CE - 110010315000202305070001SENTENCIA20231102183331

Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

Demandantes: CARLOTA ARRIETA MÁRQUEZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Tema:

Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico en su dimensión negativa y violación directa de la Constitución – ampara derecho fundamental al debido proceso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Carlota Arrieta Márquez y otros contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Los señores1 Carlota Arrieta Márquez, Jhan Carlos Cárdenas Nieto, Evelin Camila Estrada Herrera, Martha Elena Contreras Arrieta, José María Cárdenas Arrieta, Wilson Cárdenas Arrieta, Lácides Cárdenas Arrieta, Wilmer Cárdenas Arrieta, Ignacio Cárdenas Arrieta, Ana Luisa Carrillo Contreras, Ever Enrique Carrillo Contreras, Delfina Carrillo Contreras, Manuel Octavio Altamar Contreras, Cristóbal Darío Altamar Contreras, Yoselín Eloisa Cárdenas Tovar, Elías Cárdenas Tovar, Martín Cárdenas Julio, Rook Mayler Cárdenas Serna e Ignacio José Cárdenas Gómez, a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela 2, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1 La acción de tutela también fue interpuesta por el apoderado Carlos Andrés Londoño Marulanda en representación de «Lácides Cárdenas Olivera (q.e.p.d)». No obstante, en la parte resolutiva de esta providencia no se reconocerá personería al abogado para actuar en su representación, dado que aportó el registro civil de defunción de esta persona. 2 El escrito de tutela fue radicado el 14 de septiembre de 2023, a través de la ventanilla virtual del

Consejo de Estado.Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico

2 El escrito de tutela fue radicado el 14 de septiembre de 2023, a través de la ventanilla virtual del

Consejo de Estado.Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

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Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas con ocasión de la sentencia de 16 de septiembre de 2022, de la Sala de Decisión Oral, Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se confirmó la decisión de 31 de enero de 2020, proferida por el Juzgado Primer o Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, que negó las prensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de reparación directa por los actores contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, el distrito de Barranquilla, el Hospital General de Barranquilla, Caprecom en liquidación, la IPS Universitaria (Universidad de Antioquia) y la Fundación Universitaria de Antioquia ; proceso identificado con el radicado 08001-33-33-001-2017-00003-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, los actores solicitaron:

7.1 Se proteja los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO y EL

ACCESO A LA JUSTICIA de los accionantes CARLOTA ARRIETA MÁRQUEZ,

Con base en lo anterior, los actores solicitaron:

7.1 Se proteja los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO y EL

ACCESO A LA JUSTICIA de los accionantes CARLOTA ARRIETA MÁRQUEZ,

LÁCIDES CÁRDENAS OLIVERA (q.e.p.d), JHAN CARLOS CÁRDENAS NIETO,

EVELIN CAMILA ESTRADA HERRERA, MARTHA ELENA CONTRERAS

ARRIETA, JOSÉ MARÍA CÁRDENAS ARRIETA, WILSON CÁRDENAS

ARRIETA, LÁCIDES CÁRDENAS ARRIETA, WILMER CÁRDENAS ARRIETA,

IGNACIO CÁRDENAS ARRIETA, ANA LUISA CARRILLO CONTRERAS, EVER

ENRIQUE CARRILLO CONTRERAS, DELFINA CARRILLO CONTRERAS,

MANUEL OCTAVIO ALTAMAR CONTRERAS, CRISTÓBAL DARÍO ALTAMAR

CONTRERAS, YOSELÍN ELOISA CÁRDENAS TOVAR, ELÍAS CÁRDENAS

TOVAR, MARTÍN CÁRDENAS JULIO, ROOK MAYLER CÁRDENAS SERN A, IGNACIO JOSÉ CÁRDENAS GÓMEZ, desconocidos por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B. M.P. Luis Eduardo Cerra Jiménez.

7.2 Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia proferida dentro del proceso con radicado 08001333300120170000301, notificada por correo electrónico el 14 de marzo de 2023, ordenando valorar todas las pruebas aportadas por la parte demandante , haciendo un análisis completo y en conjunto de todo el material probatorio que reposa en el Expediente

correo electrónico el 14 de marzo de 2023, ordenando valorar todas las pruebas aportadas por la parte demandante , haciendo un análisis completo y en conjunto de todo el material probatorio que reposa en el Expediente Administrativo, emitiendo una nueva sentencia que en derecho corresponda, garantizando los derechos fundamentales de la Accionante CARLOTA ARRIETA MÁRQUEZ y Otros3.

