CE - 11001031500020230489101120231214212501

Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

Accionante: Procuraduría General de la Nación

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

Accionante: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN B

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora no implica la afectación del núcleo esencial del derecho fundamental que invoca.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 28 de septiembre de 2023 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado , que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La Procuraduría General de la Nación promovió acción de tutela en contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y

La Procuraduría General de la Nación promovió acción de tutela en contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 11001 03 25 000 201 3 00561 00, con el fin de que se ampare su derechoRadicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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fundamental al debido proceso, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se deje sin efectos la sentencia del 2 9 de junio de 2023 , proferida por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado dentro del radicado 11001-03-25-000-2013-00561-00 (1093-2013).

2. En consecuencia, se ordene a la Sección Segunda -Subsección B del Consejo de Estado que, en un término razonable, profiera sentencia sustitutiva en donde el factor competencia se analice de conformidad con las normas constitucionales y el precedente de la Corte Constitucional en lo que hace al control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular y, al momento de la imposición de la sanción. En ese orden, se analicen las causales de nulidad alegadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que no fueron objeto de estudio por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado […]”.

nulidad alegadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que no fueron objeto de estudio por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La entidad accionante informó que adelantó proceso disciplinario en contra del señor Eduardo Carlos Merlano Morales “(…) por la conducta disciplinaria cometida en la madrugada del 13 de mayo de 2012, al ser requerido en un puesto de control de la Policía Nacional en Barranquilla mientras conducía su vehículo al parecer en estado de alicoramiento, alegó su condición de senador de la República y su amistad con varios altos mandos de la Policía para negarse a la práctica de una prueba de alcoholemia (…)”2.

Indicó que, surtidas las etapas del trámite disciplinario, en audiencia del 16 de octubre de 2012 la Sala Disciplinaria profirió decisión en la que sancionó al señor Merlano Morales con destitución del cargo de senador de la República, para el período 2010-2014, e inhabilidad por el término de diez años. Agregó que el disciplinado presentó recurso de reposición , el cual fue resuelto en audiencia del 17 de octubre de 2012, confirmando la sanción.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 2 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 2 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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Manifestó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia proferida el 5 de noviembre de 2014, decretó la pérdida de investidura del señor Eduardo Carlos Merlano Morales.

Señaló que, inconforme con las decisiones disciplinarias, el señor Merlano Morales, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la Nación, y que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 2 9 de ju nio de 2023, declaró la nulidad de los actos administrativos disciplinarios proferidos en audiencia del 16 y 17 de octubre de 2012 que destituyeron e inhabilitaron al señor Merlano Morales, al considerar que “ (…) la imposición a Eduardo Carlos Merlano Morales de la sanción de destitución e inhabilidad general descrita en el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2022 por parte de la Sala Disciplinaria de la PGN es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indica como causal permitida de restricción de derechos políticos aquella impuesta por condena, por juez competente en proceso penal (…)”3.

de la PGN es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indica como causal permitida de restricción de derechos políticos aquella impuesta por condena, por juez competente en proceso penal (…)”3.

Aseveró que “ (…) el asunto tiene una relevancia constitucional de la mayor transcendencia porque la decisión del 2 9 de ju nio de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, desconoció normas constitucionales y el precedente constitucional, lo que vulneró el derecho fundamental al debido proceso (…) de la Procu raduría General de la Nación, por desconocer su competencia para ejercer la potestad disciplinaria frente a servidores de elección popular (…)”4.

Alegó que la providencia judicial cuestionada incurrió en (i) violación directa de la Constitución, (ii) desconocimiento del precedente constitucional y (iii) defecto sustantivo.

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 4 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, adujo que el fallo cuestionado inaplicó el numeral 6 del artículo 277 y el numeral 1 del

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En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, adujo que el fallo cuestionado inaplicó el numeral 6 del artículo 277 y el numeral 1 del artículo 278 de la Constitución Política que establecen la potestad del Procurador General de la Nación y sus delegados para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores de elección popular.

Resaltó que la jurisprudencia constitucional aplicable para el momento en el que se produjo la sanción disciplinaria del señor Merlano Morales, era uniforme en reconocer su competencia para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular y para imponerles, cuando ello fuera del caso, las sanciones de suspensión, destitución o inhabilidad.

Argumentó que el precedente constitucional contenido en las sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de 2019, C-111 de 2019 y C-325 de 2021, que respalda la constitucionalidad de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluso los elegidos popularmente, fue desconocido por la sentencia del 29 de junio de 2023 proferida por la autoridad judicial accionada.

