integral la totalidad de las pruebas que se practicaron y recaudaron en el curso del proceso de nulidad y rest ablecimiento del derecho y principalmente, referirse frente a aquellas que fueron denotadas tanto en el recurso de apelación como en los alegatos de conclusión de segunda instancia, por parte del apoderado del señor Wilfredo Omar Pérez Chamorro, para efectos de evidenciar el vicio y/o cargo de Desviación de Poder que se ventiló frente al acto administrativo contenido en el Decreto No. 1017 del 24 de junio del 2016; y ii) se sustrajo de analizar todas y cada uno de los argumentos que se presentaron ante dich o Tribunal, con miras de evidenciar las marcadas irregularidades y -/o inconscienticas acometidas por la Juez de primera instancia en el fallo de fecha 28 de enero de 2018, que negó las pretensiones de la demanda, sin tan siquiera expresar las

evidenciar las marcadas irregularidades y -/o inconscienticas acometidas por la Juez de primera instancia en el fallo de fecha 28 de enero de 2018, que negó las pretensiones de la demanda, sin tan siquiera expresar las razones por l as cuales no valoró, ni mucho menos analizó, los elementos probatorios que le fueron resaltados tanto en el recurso de apelación que se interpuso en contra el fallo de primera instancia, como en los alegatos de conclusión que fueron radicados en la segunda instancia, incurriendoDemandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

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con ello en una ilegal y total INMOTIVACIÓN de la decisión que puso fin al litigio, lo cual, desde el punto de vista constitucional y legal, desconoce el Art. 29 de la Constitución Política, el Art. 280 del CGP y el Art. 55 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), así como las sendas directrices que prevén los presupuestos para una correcta e imparcial estructura de una sentencia judicial.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instanc ia que fue emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” y, como consecuencia de dicha declaración, ORDENAR a dicha Corporación emitir

que fue emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” y, como consecuencia de dicha declaración, ORDENAR a dicha Corporación emitir un nuevo fallo que atienda todos y cada uno de los argumentos que le fueron puest os de presente por parte del apoderado del señor Wilfredo Omar Pérez Chamorro, para efectos de evidenciar el vicio y/o cargo de Desviación de Poder que se ventiló frente al acto administrativo contenido en el Decreto No. 1017 del 24 de junio del 2016 y, en ese sentido, se inste al referido Tribunal a que, realice una sentencia que avoque y analice todos los argumentos que fueron expuestos tanto en el recurso de apelación que se interpuso en contra el fallo de primera instancia, como en los alegatos de concl usión que fueron radicados en la segunda instancia, de tal forma que se materialicen los derechos constitucionales y legales consagrados en el Art. 29 de la Constitución Política, el Art. 280 del CGP y el Art. 55 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de l a Administración de Justicia), así como las sendas directrices emitidas por la Dirección de Administración Judicial previendo los presupuestos para una correcta e imparcial estructura de una sentencia judicial.

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación , Ministerio de Defensa , Policía Nacional , con la finalidad de que se declarara nulo el Decreto 1017 del 24 de junio de 2016, que lo retiró del servicio por llamamiento a calificar se rvicios cuando ocupaba el

del derecho contra la Nación , Ministerio de Defensa , Policía Nacional , con la finalidad de que se declarara nulo el Decreto 1017 del 24 de junio de 2016, que lo retiró del servicio por llamamiento a calificar se rvicios cuando ocupaba el grado de coronel; en consecuencia, solicitó que se ordenara el reintegro al grado que ocupa ban sus compañeros al momento de la decisión y el reconocimiento y pago de todos los emolumentos dejados de percibir.

Mencionó que, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 25 de enero de 2017, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo de retiro porque fue expedido de conformidad con las normas legales vigentes en que debía fundarse. Además, se sustentó en la previa recomendación de la Junta Asesora.

Señaló que, e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 8 d e septiembre 2022, confirmó el fallo del juzgado al considerar que, cuando el retiro se soporta en el llamamiento aDemandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

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calificar servicio, se atiende más a la estructura de la dinámica de línea de

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calificar servicio, se atiende más a la estructura de la dinámica de línea de mando y la necesidad de renovación de esta, que la calidad del servicio que se ha prestado por el oficial.