1.3. Hechos

La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Explicó que el 12 de enero de 2017, presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa de las demandadas y se les condenara al pago de los perjuicios ocasionados por la falla en la prestación en el servicio de salud al

3 Transcripción de conformidad con el texto original.Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

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señor Juan Carlos Cárdenas Arrieta, quien se encontraba recluido en la cárcel El Bosque y murió a causa de varicela contraída en dicho centro de retención.

Expuso que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla , autoridad judicial que en sentencia de 31 de enero de 2020 negó las súplicas de la demanda al señalar que de las pruebas allegadas al proceso no se lograba demostrar la falla en el servicio

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla , autoridad judicial que en sentencia de 31 de enero de 2020 negó las súplicas de la demanda al señalar que de las pruebas allegadas al proceso no se lograba demostrar la falla en el servicio reclamada en la atención prestada al paciente y, por consiguiente, la responsabilidad de las demandadas.

Comentó que se presentó el respectivo recurso de apelación contra la decisión de primer grado, al considerar que, contrario a lo expuesto en el fallo, de los elementos probatorios practicados en el proceso sí se podía demostrar la existencia de un daño antijurídico imputable a las demandadas. Además, señaló sus discrepancias en cuanto a la valoración de las pruebas realizadas por el a quo.

Alegó que la segunda instancia fue desatada por la Sala de Decisión Oral, Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia de 16 de septiembre de 2022, a través de la cual se resolvió confirmar el fallo recurrido.

Lo anterior, al considerar que no se configuraban los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial por el daño antijurídico invocado por los demandantes, dado que, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, se pudo constatar que el paro sufrido por el señor Cárdenas Arrieta ocurrió de manera súbita, pese al tratamiento que le fue suministrado por el hospital, por lo que no podía calificarse como negligente, irregular, incompetente o tardía la actuación desplegada por este.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora en primer lugar, consideró que se acreditan todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, para

actuación desplegada por este.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora en primer lugar, consideró que se acreditan todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, para lo cual estudió cada uno de ellos.

Adujo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , dado que con la provincia de 16 de septiembre de 2022 incurrió en los defectos fáctico y violación directa de la Constitución.

Luego, sobre el defecto fáctico explicó que en las dos instancias se hicieron valoraciones defectuosas del material probatorio allegado, afirmación que sustentó bajo 3 parámetros, a saber:Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

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(i) Errónea interpretación de la h istoria clínica del paciente, elaborada en el centro carcelario: al respecto, señaló que en el fallo de segunda instancia se indicó que el personal médico de la cárcel actuó conforme a lo requerido por guías y protocolos médicos al remitir al paciente a un centro de mayor nivel de complejidad, como lo era el Hospital General de Barranquilla.

No obstante, consideró que esta afirmación es errada, pues con el material probatorio se demostraba que las guías y protocolos indicaban que al paciente se

complejidad, como lo era el Hospital General de Barranquilla.

No obstante, consideró que esta afirmación es errada, pues con el material probatorio se demostraba que las guías y protocolos indicaban que al paciente se le debía aplicar el medicamento aciclovir para tratar la varicela , pero que eso no aconteció, pues el señor Cárdenas Arrieta estuvo 67 horas sin que se le suministrara y, por el contrario, el Tribunal Administrativo del Atlántico manifestó de forma flagrante que ese tratamiento sí se le dio.

Alegó que en las consideraciones de los fallos no se mencionó de forma alguna la falla que constituyó la omisión en suministrar el mencionado medicamento durante casi 3 días , el cual, insistió es el apropiado para tratar la varicela, como lo ha indicado el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Varicela, elaborado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

Comentó que la causa de la muerte es relevante y que en este caso el dictamen de medicina legal indicó que esta fue por complicaciones producto de la varicela.

(ii) Errónea interpretación de la historia clínica del paciente, elaborada por el Hospital General de Barranquilla: sobre este defecto insist ió en que estaba probado que el paciente llegó a la referida entidad con una acumulación de 4 días de varicela y con síntomas complicados, entre ellos, dificultad para respirar. Pero que en las dos instancias se concluyó que los problemas respiratorios del paciente aparecieron de forma imprevisible e intempestiva.

En ese sentido, señaló que « se configuró un defecto fáctico, en cuanto no se adoptaron criterios objetivos y racionales en la valoración de las pruebas por

aparecieron de forma imprevisible e intempestiva.

En ese sentido, señaló que « se configuró un defecto fáctico, en cuanto no se adoptaron criterios objetivos y racionales en la valoración de las pruebas por ambas instancias».