Finalmente, respecto del defecto sustantivo, arguyó que “ (…) la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, con su decisión incurrió también en este defecto porque: i) desconoció la competencia constitucional que tenía la Procuraduría General de la Nación al momento

Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, con su decisión incurrió también en este defecto porque: i) desconoció la competencia constitucional que tenía la Procuraduría General de la Nación al momento de imponer la sanción disciplinaria al señor Merlano Morales; ii) limitó su análisis a establecer si la Procuraduría General de la Nación tenía o no competencia para ejercer el control disciplinario y, por esa vía, omitió el estudio integral de los fallos disciplinarios demandados para determinar si se configuró alguna de las causales de nulidad alegadas; iii) la sanción fue impuesta antes de que la CIDH profiriera la decisión en el caso PetroRadicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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Urrego vs. Colombia, razón por la cual no podía aplicar de manera retroactiva la interpretación desarrollada en ese fallo (…)”5.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 8 de septiembre de 20236 a través de correo electrónico remitido a la Secretaría General de esta Corporación y correspondió por reparto a la S ubsección A, Sección Segunda que, por auto del 12 de septiembre de 20237 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar 8 a la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte accionada, así como vincular 9 al señor

auto del 12 de septiembre de 20237 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar 8 a la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte accionada, así como vincular 9 al señor Eduardo Carlos Merlano Morales, como tercero interesado en las resueltas del proceso.

3.2. El consejero ponente de la sentencia cuestionada allegó informe10 en el que explicó que “(…) si bien la Subsección B de la Sección Segunda, en anteriores oportunidades, con fundamento en lo previsto en los artículos 277-6 y 278.1 de la Constitución Política de 1991, había reconocido validez constitucional a la potestad del procurador general de la Nación y de sus delegados para imponer sanciones disciplinarias de suspensión y destitución a servidores públicos de elección popular, lo cierto es que en estos momentos, la jurisprudencia de la Cor te Interamericana de Derechos Humanos, especialmente la emitida en los casos López Mendoza contra Venezuela en 2011 y, Petro Urrego contra Colombia en 2020,

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 7 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00.

7 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 8 Esta orden se cumplió el 13 de septiembre de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 9 Ibídem. 10 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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evidencia un nuevo contexto, que en razón del derecho viviente obliga a las autoridades a realizar una interpretación de la normativa interna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de un control pleno (…)”.

Expuso que , en atención a la época en la que se llevó a cabo la investigación e imposición de la sanción disciplinaria al señor Eduardo Carlos Merlano Morales por parte de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, el estándar interamericano aplicable a ese caso es el derivado de la sentencia López Mendoza Vs. Venezuela que constituye el parámetro de convencionalidad a tenerse en cuenta para fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención Americana.

ese caso es el derivado de la sentencia López Mendoza Vs. Venezuela que constituye el parámetro de convencionalidad a tenerse en cuenta para fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención Americana.

En ese sentido, sostuvo que la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad descrita en el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2022 por parte de la hoy accionante al señor Merlano Morales es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indica como causal permitida de restricción de derechos políticos aquella condena impuesta, por juez competente, en proceso penal.

Agregó que “(…) no puede perderse de vista que el ex congresista Merlano Morales por los mismos hechos que motivaron la actuación disciplinaria y la consecuente sanción, fue también objeto de pérdida de investidura por parte de esta Corporación, mediante sentencia del 11 de noviembre de 2014 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sin perjuicio de que se trata de dos sanciones cuya naturaleza difieren, es perfectamente posible considerar que, para el caso en estudio, ya un juez -en este caso el contencioso administrativo - impuso, en el marco de un proceso judicial respetuoso de las garantías procesales mínimas, la pérdida de investidura, que vendría a ser la máxima sanción para el servidor elegido popularmente (…)”.

Por consiguiente , solicitó se nieguen las pretensiones de la tutela, comoquiera que con la decisión adoptada no se vulneró derecho fundamental alguno.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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comoquiera que con la decisión adoptada no se vulneró derecho fundamental alguno.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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3.3. El señor Eduardo Carlos Merlano Morales, actuando por conducto de apoderado, allegó escrito11 en el que solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y asumidos por el Consejo de Estado.

Manifestó que la parte actora se limitó a alegar la violación al debido proceso y no asumió la carga de explicar las razones por las que su inconformidad con la providencia atacada trasciende la controversia litigiosa, propia de la causa ordinaria, a una c uestión de relevancia constitucional.

Indicó que “(…) la accionante, por esta vía de la tutela, busca forzar una revisión de las conclusiones a las que arribó el juez natural en relación con la interpretación de las competencias de la PGN a la luz de los tratados internacionales, pretendiendo a través de ello, privilegiar supuestas disposiciones internas que la facultan para inhabilitar servidores públicos de elección popular, como tratándose de una tercera instancia (…)”.