Refirió que, en dicha providencia se señaló que ascender hasta el grado de coronel, supone haber obtenido muchas felicitaciones, condecoraciones y premios debidamente reconocidos y anotados en la hoja de vida. Que, si ese criterio fuere el decisional y determinante, sería muy difícil renovar la línea de mando y que, para el ejercicio de esa facultad, solamente se requiere que se haya acreditado un mínimo de 15 años de servicio y que la Junta Asesora de Evaluación recomiende el retiro del servicio, requisitos satisfechos de conformidad con lo expuesto en el acto de retiro del servicio y en el Acta de la Junta Asesora.

Agregó que el envío de la notificación de la mencionada decisión se efectuó el 7 de marzo de 20231.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en lo siguiente:

1.4.1. Defecto fáctico

Indicó que, no se tuvo en cuenta que el acto administrativo demandado carecía de motivación y fue proferido mediante desviación de poder.

Agregó que, du rante su trayectoria policial, nunca fue sancionado disciplinariamente, además, que no posee antecedentes penales, ni

de motivación y fue proferido mediante desviación de poder.

Agregó que, du rante su trayectoria policial, nunca fue sancionado disciplinariamente, además, que no posee antecedentes penales, ni administrativos, ni mucho menos asuntos pendientes con las autoridades judiciales, que alcanz ó un total de 73 felicitaciones y fue merecedor de 43 condecoraciones otorgadas por diversas autoridades civiles y de Policía, las cuales lo llevaron a que la misma Dirección de la Policía Nacional, mediante la Resolución 03581 del 04 de septiembre de 201 4, le otorgara una comisión al exterior por su excelente desempeño policial al interior de la institución.

Manifestó que, su desempeñó siempre estuvo en nivel superior, lo que se evidencia en sus evaluaciones finales que nunca fueron por debajo de los 1.200 puntos. Precisó que la sentencia es tan corta que no se refirió a las pruebas mencionadas en el recurso de apelación ni en los alegatos de conclusión.

Consideró que, la verdadera razón de su retiro se debe a su desempeñó como

1 Dato del aplicativo Samai.Demandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

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jefe de procesos disciplinarios en segunda instancia en el que conoció de varios procesos disciplinarios contra compañeros de la institución en los que no estuvo

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jefe de procesos disciplinarios en segunda instancia en el que conoció de varios procesos disciplinarios contra compañeros de la institución en los que no estuvo de acuerdo con su superior quien tomaría decisiones contrarias a derecho, razón por la que insistió en que el acto de r etiro fue producto de un abuso de poder, tal y como consta en las pruebas testimoniales allegadas al proceso.

Añadió que, el tribunal demandado omitió valorar de manera integral la totalidad de las pruebas que se practicaron y recaudaron en el curso del proceso pese a que estas fueron mencionadas tanto en el recurso de apelación como en los alegatos de conclusión.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto de 12 de septiembre de 2023, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó not ificar a los magistrados que conforman la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Adicionalmente, se dispuso la vinculación como terceros con interés al juez Cincuenta y Seis Administrativo Oral de l Circuito Judicia l de Bogotá y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional de Colombia.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

A pesar de que fue notificado, no presentó su informe.

1.6.2. Ju zgado Cincuenta y Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá

Sostuvo que las pretensiones de la acción de tutela son improcedentes en la medida en que las providencias objeto de debate no incurrieron en ninguna de

1.6.2. Ju zgado Cincuenta y Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá

Sostuvo que las pretensiones de la acción de tutela son improcedentes en la medida en que las providencias objeto de debate no incurrieron en ninguna de las causales invocadas por el actor.

Mencionó que ese despacho analiz ó las pruebas, normas y el régimen jurídico aplicable para el caso del demandante, exponiendo las razones de hecho y de derecho que soportaron la decisión de negar las pretensiones de la demanda y precisó que el hecho de que la par te actora no comparta la decisión proferida desfavorable a sus intereses, por s í misma no conlleva que esta sea violatoria de sus derechos fundamentales.