De otro lado, comen tó que la autoridad accionada no atendió los criterios de la sana cr ítica, puesto que omitió analizar adecuadamente la historia clínica que probaba que «el paciente no tuvo la atención de medicina interna entre las 8:30 p.m que fue ordenada y la 1:00 p.m que se presentó el paro respiratorio».

Reiteró que en ese documento médico estaba demostrado que se ordenó la revisión por medicina interna, no obstante, el paciente duró más de 4 horas sin la atención del médico internista especializado , lo cual no puede ser considerado como una prestación integral del servicio, en los términos del protocolo de atención de la varicela definido por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud.Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

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(iii) Omisión en la valoración de la declaración del médico Gustavo Adolfo Ferreira Balsas y el dictamen pericial rendido por el señor José Raúl Quintero: en cuanto a este argumento, reprochó que en la sentencia de segunda instancia el Tribunal Administrativo del Atlántico no valoró ni realizó ningún pronunciamiento sobre la declaración del mencionado galeno que (i) confirmó lo

Quintero: en cuanto a este argumento, reprochó que en la sentencia de segunda instancia el Tribunal Administrativo del Atlántico no valoró ni realizó ningún pronunciamiento sobre la declaración del mencionado galeno que (i) confirmó lo señalado por el perito sobre la importancia de la atención oportuna del internista

(ii) expuso lo que pudo hacerse por el paciente para garantizar su vida y (iii) criticó la atención brindada al interno por parte del INPEC.

Puntualmente, consideró lo que se trascribe a continuación:

Ambas instancias relacionan las pruebas, pero omiten realizar consideraciones sobre ellas, pese a la relevancia que tienen, por la cercanía con los hechos y atención que fue brindada.

En ningún momento tomaron en consideración la información, conocimiento o experiencia manifestada por el galeno y la cual, coincide exactamente con la información que complementó el perito, especialmente al dar resp uestas con las cuales lo confrontó el juez y que hacían referencia a la relevancia de la atención por el internista y los procedimientos que se podían derivar de esa atención y lo determinante para la salud del paciente.

Finalmente, sobre el defecto por violación directa de la Constitución, alegó que el tribunal accionado dejó de aplicar disposici ones constitucionales con rango fundamental, como lo son los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política.

Además, consideró que se atacan sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y que se desconoció la verdad procesal y se le negó el derecho que tiene a ser reparado por los perjuicios morales y materiales que se le causó por la muerte de su familiar.

1.5. Trámite de la acción de tutela

el derecho que tiene a ser reparado por los perjuicios morales y materiales que se le causó por la muerte de su familiar.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 19 de septiembre de 2023, el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela y dispuso tener como autoridad accionada a la Sala de Decisión Oral, Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Del mismo modo, dado su eventual interés en las resultas del trámite constitucional, dispuso la vinculación del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla [autoridad judicial de primera instancia del proceso de reparación directa 08001-33-33-001-2017-00003-00/01], del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Unidad de Servicios Penitenciarios y CarcelariosUSPEC-, el distrito de Barranquilla, el Hospital General de Barranquilla, Caprecom en liquidación, la IPS Universitaria (Universidad de Antioquia) y la Fundación Universitaria de Antioquia [demandadas en el proceso de reparación directa 08001 -33-33001-2017-00003-00/01], así como de Seguros del Estado S.A., la Federación de Trabajadores de Salud -FEDSALUD-, la Fiduciaria La Previsora S.A., el Sindicato de Profesionales en Salud -PROENSALUDy los señores Felipe Barliza Llanes yDemandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

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Antonio Marín Niebles4 [llamados en garantía en el proceso de reparación directa 08001 -3333-001-2017-00003-00/01].

De otro lado, requirió al abogad o Carlos Andrés Londoño Marulanda, para que allegara los poderes otorgados por los accionantes y el documento que acreditara el fallecimiento de Lácides Cárdenas Olivera.

Finalmente, dispuso la publicación en la página web del Consejo de Estado de la demanda de tutela, sus anexos y la providencia de admisión, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

El jefe de la Oficina Aseso ra Jurídica de esa institución pidió que se declare improcedente la presente acción de tutela por cuanto no se satisface el requisito de subsidiariedad o que se niegue el amparo deprecado por la parte accionante, toda vez que no se advierte alguna conducta de la que pueda colegirse la vulneración de los derechos fundamentales referidos . En consecuencia, solicitó que se desvincule a la entidad que representa del proceso.

toda vez que no se advierte alguna conducta de la que pueda colegirse la vulneración de los derechos fundamentales referidos . En consecuencia, solicitó que se desvincule a la entidad que representa del proceso.