Anotó que la solicitud de amparo también resulta improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, comoquiera que, en contra del fallo censurado, es posible interponer el recurso extraordinario de revisión por

Anotó que la solicitud de amparo también resulta improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, comoquiera que, en contra del fallo censurado, es posible interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sent encia dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de septiembre de 202312, negó la solicitud de amparo al considerar

11 Visto en los índices 11, 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 12 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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que no se demostró que la providencia cuestionada haya incurrido en alguno de los defectos invocados por la entidad accionante.

En primer lugar, consideró que los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial estaban cumplidos y, en relación con la relevancia constitucional, estimó que estaba superada porque el asunto implicaba establecer si la decisión atacada vulneraba los derechos fundamentales invocados.

la acción de tutela contra providencia judicial estaban cumplidos y, en relación con la relevancia constitucional, estimó que estaba superada porque el asunto implicaba establecer si la decisión atacada vulneraba los derechos fundamentales invocados.

Una vez analizado lo anterior, descendió al estudio de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela y señaló que la autoridad judicial accionada analizó los artículos 40, 122, 125, 277, 278 y 279 superiores, relacionados con los derechos políticos y el control disciplinario en cabeza del Procurador General de la Nación , y el Decreto Ley 262 de 2000 y la Ley 734 de 2002, sobre la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación y, a partir de ello, evidenció la existencia de una incompatibilidad entre el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que, a su juicio, la sanción de destitución e inhabilidad general de un servidor público de elección popular impuesta por una autoridad administrativa constituye una restricción que no está permitida en el texto convencional.

Adujo que “(…) la aquí accionada no desconoció los artículos 177, 277 (ordinal 6) y 278 (ordinal 1) relativos a la naturaleza de la Procuraduría General de la Nación y las funciones del procurador general de la Nación, sino que, al realizar el control de convencionalidad, encontró que se presentaba una incompatibilidad entre el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 44.1 de la Ley 734 de

sino que, al realizar el control de convencionalidad, encontró que se presentaba una incompatibilidad entre el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002, debido a que en este último se prevé la sanción de destitución e inhabilidad general pa ra las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, a pesar de que en el primero de los mencionados se establece que la restricción de los derechos políticos es procedente por condena de juez competente en proceso penal; en ese entendido, aquellaRadicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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interpretó que la norma interna limitaba en mayor medida esos derechos por lo que era procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados (…)”.

Por lo anterior, indicó que, contrario a lo planteado por la parte actora, no se evidencia la configuración de la violación directa de la Constitución Política, en tanto la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada obedeció al análisis normativo y convencional que efectuó, conforme su independencia y autonomía judicial.

Expuso que tampoco se encuentra demostrado un desconocimiento injustificado o arbitrario de las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas por la entidad accionante en el escrito de tutela, y que la providencia cuestionada se fundamentó en los fallos dictados en los casos López Mendoza contra Venezuela y Petro Urrego contra Colombia, en l os

relacionadas por la entidad accionante en el escrito de tutela, y que la providencia cuestionada se fundamentó en los fallos dictados en los casos López Mendoza contra Venezuela y Petro Urrego contra Colombia, en l os que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que un órgano administrativo no puede restringir derechos políticos a través de la imposición de sanciones como la destitución o inhabilidad de un servidor público elegido popularmente, conforme lo establecido en el numeral 2 del artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Advirtió que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado justificó amplia y minuciosamente su postura sobre la ausencia de competencia de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a un senador de la República con destitución e inhabilidad general, por lo que aclaró , que mal podría el juez constitucional reprochar la tesis que adoptó el juez natural de la causa en virtud de la independencia y autonomía de la que están revestidos.

Aclaró que, respecto a la inobservancia de la jurisprudencia vigente para la época en que se impuso la sanción disciplinaria al entonces senador Eduardo Carlos Merlano Morales, en la decisión cuestionada se precisó que el estándar interamericano aplicable, teniendo en cuenta la temporalidad de la investigación y la imposición de la sanción, es elRadicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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definido en la sentencia López Mendoza vs. Venezuela, razón por la cual se declaró la nulidad de los actos disciplinarios.

En ese sentido, arguyó que no se advierte la configuración del desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que la autoridad judicial accionada aplicó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, anotó que, frente al defecto sustantivo, la entidad accionante no identificó la norma desatendida o aplicada indebidamente y que, en todo caso, al haberse demostrado el vicio de nulidad por falta de competencia de la autoridad disciplinaria, no era necesario estudiar los demás reparos, por sustracción de materia.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad accionante lo impugnó13 manifestando lo siguiente:

Sostuvo que “(…) la decisión contra la que se interpuso la acción de tutela, como la que ahora se impugna, desconoce que, en el Estado colombiano hay un monismo constitucional moderado que obliga a todos los órganos del Estado, pero específicamente a los jueces. Por tanto, reconocer la supremacía de los tratados internacionales, como lo hace el juez de tutela en es te caso y la decisión objeto de amparo, es un flagrante desconocimiento del principio de supremacía constitucional que impone el artículo 4 de la Constitución Política (…)”.

en es te caso y la decisión objeto de amparo, es un flagrante desconocimiento del principio de supremacía constitucional que impone el artículo 4 de la Constitución Política (…)”.