Señaló que lo pretendido por el actor es hacer uso de la acción de tutela como instancia adicional del proceso ordinario.Demandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

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Refirió que, en aplicación del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 , acató el mandato legal de la brevedad y la prohibición de extensión innecesaria en las sentencias, razón por la que el hecho de que la sentencia no sea extensa no implica la vulneración de los derechos invocados por el actor.

1.6.3. Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Pese a su notificación, esta entidad no se pronunció.

implica la vulneración de los derechos invocados por el actor.

1.6.3. Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Pese a su notificación, esta entidad no se pronunció.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 11 de octubre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional por no cumplir con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Mencionó que, el demandante alega que las sentencias objeto de tutela vulneraron derechos fundamentales invocados e incurrieron en defecto fáctico, pues a su juicio el acto administrativo de retiro fue proferido de manera ilegal y con desviación de poder.

Advirtió que, lo que pretende es que se reabra el debate surtido en el proceso ordinario, el cual concl uyó que no había lugar a acceder a las pretensiones del medio de control en la medida en que no se encontró probada la ilegalidad del acto demandado.

Refirió que, el señor Pérez Chamorro prop uso la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de n ulidad y restablecimiento del derecho donde es demandante, pues considera que existen p ruebas (testimoniales y documentales) que no fueron valoradas, y dan cuenta de su buen desempeño en la institución y de que el referido acto administrativo fue proferido por desviación de poder.

Precisó que, para el demandante el tribunal incurrió en defecto fáctico ya que a su juicio no valoró en debida forma la totalidad de las pruebas aportadas en el marco del proceso, que demostraban que el acto administrativo de retiro estaba viciado de nulidad fue proferido por desviación de poder.

su juicio no valoró en debida forma la totalidad de las pruebas aportadas en el marco del proceso, que demostraban que el acto administrativo de retiro estaba viciado de nulidad fue proferido por desviación de poder.

Consideró que, esa discusión ya fue resuelta por la providencia cuestionada, se refirió a las pruebas obrantes en el expediente, explicó en que consiste la causal de llamamiento a calificar servicios, para lo cual no se estudia la buena o mala calidad del desempeño del actor, si no que este procede cuando se han acreditado 15 años o más al servicio de la institución lo cual está plenamente probado en el proceso al ocupar el cargo de coronel.

Afirmó que, d e hecho, de los apartes trascritos de la providencia cuestionada,Demandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

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se logra advertir con claridad que el tribunal demandado respondió las inconformidades propuestas por la parte demandante y con fundamento en las normas, las pruebas apor tadas y la jurisprudencia de esta corporación, concluyó que no había lugar a revocar la decisión de primera instancia y acceder a las pretensiones del medio de control dado que no se demostró la ilegalidad del acto administrativo demandado.

Señaló que, la parte actora pretendió hacer uso de la solicitud de amparo para

acceder a las pretensiones del medio de control dado que no se demostró la ilegalidad del acto administrativo demandado.

Señaló que, la parte actora pretendió hacer uso de la solicitud de amparo para insistir en lo alegado en el marco del proceso ordinario dejando ver la inconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez natural, quien en la decisión cuestionada determinó que no había lugar a acceder a lo solicitado.

Recordó que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa y que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.

Concluyó que, la acción de tutela no cumple e l requ isito de relevancia que habilitara el estudio del cargo por parte del juez constitucional y, en consecuencia, la declaró improcedente.

1.8. Impugnación

Mediante escrito remitido electrónicamente el 26 de octubre de 2023, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia , notificada el 20 del mismo mes y año.

Indicó que sí cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Mencionó que, no es cierto que tuviera como objetivo reabrir nuevamente el debate jurídico que se adelantó den tro del medio de control pues lo que se alegó dentro del escrito de tutela fue la “vía de hecho” en que incurrió el tribunal demandado como consecuencia de la omisión de realizar un examen debido de la totalidad de las pruebas que fueron decretadas y pract icadas dentro del medio de control ordinario.

Adujo que, procedía la nulidad el acto acusado pues así se demostraba de los

la totalidad de las pruebas que fueron decretadas y pract icadas dentro del medio de control ordinario.

Adujo que, procedía la nulidad el acto acusado pues así se demostraba de los elementos probatorios que fueron decretados y practicados , en especial la prueba testimonial, así como también de los alegatos de co nclusión presentados en primera instancia, el recurso de apelación y en las alegaciones finales en segunda instancia.