1.6.2. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla

El titular del despacho solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Luego de transcribir las consideraciones expuestas en el fallo de primera instancia, señaló que ese juzgado fue cuidadoso en el análisis de cada uno de los elementos de prueba recaudados, por lo que no son de recibo las acusaciones de la parte actora, pues las conclusiones a las que se llegó en la sentencia derivan de la valoración conjunta de los eleme ntos de prueba recaudados en el proceso ordinario.

4 Los señores Felipe Barliza Llanes y Antonio Marín Niebles fueron notificados por aviso publicado por la Secretaría General del Consejo de Estado el 6 de octubre de 2023, como se advierte en el índice 32 de Samai.Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

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En ese sentido, precisó que los alegatos de los demandantes no dejan de ser argumentos que demuestran su inconformidad frente a las conclusiones a las que llegó el despacho judicial en la sentencia de 31 de enero de 2020, así como el

En ese sentido, precisó que los alegatos de los demandantes no dejan de ser argumentos que demuestran su inconformidad frente a las conclusiones a las que llegó el despacho judicial en la sentencia de 31 de enero de 2020, así como el tribunal en la providencia de 16 de septiembre de 2022. Es decir que, solo se pretende revivir la discusión zanjada por los jueces de instancia.

1.6.3. P.A.R. Caprecom Liquidado

La Fi duprevisora S.A. , quien actúa como administrador y vocero del P.A.R. Caprecom Liquidado, pidió que (i) se declare la inexistencia de nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos fundamentales incoados en la presente acción de tutela y el accionar de la entidad liquidada, (ii) se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que el Tribunal Administrativo del Atlántico es la autoridad competente para pronunciarse de fondo, y (iii) se niegue la acción constitucional.

1.6.4. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC

El jefe Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó que se desvincule del trámite constitucional a la entidad que representa por carecer de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los actores y no es competente para dejar sin efecto la sentencia reprochada.

1.6.5. Hospital General de Barranquilla

A través de la IPS Mired Barranquilla S.A.S., solicitó que se le desvincule del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva , dado que las pretensiones de los accionantes están enmarcadas en la competencia del juez

A través de la IPS Mired Barranquilla S.A.S., solicitó que se le desvincule del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva , dado que las pretensiones de los accionantes están enmarcadas en la competencia del juez que conoció del caso. E n subsidio, pidió que se declare improcedente la acción de tutela.

1.6.6. Regional Norte – 3 INPEC

La directora de l a Regional Norte -3 solicitó declarar improcedente la presente acción, así como su desvinculación por falta de legitimación en la causa pasiva , al no estar violando los derechos fundamentales manifestados por los accionantes y por cuanto no es de su resorte discutir la discrecionalidad que tienen los jueces administrativos en sus providencias.

Así mismo, destacó que « las pretensiones invocadas no están llamadas a prosperar ya que lo manifestado por apoderado de la parte accionante no cumple con los requisitos de procedencia de la presente demanda ya que lo que busca es reabrir un debate procesal en contra de providencias, además que no se ha demostrado dentro del plenario negligencia alguna en las funciones de la entidad que represento y fue vinculada en este medio de control».Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

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1.6.7. Fundación Universidad de Antioquia

El representante legal de la fundación pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

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1.6.7. Fundación Universidad de Antioquia

El representante legal de la fundación pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

De igual manera, puso de presente que « La FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, bajo ninguna circunstancia es solidaria con la “I.P.S. UNIVERSITARIA» dado que una es totalmente independiente de la otra.

1.6.8. IPS Universitaria (Universidad de Antioquia)

El apoderado de la institución prestadora del servicio, hoy Hospital Alma Mater de Antioquia, solicitó que se declare improcedente la acción constitucional y se mantenga la validez de los fallos reprochados, teniendo en cuenta que estos se fundaron en un debido análisis del mater ial probatorio que llevó a los jueces de instancia a declarar que no hubo responsabilidad del Estado.

Así mismo, consideró que no es suficiente con que la parte actora señale que una providencia judicial está equivocada, sino que además se debe cumplir c on la carga de advertir y demostrar el error.