Explicó que la corte Constitucional en la sentencia C-146 de 2021, analizó las restricciones de los derechos políticos electorales y determinó que el control de convencionalidad debe ejercerse dentro de la figura del bloque de constitucionalidad, de tal manera que no es posible aplicar el control de convencionalidad directamente frente a las normas constitucionales,

13 Visto en l os índices 23, 24 y 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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pues ello implicaría aceptar la existencia de normas supra constitucionales, tesis que desconocería la supremacía constitucional y la naturaleza de la Corte Constitucional.

Indicó que aplicar el control de convencionalidad en los términos en que lo hizo la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada, denota el desconocimiento del principio de supremacía constitucional en relación con las normas constitucionales que la facultan para investigar y juzgar a servidores de elección popular, facultad que, para la época en que se impuso la sanción , considera, estaba avalada por la Corte

relación con las normas constitucionales que la facultan para investigar y juzgar a servidores de elección popular, facultad que, para la época en que se impuso la sanción , considera, estaba avalada por la Corte Constitucional y que se reafirmó en la sentencia C-030 de 2023.

Aseveró que “(…) la sentencia que se impugna, desconoce abiertamente la obligatoriedad y los efectos erga omnes de los fallos de constitucionalidad de la Corte Constitucional, artículos 241 y 243 de la Constitución, específicamente de las sentencias C -146 de 2021 y C -030 de 2023, que reafirmaron los precedentes sobre la competencia de la PGN para ejercer control disciplinario de servidores públicos incluidos los de elección popular, en tanto, la exigencia de la reserva judicial para imponer las sanciones de suspensión, destitución e inhabilidades para servidores electos popularmente, sólo se puede exigir para aquellos procesos disciplinarios que se decidieron con posterioridad a la entrada de la vigencia de la Ley 2094 de 2021 que introdujo los mecanismos para hacerla exigible y que fueron modulados en la sentencia C -030 de 2023 (…)”.

Precisó que “(…) la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento fue expresa en señalar que, conforme al precedente constitucional, que no cambió por la expedición de la sentencia C-030 de 2023, la Procuraduría General de la Nación ha tenido y tiene competencia par a disciplinar a servidores públicos, incluso de elección popular, cuando así corresponda, imponiendo si es del caso sanciones de destitución, suspensión e

General de la Nación ha tenido y tiene competencia par a disciplinar a servidores públicos, incluso de elección popular, cuando así corresponda, imponiendo si es del caso sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad. Con la sentencia C -030 de 2023, se introdujo el recurso de revisión automát ico, pero para la Corte Constitucional, ello no implicaRadicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

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desconocer la competencia para investigar y sancionar de la Procuraduría General de la Nación (…)”.

Finalmente, sobre “la inobservancia de la jurisprudencia en vigor al momento en que se impuso la sanción disciplinaria al senador Eduardo Carlos Merlano Morales ”, y el hecho que el a quo no advirtiera la configuración del desconocimiento del precedente judicial alegado en el escrito de tutela porque “el estándar interamericano aplicable, teniendo en cuenta la temporalidad de la investigación y la imposición de la sanción, es el definido en la sentencia López Mendoza vs. Venezuela ”, afirmó que dicha sentencia no es aplicable al caso , y reiteró que la jurisprudencia constitucional vigente para el momento en el que se produjo la sanción disciplinaria del señor Merlano Morales era uniforme en reconocer la competencia de la Procuraduría General de la Nación para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular y para imponerles, cuando ello fuera del caso, las sanciones de

en reconocer la competencia de la Procuraduría General de la Nación para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular y para imponerles, cuando ello fuera del caso, las sanciones de suspensión destitución o inhabilidad.

Por auto del 18 de octubre de 2023 se concedió la impugnación 14 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 26 de octubre de 202315.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 16, en concordancia con el numeral 5 del artículo

14 Visto en el índice 2 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 00. 15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04891 01. 16 El artículo 32 prevé lo siguiente: “ […] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, coteján dola con el acervo probatorio y con el fallo.

siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, coteján dola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica deRadicación: 11001 03 15 000 2023 04891 01

Accionante: Procuraduría General de la Nación

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201517, modificado por el art