Señaló que, nunca pretendió reabrir un debate frente a los cuestionamientos que se ventilaron en el proceso ordinario , sino que, por el contrario, lo que denotó es el desconocimiento del deber del funcionario judicial de “pronunciarse sobre los aspectos íntimamente relacionados con los argumentos principales deDemandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

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la apelación ”. Citó los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 280 del Código General del Proceso.

Agregó que, en las sentencias 091 del 25 de febrero de 2016 y 237 del 30 de mayo de 2019 de la Corte Constitucional se establece que dichos actos administrativos son susceptibles de control jurisdiccional, cuando los mismos “son productos de una acción discriminatoria o fraudulenta ”; circunstancias que se materializan en el caso del accionante y que, en su asunto debía atenderse

administrativos son susceptibles de control jurisdiccional, cuando los mismos “son productos de una acción discriminatoria o fraudulenta ”; circunstancias que se materializan en el caso del accionante y que, en su asunto debía atenderse las reglas que rigen la facultad discrecional.

Sostuvo que, en el proceso judicial quedó demostrado el “buen obrar…en el curso de los tres procesos disciplinarios en los que se negó a actuar de manera ilícita, DESATARON EL VERDADERO Y OCULTO MÓVIL que ocasionó el retiro del coronel Pérez Chamorro, circunstancia ésta que representa y fundamenta el vicio de nulidad que debió decretarse por parte del a quo para efectos de desvirtuar la supuesta legalidad del acto administrativo demandado”.

Indicó que, en la sentencia cuestionada debía analizarse que la motivación de dichos actos obedece a la “necesidad de mejoramient o del servicio público encomendado al oficial de que se trate” y que e sta “tiene su soporte en la misma estructura de mando al interior de esa entidad militar o policial”.

Refirió que, existió una desviación de poder , pero que, el tribunal demandado optó por ceñirse a una fundamentación completamente “facilista y desconocedora de los verdaderos disensos ” que se plasmaron tanto en la alzada como en las alegaciones que se surtieron en la segunda instancia.

Mencionó que, la autoridad judicial acusada se sustrajo sin justificación alguna, de analizar todos y cada uno de los argumentos de la apelación y los alegatos de conclusión, así como también, no validó ni analizó todas y cada una de las pruebas y declaraciones que reposaban en el proceso.

de analizar todos y cada uno de los argumentos de la apelación y los alegatos de conclusión, así como también, no validó ni analizó todas y cada una de las pruebas y declaraciones que reposaban en el proceso.

Afirmó que, e l análisis de la providencia censurada fue completamente discordante e incoherente pues su considerativa solo cuenta dos páginas para confirmar el fallo apelado. Destacó que, en la providencia demandada incurrió en una “ilegal y total INMOTIVACIÓN (sic)”, lo que, de paso, desconoce el “Art. 29 de la Constitución Política, el Art. 280 del CGP y el Art. 55 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia)”.

Resaltó que sus argumentos de la demanda de tutela se dirigieron a demostrar la marcada desviación y abuso del poder , que se generó con ocasión d e la emisión del acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicio, mas no, la supuesta falta de valoración de la hoja de vida del actor que se predicó en el fallo de segunda instancia. Aseveró que, la autoridad judicial demandada realizó una “indebida e irregularDemandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

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valoración probatoria de las pruebas testimoniales que se recaudaron en el plenario, omitiendo valorar de manera integral la totalidad de las pruebas que se practicaron y recaudaron ” en el proceso ordinario y; además, se sustrajo de analizar todas y cada uno de los argumentos que se presentaron en el curso de la apelación y en los alegatos finales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es comp etente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuesto s en la impugnación d el fallo de primera instancia, si se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional.

De ser así, se estudiarán los demás requisitos generales de procedencia y en caso de acreditarse su cumplimiento se analizará el fondo del asunto.

2.3. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2022 3, mediante la cual se declaró

2.3. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2022 3, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pre tendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia

2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 3 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001 -03-15-000-2022-03365-01. Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.Demandante: Wilfredo Omar Pérez Chamorro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un

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constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “… el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una a lta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica f inalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de

restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la