1.6.9. Distrito de Barranquilla

La apoderada del ente territorial pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela comoquiera que no se cumplen con los requisitos genéricos de procedibilidad de este mecanismo de amparo contra providencia judicial. Igualmente, pidió que se ordene la desvinculación del distrito de Barranquilla, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.10. Organización Sindical de Profesionales en Salud – PROENSALUD

El representante legal del sindicato solicitó que se declare la improcedencia de la

falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.10. Organización Sindical de Profesionales en Salud – PROENSALUD

El representante legal del sindicato solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional, pues (i) no se acredita la configuración de un perjuicio irremediable, (ii) las pretensiones de la demanda son netamente de carácter económico, y (iii) se pretende reabrir el debate zanjados por los jueces de instancia.

Sobre el defecto fáctico invocado por la parte actora, señaló:

Ahora bien, NO se constituye un defecto f[á]ctico en las Sentencias de Primera y Segunda Instancia, como lo manifiesta la accionante en el escrito de la acción de tutela, puesto que el Juzgado Primero (01) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, valoraron todas y cada una de las pruebas aportadas en el pr oceso, así como los testimonios rendidos, las declaraciones técnicas, incluso en la Sentencia de Primera instancia se deja constancia del análisis probatorio desde el folio 23 al 36, y en la Sentencia de Segunda instancia del folio 10 al 20, por esto que l as consideraciones expuestas en los fallos se derivan de la valoración conjunta de los elementos de prueba recaudados en el proceso.Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

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1.6.11. Carlos Andrés Londoño Marulanda

El apoderado de los actores remitió memorial el 2 de octubre de 2023, en el que explicó lo siguiente:

Se les envía constancia del correo que ellos enviaron donde aparece la fecha en que lo hicieron, con foto del poder. Se envió poder del señor LACIDES CÁRDENAS ARRIETA, mayor de edad, quien actúa en nombre propio y en nombre de su hi jo menor de edad MARTÍN

CÁRDENAS JULIO.

Se anexa registro civil de defunción del señor Lacides Cárdenas Olivera

1.6.12. Tribunal Administrativo del Atlántico

El magistrado ponente de la sentencia reprochada solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela al no cumplir con los requisitos generales y específicos para controvertir una providencia judicial por intermedio de este mecanismo de amparo o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones formuladas por los accionantes, puesto que la corporación no vulneró derecho fundamental alguno.

Explicó que los argumentos expuestos por la parte actora no tienen relevancia constitucional, comoquiera que en el libelo no se expone algún hecho en concreto que implique la afectación de un derecho fundamental.

Consideró que la Sección “B” del Tribunal Administrativo del Atlántico cuando profirió la sentencia de segunda instancia lo hizo con apego a los artículos 281, 320 y 328 del Código General del Proceso.

Ahora bien, sobre el defecto fáctico invocado, explicó lo siguiente:

profirió la sentencia de segunda instancia lo hizo con apego a los artículos 281, 320 y 328 del Código General del Proceso.

Ahora bien, sobre el defecto fáctico invocado, explicó lo siguiente:

[…] en la sentencia de segunda instancia, ahora cuestionada en sede de tutela, se hizo una descripción y un análisis crítico de las pruebas, exponiendo las razones por las cuales no era procedente declarar la responsabilidad extracontractual por falla médica, sin que se logre demostrar con la solicitud de amparo formulada por los accionantes, que la sentencia proferida por esta corporación judicial haya incurrido en falta de valoración probatoria».

En efecto, en el fallo proferido por esta corporación judicial (a partir de la página 16 y siguientes), luego de describir los medios de prueba obrantes en el expediente, se determinó que el señor Juan Carlos Cárdenas recibió atención médica oportuna y que los síntomas que manifestó, inicialmente, no correspondían, necesariamente, a un paciente con varicela. Ello se constató posteriormente, razón por la cual el centro carcelario y el Hospital de Barranquilla adoptaron las medidas pertinentes, mediante la prestación de los servicios m édicos necesarios para atender la sintomatología que estaba presentando el señor Cárdenas.Demandantes: Carlota Arrieta Márquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-05070-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El hecho de que el señor Cárdenas falleciera, no supone, per se, que ello se debiera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El hecho de que el señor Cárdenas falleciera, no supone, per se, que ello se debiera a omisiones atribuibles a las demandadas en el proceso ordinario, dado que, d el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, no se logró establecer que dichas entidades hubieran incurrido en falla del servicio que sirviera de fundamento para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la señora Carlota Arrieta Márquez y otros contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de l a Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En relación con la s solicitudes de desvinculación realizada s por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el P.A.R. Caprecom Liquidado, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Hospital General de Barranquilla y el distrito de Barranquilla, esta sala las negará, ya que su vinculación al proce